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Exigen a la AEE que amplíe análisis de Plan Integrado de Recursos

Por la Redacción

Aun cuando el Plan Integrado de Recursos (PIR), de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se concentra en el uso de combustibles fósiles, un análisis basado en datos disponibles de la misma Autoridad revela que, con nueva tecnología de generación distribuida como la energía renovable en techos y eficiencia energética, Puerto Rico podría ahorrarse millones de dólares que la corporación pública se propone invertir en 20 años para mantener un sistema de generación a gran escala y dependiente de combustibles fósiles.

El estudio “Una hoja de ruta para energía distribuida para Puerto Rico: Fase 1”, fue hecho público por la coalición de organizaciones Queremos Sol, que evaluó la capacidad de los recursos energéticos distribuidos y de eficiencia energética para evitar la inversión en sistemas centralizados. El documento especifica que con inversiones en eficiencia e integrando recursos de energía distribuida renovable, se podría evitar la propuesta construcción de una unidad de ciclo combinado de gas natural de 302 megavatios.

El autor del informe, Ronny Sandoval, perito en el tema de la modernización y transformación del sistema eléctrico y presidente de ROS Energy Strategies, explicó que “el análisis demuestra que una cartera de Recursos Energéticos Distribuidos (RED) puede ofrecer reducciones de la demanda a escala necesaria que hagan innecesarias grandes inversiones de capital en sistemas centralizados, y de una manera que adelante la resiliencia de la comunidad, la elección del cliente y el interés público”. Esta primera fase de un modelaje alterno al sistema eléctrico amplía los escenarios que la AEE utilizó para preparar el Plan Integrado de Recursos (PIR), mapa de proyectos e inversión de la corporación para las próximas dos décadas, y que está bajo evaluación del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

“El análisis confirma que el Plan Integrado de Recursos se basa principalmente en recursos energéticos a gran escala, grandes inversiones de capital en transmisión y distribución, y más dependencia en fuentes fósiles para abordar las necesidades energéticas futuras”, sostuvo la ingeniera Ingrid M. Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO, organización participante de Queremos Sol. “El informe demuestra que, más allá de lo que la AEE propone, existe un abanico de alternativas, como las RED, que la corporación puede impulsar para transformar el sistema de manera sustentable, a un costo mucho menor y con mayores beneficios para los y las puertorriqueñas”, añadió.

Los RED son soluciones energéticas o tecnologías ubicadas cerca del cliente que pueden proporcionar un servicio o valor, inclusive a otros clientes y a la red eléctrica. Estas tecnologías y soluciones pueden incluir recursos de generación distribuidos como la energía renovable en techos, eficiencia energética, almacenamiento de energía, vehículos eléctricos y tecnologías de respuesta a la demanda. El informe indica que, debido a tendencias convergentes, como la marcada disminución de los costos de las RED, incluidos los sistemas fotovoltaicos en techos de residencias, mayor interés de los clientes en un servicio de energía resiliente y el interés de los clientes en adoptar alternativas de energía limpia, estas tecnologías se han convertido en una opción de primer recurso para los clientes, las empresas de servicios públicos y las partes interesadas que buscan la transición a un sistema de energía más eficiente y rentable.

El análisis propone invertir en las siguientes áreas:

• Enseres y luminaria eficientes mediante incentivos y descuentos para la instalación.

• Propiciar el uso de calentadores solares. Hay oportunidad de aumentar la financiación para el Programa de Asistencia de Climatización para proveer estos sistemas a residentes de bajos ingresos.

• Almacenamiento y energía solar en techos que permite reducir la demanda pico durante la noche y aumentar la capacidad de recuperación y resiliencia al permitir que los hogares continúen utilizando su propia energía cuando el resto de la red enfrente problemas.

• Respuesta a demanda comercial con incentivos financieros a los usuarios comerciales de energía para trasladar su uso de energía de los tiempos de demanda pico.

• Control integrado de voltaje, que implica mejor gestión de la AEE y resulta en una reducción general en el consumo de energía.

“Estamos a tiempo de detener el PIR que la AEE quiere imponer al pueblo de Puerto Rico por los próximos 20 años. Con este informe demostramos que hay otra forma de transformar el sistema eléctrico del país sin depender de combustibles fósiles como el gas metano”, dijo Adriana González, de Sierra Club.

En tanto Myrna Conty, de la Coalición Anti-incineración, parte de Queremos Sol, destacó que el análisis presentado propone procesos en que los ciudadanos puedan participar de forma pro activa de la generación y consumo eficiente de energía. “El documento también confirma que una mayor comunicación de parte de la AEE permitiría a los clientes y partes interesadas tomar decisiones informadas y reduciría fricciones innecesarias. Ignorar las recomendaciones de expertos que han validado las propuestas de Queremos Sol, en el empeño de atar al país al mismo modelo a gran escala, basado en gas y centralizado, nos costará más en factura y deuda pública, así como en amenazas a la seguridad, la salud y el ambiente”, censuró la activista.

Mientras, Tom Sanzillo, director de finanzas del Instituto de Economía y Análisis Financiero en Energía (IEEFA, en inglés) añadió que “el informe reafirma que existen alternativas basadas en energía renovable en techos y eficiencia que son rentables para el sistema energético de Puerto Rico y la AEE debería optar de manera preferente por estas medidas sobre inversiones en energía centralizada a base de gas natural.”

Queremos Sol -en comunicado de prensa- abogó porque, el presente informe y otros provistos por las organizaciones interventoras ante el Negociado de Energía, la AEE amplíe su análisis para presentar un PIR que verdaderamente recoja las opciones que más le convienen al país.

La encrucijada boliviana: ¿Dictadura o regreso a la democracia?

Por Carlos Ernesto Severino Valdez

Especial para Claridad

“La injusticia no termina para el indio, cinco siglos no han calmado su dolor”

canción Conmemorando

del álbum Amor y Control;

1992, Rubén Baldes y Son del Solar

Desde el pasado 20 de octubre observamos con preocupación el deterioro progresivo de la vida e institucionalidad democrática en el Estado Plurinacional de Bolivia. La jornada electoral se celebró con relativa calma. Al cerrar los colegios de votación comenzó la ansiedad por los resultados. Algunas encuestas a boca de urna apuntaban a la posibilidad de una segunda vuelta, tal y como había sucedido poco antes en el Uruguay con el Frente Amplio. Ya con sobre 97% de los votos escrutados, la realidad se imponía con un triunfo de Evo Morales Ayma, quien en esta ocasión no sumaría a su favor -por primera vez en su carrera política- la mitad más uno de los votos emitidos. Sin embargo, eso no hacía necesariamente obligatoria una segunda vuelta toda vez que, por disposición constitucional, una ventaja de sobre 10% entre el vencedor de los comicios con más de 40% de los votos y el segundo más votado, elimina la necesidad del “ballotage”.

En ese momento la victoria de Morales estaba asegurada. Los reclamos de la oposición, encabezada por el expresidente Carlos Mesa, se concentraban en garantizar una segunda oportunidad de enfrentar electoralmente a Evo Morales. A un momento de la larga noche del 20 de octubre, la diferencia entre la candidatura presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Mesa apenas estaba a pocas décimas porcentuales de lograr alcanzar la cifra clave de 10%. En esos momentos comenzó el frenesí que ha llevado a Bolivia, la tierra que lleva el nombre del libertador Simón Bolívar, de regreso a la inestabilidad y la violencia que ha caracterizado su atribulada historia política cercana ya a cumplir 200 años en 2025. Esa noche y los días subsiguientes comenzaron las acusaciones de fraude por parte de Mesa y luego se unen líderes de los “grupos cívicos” del oriente del país encabezados por elementos de la derecha más reaccionaria de Bolivia como el cruceño Luis Fernando Camacho. El presidente Morales acepta finalmente que la Organización de Estados Americanos (OEA) lleven a cabo una auditoria de los votos, pero el opositor Mesa nunca aceptó la auditoria. Vale la pena destacar que Morales acepta la mediación de la OEA a pesar de ser conocido que esta organización interamericana realmente era más bien parte del problema y no de la solución. En un dudoso informe preliminar, en el que a resumidas cuentas la OEA concluye que era técnicamente inviable asegurar la validez de una ventaja de 10% de Evo Morales ante algunas irregularidades detectadas. El informe de la OEA (el cual hemos leído detenidamente) establece que Morales ganó las elecciones con una ventaja constatada mínimamente del 9.8% de su más cercano contrincante. Como podemos apreciar, el diferendo es estrictamente decimal, lo que por distintas razones técnicas puede hacer variar de un lado a otro el resultado por el estrecho margen en cuestión. El informe en ningún lado ni habla ni establece causas para concluir que hubo un fraude electoral.

Hoy, con las cosas más claras, podemos decir que el informe de la OEA (contradicho técnicamente por otros organismos serios) buscaba exacerbar la situación. Entonces los reclamos de la derecha extrema cambiaron apoyados en una agresiva campaña de los medios de comunicación para tachar a Evo Morales, sin pruebas, de estafador y corrupto. De exigir una segunda vuelta, entonces se pasa a exigir nuevas elecciones y finalmente Camacho (-líder de los grupos cívicos de Santa Cruz de orientación (neo)fascista y racista- que ni tan siquiera participó en las elecciones) exige la renuncia de Morales. A partir de allí la situación en el país se deterioró de tal manera que grupos paramilitares asaltaron las casas de ministros, intimidaron funcionarios con secuestros y asesinatos y obligaron a algunos a renunciar. Tanto la casa de Evo Morales y de su vicepresidente Álvaro García Linera, fueron saqueadas y quemadas. Se comenzó a humillar a los indígenas y a hostigar y violar a las mujeres con polleras impunemente. El ejército y la policía participan -como otras tantas veces en la historia de Bolivia- del golpe y es el jefe de las fuerzas armadas quien “sugiere” cínicamente la renuncia a Morales, precipitando su dimisión y eventual salida del país para salvaguardad su vida.

Un poco de antecedentes

No vamos a hacer un recuento de la larga y desgraciada historia de inestabilidad política en Bolivia. Pero Bolivia posiblemente sea el país con la mayor cantidad de golpes de Estado perpetrados en la historia de la América Latina y el Caribe. Basta dejar claro lo que sucedía en el país andino poco antes del inicio de la de gestión presidencial de Morales. Tan solo entre 2001 y 2005, Bolivia tuvo una dramática sucesión forzosa de 5 presidentes. Uno de ellos fue precisamente Carlos Mesa. El 17 de octubre de 2003 el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada escapa del país en un vuelo hacia Miami. Al mismo tiempo que Sánchez huía, Mesa se afanaba en llegar al Congreso a ser nombrado presidente ya que así le correspondía en el orden sucesoral.

Su presidencia duró muy poco. A penas pudo mantenerse un año y siete meses dada la convulsión y agitación permanente que se vivía en el país durante aquellos tiempos protestando contra las reformas neoliberales. En general, solo es preciso añadir que desde 1825 Bolivia ha tenido 83 presidentes de los cuales 38, casi la mitad, han llegado al poder vía golpes de Estado.

Existe otro elemento importante que debemos mencionar a manera de antecedente de la crisis para poder comprender lo que ha pasado en este singular Estado plurinacional. Como el adjetivo lo dice, Bolivia está compuesto por múltiples nacionalidades y etnias. En general, esta diversidad se resume en dos grupos. La geografía humana de Bolivia está dividida territorialmente entre los pueblos de las llanuras orientales con la ciudad de Santa Cruz como capital (Beni, Pando y Tarija son otras ciudades importantes) y los pueblos del Altiplano con las urbes de La Paz y Cochabamba como núcleos dominantes. Desde hace mucho tiempo a los criollos (blancos y mestizos) del llano tropical se les llama los “Cambas”. A los habitantes del altiplano boliviano se les conoce por “Collas” y estos son en su inmensa mayoría descendientes de múltiples pueblos originarios que habitan esas tierras desde hace miles de años. Los criollos heredaron y han mantenido una implacable actitud racista heredada desde la colonización pero que a través del tiempo se ha ido incrementando a la luz de diversos diferendos políticos. Luego de la independencia del país la oligarquía criolla se aglomeró en Santa Cruz y sus departamentos circundantes. En las tierras llanas del oriente del país se desarrolló la economía más fuerte que se sostiene hasta hoy. Santa Cruz es el centro económico y financiero de Bolivia. Históricamente el altiplano ha sido el centro de las extracciones mineras y de la producción de alimentos básicos. Muchos indígenas migraron al llano en búsqueda de mejores condiciones de vida enfrentando el desprecio y maltrato más vil. La oligarquía boliviana ha desarrollado una mentalidad colectiva de odio hacia los Collas a quienes identifican como un lastre. En términos antropológicos los Cambas realmente inventaron “un enemigo” ficticio para así justificar sus acciones discriminatorias y sus ansias de dominio y explotación en todo el territorio boliviano incluyendo la población indígena.

Desde hace años la mayoría de los habitantes del llano occidentes son parte de una visión autonomista con respecto al resto del país.

La ideología del odio se comenzó a agudizar desde las luchas cívicas por las regalías del petróleo en la década de los años treinta del siglo pasado. En 1952 explota la revolución nacional y los habitantes del altiplano derrotan al ejército y asumen el poder político. En ese periodo se alcanzan importantes reformas para la población indígena. Entre ellas la más valiosa estratégicamente: el derecho al voto por primera vez desde el surgimiento de la República. La población del altiplano siempre ha sido considerablemente más numerosa que la de los criollos-mestizos. A partir del reconocimiento del voto a los indígenas la lucha política y de clases se hizo cada vez más feroz. Desde los años cincuenta hasta el siglo XXI la inestabilidad política y económica ha sido la norma en Bolivia que junto a Haití eran probablemente los países más pobres de América Latina y el Caribe.

En realidad, por más de 525 lo que ha habido en esas tierras es un sistema de Apartheid contra los pueblos originarios que terminó en el 2005 con la victoria electoral de Evo Morales Ayma, un indígena aymara que logró pacificar la convulsa situación étnica además de adelantar un ambicioso proyecto de modernización y desarrollo en el país andino.

Evo Morales:
de cocalero a presidente

Para poder entender la historia reciente de Bolivia tenemos que adentrarnos brevemente en lo que es ha sido el Movimiento al Socialismo (MAS). El MAS se funda 1987 por el propio Evo Morales, quien ya desde hacía años ocupaba puestos de liderato sindical en Cochabamba. Su labor más destacada la lleva a cabo como organizador y líder de los campesinos cultivadores de coca en el altiplano boliviano. La coca es una planta sagrada en las culturas andinas precolombinas. La llamada guerra contra el narcotráfico (que para muchos expertos ha sido siempre una guerra perdida) que comenzó a desplegar los Estados Unidos en los años setenta y ochenta, intentó destruir toda la actividad cocalera incluyendo desde sus cultivos hasta su uso tradicional. En gran medida comenzó un proceso de estigma y criminalización hacia una cultura milenaria de los pueblos originarios. Evo Morales le dio coherencia a la lucha de los cocaleros y de esa manera surge como un prominente líder político a pesar de no tener gran educación.

Desde el MAS, Morales organiza y encabeza luchas contra los “paquetazos” de reformas neoliberales que presidentes serviles impusieron en Bolivia a consignación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Además, su labor ardua en defensa de los derechos de los indígenas le ganó aún más prestigio y presencia política nacional como el gran líder de la oposición al neoliberalismo.

Su partido político, el MAS, se puede ubicar dentro de las corrientes de la nueva izquierda democrático-electoralista que surgen precisamente a partir de 1990 con el repliegue gradual de las izquierdas más radicales y las luchas armadas. A pesar de usar el calificativo de “socialismo” en su nombre, el MAS nunca ha sido un partido ni radical, ni socialista, ni mucho menos marxista. El nombre completo de este partido boliviano es MAS-IPSP, lo que significa “Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos”. El MAS es un partido democrático con la convicción clara y expresa de ejercer plena soberanía para la consecución de sus principales objetivos. El deseo reafirmar el carácter soberanista del MAS no es muy difícil de entender. En alguna medida, la historia de Bolivia se puede afirmar que es la historia de un país asediado por el intervencionismo que a su vez ha sido como un lastre muy fuerte y pesado para ejercer la soberanía del Estado.

Los objetivos fundamentales del MAS como colectividad política fueron desde sus inicios muy claros y sencillos: (1) la consecución de la unidad y paz plurinacional, (2) la aprobación de una nueva ley de los hidrocarburos que garantizara de inicio el 50% de esos ingresos al Estado y posterior el 100%, (3) vencer las enormes disparidades socioeconómicas entre la mayoría indígena y el resto de la población, (4) instaurar un capitalismo de Estado de fuerte función para modernizar y desarrollar el país dentro de la superestructura capitalista.

Si apreciamos con un poco de detenimiento, el MAS a nivel de 2019 ha logrado en esencia cumplir todos sus objetivos programáticos. Como parte de lograr esos objetivos se han conseguido multiplicidad de otros logros importantes que ha llevado a Bolivia a una transformación como jamás se pensó posible en relativamente tan corto plazo de tiempo. Basta decir que la gestión del MAS y Evo Morales le ha dado al país el más largo y fructífero periodo de paz y estabilidad político-económica en 200 años. El Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia era apenas de poco más de 10 billones de dólares en 2006 y ahora sobre pasa los 40 billones de dólares para un vertiginoso crecimiento de más del 400%. En ese mismo periodo de tiempo se logró sacar de la pobreza y la pobreza extrema a cerca de 4 millones de seres humanos. Muchos de ellos hoy son parte de una vigorosa y prospera clase media boliviana. Por último, debemos destacar que Bolivia fue declarado país libre de analfabetismo por la UNESCO el 6 de agosto de 2016 cuando en el 2005 el analfabetismo era mayor al 15%. Ese logro se explica por contar con programas especiales de alfabetización, pero también por la creación y ampliación de una extensa red de escuelas rurales. Estoy seguro que de Evo Morales haber sido un gobernante en un país europeo, hoy la mayoría de los economistas hablarían con entusiasmo y sin reservas del milagro económico boliviano, igual como se habla del milagro alemán de la posguerra o del milagro económico coreano del sur.

Continuará

En Bolivia como en Palestina

Por: Carlos Aznárez

Bolivia se está pareciendo a Palestina. Por muchas razones que es importante enumerar a la hora de chocar con el horror de la instalación de una dictadura brutal en Sudamérica.

Por un lado se trata de dos pueblos originarios que no solo enfrentan a un enemigo implacable sino que dentro de las armas más letales que este utiliza está también el factor religioso. En nombre de una versión difamatoria y enfermiza del verdadero cristianismo, la oligarquía boliviana se auto referencia, como el nazismo, en “la pureza racial”, utiliza la biblia y todos su derivados, incluido el lavado de cerebro que aplican la mayoría de la iglesias pentecostales para cooptar a las capas más pobres de nuestras sociedades y a las distintas y numerosas etnias originarias a los que considera seres inferiores. Si estas argucias no funcionaran, como plan B se les demuestra el odio, la burla procaz y se los trata de humillar y empequeñecer en cada circunstancia, destruyendo los símbolos más preciados de su identidad. Quemar wiphalas, despreciar a las mujeres bolivianas “de pollera» o maldecir a los indígenas como han hecho Camacho, Mesa y la presidenta de facto son elementos concretos de ese castigo al diferente. Con esa misma tesitura, el judaísmo sionista esgrime contra el pueblo palestino la idea del etnocidio, en nombre de una mentirosa lectura de la historia donde se omiten los datos fundamentales para disimular que cuando los invasores llegaron, los invadidos ya hacía siglos que se aferraban a su territorio, con la misma fuerza que en el presente. La entidad sionista es, como la oligarquía apátrida boliviana, racista y violenta, una en nombre de Jehová y otra utilizando a un Dios inventado para justificar sus crímenes.

Esta dictadura boliviana de hoy, que ordena a sus militares y policías reprimir al pueblo indígena-campesino, obrero y estudiantil como en las más siniestras jornadas de la década latinoamericana de los 60-70, baleando desde helicópteros o tanquetas, torturando y asesinando, tiene además un odio de clase contra quienes gracias a un gobierno popular y revolucionario pudieron sentirse por primera vez incluidos, tratados como iguales, empoderados y hermanados con el resto de la población.

En Palestina, el ocupante no solo se apodera de territorios, expulsando a los habitantes nativos, demoliendo sus viviendas y destruyendo sus cultivos, sino que también manifiesta un profundo odio hacia quienes, a pesar de las continuas persecuciones y masacres, mantienen un perfil de resistencia política y sobre todo cultural. Los ocupantes actúan como clase opresora, siendo en realidad una elite de nuevos ricos nutridos de riquezas surgidas del sostén que otros como ellos envían desde la diáspora. El objetivo de estos aportes voluntarios y a veces bajo presión, pasa por lograr, entro otros proyectos de opulencia económica, engrasar la maquinaria que ejecuta el saqueo continuo de Palestina y a través de un gigantesco aparato bélico, militarizar ese territorio para hostigar desde allí al resto del mundo árabe.

Por otro lado, qué decir de las resistencias al opresor cuando todos los días estamos viendo en la Bolivia de Tupaj Katari, Bartolina Sisa y Evo Morales, escenas heroicas en que las masas orientadas por sus organizaciones naturales utilizan todos los métodos de lucha, pero haciendo recaer el peso principal en la resistencia pacífica a la que están acostumbrados desde hace siglos los pueblos indígenas. Un aspecto importante de esta estrategia es el bloqueo de las grandes ciudades para hacer sentir el peso superlativo que tienen aquellos que siembran, producen alimentos, los manufacturan y los distribuyen. O generan a la vez movilizaciones masivas, ocupando las calles, las carreteras, los diversos territorios, exigiendo que caigan aquellos que nadie eligió y vuelva a gobernar el hombre que socializó el liderazgo con sus compañeros de tantas contiendas. La respuesta de los parásitos de la burguesía y las clases acomodadas ante el menor atisbo de desabastecimiento consiste en ordenan a sus perros uniformados que salgan de cacería.

Al igual que en Bolivia, el pueblo palestino no ha dejado de luchar y movilizarse ni un día, desde que se produjo, hace más de siete décadas, la ocupación y la Naqba (catástrofe) que esta trajo aparejada, y en ese sentido las pacíficas “marchas del retorno” que desde hace más de un año protagoniza el pueblo de Gaza o las continuas acciones de protesta y resistencia en Cisjordania, se convierten en hitos de reivindicación territorial donde se muestra la heroicidad de sus protagonistas, enfrentando con piedras a francotiradores fuertemente armados en Palestina, o a policías y militares enceguecidos por el odio, gasificando hasta la asfixia a hombres, mujeres y niños, o ametrallándolos a mansalva, en El Alto boliviano o en Cochabamba. En ambas confrontaciones, símbolos identitarios como la multicolor wiphala de los pueblos originarios de Abya Yala o la cuatricolor insignia palestina, son levantadas con orgullo por quienes saben que las dos sintetizan mucho más que un estandarte, al que hay que defender con la vida si es preciso.

Por último, un apartado sobre cómo reacciona el mundo frente a estos etnocidios. Los gobiernos, casi todos, con la excepción de los revolucionarios de Cuba y Venezuela (a la que se suman, sobre todo en el caso boliviano, México, Nicaragua, Uruguay, el futuro gobierno argentino y países del Tercer Mundo) callan o cierran filas apoyando a los asesinos.

En el campo de la intelectualidad internacional, frente a conflictos de tal magnitud como los que hoy ocurren en Latinoamérica y Medio Oriente hay también dos expresiones diferenciadas. Una franja importante que está alineada junto a las revoluciones bolivariana y cubana que tiene claro quien es el enemigo principal, no dudan de manifestar su apoyo por ambos pueblos a los que se intenta sojuzgar. Sin embargo, lamentablemente hay algunas expresiones disonantes. Son las de aquellos y aquellas que están al acecho para marcar y remarcar qué es lo malo que han hecho los liderazgos o los pueblos, y se lanzan con todo a la crítica corrosiva. Son los y las que no emplean la misma potencia, para en medio de una masacre allá o aquí, denunciar y enfrentar con la misma fuerza a los criminales ligados al Imperio. Lo vimos en más de una ocasión en Palestina, cuando cansados de poner la otra mejilla, hubo y hay sectores de la resistencia que se decidieron a combinar los métodos pacíficos de lucha con la violencia revolucionaria. Enseguida se escucharon las voces de los eternos “bien pensantes” (muchos confesos “progresistas» o de “izquierda”) que salieron a pontificar: “así no se hace”, “esto le hace el juego al enemigo”. Y sin más, siguieron o siguen dictando conferencias en tal o cual universidad, mientras los y las que por suerte no los escuchan, se entregan por completo a defender sus territorios.

Ahora, en Bolivia ocurre lo mismo, esta intelectualidad que se dice “compañera” o incluso “antiimperialista”, está muy preocupada por descubrir la “magnitud» de los “errores» de Evo Morales (como tiempo atrás los de Maduro) y lo hacen, otra vez desde la comodidad, en medio de la atroz y sangrienta ofensiva de quienes derrocaron a Evo no por sus errores sino por sus miles de aciertos y que ahora tratan de retrotraer al pueblo boliviano a la Edad Media. Lástima que ni siquiera en momentos tan límites, donde el Imperio, el capital y el patriarcado están de un lado y los que lo desafían del otro, se puedan cerrar filas para dar una respuesta de sentido común ante semejantes enemigos. Pero como no son tiempos de discursos, consejos o actitudes omnipotentes sino de acción y solidaridad concreta, nosotres a lo nuestro y los y las que no lo entienden irán quedando en el camino.

Tomado de Resumen Latinoamericano, 20 de noviembre 2019.

Recaudos suben pero servicios esenciales NO

Por Cándida Cotto

ccotto@claridadpuertorico.com

Aun cuando los recaudos del Fondo General (FG) del gobierno central llegaron a la cifra de $773,6 millones netos este pasado mes de septiembre, el gobierno de Puerto Rico no está usando este dinero para reducir la austeridad aplicada al gasto social, frenar la reducción de empleados públicos, ni para atender a las personas damnificadas por el huracán, sino para aumentar el pago provisto para la deuda.

Así lo establece el informe económico, En compás de espera, del profesor José Caraballo Cueto, director del Centro de Información Censal, del Recinto de Cayey, de la Universidad de Puerto Rico (UPR-C). De acuerdo con dicho informe, esta cifra de recaudos es la más alta para cualquier mes de septiembre desde 2010. En particular, los recaudos aumentaron 18,3% al compararse con septiembre de 2018, gracias a más recaudos de los impuestos sobre ingresos individuales y corporativos.

Caraballo trae a la atención que, de acuerdo con el plan de ajuste de deuda presentado recientemente, el gobierno pagará con impuestos en el año fiscal 2021 cerca de $2.000 millones de dólares a los pensionados y otros $2.000 millones a los bonistas de las distintas entidades gubernamentales. Destaca que esos pagos a distintas deudas no son muy diferentes a lo ocurrido en el año fiscal 2015, cuando se pagaron con impuestos unos $4.200 millones de dólares a bonistas: “la gran diferencia es que ahora se hizo espacio en el presupuesto para pagar otro tipo de deuda (pensiones) ante la insolvencia de los sistemas de retiro públicos”. Esto, en contraste con que la Junta de Control Fiscal (JCF) estableció en el plan fiscal certificado antes del huracán María (marzo de 2017) que el gobierno central solo podía pagar en promedio unos $822 millones de dólares anualmente a los bonistas.

Por otro lado, el informe indica que el Índice Coincidente de Actividad Económica (IAE) disminuyó -0,6% al comparar el mes de agosto de 2019 (el mes más reciente) con agosto de 2018. Aunque el año 2019 empezó con un crecimiento en el IAE, ese crecimiento se detuvo desde junio.

Sin embargo, el informe trae una buena noticia para los consumidores e inversionistas. La inflación en el país se encuentra en mínimos históricos, ya que en agosto de 2019 creció 0,4% y en septiembre de 2019 se mantuvo en el mismo nivel que para el mes de septiembre de 2018. Esta inflación baja puede ser provocada por el poco crédito circulando en Puerto Rico y porque el precio del petróleo se ha mantenido estable.

En cuanto a la perspectiva de crecimiento económico, el informe señala que no se concretizó el pronóstico de la JCF de que para el año fiscal que cerró el 30 de junio de 2019, habría un crecimiento económico de 4,1%. Además, anota que aunque todavía no se han publicado las cuentas macroeconómicas para dicho año fiscal, a juzgar por el IAE, es probable que el mismo cerró con un crecimiento levemente positivo o estacionario.

El Informe también atribuye que tal y como fue concebida la reconstrucción después del huracán María, ésta ha impactado de manera desigual los mercados de trabajo. Según una investigación en progreso, los sectores de construcción, otros servicios, comercio, los trabajadores por cuenta propia y manufactura estuvieron mejor después del huracán María que antes del fenómeno. Mientras, los sectores de la agricultura, transportación y comunicaciones, finanzas, seguros y bienes raíces tuvieron una mayor actividad económica antes del huracán, y decayeron después. En el caso de la agricultura, el informe plantea que la recuperación de este sector puede darse de manera más efectiva si se promueven los grupos de compra en este sector -para reducir el costo de los insumos de producción- y se condicionan los incentivos otorgados a los hoteles y fábricas de alimentos a base de la compra que hagan a los agricultores locales.

Caraballo Cueto plantea que el choque desigual entre los sectores económicos se puede suavizar con políticas públicas. Por ejemplo, con programas de entrenamiento que faciliten la transición de trabajadores de un sector a otro; formalizar a los que trabajan por cuenta propia mediante amnistías contributivas y mediante la asignación de mayor personal a las oficinas de permisos; y hacer transferencias de impuestos de los sectores beneficiados a los sectores impactados, entre otras. No obstante, indica que aun con estas transferencias los sectores ya beneficiados seguirían estando mejor que en la época pre-María.

En resumen, el informe plantea que, dadas las señales mixtas de la economía hasta el momento, es de esperarse que para el presente año fiscal 2020 haya un crecimiento moderado o estacionario de la economía.

No obstante, Caraballo Cueto trae a la atención dudas y reservas respecto a si los planes de ajuste de deuda acordados por la JCF puedan ser sostenibles.

“Tal parece que la JCF no definió el pago de la deuda en base a sostenibilidad sino a lo que fuese más fácil de acordar con los bonistas, y dejar el restante presupuestario para los servicios esenciales, cuando debió haber sido al revés”, denuncia.

De igual manera advierte sobre la corrupción y los problemas de gobernanza en el país: “Es de dudar que los problemas de gobernanza de Puerto Rico se resuelvan agudizando el colonialismo cuando hay otras herramientas democráticas. Esto incluye refundar la oficina del Fiscal Especial Independiente; restablecer una especie de “Blue Ribbon Committee” que pueda radicar casos de corrupción, y solo incluya a miembros sin conflictos de intereses; reforzar las leyes que regulan a los cabilderos y prohibir las puertas giratorias, entre otras”.

El informe En compás de espera fue publicado en la revista digital, Red Econolatin, de la Universidad Autónoma de Madrid que agrupa a economistas de universidades latinoamericanas.

Violencia de género: Mujeres reclaman Gobierno declare emergencia nacional

Por: Redacción de CLARIDAD

En  un país donde 266 mujeres han sido asesinadas en los pasados cinco años y donde la propia Policía contabilizó 4,121 incidentes de violencia doméstica entre los meses de mayo y agosto de este año 2019, es obvio y razonable el reclamo que han hecho las organizaciones que abogan por los derechos de las mujeres, para que el Gobierno declare oficialmente una emergencia nacional por violencia de género en Puerto Rico. Ya el año pasado, cuando el número de mujeres asesinadas por sus parejas llegaba a 23, las portavoces de dichas organizaciones hicieron un pedido similar que fue ignorado por el entonces gobernador Ricardo Rosselló. Solo después de que estas se plantaron en una protesta de varios días frente a la Fortaleza, fue que el Gobernador accedió a reunirse con ellas e iniciar un diálogo sobre las acciones gubernamentales necesarias para ir atajando los asesinatos y abusos contra las mujeres, considerados como un grave problema de salud pública y de derechos humanos en el País.

En aquel entonces, Wanda Vázquez era la secretaria de Justicia y la persona en la administración Rosselló con más conocimiento y experiencia sobre el asunto de la violencia de género, toda vez que también ya había ocupado el cargo de Procuradora de las Mujeres de Puerto Rico. Este año, por vuelcos de la política en Puerto Rico, ella es la Gobernadora y la persona que tiene en sus manos el poder para darle la máxima visibilidad pública a este grave problema, que no solo compromete la integridad física y emocional de las mujeres, sino que también conmociona a sus familias y a toda la sociedad.

Cada asesinato de una mujer por el motivo de que es mujer debía significar un aldabonazo a la conciencia colectiva de nuestro pueblo. Solamente un examen somero de los datos disponibles, da un idea de la magnitud de este gran problema que afecta a todos los estratos socioeconómicos en Puerto Rico, pero que particularmente golpea a las mujeres más pobres y en mayor estado de indefensión y vulnerabilidad.

Datos incompletos e impunidad

Ya se sabe también que las estadísticas disponibles no son confiables ni exhaustivas. Pero son las únicas con las que se cuenta para poder impulsar la tan necesaria transformación. Se sabe que de los más de 4,000 incidentes de violencia doméstica reportados entre 2014 y 2018, se presentaron ante el tribunal poco más de 2,000, lográndose solo 48 convicciones, una cantidad irrisoria si se tiene en cuenta el tiempo y los recursos que se invirtieron para lograr las mismas, amén de la burla que representa para las víctimas y sus familias el bajo índice de resolución en estos casos tan neurálgicos.

Es casi como si la sociedad no le diera importancia a los asesinatos de mujeres, actitud que apodera a los agresores y les da la confianza para continuar su patrón de abusos y agresiones, porque saben que probablemente no van a ser acusados, ni mucho menos enjuiciados o convictos por ello.

Un estudio necesario
y oportuno

Dos organizaciones sin fines de lucro- Proyecto Matria y Kilómetro 0- aunaron esfuerzos para desarrollar, a partir de datos ya recopilados en un archivo llamado Seguimiento de Casos, una investigación sobre los asesinatos de mujeres en Puerto Rico durante los pasados cinco años.

El estudio- titulado La persistencia de la indolencia, feminicidios en Puerto Rico 2014-2018- establece que en nuestro país ocurre un (1) feminicidio cada siete (7) días, una tasa de 3.3 feminicidios por cada 100,000 habitantes, lo que nos coloca por encima de la tasa de países como Canadá, Chile, Ecuador, Uruguay y Guyana, y muy cerca de la tasa de feminicidios en República Dominicana (3.2) y Perú (3.3).

El estudio de Matria y Kilómetro 0 constituye el primer esfuerzo concertado y serio para explorar la realidad de los asesinatos de mujeres en Puerto Rico y desarrollar estrategias para atajarlos y combatirlos. El informe contiene valiosas recomendaciones específicas para todas las agencias e instituciones gubernamentales y privadas que atienden, de una forma y otra, estas situaciones.

Declaración de Emergencia

La elevada tasa de feminicidios y demás datos importantes que aporta el estudio comprueban no solo la magnitud del problema en Puerto Rico, sino lo retrasados que estamos como sociedad del desarrollo e  implantación de estrategias concertadas para combatirlo.  Por eso, los profesionales que atienden a las  mujeres afectadas y sus familias, y las organizaciones que luchan y promueven, los derechos de las mujeres, el cese de la violencia, los derechos humanos y la construcción de una cultura de paz, insisten en que la Gobernadora declare la crisis de violencia de género como una emergencia nacional en Puerto Rico, más allá del Alerta a la violencia de género firmado por la Primera Ejecutiva hace unas semanas.

Según los grupos activistas, la declaración de emergencia es la mejor respuesta para imprimirle urgencia a la crisis de violencia de género que viven nuestras mujeres y toda la sociedad.