Por Elga Castro Ramos y Jennifer Duprey/Especial para CLARIDAD

Parte I

Es imposible encontrar monumentos honrando a Pinochet en Chile o a Hitler o a cualquiera de los altos mandos Nazi en Alemania, tampoco hay en Haití nada con el nombre de Papa Doc ni en Paraguay con el nombre de Strossner ni en Italia con el nombre de Mussolini. Y es que usualmente los países luego de una transición a la democracia después de una dictadura, no honran a los dictadores, sino a sus víctimas, y aunque no se trate de borrar una parte de la historia, se hace con educación, no con homenaje ni monumentos1. En el caso de España, luego de un proceso de transición que no comenzó con una transición per se sino forzado por la muerte del dictador, se mantuvo el cadáver de Francisco Franco en un mausoleo que él mismo diseñó, magno y con un toque imperial, el Valle de los Caídos2. En estos días, 44 años después de su muerte y 41 años luego de esa transición, finalmente se va a cumplir el deseo de los familiares de las víctimas de la dictadura, enterradas allí junto a su verdugo, que se exhume el cuerpo de quien sometió a España por casi cuatro décadas y se transfiera a un cementerio en Madrid. 

Esta decisión que debería ser aplaudida unánimemente y que es sin duda tardía y para muchos obvia, ha causado reacciones de rechazo por algunas personas en España, algunos que explícitamente aún ven con buenos ojos y añoranza lo que representó Franco y el Franquismo, y otros, que escudándose en un discurso supuestamente conciliatorio, preferirían “pasar página” y ven la exhumación como abrir una herida que ya se cerró3. Y realmente aquí yace el problema, no está cerrada esa herida y en casos como el catalán, se le puso una curita que era evidente que en algún momento se rompería, y ese momento llegó en el 2011. 

Esta es la misma España que se proyecta internacionalmente como una sólida democracia europea con valores y respeto a los derechos humanos, que dejó atrás su pasado franquista e incluso su “pobreza”. Y aquí, vemos en el 2019 el ascenso de un partido ultra conservador y abiertamente de derecha, Vox (el cual tiene muchos miembros y líderes que eran del Partido Popular), cuyos líderes argumentan que exhumar a Franco es regresar a la época que se quemaban iglesias en el 1936, por ejemplo. Es la España donde se interrumpe una proyección de una película sobre la Guerra Civil con gritos falangistas. Es la España donde aún hay grupos abiertamente franquistas. Obviamente España no es el único país que tiene movimientos fascistas y de extrema derecha, pero es importante reconocer su existencia para entender mejor el contexto actual. 

“Un problema eterno”

En el 1932, el filósofo José Ortega y Gasset ofrecía un discurso sobre el Estatuto Catalán, y decía: 

Digo, pues, que el problema catalán es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar; que es un problema perpetuo, que ha sido siempre, antes de que existiese la unidad peninsular y seguirá siendo mientras España subsista; que es un problema perpetuo, y que a fuer de tal, repito, sólo se puede conllevar.

Y esta perspectiva de Cataluña como un problema ha sido una constante en el discurso oficial español, con sus altas y bajas en las tensiones, con un gran hiato luego de la transición democrática donde hubo un relativo periodo de calma, con el foco puesto en el País Vasco debido a la lucha armada de ETA y por los acuerdos entre los gobiernos de Felipe González en España y Jordi Pujol en Cataluña. Por un sinnúmero de motivos que no son parte del propósito de este artículo, esto cambió y la confrontación se abrió nueva y paulatinamente a partir del 2011. Desde entonces se han intensificado las manifestaciones en la Diada del 11 de septiembre, creciendo los reclamos a favor de un referéndum pactado con España (como sucedió en Escocia y Quebec), y finalmente, se realizó uno simbólico y no pactado el 1 de octubre de 2017, el cual fue brutalmente reprimido y después del cual sus líderes fueron encarcelados en prisión “preventiva”, mientras otros se exiliaron. Este atropellado resumen de los últimos ocho años demuestra lo que ha sido la constante en la política española, una discusión en dos planos diversos sobre el derecho a la autodeterminación, por un lado, y sobre la unidad incuestionable de España, por el otro. Para mi la cuestión es más sencilla de entender, simplemente no tiene solución, pero no por los motivos esbozados por Ortega y Gasset hace casi 90 años, sino porque ante la negativa del gobierno español de siquiera abrirse a la discusión de una eventual separación de Cataluña, si así lo desearan los catalanes, no es posible entonces plantearse el derecho a la autodeterminación ni a un referéndum. Esto de tomar la unidad nacional y territorial como algo sagrado e inmutable no es exclusivo de España. Lo que sí sorprende es con la ferocidad e intransigencia que han reaccionado a las manifestaciones y cómo han judicializado un problema político, ante, precisamente, la falta de una solución política. Y esta falta de soluciones políticas pasa por todo el espectro político español, con distintos matices, pero sin duda, a nivel nacional el tema catalán es uno que se trata con pinzas porque luego se paga en las urnas. Y es aquí que ayuda entender el reciente pasado franquista de muchas de las instituciones españolas y cómo estas han sido instrumentales para suprimir el catalán, las instituciones catalanas y los intentos de mayor autonomía de Cataluña. 

“Toma Hijo de Puta”

Así gritaba un policía a un manifestante mientras le lanzaba balas de goma, en las manifestaciones los días posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo, la cual con condenas entre 9 y 13 años, sentenciaba a los líderes independentistas por los cargos de sedición y rebelión. Aún cuando la propia sentencia aclaraba que no hubo violencia, que nunca hubo amenaza real al estado, que la votación y declaración fueron simbólicas, las penas fueron muy duras. Así, como era de esperarse, las manifestaciones en estos días han sido masivas, incluso reactivando un movimiento independentista que estaba algo dormido y desorganizado. Y, como también era de esperarse, el estado español ha respondido con fuerza reprimiendo las manifestaciones. Cabe señalar que no todos los actos de protesta han sido de favorecedores de la independencia, muchos han sido de gente, incluso fuera de Cataluña en otras partes de España, indignadas con una sentencia que ven injusta y desproporcionada y que lo que hace es empeorar el “problema catalán”, lejos de solucionarlo, como han argumentado algunos. La mayoría han sido pacíficas, aunque han incluido acciones directas contra el orden aún sin ser violentas, como la paralización del Aeropuerto del Prat en Barcelona, y numerosas vías. Pero también han habido piedras lanzadas a la policía, fuegos y otros actos de vandalismo, pero en términos numéricos han sido minoritarios. 

Arden unos contenedores, 

pero “se quema Barcelona”

En la prensa española se repiten las imágenes de Barcelona en llamas y de los enfrentamientos entre manifestantes y policías. Los fuegos han sido mínimos, pero se han exacerbado. Y si bien es cierto que este movimiento se ha caracterizado por su pacifismo, algo de lo cual los catalanes están muy orgullosos ya que es muestra de su seny4, no hay por qué criminalizar cuando las protestas no son totalmente pacíficas. Este discurso de ley y orden está generalizado y así, por ejemplo, en las manifestaciones del primero de mayo en Puerto Rico en años recientes se critica severamente a los manifestantes que han lanzado piedras a las instituciones bancarias, o a los chalecos amarillos en Francia cuando prenden fuego o los indígenas en Ecuador vandalizando unas vitrinas o los afroamericanos en las de “Black Lives Matter”. O incluso la foto de la Calle Fortaleza en llamas cuando el “verano del 19” y las protestas de Ricky Renuncia. Y es que la violencia no es equitativa, hay una violencia institucional, representada aquí por el estado y las cortes españolas, que jamás se puede equiparar con unos contenedores prendidos en llamas. 

Si pudiera hablar con Ortega y Gasset le diría, sí, parece que es perpetuo, pero quizás el problema es dónde señalamos al problema, quizás el problema es España y no Cataluña, España por quedarse inamovible en su idea de unidad nacional y por su apego, consciente o inconsciente, a su pasado. La perpetuidad de la que hablaba Ortega y Gasset puede dejar de existir si hay voluntad política. 

Parte II

Som una nació. Nosaltres decidim (Somos una nación. Nosotros decidimos)

Durante la guerra civil española (1936-1939), Ramón Serrano Suñer, quien luego se convertiría en ministro del interior de Francisco Franco, recomendó un “Castigo bíblico (Sodoma y Gomorra)” para Barcelona con el fin de “purificar la ciudad roja, sede del anarquismo y el separatismo a través de la implacable termo-cauterización destructiva.” (citado en Resina 2008, 130). Al finalizar la guerra, los proyectos políticos y culturales de Catalunya fueron destrozados por una serie de prácticas que, como ha observado Joan Ramon Resina, marcaron una nueva etapa para Catalunya (7). Estas prácticas fueron: la derrota; el éxodo de la élite intelectual y política; la prohibición del uso público del catalán, la destrucción de una gran parte del legado literario e histórico de Catalunya; la confiscación de archivos para su uso en la represión de los catalanes; purgas y discriminación; la depredación fiscal de la economía catalana, y grandes esfuerzos para reducir Catalunya a una provincia (7).5 Las constelaciones en la historia de Catalunya y el estado español revelan continuidades y discontinuidades en el su devenir histórico. Puesto que, un aspecto intrínseco a esta idea de constelación histórica es un principio de continuidad que, asimismo, presenta espacios de discontinuidad a través de los cuales la reivindicación en la historia y la injusticia es posible.6 Veamos:

Hace nueve años, exactamente el día 10 de junio de 2010, justo después de la promulgación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía, miles de ciudadanos salieron a las calles de Barcelona para apoyar la independencia de Catalunya. Después del referéndum celebrado el día 1ro de octubre de 2017, caracterizado por la violencia estructural del estado español y la brutalidad policíaca, nueve líderes independentistas fueron encarcelados por casi dos años, mientras esperaban el juicio y el veredicto. Las sentencias por sedición y mal uso de fondos públicos, son draconianas. Para muchos catalanes la sentencia era esperada, puesto que históricamente el estado español se ha negado a reconocer los proyectos políticos y sociales de los catalanes, siempre vistos mediante el lente de la homogeneidad política y cultural. No obstante, la unanimidad de los partidos políticos españoles en la condena de los líderes del Procés no sólo ha sido vergonzosa, sino que además ha intensificado en los ciudadanos catalanes la defensa a su derecho de autonomía y autodeterminación. 

En particular, impresiona el hábito con la que académicos, periodistas e historiadores acuden al pensamiento de Jürgen Habermas en España, específicamente su concepto de universalismo, para explicar o reflexionar sobre el Procés. La formulación habermasiana de la democracia constitucional, sin embargo, está fuertemente marcada por diferentes manifestaciones del estado de derecho y la ley, entre ellas principios morales peligrosamente vinculados a una idealización del consenso. En su formulación consensual, legalista y proceduralista de la democracia, Habermas niega la auto-determinación y existencia de un sujeto colectivo que emerge de la historia. Así, postula la posibilidad de que exista un acuerdo racional de lo que es igualmente bueno para todos en la sociedad, lo cual conduce a idealizar lo existente y sancionar consensos políticamente homogeneizantes. Su concepto de legalismo con pretensión de universalidad esta íntimamente vinculado a un supuesto “post-nacionalismo” que con suprema condescendencia define reclamos de autodeterminación como “nostalgia de pequeños estados,” lo cual tiene el efecto de de-historizar procesos históricos, de la mima manera que parece no involucrar a seres humanos reales con necesidades reales, así como las reivindicaciones colectivas dentro de las formas de estado ya existentes. 

En la línea de consensos políticamente homogeneizantes, el conocido partido Podemos, forma parte de los que apoyaron la sentencia. ¿Nos debería sorprender? No. La ambivalencia frente a los problemas políticos de Catalunya ha sido una constante del líder de Podemos, Pablo Iglesias. Por esta razón, una vez más, ha escogido mantenerse dentro de los parámetros de legitimidad del estado español. Tal vez, lo que nos debería sorprender es que se siga hablando de España, a nivel mundial, como una democracia ejemplar. El día que se publicaron las sentencias, académicos, historiadores y ciudadanos recordaban la historia de represión del estado español ante los problemas reales de Catalunya. Se trata, pues, de un sistema constitucional que es incapaz de asumir los reclamos de un pueblo sin llegar a la violencia y la represión más cruda. En el presente, la autodeterminación no se encuentra en la lista de valores políticos, de la misma manera que la desobediencia civil es totalmente criminalizada y castigada al servicio de las racionalizaciones del estado español. Así lee parte de la sentencia en cuanto a la desobediencia civil:

La desobediencia civil exige como primer presupuesto que haya desobediencia. A esa realidad hemos llegado al efectuar el juicio de tipicidad. Ha existido, en efecto, una desobediencia penalmente típica y además cualificada. Una desobediencia que se presenta como una de las formas más graves en la graduación de conductas a fines recogidas en el Código Penal. Y es que la sedición no es otra cosa que una desobediencia tumultuaria, colectiva y acompañada de resistencia o fuerza. Lo coherente para quien invoca la desobediencia civil será asumir el castigo en virtud de la ley penal que violó, para poner así en valor la intensidad de su discrepancia frente al orden legal.7

La desobediencia civil en Catalunya fue y es, por el contrario, una respuesta ante un estado que se ha convertido para los catalanes en posdemocrático y posrepresentativo. La debilidad actual de la democracia española es consecuencia de la idea de que la democracia es algo que se “administra,” o se “gestiona” y que, por lo tanto, cuando sea necesario puede ser ignorada. La criminalización y sentencia a los líderes independentistas testimonia que la justicia se reduce en España a un aura de lenguaje redentor y acciones violentas a través de las cuales esta virtud política (la justicia), paradójicamente, se convierte en virtud trágica. Los catalanes son ciudadanos no sólo de una nación, sino también de un país y un estado y dichas entidades tienen raíces institucionales y tradiciones participativas mucho más antiguas que la Constitución española. ¿Qué sucederá en Catalunya después de estas sentencias? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que solamente ellos, los catalanes, tienen el derecho a decidir.