Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

Cada recinto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) debe tener un plan de reinicio de clases que tiene que  compartir con sus respectivas comunidades. Hasta el momento, se mantienen las clases en línea, con excepción de algunas actividades y laboratorios que serán presenciales. Aun así los estudiantes tienen muchas dudas ante el inicio de clases en agosto.

Recinto de Río Piedras

La presidenta del Consejo General de Estudiantes de Río Piedras (CGE-Río Piedras), Marina Rodríguez Seguí, señaló que desde que se comenzó hablar sobre el cambio de clases al modelo en línea comenzaron las interrogantes hacia la administración de dicho recinto.  “Por más que hemos preguntado, no han dicho cuáles serán esas actividades o laboratorios que serán presenciales. Hablan de estar pendientes a las órdenes ejecutivas, pero más allá de eso no dicen nada”. Insistió en que es un asunto superpreocupante ya que hay estudiantes que no saben si tendrán que ir a la universidad y con qué frecuencia a los laboratorios o actividades Como no saben si necesitarán hospedaje, no han resuelto dicha gestión.

Rodríguez lamentó que no se estuviera hablando de esta situación en los medios y que las llamadas de la prensa acabaran cuando se dijo que las clases iban a ser en línea. “A principios de verano nos llamaban para saber si había decisiones tomadas sobre cómo iba a ser el semestre, pero luego que la administración dijo que era online no nos han vuelto a llamar ni a preguntar sobre el asunto”.

Además de la situación del hospedaje resalta el hecho de que no todos los estudiantes cuentan con los recursos para viajar, aunque sea para una clase. Mientras, hay otros estudiantes que siguen pagando el hospedaje para no perderlo si lo necesitan. Administración Central dice que habrá que esperar por una orden ejecutiva más cercana al inicio de clases. Pero la mayoría de los contratos de hospedaje se hacen desde julio. Rodríguez afirmó que es complicado buscar un hospedaje en ese ínterin y que si la mayoría de los cursos van a ser en línea no es factible la renta de un hospedaje para ir a la universidad una o dos veces a la semana.

Recinto de Utuado

 En la UPR de Utuado (UPRU), algunos estudiantes se quedaron sin hacer matrícula por dudas y confusión de sobre cuál sería la naturaleza de este semestre, expresó Adrián Rosario. Mencionó que “mucha gente piensa trabajar este semestre o coger pocas clases o no coger laboratorios porque está difícil tú ser de Humacao y que tengas que venir a coger uno o dos laboratorios y nada más. Una pesadilla”.

El  expresidente del CGE-UPRU aclaró además que “nuestro término como consejo caducó y el decanato estudiantil nunca realizó las elecciones electrónicas para el semestre entrante”. O sea, que no hay consejo estudiantil.

Otros problemas en el recinto señalados por Rosario son que una segunda ronda del CARES Act  nunca llegó: “No nos permitieron la modalidad de calificación Pass/No-Pass; no están contestando las llamadas. Todo el mundo se ha quejado de la falta de servicios”. Ante esto, la matrícula del recinto sigue bajando.

Recinto de Mayagüez

El 13 de julio en la tarde, el rector del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) anunció las directrices generales para el regreso a las labores en el primer semestre académico 2020-2021. Las clases (cito el documento) “de conferencia serán remotas; los exámenes serán preferencialmente a distancia; también los laboratorios, excepto aquellos que se determine necesario llevar a cabo de manera presencial”. Esto, entre otros puntos. Lo anterior cumple con la solicitud del CGE-Mayagüez de publicar los laboratorios que se van a estar dando de manera presencial, ya que le da espacio al estudiante de hacer sus ajustes respecto a hospedaje y transportación.

El presidente del CGE, Kenneth de León, aclaró que la incertidumbre de la vivienda está presente y es un asunto que no se ha resuelto del todo. “No es costo efectivo para un estudiante hospedarse en Mayagüez para solo tomar un curso de laboratorio, una vez por semana. Tampoco sería justo para el estudiante que no tenga transportación buscar la manera de venir a Mayagüez para tomar un laboratorio”.

“Estas son las preocupaciones que aun no están contestadas y que el rector tiene presente”, añadió.

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Puerto Rico se encuentra en una situación muy frágil ante el alza en contagios y la falta de disponibilidad de los reactivos para hacer la prueba molecular (PCR) del coronavirus. De acuerdo con las cifras del Departamento de Salud, a inicios de esta semana (13 de julio) el número de casos confirmados de COVID- 19 aumentó a 2,811, mientras el número de probables contagios suma 7,199. Pero los laboratorios del país se han quedado sin los reactivos para poder realizar la prueba molecular (PCR) ante el aumento de los casos en estados como la Florida y Texas.

La situación de la falta de reactivos fue revelada a CLARIDAD por Danilo Pérez Rivera, asesor del grupo de científicos de la Coalición de Sabiduría COVID 19 (CSC-PR), quien atribuyó la escasez al alza de contagios en esos dos estados y otras jurisdicciones de Estados Unidos, que han acaparado los recursos. En la isla ya no se está realizando la misma cantidad de pruebas. El suplidor principal de las pruebas PCR para los laboratorios en la isla es la compañía Roche.

“Lamentablemente, no estamos en una posición donde todo el mundo se pueda hacer la prueba. Vamos a tener que trabajar de manera estratégica e identificar quienes están en mayor riesgo”, declaró Pérez Rivera.

Confirmó que la Isla está básicamente al igual que al principio de la pandemia cuando no había en dónde comprar pruebas.  “Por eso es por lo que siempre es importante pensar en el contexto nacional e internacional en que nos encontramos. Ser isla nos favorece para algunos aspectos, pero la realidad es que mientras la pandemia continúe siendo global hay que tomar en  consideración que lo que está ocurriendo en otras partes nos incide”. Destacó que, por ejemplo, que en Nueva York se tenía planificado una reapertura y se canceló una vez se dieron cuenta de lo que está pasando en Florida y en Texas.

En el caso de Puerto Rico, el conducente a un doctorado en Biología Computacional insistió en que dado la posición en que está el país ahora es necesario que las personas se mantengan conscientes de que esto es una pandemia y que la pandemia es una situación en que nos va afectar lo que ocurra en cualquier otra jurisdicción, por lo que ha que estar pendientes.

A raíz del alza de casos que se ha producido desde mediados de junio en la isla, Pérez Rivera indicó que una de las estrategias que se debe articular es continuar de manera rápida con el programa de rastreo de contacto, para comenzar a cortar las cadenas de transmisión y lograr retrasar ese crecimiento. No obstante, advirtió que cuando se añade el hecho de que muchas de las pruebas pueden tardar entre tres a cuatro días en lo que se publican, muchas veces lo que se está viendo son los efectos de sucesos que ocurrieron bastante antes, “así que en definitiva, mi opinión personal es que anticipo que esto se va a poner peor antes de que se ponga mejor”.

El alza en los casos será uno independiente de que se vuelva a otra cuarentena porque ya ha pasado tiempo de intercambios y hay muchas dinámicas que influyen en la evolución de la epidemia sobre el tiempo, como lo es la tardanza de las pruebas, el periodo de incubación de esta enfermedad, la cual puede durar hasta 14 días en promedio. Tomando todos estos factores en consideración explicó que muchas veces los contagios que estamos viendo no corresponden a una actividad. Y una intervención inmediata no asegura un cambio inmediato. “Por eso repito, estamos trabajando para mejorar esto, pero la realidad es que se pondrá peor antes de que logremos efectivamente mejorar”.

Como todavía se está en julio, cree que se pudiese hablar, en una escala de mes a mes, que julio probablemente va a cerrar como un meses de mayor actividad pandémica en la isla.  Si las intervenciones de rastreo son efectivas pudiese estar viéndose una mejoría y un cierto grado de control en agosto. “No me atrevería a proyectar hasta el fin de año; pero sí, julio en definitiva habrá sido uno de los peores meses en la pandemia”. De trabajarse bien el programa de rastreo, en agosto el panorama será otro.

El biólogo computacional rehusó atribuir a la responsabilidad ciudadana la totalidad del alza en contagios. Dijo que eso es complejo ya que con una reapertura económica casi total y  la falta de una fiscalización y educación que faculte al gobierno para poder tener el control de brotes y otro tipo de eventos pandémicos de importancia no se va a lograr la mejoría. Aboga por que en su lugar se implemente el rastreo de infectados y se regrese a suspender ciertas actividades económicas que se sabe influyen en un gran riesgo de contagio. “Creo que es una medida que se debe considerar y entiendo que todo estará sobre la mesa próximamente”.

Pérez Rivera hizo un llamado a la ciudadanía a no minimizar el riesgo una vez se le realiza una prueba, una vez regresan de un viaje, de estar en una actividad de alto riesgo en donde no practicaron las debidas precauciones. En definitiva, el ciudadano debe de estar consciente y no debe evadir su responsabilidad con excusas como la de una sintomatología leve o inexistente.  En esa línea, expresó que su opinión es que no se debe continuar con la reapertura según está pautada. Advirtió de que tampoco regresaría a un aislamiento total que no incorpore lo que ya se conoce acerca de los riesgos: “Llevamos meses en esta pandemia, hay mucho desconocido; pero hemos aprendido bastante y la incorporación de estrategias adecuadas va a ser clave a la hora de decidir cuál es la ruta que vamos a tomar”.

Sobre los casos surgidos en las islas de Vieques y Culebra, los cuales fueron identificados por el esfuerzo de rastreo, hizo énfasis en que el trabajo de rastreo va a ofrecer información para poder repensar las estrategias de reapertura e incidir de manera efectiva para limitar la explosión de casos. Aun cuando recalcó  la importancia del trabajo de rastreo y de un mayor uso estratégico de las pruebas PCR, el científico de la CSC-PR admitió que debido a su escasez “en definitiva, muchas veces siento temor cuando veo las cosas que pasan; pero también reconozco el sentido de responsabilidad, que los profesionales puedan incorporar cambios en un mejor trabajo por el bien de Puerto Rico”.

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccottto@claridadpuertorico.com

A juicio del profesor de Derecho Carlos Ramos González, las denuncias en contra de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, de intervenir para detener los referidos del Departamento de Justicia (DJ) al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), ameritan ser investigados por todos los organismos pertinentes; el punto neurálgico es en qué momento. Entre los referidos se encuentran la propia gobernadora y otros miembros cercanos de su administración

Ramos González indicó que la conducta de la gobernadora debe de ser investigada, como ya lo inició la Secretaría de Justicia conforme a la ley que creó el PFEI. “Se trata de un mecanismo que se creó en el 1988 justamente para de alguna manera lograr que figuras como el gobernador o alguien a ese nivel no se dejase en manos del proceso normal de investigación de la Secretaría de Justicia por la confianza que se esmeró sobre esa institución, el FEI, y en particular a partir del caso del Cerro Maravilla. Así que hace falta que se investigue lo que ha hecho la gobernadora”. Puntualizó que desde el punto de vista de los organismos de investigación criminal que tiene el Gobierno de Puerto Rico ese es el organismo indicado.

La otra instancia que debe y tiene la facultad constitucional de investigar la conducta de la gobernadora es la Asamblea Legislativa (AL), sobre todo cuando se está implicando la posible comisión de delito. . El poder de la AL en ese sentido es mucho más amplio que el del PFEI. Si bien la Legislatura no puede radicar cargos, puede investigar situaciones que sean acciones de delito del gobernador o de cualquier otro funcionario público o conductas que, aunque no lo fueran pueden considerarse incluso causa para residenciamiento.

No obstante, alertó sobre los inconvenientes de que la AL haga en estos momentos una investigación, mientras se supone que el PFEI esté haciendo su investigación. En el caso de la Legislatura, esta puede hacer dos tipos de investigación. En esta situación particular, una general profunda; pero en el sentido de que no esté encausada al residenciamiento, sería una investigación como parte de sus poderes. Si encuentra posible comisión de delito tiene que referirla a los organismos pertinentes. “En este caso sería absurdo que el propio Departamento de Justicia lo haga. Podría ser la Oficina de Ética Gubernamental e incluso a las autoridades federales. Lo que pasa es que cuando se hace simultáneamente, cuando se está haciendo la investigación criminal, que en este caso es el FEI, eso va a ser un proceso tortuoso, porque mucho de lo posible investigado, mucha de la evidencia la va a tener el propio FEI y es posible que se levanten aspectos de incriminación”.

Otro tipo de investigación que dijo se puede hacer, aun cuando observó que tampoco este es el momento, es la investigación para un posible proceso de residenciamiento. “Para la primera no hace falta mucha votación amplia. La Asamblea Legislativa puede investigar cualquier asunto de interés público, aunque no esté en sesión. Pero para investigar para propósitos de residenciamiento tiene que autoconvocarse porque se estaría enjuiciando a la gobernadora y eso lo tiene bien claro el PNP: no va a convocar una asamblea extraordinaria para investigarse. La Asamblea Legislativa necesita dos terceras partes para autoconvocarse e iniciar el proceso formal. Al menos puede iniciar el proceso fuera del residenciamiento para investigar, pero en este momento va a tener el mismo problema tortuoso”.

El doctor Ramos González advirtió que con decir que es tortuoso no está diciendo que no deba darse o considerarse la investigación dado a que la AL justamente está de contrapeso para el poder ejecutivo o para atender la desconfianza de las personas que han ocupado la Secretaría de Justicia. Hizo una distinción entre la desconfianza en el DJ y la desconfianza en el secretario el DJ. 

“Hay muchos componentes. Ahí hay muchos abogados y abogadas de carrera serios, empleados permanentes bien serios y yo no puedo decir que hay una desconfianza en todos esos elementos del DJ. La desconfianza fundamental siempre ha sido con la persona que dirige ese departamento sobre, todo en este cuatrienio”. Añadió que se puede medir el grado de desconfianza que hay en este momento al secretario o secretaria del DJ por las veces que ha habido que sustituirle, por lo que está pasando en el desgobierno del PNP. Comparó que eso no sucedió en el cuatrienio anterior, cuando la persona que originalmente se nombró permaneció casi los cuatro años.

El profesor de Derecho coincidió con la apreciación de que hubo una falta de juicio, tanto de parte de la gobernadora al nombrar a Longo Quiñones como secretaria del DJ a sabiendas de que la madre de esta era subsecretaria del Departamento de Salud, así como por parte de Longo Quiñones por aceptar. “Ese es el pecado original. Mira que se le criticó…” Añadió que ambas en aquel entonces debían de saber que en algún momento el DJ tendría que estar investigando los asuntos de salud y, aunque se supone que hay los mecanismos de inhibición, en apariencia siempre va a existir la desconfianza. “Creo que fue una falta de juicio tremenda de ambas”. Más aun, recordó que la gobernadora retuvo al entonces Secretario de Salud pese a las críticas que hubo antes de la pandemia; por lo tanto, se sabía que era cuestión de tiempo su despido por diferentes razones. Si algo debió conocer la gobernadora era que tarde o temprano esa subsecretaria sería fundamental en su equipo de trabajo.

Ramos censuró la postura que describió como “afán” de últimamente de nombrar funcionarios fiscales federales para dirigir al DJ de Puerto Rico. “Eso dice tanto. Por un lado lo que quieren hacer es enviar un mensaje —no sé de qué— de que tienen más capacidad que los de aquí. No me digas que esa era la única persona disponible en la fiscalía federal para hacer ese trabajo, no me lo digas. Además, por qué seguir federalizando la Secretaría de Justicia como si no hubiese recursos en el país”.

Ramos González respondió a su propio cuestionamiento y atribuyó esta conducta de los funcionarios del PNP a que aparte de la política y de la mentalidad pitiyanqui de que todo lo que viene de afuera es mejor, la otra razón es que el universo de selección del PNP es tan pequeño que solo pueden nombrar a gente que responda a su partido y a la intensidad del color del partido, solo a personas que de alguna manera piensen que pueden controlar. Con ello lo que le hacen es daño al Departamento de Justicia y al país.

Resaltó que es ante esta conducta que surge la creación del PFEI. “Hay que tener un secretario o secretaria que inspire confianza al país, al resto de las fuerzas políticas. Claro, un Secretario de Justicia así es muy difícil de controlar”, admitió. 

También trajo a la atención el cambio de postura de Vázquez Garced, que en un principio dijo que no quería “tener ese peso sobre sus hombros”, y ahora es candidata a la gobernación.

El jurista destacó que la persona que está ocupando la gobernación, si hubiese tenido un entendido mejor de las circunstancias del país y del rol de la posición única que tenía en ese momento en la historia de ser la gobernadora, pudo haber usado ese poder para ganarse un lugar en la historia del país y formar un gobierno de salvación nacional. Aun en las circunstancias actuales de que Puerto Rico tiene una gobernanza prestada de Estados Unidos, Vázquez Garced pudo haber pedido la renuncia de funcionarios, nombrar personas fuera de líneas partidistas y formar un gobierno de salvación nacional, “pero fue incapaz de hacerlo, se le fue de las manos o quizás nunca lo comprendió”. 

Sobre la razón que ofreció la gobernadora para despedir a Longo Quiñones, de que intervino en una investigación federal, hizo la observación de que, si en efecto los federales levantan un dedo para investigarla, esto podría devolver un poco de credibilidad a la gobernadora, pero hasta ahora todas las razones que dio la gobernadora suenan más a una pesquisa, a un montaje para tomar una decisión que no fue en el mejor interés del país.

El Panel del Fiscal Examinador Independiente tiene 90 días para realizar su investigación aunque puede solicitar más tiempo al Departamento de Justicia. No se descarta que el PNP pueda tener candidatos en las elecciones sujetos a una acción judicial.