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Mirada al País: Momento de educar

 

MIRADA COOPERATIVISTA

Por Mildred Santiago Ortiz/Especial para CLARIDAD

mildredkairo@gmail.com

Ante el enorme impacto que han tenido la propagación del Covid19 y los terremotos ocurridos en el sureste de la isla sobre todos los aspectos de nuestra sociedad decidimos tocar base con varias cooperativas para tener una idea de cómo han sentido el golpe y cómo han reaccionado. He aquí algunos hallazgos.

Varias cooperativas de ahorro y crédito nos indicaron que han crecido en socios y activos. Veamos algunos ejemplos: la Cooperativa Jesús Obrero tuvo un crecimiento en activos de un 17 %, un aumento en socios de 382 y la adición de dos personas al equipo de empleados. La Cooperativa de la Federación de Maestros, que es cerrada a empleados públicos, tuvo un 6% de crecimiento en activos. Por otro lado, la Cooperativa de Cabo Rojo creció un 18 % en activos y en lo que va de año ha aumentado en 1,100 sus socios. Todo esto en tiempo de pandemia y terremotos.

Cierto es que el crecimiento en activos puede haber sido impulsado por los depósitos de las ayudas federales y por la necesidad de muchas personas de registrar y ofrecer un número de cuenta. Pero independientemente de sus razones, el crecimiento en activos y en socios es muy positivo y el acercamiento de nuestra gente a las cooperativas mejor aún. Insistimos en que es un escenario oportuno para recibirlos y educarlos. Eso lo entendieron muy bien los amigos de la Cooperativa Vega Coop de Vega Alta y así lo expresaron al adoptar en estos días el lema: ser socio es mucho más que tener una cuenta…

Fue igualmente notable, en medio de la pandemia, la capacidad del sistema financiero cooperativista de participar del trámite de ayudas del Programa de Protección de Nómina (PPP) de la agencia federal Administración de Pequeños Negocios. Nuestro sistema logró desembolsar más de $16 millones a microempresas y cooperativas no financieras que brindan servicios a nuestras comunidades. Estos esfuerzos tuvieron un efecto directo y positivo en mantener la viabilidad de miles de empleos y en ofrecer un pie de amigo a nuestra vulnerable economía.

Ante esta coyuntura histórica, la consigna del movimiento debe ser EDUCACIÓN COOPERATIVISTA. A esos efectos es pertinente aprovechar el acercamiento de estos puertorriqueños para iniciarlos en el conocimiento y la práctica de nuestros principios y valores. Sobre todo, hay que seguir recalcando que el cooperativismo va más allá de ahorro y crédito.

En nuestro país existen 18 cooperativas agrícolas; en Guayama, Comerío, Utuado y Cayey tenemos cooperativas de costura; hay 13 cooperativas de vivienda y dos de energía. Además, hay cooperativas de servicios profesionales, servicios a la niñez, médicos, farmacias, supermercados, turismo interno, peritos electricistas, y trabajo asociado, entre otras.

Asimismo, el momento es más que oportuno para educar a nuestra clase política. De hecho, en estos días de campañas primaristas, muchos candidatos hicieron alusión al cooperativismo.  Muchos de ellos lo hacen de buena fe, otros no tanto. Pero sea cual sea el caso, los cooperativistas ya tienen listo un documento que contiene sus propuestas para Puerto Rico. Eso hace innecesario cualquier catálogo de promesas y vaguedades.

El documento, llamado Propuestas del Movimiento Cooperativo para Puerto Rico- Elecciones generales 2020 es de fácil lectura y comprensión y puede conseguirse a través de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, organismo representativo del cooperativismo. Luego de una breve introducción, este destaca los compromisos que esperan del próximo gobierno. Entre estas mencionamos:

  • 7. Apoyo gubernamental a genuinas iniciativas comunitarias, sectoriales e institucionales de desarrollo cooperativo
  • 8. Compromiso gubernamental con el desarrollo de cooperativas que respeten la naturaleza de interés social del modelo 
  • 9. Adelantar marcos jurídicos que encaminen la autorregulación 
  • 10. Promoción de legislación que incorpore garantías de despolitización de las agencias del cooperativismo 
  • 11. Identificación y adjudicación de recursos e incentivos para la promoción y asistencia de nuevas cooperativas tales como cesión de espacios públicos en desuso, prelación en la contratación gubernamental, entre otros. 

Establecen propuestas específicas para Agencias y funcionarios, algunas son:

  1. Desarrollo de adiestramientos para funcionarios en la doctrina y ordenamiento cooperativo y sobre el alcance de la política pública aplicable al sector.
  2. Implementación efectiva de las normas de protección de las cooperativas organizadas en centros de gobierno
  3. Restablecimiento de beneficios a empleados públicos socios de cooperativas
  4. Establecimiento de una práctica de consideración de las cooperativas para la ejecución de servicios contratados por el gobierno

El documento trabaja aspectos para el sector financiero y para el resto de las cooperativas denominadas como del sector de Tipos Diversos. Mas de allá de recalcar sus propuestas al gobierno incluyen las Perspectivas de Aportación las cuales constituyen compromisos del movimiento en reconocimiento de que tiene que ser un esfuerzo mutuo, veamos varios ejemplos:

  • Promoción de relaciones económicas y de reinversión del capital nativo.        
  • Generación de nuevos empleos en áreas de servicios de salud, vivienda, agricultura y comercio.

Perspectivas

  • Reforzar el desarrollo social y económico del país sobre las bases del cooperativismo.
  • Desarrollar proyectos cooperativos que promuevan actividad económica nativa, la creación de empleo y que contribuyan a solucionar la crisis actual.

En fin, una vez más el cooperativismo se dejará sentir en un momento crucial para nuestro desarrollo futuro, por eso concluyen:

“Hoy como siempre, el cooperativismo continúa exhibiendo su capacidad para responder y atemperarse a los retos y demandas de todo tiempo. El éxito y la capacidad de recuperación de las estructuras existentes son una muestra de que la fórmula cooperativa, bien utilizada y entendida es exitosa. Sobre las bases de este particular modelo nuestras propuestas contribuirán al sostenimiento y progreso de nuestra economía y sociedad, mediante la creación de estructuras de interés social que atiendan efectivamente las necesidades que se levantan en los escenarios abiertos del mundo actual.”  

Más claro no canta un gallo.

 

Traición en el Barrio:  Trayectoria de la represión contra el Movimiento Independentista Puertorriqueño en Chicago por parte de Rafael Marrero y el FBI   

Por Red Boricua Pro Derechos Humanos Nacional

Introducción

El FBI tiene una larga y sórdida trayectoria de acciones de represión política.  Mediante el uso de variadas tácticas, ha intentado dividir, destruir y neutralizar los movimientos de liberación nacional y las organizaciones radicales de izquierda.  Uno de los episodios más notables de estas prácticas represivas sucedió en las postrimerías de la década de 1980, cuando infiltraron a un agente/provocador en el Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago (CCP). El CCP se fundó en 1973 por un grupo de activistas que incluía a Oscar López Rivera, Carmen Valentín, Carlos Alberto Torres, Ida Luz Rodríguez, José E. López, Rev. José A. Torres, Alejandrina Torres, Dr. James Blaut, y América Sorrentini. Desde sus inicios el CCP era abiertamente pro-independencia de Puerto Rico y el propulsor principal y fuerza vital de las campañas internacionales en apoyo a la liberación de los presos políticos puertorriqueños y prisioneros de guerra.  Impulsada por dichos compromisos políticos e ideológicos, esta organización de base que era el CCP se esforzaba por crear “instituciones paralelas” descolonizadoras que respondieran a las necesidades de los residentes de la comunidad.  El FBI alegó que el CCP y sus líderes eran el frente legal de una organización revolucionaria puertorriqueña, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN).

Para “neutralizar” al proyecto radical antes mencionado,  el FBI reclutó – con remuneración muy generosa – a Rafael A. Marrero para que infiltrara la organización comunitaria para ultimadamente criminalizar a sus dirigentes, desprestigiar a las organizaciones comunitarias, y también para reclutar a miembros de la comunidad e inducirlos a cometer actos violentos.  A pesar de que Marrero participó en actos violentos que causaron el encarcelamiento de otros, a él nunca ni se le formularon cargos por estos actos.  En vez de eso, cuando salió del tiempo transcurrido como “testigo” y protegido del “Witness Protection Program” (programa a cargo del gobierno cuya función es proveerle identidades y protección a las personas que servan de testigos en casos criminales y que por ello se colocan en posición vulnerable y en riesgo de sus vidas), consiguió fortuna y prestigio, mientras ocultaba su indecoroso pasado.  Treinta años más tarde, operando desde las entrañas de la conservadora comunidad cubana en Miami, se pregona como consultor experto para que los negocios operados por minorías tengan acceso al mercado federal.

Aunque Marrero crea que ha dejado atrás su pasado, parte importante de la comunidad puertorriqueña en Chicago no lo ha olvidado a él ni su labor como agente/provocador del FBI.  El individuo arruinó muchas vidas, dañó reputaciones y socavó el importante trabajo de organizaciones comunitarias.  No hay duda de que Marrero y el FBI desviaron los esfuerzos y recursos del CCP y sus miembros hacia la auto-defensa, pero también provocaron que se fortaleciera el espíritu de lucha y fuerza de sus convicciones. Hoy día, tras mucho trabajo para deshacer el daño provocado por la nefasta acción de Marrero y el FBI, el CCP prospera y amplía el apoyo de su misión visionaria.

 

Historia de COINTELPRO

En la década de 1950 el FBI comenzó un programa secreto dirigido a dividir, destruir y neutralizar los movimientos de liberación nacional y las organizaciones radicales de izquierda en los Estados Unidos y Puerto Rico, al costo que fuera.  Conocido como Programa de Contra Inteligencia, o COINTELPRO, las tácticas del programa incluía la infiltración en organizaciones políticas y comunitarias de agentes/provocadores; hostigamiento en los foros judiciales; la propagación de rumores falsos y difamatorios en los medios para dañar las reputaciones de los líderes; crear división y discordia en las organizaciones mismas; instigar desconfianza y recelo entre los miembros y alentar el miedo en la comunidad; y movidas mucho más nefastas como el entrampamiento  cuyo resultado era la cárcel y el asesinato. Aunque alegadamente este programa gubernamental ilegal se desmanteló en 1975 – tras una investigación de un Comité del Senado de los Estados Unidos que determinó que el mismo incurrió en abusos rampantes –, el gobierno continúa utilizando las mismas tácticas de espionaje ilegal y disrupción de los movimientos hasta hoy día, como demuestra la persecución a la comunidad musulmana tras el 9/11 y al “Black Lives Matter” contemporáneo.  A este último se le tilda como un movimiento de “extremistas de identidad negra” y sus miembros son rastreados y los capítulos infiltrados por agentes de gobierno o elementos de extrema derecha para hacer su labor de provocadores.  El resumen histórico que se presenta en este escrito se hace con la esperanza de que servirá de recordatorio y advertencia de este caso concreto de represión y el insidioso daño causado, pero también de ejemplo de la subsiguiente lucha y esfuerzos de la comunidad para enfrentar y subsanar ese daño.

El movimiento independentista de Puerto Rico y su diáspora han sido blanco prioritario en la lista de organizaciones políticas del FBI por mucho tiempo.  En Chicago comenzaron a vigilar a los militantes puertorriqueños tras los motines de Division Street en 1966, con el propósito de debilitar y destruír a varias organizaciones, entre ellas los Young Lords, una pandilla politizada puertorriqueña cuyo modelo fue el Black Panther Party (Partido de Panteras Negras).  A mediados de la década de 1970, ya la mayor atención del FBI en Chicago se centraba en el CCP, que allanaron en el 1983.

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Se infiltra un agente en Chicago

En Marrero, el FBI consiguió a un trabajador diligente y a un ser maleable, que sabía congraciarse con las personas, y que comprendía el rol clave que tenia la comunidad puertorriqueña de Chicago en la lucha independentista, sobre todo en la diáspora.  El FBI aspiraba a utilizarlo para dividir, destruír y neutralizar el trabajo que llevaba a cabo esa comunidad.  Usando credenciales falsas, Marrero se mudó de Puerto Rico a Chicago.  Con el tiempo, logró congraciarse con José E. López, Director Ejecutivo del CCP y líder del Movimiento de Liberación Nacional (MLN, organización pro independencia de Puerto Rico).  López estaba en la mirilla del FBI desde hacía tiempo por su posición en el movimiento independentista en la diáspora, y por su férrea resistencia a los intentos del gobierno de destruir al movimiento – incluyendo el ir a prisión en 1977 por negarse a testificar ante un gran jurado federal que investigaba al movimiento.  También porque es el hermano de Oscar López Rivera, que en aquel entonces era buscado por el FBI por sus actividades clandestinas como miembro del FALN.  José E. López también era arquitecto clave de la campaña por la excarcelación de dos generaciones de prisioneros políticos puertorriqueños que cumplían condenas equivalentes a cadena perpetua por conspiración sediciosa, cargo político por conspirar para derrocar o destruir al gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico con el uso de la fuerza.

Marrero no solo se insertó entre el alto liderato de la comunidad, sino que perversamente se posicionó como amigo de la familia Rodríguez, también activistas independentistas.  Se casó con Evelyn, cuyas hermanas Lucy y Alicia eran dos de las prisioneras políticas cuya excarcelación se perseguía, y cuya madre, Josefina, era portavoz de la campaña internacional por la excarcelación de sus hijas y los demás prisioneros políticos.  Como si eso no fuera suficiente, abandonó a su esposa y a su hija sin miramientos, una vez logrado su objetivo de causar gran daño al CCP y a otras organizaciones en las cuales también sembró discordia y desconfianza.

Marrero orquesta el bombardeo de 1992

Marrero estaba al tanto de que la campaña por la excarcelación de los prisioneros políticos puertorriqueños se había ampliado más allá del apoyo inicial de familiares, militantes independentistas y aliados por conciencia.  Para promover disención en la campaña y el movimiento, empezó a incitar a activistas y aliados alegando que el liderato se había tornado “flojo”, que estaba abandonando su política militante y acomodándose al electoralismo.  Marrero engatusó a activistas desafectos con el argumento de que la independencia de Puerto Rico solo se conseguiría por medios violentos.  Totalmente conciente de que el tema de la lucha armada era controversial y afectaría adversamente el apoyo cada vez mayor a la campaña y a la posibilidad de una conmutación presidencial, organizó una seudo célula clandestina, el Frente Revolucionario Boricua.  Entre los que reclutó estaba José Solís Jordán, profesor de la Universidad DePaul con quien había entablado “amistad”, así como a otras personas talentosas y en buenas posiciones.  Por supuesto que ninguna de estas personas estaba al tanto de que Marrero era un agente/provocador del FBI.

En nombre de su seudo-organización, en 1992 Marrero puso dos bombas caseras (“pipe bombs”, en inglés, y en algunos países donde se habla español se coocen como “bombas de tubería”) en un centro de reclutamiento militar en Chicago.  Puesto que lo hizo de noche, no hubo daño a personas, ni muertes.  Años más tarde, a punto de que expirara la posibilidad de formular cargos, Marrero, bajo órdenes del FBI, con el uso de micrófonos escondidos bajo su ropa, grabó a Solís hacienda declaraciones inculpatorias sobre el acto [la colocación de las bombas].  Poco tiempo después, a Solís se le formularon cargos por conspiración, intento de destruir propiedad del gobierno y posesión ilegal de explosivos.  Pero pronto el FBI mostró su verdadera mano: le ofreció a Solís la desestimación de todos los cargos si nombraba a José E. López como el autor intelectual del bombardeo.

Como suele pasar con el uso de informantes del gobierno, el caso de la fiscalía contra Solís se sustentó en el testimonio de Marrero.  Por su testimonio, no solo recibió inmunidad, sino pagos en efectivo ascendentes a sobre $100,000 y otros beneficios, que es de factopagar por su testimonio. Durante el mismo, Marrero admitió su propia participación en la planificación y ejecución de la colocación de las bombas, pero alegó que Solís también participó.  Por su parte, Solís negó con vehemencia haber participado de forma alguna en el acto y retó la aseveración del FBI de que había confesado. Basado casi exclusivamente en la palabra de Marrero — un inflitrado del FBI — el jurado encontró al profesor Solís culpable de todos los cargos; se le sentenció a 51 meses de prisión, con lo que su esposa quedó sola para mantener a sus cinco hijos.

El FBI y el Gran Jurado

El trabajo de Marrero con el FBI no terminó con el caso de las bombas caseras y el encarcelamiento de José Solís Jordán. También asistió al FBI con las convocaciones a unos gran jurados, supuestamente convenidos para investigar las bombas de 1992.  El gobierno de los Estados Unidos tiene un historial largo y vergonzoso de utilizar al gran jurado como arma represiva para coaccionar el testimonio de personas contra los movimientos donde militan o que apoyan, y de encarcelarlos si se niegan a servirle de lacayos a sus estratagemas políticas. Las autoridades estadounidenses, y Marrero, estaban muy al tanto del honroso historial del movimiento independentista puertorriqueño de resistencia a los gran jurados.

Marrero le suplió al FBI los nombres de otros independentistas en Chicago, incluyendo a Juan Marcos Vilar, Diana Vázquez y Rubén Rivera, quienes fueron eventualmente citados a comparecer ante un gran jurado, al igual que otros cuantos. Vilar, un respetado maestro en la Escuela Superior Roberto Clemente, era en aquel entonces el líder del comité nacional de los Estados Unidos a cargo de la campaña por la excarcelación de los prisioneros políticos puertorriqueños.  Por fortuna, nadie fue a prisión, pero las citaciones provocaron coraje y temor entre la comunidad.

La propaganda del Pito

Nuevamente instigado por el FBI, Marrero recurrió a una conocida táctica de COINTELPRO: la publicación y distribución de El Pito, una supuesta publicación anónima, vulgar y estridente, donde se mofaban de y difamaban a José E. López y otros líderes comunitarios que abogaban por reformas en el sistema de educación y participaban en la campaña por la excarcelación de los presos políticos puertorriqueños.  Sus “noticias falsas” (bulos, le llaman en otros países de habla hispana) y caricaturas lascivas intentaban socavar la credibilidad de los individuos y las instituciones mencionadas, y así impedir por miedo o intimidación el crecimiento del apoyo a las causas promulgadas por los susodichos.  Para poner a funcionar esta empresa, Marrero reunió a un grupo que incluía elementos derechistas y anexionistas, corredores de bienes raíces interesados en ampliar el proceso de “gentrificación” del área, y criminales desafectos de la comunidad.

Controversia en la escuela superior Roberto Clemente 

La Escuela Superior Roberto Clemente, situada en el corazón de la comunidad puertorriqueña en Chicago se creó tras una larga batalla de los padres y madres, y de los activistas de la comunidad.  En las postrimerías de la década de 1980 la Reforma del Consejo Local de Escuelas de 1988 le confirió al Consejo Local la autoridad para designar prioridades presupuestarias, desarrollar planes de mejoramiento escolar y, lo más importante, el poder para contratar y despedir a los principales de la escuela. Fortalecidos por la experiencia adquirida cuando se enfrentaron a maestros y maestras racistas en la escuela, el Consejo Escolar Local de la Clemente esbozó un innovador plan de reforma escolar.  Basado en la corriente de pedagogía crítica, el plan tenía cuatro objetivos principales: desarrollar un currículo que atendiera las necesidades y aspiraciones de su juventud; desarrollar un programa que enfatizara la auto-disciplina (con el fin ultimo de no tener que recurrir a la contratación de agencias profesionales de seguridad); la transformación del consejo escolar local a un verdadero instrumento de gobierno democrático; y la transformación de la escuela a una comunidad eficiente de servicios de apoyo.

Usualmente, la propuesta de reformas escolares sería un blanco improbable para ameritar la atención del FBI, pero en esta ocasión el FBI insidiosamente perseguía deslegitimar los ambiciosos planes de la comunidad para su escuela.   En esta fase, nuevamente, Marrero fue pieza clave.  Alegó que el CCP y el Movimiento de Liberación Nacional malversaron fondos anti-pobreza de Título I valiéndose del Consejo Escolar Local. Esos fondos, alegaba él, se utilizaron para subsidiar la campaña y el MLN; también para lo que llamó “un inmenso esquema de fraude por clientelismo”, donde se empleaba a padres y madres para tareas de seguridad en la escuela en vez de oficiales de seguridad y detectores de metales.  Esto le sirvió a un representante estatal local, conservador e ideológicamente opuesto a la independencia de Puerto Rico, para iniciar una investigación y celebrar vistas públicas.

El fiscal de las vistas, otrora fiscal federal adjunto Steven A. Miller, con un historial de persecución contra el movimiento independentista puertorriqueño, no le permitió a Marrero contestar las preguntas sobre su relación con el FBI que le hizo el representante estatal Constance “Connie” A. Howard, única afro-americana del panel de nueve personas.  Miller intervino diciendo la falsedad de que no tenía conocimiento de que Marrero tuviese alguna relación con el FBI – por supuesto que lo sabía – e insistiendo que tal información debía permanecer secreta.  Para mantener secreta la relación de Marrero con el FBI, se suspendieron las vistas.

Ni la investigación ni las vistas públicas, que costaron sobre $1 millón de dólares de dineros del pueblo y que conllevó la formación de cuatro o cinco gran jurados a lo largo de 1992 a 2002, produjeron evidencia de que el Consejo Local Escolar de la Escuela Superior Roberto Clemente violó los requisitos estatales que rigen el uso de los dineros de Título I. Por el contrario, la evidencia mostró que las Escuelas Públicas de Chicago aprobó el uso que hizo el CLE de los fondos, y que el mismo estaba dentro de los parámetros existentes de uso de Título I.   La auditoria a Clemente síarrojó algunas irregularidades en cuanto a la documentación e inventarios de equipo comprado con fondos de Título I , pero no hubo evidencia de actividad ilegal alguna, ni de que las irregularidades antes aludidas fuesen el resultado de una conspiración de independentistas puertorriqueños.  A pesar de este resultado, la investigación y las vistas fueron ampliamente cubiertas por la prensa, con titulares histéricos como “Utilización de fondos escolares para adelantar la excarcelación de terroristas”, y esto arrojó sombra a la reforma escolar, afectó a administradores escolares, maestras y maestros, y líderes comunitarios, y por supuesto minó la reputación del CCP.

Estado actual

Hoy día, tras años de lucrarse de los ingresos provistos por el FBI, Marrero vive cómodamente en Miami, presentándose como el director de operaciones de una reputada compañía consultora de administración de empresas que ayuda a negociantes que pertenecen a grupos de minoría a acceder a fondos federales, y a contratos con agencias federales. Ahora se inserta en una nueva “comunidad” de cubanos Floridianos ultra conservadores, jactándose de haber trabajado directamente con el hijo de Jorge Más Canosa, el mismito que la CIA entrenó para el ataque por Bahía de Cochinos, el que fundó la Fundación Nacional Cubano Americana, y que dedicó su vida a tratar de derrocar la Revolución Cubana.  Para sorpresa de pocos, el lambón Marrero utilizó las plataformas sociales de su compañía para celebrar la muerte de Fidel Castro, y para conseguir fotografiarse con personajes tales como el representante Díaz Balart.

Si bien aparentemente Marrero siguió su camino luego de su aberrante traición a la comunidad puertorriqueña, el CPP y sus dirigentes han trabajado por años para reparar las reputaciones de organizaciones e individuos afectados por la bajeza de Marrero.  Han trabajado para recuperar la confianza, luego de que este individuo infiltrara y trabajara con las autoridades gubernamentales para socavar relaciones y alianzas.  Se movieron para reimaginar a la comunidad y nuevamente ganarse la confianza de las agencias y fundaciones proveedoras de donativos y subsidios, vitales para continuar proveyendo servicios necesarios para la comunidad donde se opera.

 

Estos esfuerzos pos-Marrero para reparar, re-construir y re-imaginar, aunque arduos, han rendido fruto.  La mayor parte de los prisioneros políticos – incluidas ambas ex-cuñadas de Marrero — fueron excarcelados via conmutación presidencial en 1999.  El CCP está más fuerte, con quince programas que proveen servicios a la comunidad, incluyendo a la Escuela Superior Pedro Albizu Campos, (que le sirve a jóvenes que han sido marginados de las escuelas públicas de Chicago); el Centro de Cuido Infantil Consuelo Lee Corretjer; El Rescate, un refugio para jóvenes LBGTQI; VIDA/SIDA, un programa pionero para la prevención del SIDA; y muchos otros programas y servicios.

Hoy día las organizaciones progresistas y radicales están repletas de activistas que aspiran poner fin al racismo colonial y sistémico que define la historia de este país.  Aumentan las falsas noticias, los cargos sin fundamento y la persecución de activistas comunitarios desde los medios sociales y las instituciones legales. En vista de estas nuevas agendas de cambio, y la presencia constante en los medios de las protestas de #Black Lives Mattery#DefundPolice(llegando a ocupar el titular del New York Times“Black Lives MatterPodría Ser el Movimiento Más Grande de los Estados Unidos”), es seguro que el gobierno aumentará el uso de las infames tácticas de COINTELPRO y la represión contra el activismo comunitario. Por lo tanto, es importante retomar la infrecuente discusión, y para algunos memoria vaga y lejana, del historial represivo del FBI contra el movimiento por la independencia de Puerto Rico en Chicago, porque contiene importantes lecciones para los movimientos de hoy día y puede aportar al futuro colectivo.

 El artículo fue publicado originalmente en ingles la traducción es de Sylvia Solá.

Producción artística y manifestaciones culturales durante la pandemia

 

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

 

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), distribuyó una asignación de $593 mil entre artistas individuales y organizaciones culturales. Recién fue publicada esta información hace unas semanas, comenzó a cuestionarse el proceso de solicitud y repartición de fondos por la falta de transparencia.

Del proceso de convocatoria participaron 56 organizaciones, de las cuales cuatro solicitaron para recibir $50 mil cada una. De 528 artistas que solicitaron, solo 34 recibieron la ayuda económica. La noticia, publicada el 10 de julio, explica que las subvenciones fueron divididas en dos: $393 mil en una convocatoria local y $200 mil en una convocatoria hecha por el National Endowment for the Arts (NEA).

Naturalmente,  las opiniones sobre el asunto varían, así como puede variar la cifra que recibiera cada artista en su carácter individual. Pero se entiende que sobraron $393 mil para dividirse entre estos 34 artistas, por lo que cada uno recibiría aproximadamente $12 mil. Para esta historia pudimos hablar con 2 artistas que no fueron subvencionados. Sus señalamientos no tienen la intención de menospreciar la importancia de la distribución de estos recursos en el mundo del arte y la cultura en Puerto Rico.

El director de teatro Vicente Castro reflexionó sobre esta situación. Expuso que ante la limitación de recursos la salida de la cultura teatral es buscar apoyo en la empresa privada, ya que el gobierno no la patrocina.   “Aquí no existe una industria teatral, la ahogaron como ahogaron nuestra televisión. Se le ve la costura a los dueños de las estaciones. Quieren desaparecer nuestra expresión artística y convertirnos en seres genéricos. Si permitimos que esta pandemia nos borre como artistas, si permitimos que se adueñen de nuestra libertad y nos obliguen a manifestarnos en la internet, conmigo están bien equivocados”, declaró.

Castro solicitó la ayuda del ICP con motivo de hacer A puerta cerrada, de Jean-Paul Sartre. Según dijo, lo difícil no es solicitar ni hacer la propuesta, sino que la acepten. Dicho esto, prosiguió con una exposición breve del planteamiento de dicha obra: “…hace un planteamiento sobre la existencia en el infierno, de que tienes que aprender a lidiar con el infierno que te rodea, que no es otra cosa que aprender a reconocer por qué estás viviendo, cuál es el sentido de tu existencia”.

El artista de teatro trabaja por su cuenta y se le paga por servicios profesionales, cobrando unos $150 por función. Unos cobran más, otros menos. Este sector tuvo una posibilidad de respaldo en el Departamento del Trabajo(DT), hasta hace tres años, cuando se decidió que no se iba a reconocer más al artista de teatro como si fuera un obrero asalariado.

“O sea, uno paga impuestos, pero en el Departamento de Trabajo no te validan como trabajador. Entonces el productor de teatro ya no puede solicitar fondos en el Departamento del Trabajo porque no se considera la representación teatral como un trabajo regular de nueve de la mañana a cinco de la tarde, cuando en realidad se trabaja mucho más. Hay gente que ensaya dos horas al día, yo ensayo seis. Las funciones son por la noche. Ese periodo de trabajo puede que sea durante dos meses”, explicó Castro.

“Después de eso, el trabajo se acabó. Tú no puedes mantener a ese actor en nómina porque no lo tienes para la próxima producción y no sabes si vas a producir. Si el Departamento del Trabajo diera ese respaldo económico, el productor de teatro podría tener en su plantilla a diez actores por lo menos durante el año completo y pagarles un salario mensual y usarlos en las producciones que él va a montar durante ese año”, detalló.

En efecto, se decidió que no se podía incentivar el teatro desde el DT, que tenía que ser el ICP. Castro fue enfático al mencionar que no puede culpar al ICP de no respaldar el teatro ya que “lo han ido desarticulando”. Recordó que en una época se hacía un festival y a cada compañía le daban $50 mil para montar unas obras de teatro memorables.

En respuesta a la realidad que nos ha dejado la pandemia del COVID, el profesor de teatro de la Universidad de Puerto Rico en Utuado propone hacer teatro al aire libre. Por el momento se recurre al internet. Su grupo se mantiene ensayando en línea una obra que piensan filmar y compartir por las redes, aunque la meta es hacerla presencial en noviembre.   “Yo puedo hacer cosas para la internet, pero ese no es mi foco. Lo hago porque no tengo otra alternativa; pero al aire libre tú puedes tener distanciamiento, tu grupo de gente colaborando, hacerle la prueba rápida del COVID, etcétera”.

Luego de la convocatoria, el ICP anunció a los que solicitaron y no aplicaronque el dinero ya se había repartido. La lista de los artistas y organizaciones culturales subvencionados por la Ley CARES fue publicada en la página de Facebook del ICP el pasado 17 de julio. A juicio de Gamelyn Oduardo Sierra esto sucedió por la presión que hubo en las redes desde que se anunció la subvención el 10 de julio.

El artesano en piel señaló que uno de los desaciertos es que pusieron a artistas y artesanos a competir con las organizaciones sin fines de lucro y museos. El otro fue que el ICP dijo que mientras recibiera las solicitudes iba a hacer la evaluación y a adjudicar el dinero. “Eso no sucedió así. Ellos estuvieron 2 meses y al cabo de eso publicaron una noticia de que se habían repartido los fondos, pero no a quién”.  Además, hay discrepancias en los números. Según las noticias se subvencionó a 34 artistas, pero en la lista publicada se cuentan 32. Sierra sostuvo que no hubo transparencia desde el principio.   “Ellos dicen que muchos de los artesanos y los artistas no saben hacer solicitudes de este tipo. Básicamente nos están diciendo que no sabemos leer ni redactar propuestas”, dijo.

A partir de marzo cerraron todos los mercados artesanales, por lo que muchos tuvieron que moverse a las ventas en línea. Una realidad es que entre los artesanos algunos están más adelantados que otros en ese juego. Hay artesanos mayores que no tienen la facilidad para acoplarse y transformar su operación comercial en una operación en línea.

Sobre la lista de artistas subvencionados, Sierra, quien organiza varias ferias de artesanía en Puerto Rico en las que atiende a más de 100 artesanos al año, destacó no haber visto el nombre de artesanos que conoce y que sabe que solicitaron la ayuda. Sin embargo, mencionó que los grupos musicales son unos de los que más se han visto afectados con la prohibición de los espectáculos públicos.

“Sabemos que la industria musical hoy día no se basa en la venta de discos como antes, se basa en tours y en cuánta gente tú puedas meter en los conciertos. El streamingno deja dinero. La industria musical ha sido golpeada y ahí yo veo grupos como Patria y Cultura y William Cepeda que recibieron ayuda, y eso es bueno”, aclaró.

“También los museos se han visto grandemente afectados y les dieron un bailout. Eso se aplaude porque no es que uno va a estar en contra de los museos ni en contra de los músicos. Lo que sí es que tú no puedes poner a competir los museos ni a las sin fines de lucro con los artistas individuales porque ellos tienen un andamiaje que los artistas individuales no tienen y pueden responder más rápido a una convocatoria”, añadió.

Sierra mencionó que los artistas individuales podían solicitar hasta $7 mil. O sea, que mi proyección de los casi $12 mil por artista queda desacreditada. Aun así hay algo raro en los números. Sierra sugirió que se debió de haber separado entre artistas individuales y entidades culturales. Pero aclaró que eso no necesariamente es culpa del ICP, ya que fue parte del paquete de ayuda del Cares Act y la manera en que se iba a distribuir esos fondos. “Eso sí, el Instituto debió adjudicar las ayudas por el orden de llegada de las solicitudes y tan pronto se agotara el dinero no coger más solicitudes. Dejaron que solicitaran y después hicieron la evaluación”.

Sierra señaló que hace falta tomar en consideración otras cosas, como darle prioridad artesanos de grupos marginados, algo que no se está haciendo ni se quiere ver como una necesidad. Concluyó que si no se considera la cultura como una prioridad en este momento, eventualmente va a haber una merma significativa en la cantidad de artesanos y en la calidad de sus trabajos porque se les está obligando a hacer otras cosas para poder salir adelante.   “Hay unos sectores culturales que han sido más descuidados y el sector de la artesanía es uno de esos. Hacen falta mejores recursos, y con los recursos que hay, transparencia, y más apertura a escuchar las críticas de los sectores culturales que se han visto afectados”, recalcó.

 

EDITORIAL: PROMESA, la Junta y la pandemia del COVID-19

 

Con la inesperada renuncia hace un par de semanas, del presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión III, y de otro de los miembros del organismo, Carlos M. García, comienza a evidenciarse el desmoronamiento del andamiaje que pretendió crear la Ley PROMESA para la resolución de la deuda pública de Puerto Rico y la creación de iniciativas para el desarrollo económico de su colonia.  Si bien Carrión III y García son los primeros, se rumora que no serán los únicos miembros del organismo fiscal en “tirar la toalla” próximamente ante la imposibilidad de hacer avanzar el proceso que les fue mandatado por el Congreso de Estados Unidos. Realmente, la Ley PROMESA nunca fue muy promisoria. Su nombre en español es realmente irónico, ya que la realidad de Puerto Rico siempre chocó con su objetivo principal, que es lograr que se pague la deuda pública con el menor costo posible para las grandes empresas financieras que son nuestros principales acreedores, y sin ningún costo para el Tesoro de Estados Unidos.

Desde el principio, la JCF no tuvo  un buen augurio en Puerto Rico. Desde el anuncio mismo de los nombres de sus integrantes, surgieron las sombras del conflicto de interés que representaba tener sentados en la JCF a dos ex oficiales financieros del gobierno de Puerto Rico en varios de los momentos en que creció la deuda del país. José Ramón González y el renunciante Carlos M. García- ambos ex presidentes del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF) y del Banco Santander, un banco privado que operó en Puerto Rico desde 1976- fueron instrumentales en el papel protagónico que dicha entidad bancaria privada jugó en la estructuración de la deuda de Puerto Rico, lo que le permitió aprovecharse y generar millonarias ganancias. Quedaba claro, entonces, que González y García no debieron integrar nunca la JCF, habiendo sido jueces y parte en muchas de las transacciones financieras que desembocaron en la quiebra de Puerto Rico, según se desprende del informe Piratas del Caribe: cómo el control de Santander sobre el BGF empeoró la catástrofe fiscal para los puertorriqueños, realizado por la organización Hedge Clippers y difundido en diversos medios importantes de Estados Unidos.

Otra decisión que ha tenido un costo grande para la JCF  fue su negativa a realizar la auditoría integral de la deuda de Puerto Rico que  reclamaban importantes y amplios grupos de ciudadanos. El informe de la firma Kobre & Kim del 2018, con el cual la JCF pretendió acallar los reclamos por una verdadera auditoría de la deuda, fue un ejercicio fallido que no identificó ni fijó responsabilidades e incluso pareció excusar las actuaciones de los oficiales del gobierno de Puerto Rico y de las compañías privadas involucrados en las emisiones de bonos que llevaron nuestro país a la quiebra. Recetar austeridad al pueblo sin ni siquiera atreverse a señalar por su nombre a los responsables de la debacle ha sido un insulto inexcusable.

La JCF tampoco demostró visión ni compasión para Puerto Rico.  Compró la receta neoliberal que le vendieron sus asesores de McKinsey & Company,  y demás consultores y abogados, sin tomar en cuenta la realidad desfavorecida del país, ni la resistencia tenaz que encontrarían cuando el pueblo se sintiera atropellado. Han pasado cuatro años y se han malgastado cientos de millones de dólares de nuestro pueblo en litigios, abogados, consultores, planes fantasiosos y salarios fabulosos sin que se hayan producido logros significativos hacia la resolución de los problemas fiscales y económicos de Puerto Rico.

Para completar, una sucesión de eventos catastróficos naturales y políticos han terminado por aplazar indefinidamente la agenda fiscal de PROMESA y la JCF, incluyendo su gran objetivo de reestructurar la deuda. Entre dichos eventos sobresalen la destrucción provocada por los huracanes Irma y María, la incompetencia y la corrupción del gobierno durante este cuatrienio y las protestas populares masivas que culminaron con la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, el impacto de los terremotos en el sur de Puerto Rico, y durante los últimos meses, la pandemia del COVID-19 que sigue recrudeciéndose y oscureciendo el panorama de la salud de nuestra gente, de los empleos, los negocios y la economía de Puerto Rico.

Nada de esto hubiese podido anticiparlo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuando el jueves, 30 de junio de 2016 estampó su firma en la ley del  Congreso “The Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act”, (PROMESA, por sus siglas en español). En ese momento seguramente pensó que reafirmaba el poder sobre Puerto Rico de la Cláusula Territorial del Congreso de Estados Unidos y  dotaba al “territorio” de un mecanismo jurídico que le permitiera reestructurar su deuda pública de más de $72 mil millones, y cuyos principales acreedores eran algunas de las más poderosas entidades financieras de la metrópoli estadounidense.

Así se montó todo este poderoso andamiaje jurídico y legal, ideado e implantado por la metrópoli estadounidense para zapatearse de la deuda pública de su principal colonia, el cual se ve ahora puesto en  jaque por una feroz pandemia global que, en el caso de Puerto Rico, tiene también un profundo trasfondo colonial.

 

 

«El gobierno lo que hecho es recurrir a excusas»

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El alza en casos positivos de personas infectadas por coronavirus y la escasez de los reactivos para poder realizar las pruebas moleculares colocan a Puerto Rico en la necesidad de retomar algunas de las medidas de restricciones del inicio de la pandemia.

A mediados de la tercera semana de julio los datos del Departamento de Salud indicaban que el número de casos confirmados en la isla era de 3,019; los casos probables 7,455; las muertes 172 y 254 hospitalizaciones. El alza provocó que Salud adoptara un nuevo protocolo en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, que les requiere a las personas que llegan a la isla llenar un formulario de viajero y tener una prueba negativa al virus de 72 horas antes. De no tener la prueba, la persona deberá guardar una cuarentena de 14 días. Actualmente, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), mantiene a Puerto Rico en el nivel 3 de “transmisión en curso generalizada”, por lo que recomienda no viajar a la isla de no ser necesario.

La doctora en neurobiología Mónica Feliú Mojer, del grupo de científicos Ciencia Puerto Rico (Ciencia PR), señaló que el número de contagiados en la isla subió bastante rápido en las últimas semanas. Esto contrasta con que Puerto Rico tuvo un momento en que en los casos positivos estaban en menos de .5%, es decir, menos de uno por ciento. Advirtió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que cuando el número de positivos pase de 5% se retomen medidas de restricción.

Feliú Mojer expresó que le preocupa muchísimo el aumento en la cantidad de hospitalizaciones dado a que Puerto Rico tiene un sistema de salud muy frágil y que aunque al principio de la epidemia se invirtió en conseguir respiradores y otros recursos para los hospitales es preocupante el que estén aumentando las hospitalizaciones.

También destacó la falta de reactivos que ya comienzan a sentir los laboratorios en la isla. Los reactivos son los ingredientes que se necesitan para hacer las pruebas y muchos de los equipos que utilizan los laboratorios, si son de determinada máquina, solo se pueden utilizar los reactivos e ingredientes de esa marca, no se puede usar uno genérico. “Eso es parte del reto que está sucediendo en Puerto Rico. Por ejemplo, una de las compañías que hace estos reactivos, la compañía Roche, la mayoría de los laboratorios utilizan esta marca. Ahora mismo no se sabe por qué no está supliendo suficiente de estos reactivos”.

Agregó que hay otras decenas de marcas de prueba que se pueden hacer y censuró que el Gobierno no haya invertido en crear esa capacidad en Puerto Rico. “El aumento en la capacidad de realizar pruebas ha sido básicamente un esfuerzo privado”. Este esfuerzo ha sido liderado por el Fideicomiso de Salud Pública, Ciencia PR, los laboratorios privados y por académicos. Al reiterar su denuncia de que el Gobierno ha tenido muy poco que ver con el esfuerzo por obtener pruebas, reparó en que el Gobierno podría jugar un rol en incentivar que se desarrollen esos reactivos en la isla, ya que se tiene la capacidad académica para hacer esas pruebas. Destacó que en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico hay un grupo de científicos que ha estado desarrollando un tipo de prueba serológica bastante confiable, muy certera, la cual se ha podido desarrollar en parte gracias a la inversión del Fideicomiso de Ciencia, “pero realmente el Gobierno, como tal, ha invertido muy poco. Aparte de $1.7 millones que se otorgaron para hacer investigaciones relacionadas al COVID en la UPR, no creo que el Gobierno haya hecho otras”.

Para la neurobióloga, el Gobierno tiene la responsabilidad de pensar fuera de la caja, examinar en esta situación cuál es la posición única que tiene y qué soluciones puede encontrar a este reto sin precedentes en nuestra historia. Sin embargo, observó que  como el que “estamos compitiendo con el resto del mundo, no hay reactivos” o si no, a compararse con otros, “aquí estamos mejor que otros estados o que tienen los mismos retos”.

Aun cuando dio crédito a que los meses de cuarentena sirvieron para controlar el virus, y se pasó a hacer pruebas moleculares diarias, ahora es que se está comenzando a implementar el sistema de rastreo de contacto municipal, que era algo que en marzo no se tenía, y se han estado llevando campañas de educación a nivel privado: “Creo que es fácil uno sentirse frustrado y desalentado porque la realidad es que la situación está empeorando, comparado con lo que estábamos hace uno o dos meses”, expresó.

Pese al aumento en contagios, la doctora Feliú Mojer rechazó la idea de regresar a un cierre total y destacó que hay que actuar de manera inteligente y fundamentada en datos de la ciencia para determinar qué sectores hay que volver a cerrar. “No creo que debemos volver a un cierre tan drástico. No es una dicotomía de abres o cierras. Se pueden hacer cierres estratégicos que evalúen datos económicos de salud y en qué lugares, en qué tipo de actividad es que estamos viendo que se están dando brotes. Vamos a tomar medidas para atajar esos brotes y esas áreas. No es necesario ni realista cerrar todo a largo plazo”.

Más aun, reparó en que se supone que mientras los y las puertorriqueños estuvieron quedándose en la casa sacrificándose durante la cuarentena, el Gobierno debió cumplir con su responsabilidad de establecer políticas públicas y estrategias de salud públicas para prepararse para este momento de la reapertura económica. “Eso que está sucediendo del repunte de casos era algo previsible. Se dijo si se abre de cantazo y si no miramos estratégicamente qué hay que cerrar, esto va a pasar. Esto no debería sorprender a nadie en particular en el Gobierno”.

Lejos una vacuna

A la interrogante de la posibilidad de una vacuna, la portavoz de Ciencia PR comentó que aunque el proceso ha avanzado y hay resultados alentadores, todavía es muy temprano para contar con una vacuna. La elaboración de una vacuna requiere una fase de estudio clínico masivo en el tiempo. Una vez se sabe que una vacuna es segura y es efectiva en anticuerpos hay que darle seguimiento a la persona para ver si esos anticuerpos duran. Explicó que una de las cosas que se han observado hasta ahora en personas que han enfermado del COVID-19 es que los anticuerpos no necesariamente significan que se tiene inmunidad y se esté protegido. Los anticuerpos en algunas enfermedades, según pasa el tiempo, disminuyen y, eventualmente, pierden esa posible protección. Así que todavía falta tiempo en términos de conocer la efectividad de la vacuna. Luego está la parte de la manufactura. Una vez se tenga una vacuna que sea segura y que funcione, entonces hay que ver cómo se fabrican millones para distribuirse.

Aunque tiene la esperanza de que se tenga una vacuna relativamente pronto, resaltó que la realidad es que vamos a tener que aprender a vivir con el virus de la misma forma que vivimos con otras enfermedades. El virus del COVID-19 es muy contagioso y aunque no es que le vaya a dar a todo el mundo, llega un momento en que un alto número de la población ha estado expuesta y es posible que entonces haya menos contagio.

“Ahora, la pregunta estriba en si hay inmunidad en lo que se llama ‘inmunidad de rebaño’ e ‘inmunidad de grupo’. Esto es el que mucha gente se infecte y que eventualmente no se llegue a que a un 70 % de la población no le haya dado la enfermedad. Eso contribuye a que se enfermen menos personas porque se ha desarrollado una inmunidad de grupo. Si la mayoría de la gente es inmune, es menos probable que la mayoría de la gente se infecte. Pero observó que ahora mismo la evidencia científica disponible indica que esa inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño para esta enfermedad no sucede.

“Una cosa que es desconcertante. A uno le da miedo tener que vivir con un virus que tiene tantas repercusiones negativas y que es letal; pero algo que nos da esperanza es que las medidas que tenemos que tomar para poder convivir con el virus no son difíciles. Tenemos que utilizar la mascarilla combinada con el distanciamiento físico. Esto, con los hábitos de higiene de lavarse las manos y el uso de desinfectante”.