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El Plan Perverso (segunda parte)

Por Martha Quiñones Domingues

Especial para Claridad

En el siglo XXI el Plan Perverso toma otra forma, el más siniestro, la instauración de la Junta de Control Fiscal (JCF) por medio de la Ley PROMESA.

PROMESA devuelve al archipiélago a la era colonial de 1900, y la aplicación de las políticas neoliberales sin que la oposición sea considerada. Desde el Congreso de EE. UU. se aprueba legislación para regir a los territorios/colonias creando juntas de neo-dictaduras-corporativas (aquí la JCF), no electas por el pueblo, que asumen las competencias fiscales, determinan los destinos de los pueblos, violentan derechos humanos y civiles bajo la excusa de la “crisis fiscal”. Su único fin es crear las condiciones para ayudar a manejar las finanzas, la deuda pública y supervisar la reestructuración con el fin de llevar nuevamente la Isla a los mercados, en especial al mercado de bonos municipales. La JCF establece planes que perjudican a los puertorriqueños, permite que nos despojen de los recursos y desvían el uso del dinero del pueblo, entroniza la corrupción, -la corrupción colonial- y condena al pueblo a pagar una deuda odiosa, que se mantiene y perpetúa. La JCF es el neoliberalismo en su más alta manifestación y responde al capitalismo dependiente colonial que se re configura en un modelo de Gobierno Corporativo que se estableció desde finales del siglo XX. Este Gobierno Corporativo responde a las empresas y bonistas, controlando a los políticos por medio del auspicio de las campañas políticas y el inversionismo político (otra forma de corrupción). Las corporaciones ahora no confían en los políticos-coloniales y envían a los procónsules corporativos que establecen la política pública para favorecer a los buitres. El Gobierno Corporativo del ELA dice que está en guerra con la JCF, pero legisla y firma todos los proyectos, leyes y planes que le envía la JCF, engañando al pueblo por medio de la propaganda. La JCF es la versión de la violencia institucional de este Gobierno Corporativo.

La agenda de la JCF y del Gobierno Corporativo es gobernar para la colonia, sus élites políticas y económicas, y burlarse del pueblo que debe pagar por la supuesta crisis. El capitalismo está continuamente en crisis y se reconfigura para ser más salvaje y explotador. Los tres, el capitalismo-colonial-neoliberal, el Gobierno Corporativo y la JCF utilizan los medios de comunicación para engañar al pueblo y crear una imagen que favorece sus intereses particulares. Utilizan técnicas de falacia lógicas y la propaganda donde se suprime información y se distorsiona la realidad llevando argumentos incorrectos para mentir.

Pero, ¿qué es el Gobierno Corporativo? Es una nueva fase del capitalismo donde se controla a los políticos y al país por medio del control financiero. Candidatos comprados y vendidos al poder económico, que responden a los intereses de la colonia. Imponen un gobierno débil, pero sin quitar que es electo por el pueblo, donde una élite económica empleada del capital se coloca en puestos estratégicos para vender los activos del Gobierno y controlar las finanzas por medio de la deuda pública. Su norte es servir al capital, pagar la deuda, hacer dinero y mantener la colonia, ahora protegidos por la JCF. Nada de compromiso con el pueblo. Colocan sus estrellas corporativas en puestos de poder, impulsan las leyes para privatizar, quitan derechos a los trabajadores y oprimen al país. Cada día sobornan, compran y desvían fondos públicos a empresas privadas por medio de contratos. Todo esto, avalado por los políticos comprados, que amasan fortunas, colocan a los suyos y a la vez legislan no por el pueblo y para el pueblo, sino por ellos y para ellos.

Estas políticas del capitalismo dependiente-neoliberal y colonial dividen la sociedad entre los excluidos y los incluidos. La violencia se va instaurando por parte del Estado, pero no la violencia que usa en las manifestaciones, sino la violencia callada y velada. Esta violencia velada se manifiesta en los recortes, en las leyes, en el cierre de escuelas, los recortes en salud, los recortes en la UPR, los despidos, la Reforma Laboral, la Reforma de Permisos, otras reformas, los cambios en los mapas de uso de terrenos, en cada desvío de fondos. Es esa violencia continua que te obligan aceptar. También la violencia viene de la prensa con lo que reportan y lo que no reportan, con su énfasis en la criminalidad y no en las buenas acciones, con su énfasis en la crisis y no en la violencia de las políticas de ajuste y de austeridad que se aplican a los excluidos. Es discurso de odiar al pobre y desviar la atención de tus bajos salarios y la falta de derechos laborales, sociales o de inclusión. Intentan convencer de que el problema son los cupones, pero no te dicen cómo la corrupción te quita recursos económicos y posibilidades de desarrollo. Es un discurso de no preguntar y no pedir cambios; es un silencio que es violencia. Matan la solidaridad y la sustituyen por el individualismo y el egoísmo. Así, la publicidad crea esa culpa de que si no consumes y no te comportas como quieren no eres gente, -vales por lo que consumes-, así que debes gastar, aun cuando no tienes el dinero. Es agresión psicológica, es estar callado, es la violencia institucional.

En el Plan Perverso del Siglo XXI el Gobierno como representante de los intereses sociales desaparece. Por eso desde la JCF y el Gobierno por medio de su Plan Fiscal atentan contra el futuro de Puerto Rico y destruyen uno de los activos más importante para el desarrollo, la Universidad de Puerto Rico (UPR). Ahora van contra la UPR, el centro de creación de conocimiento e innovación, de donde surge el mejor capital que tiene Puerto Rico: su gente educada, pensante, innovadora y comprometida. Alejan la posibilidad de estudiar encareciéndola, llenando de deudas al estudiante y convirtiendo la educación en una mercancía, dejando de un lado la misión social. Ahora van contra las becas, las cuales colocan en manos privadas mediante un fondo de $200 millones provenientes del Fondo General, para financiar solamente la educación que les interesa. O sea, no hay dinero para la UPR pero aparece para becas. Ahí hay “gato encerrado”. Por eso debemos reclamar que, en vez de dar becas, manipuladas, restituyan los fondos que mediante una fórmula automática le otorga el 9.6% de los ingresos a la UPR. Es urgente defender la UPR y exigir que se devuelvan los fondos asignados por la fórmula para contribuir al desarrollo social y económico del país.

El Plan Perverso del Capitalismo-Gobierno corporativo y colonial, donde cada día dependemos más de EE. UU., donde el capital de EE. UU. controla los recursos de la colonia y puede desviar la agenda de desarrollo social y económico por un crecimiento no sostenible y más deuda. Ese es el debate entre crecimiento y desarrollo, del que ya se sabe que no se puede sostener la economía sólo de crecimiento. Por eso este plan todavía enfrenta la resistencia, del pueblo en lucha. Por eso el estado también perfeccionan la persecución y la represión, pero ahora más disimulado por medios electrónicos.

Ante más represión más resistencia, el cambio está en la generación “que no se deja”, porque se acabaron las PROMESAS.

• La autora es doctora en Economía y Ciencias Empresariales y profesora en el Recinto de Arecibo de la UPR.

Violencia contra la mujer: inacción del estado es violación de Derechos Humanos

Por: Wilma E. Reverón Collazo

En 1993, la. Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (48/104 AG ONU 29 diciembre 1993). La misma fue aclamada por consenso sin votación de los estados miembros. En su preámbulo expone:

¨Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades, y preocupada por el descuido de larga data de la protección y fomento de esos derechos y libertades en casos de violencia contra la mujer,

Reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre,..¨

¿Cuáles son dichos derechos y libertades cuya violación le impide total o parcialmente gozar? Lisa A. Crooms nos los resume:

¨La Declaración Contra la Violencia identifica la violencia fundamentada en género y dirigida contra la mujer como violación de derechos humanos per se. Añade a los derechos que toda mujer merece el derecho específico a vivir libre de violencia por género, sin importar el lugar, las costumbres tradicionales o las justificaciones religiosas. Esto incluye las violaciones cometidas `en el vientre familiar`, ´en la comunidad general`y ´aquella perpetrada o condonada por el estado`. …

Finalmente, la Declaración Contra la Violencia ofrece `una definición abarcadora de violencia contra la mujer`como `violencia fundamentada en género que resulta o pueda resultar en daño físico, psicológico, sexual o sufrimiento a la mujer, que incluya amenazas, coerción o privación arbitraria de la libertad ya sea en la vida privada o pública`. Esta definición incluye `golpes, abuso sexual contra niñas, violencia que tenga que ver con la dote, violación sexual dentro del matrimonio, mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales dañinas para la mujer, violencia de parte de otros que no sea el esposo, y violencia relacionada con la explotación`además de `violación, abuxo sexual, acoso sexual e intimidación en el trabajo, en las instituciones educativas y en otras partes, tráfico de mujeres o prostitución forzada`. Además, la Declaración Contra la Violencia hace claro que el estado es responsable por la violencia por parte de servidores públicos pero también aquella que el estado permita y condone. Como tal el estado tiene la obligación afirmativa de evitar que ocurra la violencia contra la mujer y de remediar el daño causado contra ella no importa quien sea el ofensor.¨

En 1999, la Asamblea General, liderada por la representante de la República Dominicana, designó el 25 de noviembre como el Día internacional por la eliminación de la violencia contra la mujer, en homenaje y en recordación del vil asesinato de las Hermanas Mirabal a manos de los esbirros del dictador dominicano Rafael Leonides Trujillo.

En Puerto Rico, la violencia contra la mujer ha sido estatuida como delito por virtud de la aprobación de “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada (ha sufrido numerosas enmiendas). En su exposición de motivos, se identifica el problema y su definición de la siguiente manera:

¨La violencia doméstica es un comportamiento antisocial que constituye un serio problema para la familia puertorriqueña. Se trata del maltrato físico y emocional que sufre una persona a manos de su cónyuge o ex-cónyuge, o a manos de una persona con quien sostiene o ha sostenido una relación íntima.¨

Sin embargo, la Ley 54, por ser dirigida a la violencia doméstica, se limita al ámbito de las relaciones entre parejas o personas que aunque no estén en una relación formal o permanente hayan tenido un acercamiento o relación. Por lo tanto, no abarca todo los escenarios en el cual se puede escenificar la violencia contra la mujer, tanto en lo público como en lo privado, como sí lo cubre la Declaración de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Esta aplica a todos los ámbitos de la sociedad donde se desenvuelve la mujer, desde el hogar (ámbito privado) hasta el público, de trabajo y estudios.

Mientras, recientemente un rotativo informó que en Puerto Rico ocurre un feminicidio cada siete (7) días. Si vamos a la página de estadísticas de la Procuradoría de la Mujer se informan solo nueve (9) feminicidios para el 2019. Ciertamente, hay un desfase del gobierno de Puerto Rico, no solo estadístico, sino con la propia política pública esbozada anteriormente.

Es incomprensible que en papel el estado proclame ¨como política pública, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico repudia enérgicamente la violencia doméstica por ser contraria a los valores de paz, dignidad y respeto que este pueblo quiere mantener para los individuos, las familias y la comunidad en general.¨, mientras en la práctica no asigna los recursos ni le imprime el carácter de emergencia nacional que requiere la situación.

La negativa del gobierno tanto bajo Ricardo Rosselló,, como bajo la actual gobernadora Wanda Vázquez, a declarar un estado de emergencia sobre la amenaza que cierne sobre la vida de las mujeres, que se está cobrando semanalmente la vida de un ser humano, no solamente es incomprensible, es inexcusable, sobre todo para una persona que conoce de primera mano las manifestaciones y la gravedad del problema por su experiencia como Fiscal, Procuradora de las Mujeres, Secretaria de Justicia y ahora Gobernadora.

Nos unimos a los reclamos para la declaración de una emergencia nacional que tan activa y vocalmente han llevado ante la Fortaleza las compañeras del Colectivo de Feministas en Construcción, Movimiento Paz para la Mujer, MATRIA y otras organizaciones de base feminista. Literalmente cada día que pasa cuesta vidas.

El gobierno de Puerto Rico está en franca violación de su política pública, así como de la normativa de las declaraciones y convenciones internacionales. Debe responder como perpetrador de este crimen contra los derechos humanos de las mujeres.

El hambre vieja

Eduardo Lalo

Crecí en un país que se pensó rico. Como todo engaño tuvo mucho de estúpido. Los ojos percibían el mundo selectivamente y las muchas realidades contrarias y evidentes se olvidaban en cuanto se buscaba estacionamiento en un abarrotado centro comercial.

Era común escuchar: “en Puerto Rico nadie padece hambre” y “en Puerto Rico nadie sufre la pobreza como en otros países de la región”. Lo primero pareció indudable y lo segundo irrebatible, pero ninguno de estos asertos daba la seguridad de estar en lo cierto. Ambos eran falsos argumentos, simulacros de procesos de reflexión que se limitaban a relativizar la realidad. De pronto como explicación inadecuada y eficaz tapaboca ser pobre era una cuestión de grados, de posesión de zapatos y carros que sonaban como una cafetera y esto era muy superior a las imágenes de los menesterosos de la India y los hambrientos con vientres hinchados de África. Las múltiples violencias dirigidas a los pobres se borraban en el acto mágico de una dependencia Made in USA y la concesión de cupones de alimentos y ayudas semejantes. En el imaginario boricua, tener un plato en la mesa sin deber trabajar bastó para dejar de considerar el asunto. Los pobres serían pobres, pero vivían como reyes. Miembros de la clase media y alta encontraron así su objeto de desprecio.

El círculo de violencias e injusticias que conllevaba el ser pobre: la capacidad disminuida para acceder a la educación, la salud, la cultura, el consumo, la vivienda y el trabajo entre otras cosas, dejó de alarmar las consciencias. Del panorama político, había desaparecido cualquier noción de justicia social que no fuera retórica barata. En muchas ocasiones, la prueba de la funcionalidad del bipartidismo se limitó a la promesa de conseguir más cupones u otros programas de beneficencia.

En algún reportaje necio Puerto Rico clasificó entre los países más felices del orbe. Como los enfermos, el país sustituía un analgésico por otro más fuerte. No solamente no confrontamos ni resolvimos nunca los problemas de fondo, sino que toda la estructura fue debilitándose. Si el país era un organismo, parte de su población reunía el hambre con las ganas de comer: una obesidad malnutrida, epidemias de diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades mentales, alcoholismo y drogadicción. Luego de décadas de cupones, el sector desventajado de la sociedad seguía sin tener en su mesa un plato de comida saludable. Seguramente instados por una asociación de dueños de franquicias, en la legislatura se estudió permitir a los beneficiados del PAN usar sus tarjetas en restaurantes de comida chatarra. Hasta el acto mismo de comer se convirtió en explotación.

El pasado sábado un reportaje de Benjamín Torres Gotay en El Nuevo Día alertaba que “un análisis del Instituto de Estadísticas…dice que el 33.2% de la población adulta de la isla enfrenta problemas de inseguridad alimentaria. El 9%…está en la categoría de ´muy baja seguridad alimentaria´”. El reportaje también informaba que “712,471 familias con 1.3 millones de integrantes dependían del PAN para comer. Eso significa que el 40% necesita asistencia estatal para alimentarse”.

Imagino que muchos lectores de Torres Gotay habrán respondido con incredulidad a su reportaje. El fenómeno choca con las ideas preconcebidas y, de tomarlo por verdadero, debería trastornar profundamente las consciencias. Un tercio de la población, uno de cada tres puertorriqueños, pasa hambre. El país creado por el colonialismo estadounidense y la gestión gubernamental del bipartidismo apenas produce comida y debe por tanto importar casi toda en uno de los transportes marítimos más caros del mundo por obra del impuesto imperial que constituyen las Leyes de Cabotaje. Un tercio de la población, más de un millón de personas, no comen lo necesario. Son viejos y jóvenes, desempleados, trabajadores y estudiantes. Algunos carecen de la comida suficiente, pero tienen un carro con cinco pesos de gasolina en el tanque y probablemente un número sustancial de ese millón de personas posea un celular. Quizá deba alertar a algunos lectores que esos hambrientos son iguales a nosotros. Ninguno de ellos vive en una selva remota porque en Puerto Rico no las hay. Tan próximos son que los podemos tener frente a nosotros en la fila del supermercado sumando y restando o en cualquier sala de espera entreteniéndose con sus celulares. Están hechos a nuestra imagen y semejanza y su sufrimiento está por lo general electrificado y lleva zapatos.

El siglo americano de la historia puertorriqueña ha producido este resultado. Una economía improductiva y amarrada, un Estado saqueado por los intereses económicos y políticos que lo han controlado y corrompido, cientos de miles de ciudadanos cuyas vidas quedan constreñidas desde la cuna en una de las sociedades de mayor desigualdad del planeta. Más de un siglo después de 1898 somos totalmente diferentes y, a la vez, los mismos. Sin los zapatos y la ropa comprada en una venta de pasillo, seríamos indistinguibles de las masas de natives que los reporteros estadounidenses fotografiaron cuando acompañaron a sus tropas en 1898. En Puerto Rico nunca ha dejado de juntarse el hambre y las ganas de comer. Nuestros deseos nunca han fructificado políticamente. La colonia produce un hambre vieja.

Violencia diaria contra las mujeres en Puerto Rico: ¿hasta cuándo?

El gran problema de la violencia de género en Puerto Rico es la impunidad rampante que apodera a los agresores. Y ésta es el resultado de la indolencia, la apatía y la ineficiencia de la Policía, del Gobierno y demás instituciones del Estado, y de la sociedad en general, para tomar las medidas radicales que se requieren para frenar este problema.

 

La conmemoración del Día Internacional de No más violencia contra las mujeres nos toca este año en medio de circunstancias muy adversas. Como parte de los requisitos de cumplimiento de la llamada Reforma de la Policía- que le exige el Tribunal Federal a la Policía de Puerto Rico- se acaba de publicar un informe devastador que indica que, entre el 1 de enero y el 20 de agosto de este año 2019, el Negociado de la Policía intervino en 4, 121 incidentes de violencia doméstica en nuestro país. De esa cifra monumental, solo se consiguieron 48 convicciones. Esto da la medida de la impunidad rampante que convierte en letra muerta las leyes y políticas públicas sobre la violencia doméstica en nuestro país.

Particularmente alarmante es la disonancia de las cifras sobre los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, esa manifestación extrema de la violencia de género que tanto consterna cuando ocurre, pero a la que tan poco seguimiento se le da. Según el primer estudio sobre los feminicidios en Puerto Rico, la cantidad real de asesinatos de mujeres que ocurren en nuestro país es otro dato no aclarado, y aparentemente subestimado, en las estadísticas que recopilan la Policía y demás dependencias involucradas del Estado. Hace apenas unas semanas se dieron a conocer los resultados de ese primer esfuerzo para documentar y analizar el contexto en que ocurren los asesinatos de mujeres por motivo de género en Puerto Rico. El estudio- una colaboración de las organizaciones sin fines lucro Proyecto Matria y Kilómetro 0- fue titulado La persistencia de la indolencia: feminicidio en Puerto Rico 2014-2018 y contiene no solo información muy valiosa sobre los asesinatos de mujeres ocurridos en Puerto Rico durante los pasados cinco (5) años, sino también el contexto en que ocurrieron y cómo se ubica Puerto Rico respecto a otros países en el conocimiento y análisis de la situación, y en la atención y medidas correctivas que requiere este grave problema de salud pública y de derechos humanos.

Para la realización del estudio, se partió de los datos recopilados y archivados por Carmen Castelló en Seguimiento de Casos (información sobre asesinatos de mujeres en Puerto Rico), y sus resultados son muy impactantes. Se concluye que en Puerto Rico ocurre un feminicidio cada siete (7) días, tres (3) por cada 100,000 mujeres. Esto coloca a Puerto Rico entre los países de América Latina y El Caribe con altas tasas de feminicidios, junto a República Dominicana y Perú. En el contexto de Estados Unidos, Puerto Rico ocupa, junto al estado de Tennessee, la posición número 13 en asesinatos de mujeres por razón de género, una de las tasas más altas en dicho país. En dicho estudio se encontró también que no existe congruencia en la recopilación de datos de asesinatos por género en la Policía de Puerto Rico, lo cual ocasiona que dichos casos sean sub informados o colocados en otras categorías. No existe tampoco consenso en Puerto Rico de lo que constituye un feminicidio ni cómo reportarlo o catalogarlo, lo cual incide en la desinformación e invisibilidad que existe sobre esta grave situación. Estos datos contundentes, junto a la brutal admisión de que solo la ínfima parte de los casos de violencia de género terminan en convicciones en los tribunales, da la medida de la severidad del problema, y de por qué existen razones más que justificadas para declarar la violencia machista como una emergencia nacional, tal y como lo reclaman los grupos activistas por los derechos de las mujeres en el País.

El gran problema de la violencia de género en Puerto Rico es la impunidad rampante que apodera a los agresores. Y ésta es el resultado de la indolencia, la apatía y la ineficiencia de la Policía, del Gobierno y demás instituciones del Estado, y de la sociedad en general, para tomar las medidas radicales que se requieren para frenar este problema, que cada vez más destruye las vidas de nuestras mujeres y sus familias. La Gobernadora, Wanda Vázquez, debía saber esto y ser su principal promotora, ya que ella ocupó antes la silla de Procuradora de las Mujeres, y conoce muy bien que la indolencia que reflejan las estadísticas oficiales es no solo real sino letal para las decenas de mujeres asesinadas cada año, y para las otras miles que son abusadas diariamente.

El hecho de que el 25 de noviembre sea la fecha anual para la jornada mundial de No Más Violencia contra las Mujeres indica la magnitud del problema generalizado de violencia machista en la inmensa mayoría de las sociedades. Este es el resultado del machismo atávico que aún rige las relaciones entre los géneros en el mundo entero, una condición de dominación y opresión que se resiste a cambios que generen una mayor equidad y justicia para las mujeres, o que por lo menos, garanticen su integridad física y su derecho a vivir en paz. Por eso, aunque las mujeres constituyen la mayoría numérica de la población mundial, aún enfrentan la indiferencia y la marginalización que las coloca en incalculables riesgos físicos y emocionales solo por el hecho de ser mujeres.

Ninguna sociedad puede preciarse de ser civilizada si en ella persisten las actitudes y prácticas que permiten el abuso, la violencia y la impunidad contra sus mujeres. Puerto Rico tiene un largo trecho caminado en el conocimiento y análisis de la situación, y de las medidas que pueden implantarse- algunas inmediatamente- para garantizar que nuestras mujeres no estén tan vulnerables y desprotegidas ante sus posibles agresores. Ante los datos ineludibles que nos confrontan, no existe otra opción que seguir luchando como país para abolir la violencia de género que nos desgarra, y por la cual pagamos un elevado costo social.

Alberto Rodríguez Santana

“Una cosa es hablar de Puerto Rico y otra cosa
es vivir en Puerto Rico. Hablar de la colonia y vivir
en la colonia es muy diferente, pero me encanta.
Yo nunca he estado más pobre en mi vida y más feliz, porque esto espiritualmente-y a mi esposa y mi hijo- nos encanta.
En este barrio nosotros somos los nuevos, todo el mundo que vive aquí, ha nacido aquí. Han vivido aquí toda su vida. Trabajadores, muchos de ellos retirados. Desgraciadamente, como en muchas partes de la isla, muchos de los jóvenes se han ido a Estados Unidos, mayormente después del huracán. Lo que hay aquí son personas mayores
y niños pequeños pero
son muy pocos la gente de 20, 30 años”.

 

 

Por Cándida Cotto

ccotto@claridadpuertorico.com

“Yo nunca he estado más pobre en mi vida y más feliz”. Ríe y mira a su alrededor, sentado a la sombra de un frondoso árbol del patio de su modesto hogar en el campo Almirante Sur, sector Miranda, en el pueblo de Vega Baja. Así dice sentirse Alberto Rodríguez Santana, otro de los prisioneros políticos puertorriqueños excarcelado en el 1999.

Hace 20 años, Alberto, al igual que Alejandrina Torres-otra de las miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN)- no regresó de inmediato a la isla tras su excarcelación. Los primeros 13 años permaneció en Chicago, en donde nació y se crió en el barrio Boricua. “Quería estar cerca de mis hijos que había dejado cuando caí preso, una hija de cinco y un niño de dos”, expresó, a la vez que reconoció, en tono de broma, que ya a las edades que tenían cuando salió de prisión, 21 y 18 años, los jóvenes no quieren estar con viejos, “pero yo quería estar con ellos lo más que pudiera”. Al presente, su hijo Ricardo tiene dos niños y vive en Tampa, Florida, y su hija Jazmín vive en Juncos. “Odio Florida pero me encanta ver a mis nietos, así que voy dos veces al año”.

Esos primeros meses fueron difíciles. “Mucha gente quería hablar conmigo pero nadie quería darme trabajo”, recordó. Alberto narró que, a diferencia de los compañeros que regresaron a Puerto Rico, los ex prisioneros políticos que permanecieron en Chicago estuvieron sujetos a una supervisión más rígida por parte del Buró Federal de Libertad Bajo Palabra. “Los oficiales nos trataban bien rígido, iban a la casa y nos amenazaban con devolvernos a prisión. Pero aquí, primero los oficiales eran puertorriqueños y ellos saben el recibimiento que se les dio (a los prisioneros políticos), que estaban bregando con alguien diferente. Allá en Chicago les tomó un tiempo para ellos reconocer quiénes éramos nosotros. Después de eso soltaron un poquito”.

No fue hasta el 2003 que vino a la isla por primera vez. “Les dije que quería venir a casarme, y ahí de inmediato me dieron el permiso”. A los seis meses -en Chicago- comenzó a trabajar en el bufete de ‘People´s Law’. Primero fue oficinista y luego paralegal, un trabajo que le gustó mucho. Alberto no deja pasar por alto y distinguir la solidaridad que este equipo legal les brindó a todos los miembros de la FALN desde el primer momento de su arresto hasta que salieron. “Nadie en Estados Unidos ha hecho ese tipo de trabajo”, dijo sobre People´s Law, que este año cumplió 50 años de fundado.

Esa primera visita en el 2003 la compara a cuando en su juventud, allá para la década de los ‘70, venía de visita a la isla, al campo, ya fuese a Cabo Rojo con los familiares maternos o a Ponce, con los paternos: “Tú estabas en el campo, no había Walgreens, no había Mac Donald´s, nadie hablaba inglés, tú estabas en otro mundo. Eso ha cambiado. Donde quiera que uno entra a un pueblo, la bienvenida es un Walgreens”.

Problemas de salud de Alberto no permitieron que él y su esposa, Lin Ivette Velázquez, y el hijo de ambos, Julián, pudieran establecerse en la isla hasta hace siete años. Ya establecido en Almirante Sur en Vega Baja, donde vive la familia desde su regreso, el ex prisionero político reflexiona:

“Una cosa es hablar de Puerto Rico y otra cosa es vivir en Puerto Rico. Hablar de la colonia y vivir en la colonia es muy diferente, pero me encanta. Yo nunca he estado más pobre en mi vida y más feliz, porque esto espiritualmente-y a mi esposa y mi hijo- nos encanta. En este barrio nosotros somos los nuevos, todo el mundo que vive aquí, ha nacido aquí. Han vivido aquí toda su vida. Trabajadores, muchos de ellos retirados. Desgraciadamente, como en muchas partes de la isla, muchos de los jóvenes se han ido a Estados Unidos, mayormente después del huracán. Lo que hay aquí son personas mayores y niños pequeños pero son muy pocos la gente de 20, 30 años”.

Llegaron a ese sector que no conocían por medio de un amigo ya fallecido. Contó que, a principio, los vecinos creían que como venía de EEUU, tenía que ser millonario. Les llamaban “americanos” o los ‘gringuitos’. “Es increíble que yo nací en los Estados Unidos, viví 60 años en Estados Unidos, asistí a la universidad, iba a la escuela pública, trabajé en la comunidad, trabajé en la política electoral, estuve preso por 16 años y nunca, nunca, alguien me llamó americano. El mito aquí de que nosotros somos ciudadanos, y que uno va a Estados Unidos y eso te da un privilegio es mentira, no te da ningún tipo de privilegio. Aunque yo nací en Nueva York, ellos miran esto”, dice mientras se toca la piel para significar el racismo que existe contra los boricuas.

Poco a poco ha podido ir educando a sus vecinos sobre la realidad de la diáspora, y de que no es como mucha gente cree. Expresó cómo tras el paso del huracán María hace ya dos años, como en muchas áreas de la isla, en su comunidad unió a la gente. “Nosotros teníamos que estar juntos para sobrevivir. Estábamos aislados por la carretera y estuvimos sin agua y luz por siete meses”. Alberto y su familia compartieron con la comunidad los comestibles que familiares y amigos les enviaban del exterior, y explotó su vieja guagua “pickup” buscando agua, entre otros menesteres. Dijo que, tras el huracán, después de un par de días comiendo de lata le subió la presión.

Integrado de lleno a la cotidianidad fuera de la prisión, una tarea que ha incorporado a su vida es la de educar por medio de “home schooling” a su hijo Julián, quien ya tiene 15 años. “Eso toma tiempo, la preparación y la clase. Era más fácil cuando era menos joven y tomaba todo lo que uno decía como la verdad, pero ya está mayor y lee, y me cuestiona, por lo que tengo que estar bien claro de lo que le voy a enseñar. Es más trabajo, pero me encanta. La idea es ser facilitador. Me encuentro increíblemente satisfecho de poder hacerlo porque no pude estar con mis otros hijos. Ellos eran niños cuando me fui y ya eran adultos jóvenes cuando salí, por lo que cuando se presentó esta oportunidad- aunque es fuerte- lo hicimos y ha sido bello. Ya solo me quedan como dos años más”.

Alberto señaló que este método (el “home schooling”) ha crecido en Puerto Rico como una alternativa, debido al deterioro de la escuela pública. En el caso de la comunidad Almirante, cerraron tres escuelas y pusieron a los estudiantes de todos los niveles en un mismo plantel. “Todos los niños aquí van a esa escuela, todos los niños aquí necesitan ayuda”, lamentó. De hecho, su esposa Lin, después del huracán tomó la iniciativa de establecer el proyecto del Huerto Maravilloso, dirigido a niños de siete a 12 años. El grupo se reúne cada martes en la tarde. Durante el verano, el grupo de niños y niñas organizó una manifestación en el parque de la comunidad en la que se unieron al reclamo de “Ricky renuncia”.

El verano de 19

Para el ex prisionero político, que estuvo 16 años en prisión, el levantamiento del pueblo de Puerto Rico durante este pasado verano lo considera una revolución civil. Aunque repara que, para muchos en la izquierda, no lo consideran así porque se llegó a una sola meta. “Pero, considerando que nosotros hemos sido colonia durante tanto tiempo- desde los taínos, primero de España, y después de un imperio tan fuerte como Estados Unidos- el más fuerte del mundo. Después de todos estos años, ¡que un pueblo pueda levantarse y botar el ‘nene lindo’ de los colonialistas! Y mira los símbolos que se usaron, que fueron los de los independentistas. La bandera, no se vio una bandera de Estados Unidos en ningún sitio, porque era un movimiento puertorriqueño. Yo tengo muchas esperanzas, yo siento que yo llegué a Puerto Rico en un tiempo, aunque difícil, increíble porque en el tiempo en que yo he estado, he visto la destrucción del ELA, los ideales políticos, todo se agotó. Existe el nombre y los políticos están peleando por quién administra el negocio. Los candidatos que los dos partidos nominan lo demuestran. Estamos viendo el desgaste, el fin de esos partidos”, afirmó.

Al advertir que no quiere ser “criticón”, en cuanto al independentismo dijo que hay cosas positivas y negativas. “Cuando voy a actividades y veo a los asistentes de mi edad y más, no me siento muy positivo. Me siento como en un club de viejitos. Las varias veces que pude ir a San Juan a las protestas y veía a esa juventud fajá, eso era increíble. Muchos de ellos, independentistas sin saber que lo son, porque el colonialismo ha hecho un lavado de cerebro. Ser independentista es difícil”, admitió.

Una vez más, Alberto, quien demuestra una actitud sencilla y pausada, señala que mucha gente de su edad, (nació en el 1953)- los “baby boomers”- a veces se olvidan de que cuando estaban haciendo su revolución en los ‘70 “estábamos haciendo ‘do your thing’ a su manera, la música, la vestimenta. Criticar a los jóvenes porque no hacen las cosas como nosotros, no está bien. Tú no vas a movilizar a nadie criticándolo. Critica al enemigo. Hay gente que son populares, que son penepés, que aman a Puerto Rico, y nosotros tenemos que llegar a ellos”. Y agregó, “para mí, una de las cosas que me llenó de esperanza una de las noches frente a la Fortaleza, fue haber visto a un grupo de jóvenes bien entusiasta y a su lado un grupo de homosexuales. Esa lucha rompió esquemas. En los ‘70, eso no se hubiese dado. Lo que yo vi me llena mucho de esperanzas y la cuestión es: ¿cómo le damos seguimiento, si va a ser a través de las elecciones o no”?

Me arrestaron por bobo

Al cabo de un poco más de 35 años, a preguntas de CLARIDAD sobre la lucha que le llevó a prisión, Alberto toma a broma la forma en que lo arrestan. Narró que se encontraba en la Northeastern University, en Illinois, donde trabajaba como consejero. “Me cogieron de bobo. Un FBI- pensándolo bien, ahora debí ver que no era un estudiante. Entró un blanco a la oficina donde yo estaba con un estudiante, y tenía un pedacito de papel con el número de mi tablilla. Dijo, ‘mira yo choqué un carro en el estacionamiento, un Nova azul’. Yo fui a mirar y al lado había otro carro que estaba casi tocando el mío. De momento, la puerta del carro estaba abierta y veo a un hombre blanco. Pienso que era un ataque racista y empiezo a echar para atrás. Le vi como con un bate, pero era un arma. Ahí, él grito: ¡FBI! Y me apuntó a la cara”. Sonriendo rememoró que él había salido molesto porque le chocaron el “carrito” pero que- pensándolo bien- lo que tenía que haber hecho era excusarse para ir al baño, y desaparecer.

Antes de concluir nuestra entrevista, Alberto Rodríguez quiso tomar la oportunidad para darle las gracias a CLARIDAD. “Yo pude sobrevivir 16 años en una penitenciaría federal, bajo las condiciones más estrictas, porque yo sentía- no en términos abstractos, sino real- el apoyo. Luego de los primeros 10 años preso, uno deja de existir, ya uno tiene la rutina del preso. Solo se quedan las dos o tres amistades políticas, CLARIDAD, mi familia”.

Sobre el País reiteró; “Yo me siento bien positivo de lo que está pasando aquí. Veo una nueva generación que quiere no solo una independencia política. Quiere una libertad de género, su sexualidad, la economía. Los jóvenes que se tiraron a la calle este verano no son los que piensan irse. Poniéndolo en el contexto del colonialismo, Estados Unidos no es un imperio como el de los romanos, al que solo había que pagarle el tributo. Estados Unidos aquí trató de cambiar la cultura, el idioma. El plan de ellos era destruir la nación puertorriqueña, y ahora -120 años después- aquí estamos”.