Por Cándida Cotto/CLARIDAD
Los centros de cuido prolongado u hogares de envejecientes, iniciativas enteramente privadas en Puerto Rico, se encuentran batallando solas para proteger a sus residentes, la población más vulnerable al contagio y muerte por el coronavirus. En la Isla hay cerca de 785 de estos hogares que albergan a unos 28 mil adultos mayores o personas de la tercera edad.
Hasta el momento, el único esfuerzo por parte del gobierno para proteger a esta población es hacerle la prueba a los residentes de cada centro, pero esta tarea, que se supone realiza la Guardia Nacional y los Centros 330, por el momento se encuentra detenida. Mientras, en la segunda semana de julio, el Departamento de Salud (DS) ya había confirmado 19 casos de coronavirus en dos hogares de ancianos en Carolina.
Para Juanita Aponte, presidenta de la Asociación de Dueños de Hogares (ADH), lo ocurrido en el centro de Carolina es una voz de alerta. “Sabíamos que podía pasar, porque no estamos exentos. Nuestros adultos mayores están cautivos, no tienen por qué tener riesgo. El riesgo es el que representamos nosotros, que entramos y salimos todo el tiempo, somos el riego mayor”, reconoció. Es por eso que de parte de los centros se les ha pedido a sus proveedores, incluidos los médicos, que limiten sus visitas a lo imprescindible.
Agregó que su llamado a las personas que trabajan en esta industria siempre ha sido a que eviten los sitios aglomerados, cerrados, por períodos prolongados, no ir a sus gestiones sin las debidas protecciones y a que estén conscientes del peligro que representa esta enfermedad para el adulto mayor porque con toda probabilidad podría ser nefasto y perdería la vida.
Sobre el retraso en la realización de las pruebas en los hogares de ancianos por parte de la GN y los Centros 330, Aponte expresó que todo el mundo ha dado su versión. Pr ejemplo, la GN lo adjudica a que hace falta un consentimiento del familiar. Aun cuando coincidió en que eso era cierto y que fueron los mismos centros quienes levantaron esta voz de alerta, ya que entienden que las personas tienen que estar orientados y que los cuidadores no son el tutor legal, los centros ellos hacen el esfuerzo por conseguir ese consentimiento rápido. Pero observó que considera que ha habido otros factores para el atraso, como la limitación de recursos.
“No sé cómo están de reactivos, pero algo tiene que estar pasando para que no estén llegando con la celeridad que se espera”. En el caso de su centro, Hogar San Agustín, que quienes fueron hacer las pruebas fue personal de un centro 330. Aponte expresó su preocupación, ya que hay municipios que no tienen centros 330. Cuestionó quién va a asumir esos municipios y afirmó que hasta ahora quien ha cargado el peso de las pruebas han sido los centros 330.
Aunque la cuidadora reconoció que no han tenido conocimiento de que alguna institución hospitalaria haya rechazado algún mayor de edad procedente de algún centro de cuido, sí señaló como un problema el que un envejeciente vaya a un hospital, luego sea dado de alta y el hogar no lo pueda recibir sin una prueba negativa. Esa persona sí puede enfermar a los demás. Esa sí ha sido una de las dificultades enfrentadas. Su posición es que hay que buscar una alternativa transitoria para colocar a una persona con el COVID que haya salido de un hospital para poder devolverlo al hogar una vez salga de la crisis. El regreso al hogar es un proceso que trastoca toda la planificación del lugar, en términos de espacio y de empleados. “La mayoría de nuestras instituciones son casas remodeladas y realmente no tenemos espacios como una clínica. El nuestro es un cuidado asistencial no es clínico. Sí tenemos enfermeros, materiales; quizás se pueda manejar un caso que ya está solo”.
La presidenta de la Asociación de Dueños de Hogares se defendió de que a esa industria se le haya criticado durante la pandemia. Trajo a la atención que han tenido que proveer equipo de protección a sus trabajadores “y esta industria no ha recibido ningún tipo de incentivo ante el costo que ha conllevado atender la pandemia, y cada vez que se les ocurre una idea creativa en nuestros protocolos los tomamos con seriedad”. En referencia al gobierno añadió que este tiene que ver cómo va a poder cumplir con estas instituciones donde el 90% son subsidiadas por el Departamento de la Familia (DF) dado a que un gran número de las personas ingresadas no tienen familiares que se hagan cargo de ellos, o no tienen ingresos o son limitados. “Esa es una pregunta que el estado tiene que empezar a contestar porque nosotros estamos haciendo lo que podemos buscando donativos, pero va a llegar un momento en que nuestra operación se va a ver bien lacerada”, advirtió.
Añadió que la mayoría de las personas en hogares lo que tienen es Seguro Social, hay maestros que tienen una pensión muy triste, bomberos, “hay unos jubilados que sirvieron al país de manera sacrificada e incondicional que hoy sobreviven con unas pensiones raquíticas, que no le dan”.
Aponte además confirmó que cuando comenzó la pandemia participó en algunas de las reuniones del Elderly Task Force, pero después de abril no ha vuelto a recibir ninguna invitación para participar de ninguno de los esfuerzos. Los esfuerzos de los centros en términos generales han sido por parte de la ADH para apoyar a su matrícula y la responsabilidad de los hogares.
Ante el aumento en contagios, los hogares de ancianos tendrán que continuar con el protocolo aplicado en marzo que prohíbe las visitas, además de que está incluido en la reciente Orden Ejecutiva. “Nuestros mayores llevan 90 días o más sin ver a sus familiares y ese contacto hace falta y les afecta”, expresó. Destacó que ya tienen un protocolo de apertura por fases para cuando sea posible.
La Procuraduría de Personas de Edad Avanzada ante los casos de COVID
La Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (PPEA), Carmen Delia Sánchez Salgado, relató a CLARIDADque los casos de Covid en los hogares de ancianos en Carolina son investigados tanto por el Departamento de la Familia como por su agencia. Por su papel fiscalizador, la PPEA lo que hace es investigar querellas o situaciones que puedan violentar los derechos de las personas que están en los hogares.
“La situación que surge en Carolina es que, claramente, el administrador o quien opere este hogar no ha garantizado la seguridad de estos residentes. Esto hace que nosotros intervengamos e investiguemos la situación para que se nos explique qué pasó. Ahí se violentó la seguridad. Cuando estas instituciones de cuidado prolongado sacan licencia para operar a través del Departamento de la Familia, uno de los compromisos que hacen es garantizar la salud física y mental de estas personas en los hogares”.
¿Cuál es el papel de la PPEAen esta pandemia?, preguntóCLARIDAD. La doctora en Trabajo Social indicó que la agencia participa del Elderly Justice Task Force (EJTF), iniciativa que se originó cuando el huracán María. En este equipo participan, además el Departamento de Salud (DS), el Departamento de la Familia (DF) y FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias). En marzo, uno de los acuerdos que tomó el Task Force fue hacer pruebas rápidas a los residentes de los centros de envejecientes; pero reconoció que ese trabajo ha estado bien lento. La información más reciente que tuvo del Task Force fue que solo se habían hecho pruebas a 180 centros. Aclaró que la procuraduría forma parte de ese grupo, pero no es la agencia que toma las decisiones.
Sánchez Salgado también señaló que son varias las situaciones por las cuales no se han podido realizar las pruebas. Primero, el que los centros 330 no son suficientes. Un centro 330 lo más que puede impactar es dos hogares al día. Luego, el hogar tiene que hacer la lista de a quiénes se les va a hacer la prueba y enviarla, pero muchas veces el hogar no tiene el personal necesario. Eso retrasó el proceso aun cuando la Asociación de Dueños de Hogares se ofreció y ayudó a los hogares en este trabajo. Después vino una orden de que había que tener la firma de los tutores y una orden médica, lo que demora aun más el proceso.
“En estos momentos, sabemos que esta crisis puede escalar, y del Departamento de Salud lo único que escuché es que va a reclutar personas para hacer las pruebas. Ya esas pruebas que se hicieron en los primeros hogares están obsoletas, hay que repetirlas, hay que comenzar en cero”, dijo en tono crítico.
La procuradora admitió que no se sabe cómo fue que se contagiaron las personas en estos dos hogares de Carolina, que son de un mismo dueño. Reveló que lo que se sabe hasta ahora es que la persona se enfermó de un dolor estomacal y en el hospital descubrieron que tenía el COVID. Se supone que el protocolo del Departamento de Salud establece que una vez una institución de salud identifica que una persona que está en un hogar tiene COVID, de inmediato tienen que llamar al DF. Ahí entonces interviene el DF y luego el PPEA.
Esta afirmó que la regla de prohibición de visitas a los hogares de cuido de las personas de la tercera edad va a continuar. Incluso expresó su rechazo a la posibilidad de que se permita la entrada de personal de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE):“Si se prohíben las visitas a los familiares, ¿por qué pueden ir a buscar votos en este momento en una población vulnerable? El Departamento de Salud está sacando personas de unos hogares a otros para ponerlos en condiciones óptimas. Si estamos prohibiendo familiares, ¿cómo vamos a permitir la votación?”
Al destacar el riesgo de contagio en los centros de las personas de edad avanzada recalcó que había que pensar en todas las posibilidades de riesgo e insistió en su negativa de permitir la entrada. “Dentro de todo, hemos tenido una suerte impresionante, porque se tomaron esas medidas desde el principio. Ahora es que vienen a salir los primeros casos, ahora mismo todos estamos en riesgo. Creo que el Departamento de Salud y el Departamento de la Familia tienen que ser más agresivos con que se cumpla y se le haga prueba a todos los envejecientes”.
La procuradora reveló que recibió una llamada de un plan médico para ofrecerle pruebas serológicas, pero no las puede aceptar porque su agencia también fiscaliza a los planes médicos. Entonces, se comunicó con el DF y le dijeron que no, que ellos tenían “más que suficientes pruebas”.
Sánchez Salgado no ocultó su perturbación por la respuesta del Departamento: “No entiendo, pero si el plan médico le quiere regalar esas pruebas, agárralas y dirígelas a las égidas”, que es otra población que identificó está necesitada de estas pruebas.
