Por Cándida Cotto/CLARIDAD
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Según se va levantando la cuarentena y reanudando la actividad económica, muchos trabajadores del sector privado corren el riesgo de que sus patronos quieran contratarlos bajo las condiciones de la nueva Reforma Laboral aprobada en el 2017.
“Hay patronos que les están ofreciendo a sus trabajadores regresar a sus trabajos, pero con la nueva reforma laboral, que tiene menos días de enfermedad y menos días de vacaciones, y empezarían como empleados de nuevo reclutamiento, cuando fueron despedidos por el Covid”.
Así lo denunció en entrevista José Rodríguez Vélez, portavoz de la Coordinadora Sindical (CS), que organiza el sector privado. Entre otras disposiciones, la supuesta reforma redujo de 15 a nueve los días de derecho por enfermedad de un trabajador, al igual que los días de vacaciones, y elevó el periodo probatorio de tres meses a nueve meses.
“Eso es algo totalmente ilegal, pero el trabajador, tal vez en su desesperación de que le hace falta su trabajo, lo acepta. Es peor de lo que uno se imagina, se lo aseguro”, afirmó sobre esta situación.
En tanto, a cuatro meses de decretada la cuarentena con la cual se dieron las primeras pérdidas de empleo, no fue hasta unos días previos a la confirmación del nuevo secretario, Carlos Rivera Santiago, que los representantes de los y las trabajadores del sector privado tuvieron la oportunidad de llevar ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) sus preocupaciones y demandas.
Rodríguez Vélez reconoció que era obvio que como todavía Rivera Santiago no estaba confirmado fue muy dadivoso en contestar todas las preguntas que le plantearon los líderes sindicales, “pero sabemos que nos contestó políticamente, para que el sindicalismo no fuera una piedra en el camino para su confirmación”.
Uno de los reclamos presentados, dijo, fue resolver el problema del desempleo, que hoy en día sigue siendo un caos que no se ha resuelto. Otro de los planteamientos fue la necesidad de que haya más inspectores de OSHA (siglas en ingles de la Administración de Seguridad y Salud ocupacional). Según los trabajadores la autocertificación por parte de los patronos de que han tomado las medidas para la reapertura de sus negocios es un engaño y cuando los trabajadores han hecho querellas en OSHA, esta no tiene los suficientes auditores para visitar a esos centros de trabajo.
Dado a la falta de inspectores de OSHA, solicitaron que se hiciese público cuáles patronos se están autocertificando y que se publique la autocertificación para que los trabajadores puedan saber lo que ha hecho el patrono. Denunció que al momento de la entrevista, todavía el DTRH no había hecho nada al respecto.
“Nadie del Departamento del Trabajo va a confirmar si lo que dice el patrono es cierto de que está tomando las medidas de protección tanto para con los clientes como con los trabajadores”, insistió.
Entre las medidas para la reapertura no está el requerimiento de que los trabajadores se hagan la prueba de coronavirus. El trabajador de la industria de las gaseosas si dio crédito a que la empresa para la cual trabaja el patrono pagó la prueba a todos los trabajadores, pero admitió no saber si ha sido así en todos los campos.
Uno de los planteamientos llevados al secretario del DTRH es que se reabra de la División de Licitación y Arbitraje, que es donde se ven casos de despidos injustificados y se llevan las querellas de las violaciones de los convenios colectivos. Desde marzo 16, cuando se impuso el toque de queda, esa división ha estado cerrada.
“Esa es nuestra urgencia en estos momentos. Tenemos un Departamento del Trabajo que no le está sirviendo a las uniones porque no nos están atendiendo. Tienen el Departamento cerrado, por lo menos lo que es conciliación y arbitraje. Eso tiene detenida la negociación de convenios colectivos, no se están viendo casos de disciplina progresiva ni casos de despidos”.
Aunque Rodríguez Vélez no pudo ofrecer un número de cuántos casos hay pendientes, dijo que hay algunos desde antes de declararse la pandemia. A esos ahora se le suman los nuevos casos. Observó que toda la división de Reconciliación y Arbitraje está en el piso siete del DTRH y no importa de dónde proceda la querella, el trabajador y el patrono tienen que venir a San Juan a dilucidarla. “En muy pocos casos lo patronos y los abogados se ponen de acuerdo para verlos en alguna división regional, eso es si ambas partes lo aceptan; pero, históricamente, los patronos se han negado a ir a las regiones y básicamente donde van es aquí a San Juan”.
Pese a que todavía no se tiene un estimado de cuántos trabajadores del sector privado han regresado a sus empleos, Rodríguez Vélez dijo que, aunque muchos trabajadores han regresado a su empleo previo a la pandemia, todavía quedan miles de cesanteados esperando por la ayuda del desempleo.
El líder sindical atribuyó los problemas del DTRH con la Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, siglas en inglés) a preguntas capciosas y a que pocos empleados conocen el reglamento y hasta la gestión de Evertec. Describió el problema como uno grandísimo, ya que son cerca de 300 mil las solicitudes de desempleo. Explicó sobre los llamados puntos controversiales que, por ejemplo, cuando la persona llenaba la solicitud, si a la pregunta de si estaba buscando empleo marcaba que no, ahí levantaba un punto controversial; si marcaba que sí a la pregunta de si su patrono le había liquidado sus vacaciones ahí tenía otro punto controversial.
“Eso es el tapón que hay, cuando los trabajadores son sinceros al llenar la hoja. Pero son preguntas capciosas”. Reparó en que si a la persona lo acaban de cesantear porque toda la actividad económica está cerrada, no puede estar buscando trabajo y es un derecho el que el patrono le liquide sus vacaciones.
Añadió que en lo que se elimina ese punto controversial pueden pasar meses y en el caso de las personas que fueron despedidas antes del Covid la situación es peor. La persona a quien le liquidaron sus vacaciones para que le retiren ese punto tiene que enviar copia del talonario por correo electrónico para que el examinador entonces calcule desde cuándo le toca el desempleo.
Trajo a la atención además que en el caso de Evertec, el Departamento intentó hacer un acuerdo, pero aun así, cuando aparece el punto controversial, Evertec lo que hace es desviar la llamada hacia el Departamento, en donde solo hay 140 personas adiestradas en el reglamento.
Frente a la demora en el DTRH en procesar las solicitudes de ayuda del PUA advirtió que este beneficio de $600 por semana es hasta el próximo 30 de julio. De ahí en adelante los trabajadores solo tendrían el derecho al desempleo ordinario de $190 semanales. En cifras presentadas por el DTRH, a fines de este mes de junio, un total de 194,502 personas estaban recibiendo seguro por desempleo en la isla.
