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Crucigrama Nelson Sambolín

Por

junio 29, 2020

Por Vilma Soto Bermúdez/ Especial para CLARIDAD

Horizontales

2. El _____; barrio de Salinas donde nació Sambolín, artista y diseñador gráfico, pintor y educador puertorriqueño.

5. _____ tempestad, o ¿quién es Calibán?; (1973) serigrafía de Sambolín para la obra teatral de Aimé Césaire presentada en Puerto Rico.

7. _____ de aurora; serigrafía, serigrafía de Sambolín de 2014.

9. Amarillo, amarillo, _____ plátanos; acrílico sobre lienzo de Sambolín.

10. Asistiré.

12. Utensilio que se emplea en las iglesias para dar o esparcir agua bendita.

16. _____ Sambolín Bonilla; se distinguió como profesor en la Escuela de Arquitectura y de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

19. Época.

20. Moneda japonesa de cobre.

22. _____ Barreto; pintor puertorriqueño.

23. Vigesimotercera letra del alfabeto árabe.

24. Reuní.

26. Grabados a _____; portafolio de 12 obras de Sambolín sobre los cuentos del escritor estadounidense.

27. Parte del año.

28. Nave.

30. _____ Otero; pianista y concertista puertorriqueña.

31. _____ Suárez Díaz; historiadora puertorriqueña.

32. Perteneciente o relativo al electrón, fem.

39. Unidad monetaria de varios países árabes.

40. Astro rey.

41. Apuntar.

43. La _____ amarilla; pintura en acrílico de 2001 de Sambolín.

44. Yegua.

45. _____ Santamaría; héroe revolucionario cubano.

46. Libertad _____ los revolucionarios puertorriqueños; serigrafía de Sambolín de 1972.

48. Allí.

50. Nelson Sambolín _____; nació en Salinas en el barrio El Coquí. Entre sus obras están: “Helen en la calle Luna”, “Superpuerto, colonialismo, pillaje, veneno”, “Luz de aurora” y “De Olimpia a Mayagüez”.

Verticales

1. 10 de _____ de 1944; nacimiento de Sambolín.

2. Pieza de la armadura antigua que cubría y protegía la cabeza.

3. Troya.

4. George _____; músico húngaro, fue un niño prodigio.

6. Negación.

8. Antigua ciudad de Caldea.

11. Divinidad griega, patrón de la salud, la belleza y las Bellas Artes.

12. _____ en la calle Luna; retrato de Sambolín.

13. Cólera.

14. Nelson _____; fundador junto a Rafael Rivera Rosa del Taller Gráfico Bija. Colaborador del periódico Claridad.

15. Superpuerto, colonialismo, pillaje, _____; serigrafía de Sambolín de 1972.

17. Rojizo claro.

18. Hija del hijo o hija de una persona.

20. Adicionar.

21. Primer mes del calendario hebreo bíblico; actualmente ocupa el séptimo lugar.

25. _____ Olimpia a Mayagüez; portafolio de Sambolín por los X Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Mayagüez en 2010.

29. Cantor épico de la antigua Grecia.

33. Enfada.

34. Acción y efecto de catar.

35. Formación anatómica que media entre dos lugares del organismo.

36. _____ Rosado Morales; combatiente nacionalista puertorriqueña.

37. Del verbo coser.

38. Canto popular de algunas provincias del norte de España.

42. Dios egipcio.

43. Símbolo del calcio.

47. Matarás _____ dios del miedo y sólo entonces serás libre; serigrafía de 1981 de Sambolín.

49. Sebastián en _____ calle de los artistas; obra de Sambolín.

Mira a País: Estudiantes con diversidad funcional en tiempos del Corona virus

Por

Luis Alejandro Molina Alanis

junio 29, 2020

Por Josefina Pantoja Oquendo/Especial para CLARIDAD

Trabajar de forma remota desde la casa ha sido un gran reto durante estos más de tres meses a partir de que el Corona Virus invadió nuestras vidas. Una cosa es redactar documentos legales, hacer informes o preparar conferencias en el hogar, porque en muchas ocasiones el tiempo en las oficinas se hace corto. Otra es estar más de siete horas y media frente a la computadora, usando los expedientes digitales, versus el que está en papel con el cual vas directamente al punto. Las vistas y reuniones en línea propician la ansiedad por las interrupciones en el Internet y en el servicio de energía eléctrica. Las amigas y el grupo laboral donde me desempeño conocen mis despistes y tropiezos en el área de la tecnología, por lo que sin nadie al lado a quien consultar, he pasado muchos corajes y frustraciones mientras aprendo. Creo haberlo logrado pues una representación legal de calidad es lo menos que merecen las niñas, niños y jóvenes con diversidad funcional, a quienes sirvo. La otra particularidad que he sentido y me han compartido personas de otros escenarios laborales, es que los patronos parten de la desconfianza respecto a si el tiempo se está utilizando en las gestiones por las cuales se recibe salario o en pajarear, como decía mi abuela. Esta actitud persiste a pesar de los mecanismos existentes para corroborar el desempeño del personal. Ante la situación de pandemia que seguimos sobreviviendo, debería prevalecer el ánimo colaboración y de solidaridad, inclusive en las relaciones de trabajo.

Ha sido precisamente en el desempeño a distancia de las tareas relacionadas con la clientela de Educación Especial y el intercambio de experiencias con compañeras y compañeros que tienen práctica legal en esta área, que me he percatado de las dificultades que han enfrentado este sector estudiantil y sus familias para recibir los servicios educativos y las terapias a las que tienen derecho, establecidas en sus Programas Educativos Individualizados (PEI). Aunque no contamos con estadísticas y las generalidades ofrecidas por el Secretario de Educación son altamente cuestionables, impresiona que los servicios educativos en línea no alcanzaron a un alto número de estudiantes, inclusive de la corriente regular. Entre otras cosas, se debió a falta del equipo o a la capacidad limitada de su servicio de Internet. Difícilmente con un teléfono celular sencillo, si es que lo tienen, pueda manejarse tanta información. En otros casos las personas a cargo de la familia carecen de las destrezas tecnológicas o académicas para apoyar la ejecución de las tareas por el o la estudiante. Además, las condiciones objetivas del hogar, agravadas por el COVID-19 pudieron hacer imposible llevarlas a cabo.

Sin embargo, en el caso de estudiantes con diversidad funcional, que incluye un enorme abanico de condiciones como el espectro de Autismo, Deficiencia Intelectual, Impedimentos Múltiples, Déficit de Atención, Sordera, Problemas Específicos, condiciones de Salud Mental y en muchas ocasiones combinaciones de dos o más de ellas, las dificultades son aún mayores. Cuando se trata de condiciones severas, necesitan supervisión constante para que no pierdan la atención y ejecuten, adaptación de currículos y materiales, así como una gran cantidad de tiempo y paciencia para que dominen destrezas. Aunque hay padres que se involucran en la educación de sus hijas e hijos, la experiencia corrobora el hecho de que mayormente son las madres quienes se encargan de las gestiones relacionadas con su proceso de aprendizaje y las que estuvieron desde el 16 marzo que comenzó el aislamiento hasta la primera semana de junio, cuando finalizó el semestre escolar virtual, recibiendo mensajes, instrucciones, materiales, tareas del personal docente con un término para ser completadas y devueltas para corrección. Las madres, entre las que abundan las que son jefas de familia y abuelas con la custodia de estas niñas, niños y jóvenes, han señalado que les atosigaron mucho material a través de “Whatsapp”, de correos electrónicos, mensajes de texto refiriéndolas a distintas plataformas. En la medida en que trataban de ayudarles, tuvieron dificultad para ejecutar las tareas por su complejidad y cantidad, inclusive para ellas, quienes en no pocas ocasiones hicieron el trabajo para que la chica o el chico “cumpliera”. Es cuestionable el beneficio que esto puede reportarles. Fueron casos excepcionales aquellos en los que las maestras y maestros se conectaron directamente con estudiantes, en grupo o individualmente, para la enseñanza. Probablemente hubo circunstancias en que la falta de equipo o de conocimiento tecnológico lo impidió. Parte del personal docente tiene retos en esa área.

En cuanto a las terapias, servicios relacionados a la educación para que las y los estudiantes con diversidad funcional puedan obtener un mayor beneficio de ésta, la situación fue peor. El número de quienes las recibieron fue menor en comparación con los servicios educativos que se les ofrecieron. Además, comenzaron semanas después de la suspensión presencial de clases. En gran medida porque de forma unilateral el Departamento redujo sustancialmente las tarifas de especialistas que las proveen a través del Remedio Provisional y rechazaron hacerlo en esas condiciones. Por otro lado, los diagnósticos de un número significativo de estudiantes hacen difícil, sino imposible, que se beneficien de terapias si éstas no son directas. El deber ético de profesionales que atienden esta población es reconocer cuando esa es la situación e informar a las familias. Las y los estudiantes del Programa de Educación Especial tienen el derecho a exigir que los servicios educativos y de terapias que no les fueron provistos o que no recibieron beneficio de ellos, a pesar de que la agencia educativa lo intentó a través de distintas estrategias, les sean compensados cuando comiencen las clases de forma presencial.

La fecha del inicio de clases en los salones es aun incierta pues el Secretario de educación todavía está hablando vaguedades. No se trata de abrir las escuelas por presión de nadie, como ha ocurrido con algunas decisiones tomadas por la gobernadora, sino de establecer criterios para hacerlo contando con la opinión y recomendaciones del magisterio y sus gremios, con las comunidades escolares, con personas especializadas en los campos de la educación y la salud, cuyos intereses políticos no estén en juego. Queremos oír del Sr. Eligio Hernández Vélez algo con más sustancia que sus acostumbrados “lindo día”, “sin embargo” y “no obstante”, sin olvidar los “devices”. Decisiones tomadas por este funcionario con relación a la apertura de los comedores escolares y las escuelas Montessori, en detrimento del Pueblo y del estudiantado han recibido el repudio de la gente. A esto se suma su declaración de maestras y maestros como excedentes y la negativa de abrir escuelas que fueron cerradas para, sumados ambos factores, reducir el tamaño de los grupos y hacer posible el distanciamiento físico en las aulas que, de paso, hará más efectiva la enseñanza.

La reapertura escolar de forma presencial para el año 2020-2021, tiene que tener como alta prioridad el sector más vulnerable de la población estudiantil, que recibe servicios en el Programa de Educación Especial. Si fuera necesario comenzar en línea, no pueden hacerlo con estrategias, métodos y materiales generalizados, como si se tratara de la misma receta para todas y todos. Su derecho, aun en tiempos del COVID-19, es recibir una enseñanza individualizada, apropiada a sus necesidades.

772 monumentos, 100 escuelas y el Cervantes de Mayra Montero.

Por

Luis Alejandro Molina Alanis

junio 29, 2020

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

A finales de 2019 se cerró en España el monumento más grande al “generalísimo” Francisco Franco. Con cautela y vigilancia extrema sus restos fueron removidos del “Valle de los Caídos”, el mausoleo que él mismo se preparó. Habían trascurrido 44 años desde la muerte del dictador y 41 desde la aprobación de una constitución que inauguró la monarquía parlamentaria. Durante 22 de los 44 años trascurridos el gobierno estuvo controlado por los socialistas, pero fue el último de sus tres presidentes, Pedro Sánchez, quien se atrevió a remover la momia de Franco de su mausoleo. Los que le precedieron ni siquiera lo intentaron.

La explicación para que se tuviera que esperar tanto tiempo es que el franquismo no terminó con la muerte su creador. La variante del fascismo que él personalizó siguió controlando las instituciones coercitivas del estado y cautivando a un sector significativo de la sociedad española. Sus herederos políticos suavizaron un poco las consignas y escondieron algunos símbolos, pero la ideología sobrevivió con mucho de su poder intimidatorio. Por eso, a pesar de los avances, acercándonos al medio siglo de la muerte del dictador, todavía quedan numerosos nombres y monumentos repartidos por España.

Lo que sucedió y sucede en España con los monumentos que aplauden las figuras y fechas del franquismo, ocurrió en grado aún mayor en Estados Unidos con los símbolos del esclavismo y el racismo. Y por la misma razón.

Las fuerzas supuestamente derrotadas en la guerra civil que terminó en 1865 debieron soportar, tras la derrota militar, que se aprobara una enmienda constitucional aboliendo la esclavitud y alguna legislación protectora de la población negra. Después de esos cambios formales, poco a poco fueron retomando las instituciones de poder en los antiguos estados confederados. Ese proceso se agudizó posterior a 1870 cuando los ejércitos de la Unión terminaron por retirarse del sur. Entonces, una vez los supuestamente derrotados retomaron el control de los gobiernos sureños, se produjo la virazón.

Una de las peores manifestaciones de esa retoma del poder fue el nuevo marco legal creado a partir de 1870, conocido en Estados Unidos como “las leyes de Jim Crow”, recordando un personaje de comedia que se burlaba de los negros. Pero lo que ocurrió a partir de entonces no fue una mera burla teatral, sino la creación de una cruel estructura legal que formalizó, no ya el discrimen, sino el sometimiento abusivo de la antigua población esclava y sus descendientes.

Aquella estructura que legalizó la barbarie ha ido trabajosamente cambiando desde mediados del siglo XX, cuando el Tribunal Supremo ilegalizó la segregación racial escolar en Brown v. Board of Education (1954). Luego hubo que esperar otros 13 años para que el mismo tribunal invalidara la legislación que prohibía y convertía en delito el matrimonio entre una persona negra y una blanca. Esas decisiones, junto a la legislación federal que se aprobó a partir de 1964, fueron poco a poco desmantelando las “leyes de Jim Crow”, creando un marco estatutario más humano. Pero ninguna legislación sirve para erradicar el racismo y el odio. Este sigue muy vivo en una gran parte de la población blanca que controla las estructuras de poder, y se manifiesta en abusos policiales y en discrimen más o menos encubierto.

Ese control es lo que explica que 155 años después de concluida la guerra civil permanezcan repartidos por Estados Unidos 772 monumentos que “honran” a quienes provocaron el conflicto buscando mantener la esclavitud. Esa enorme cantidad de estatuas y obeliscos está repartida por 23 estados, además de la propia capital federal. Tres estados – Georgia, Virginia y Carolina del Norte- tienen 300 de esos monumentos. Pero, tal vez peor que esas alabanzas pétreas, son las más de cien escuelas con el nombre de Robert Lee, jefe de los ejércitos confederados, o Jefferson Davis, presidente de la Confederación, repartidas por esos estados. Muchos de los que van a esas escuelas son descendientes de los esclavos que Lee y Davis trataron de conservar como tales.

Luego de que en 2015 un supremacista blanco asesinara a 9 personas negras en una iglesia de Charleston, surgió un movimiento exigiendo la remoción de esos monumentos. Para entonces había cuatro estados sureños que habían aprobado legislación prohibiendo tal acción. La respuesta al reclamo fue que otros dos, Alabama y Carolina del Norte, inmediatamente se les unieron.

Esa larga lista de estatuas, obeliscos y nombres de escuelas – que aplauden el racismo oficial – son las que se han convertido en objetivo de la oleada de protestas que recorre Estados Unidos. A ese reclamo se une el rechazo a otras figuras que promovieron el abuso, como el expresidente Woodrow Wilson, abierto defensor del Ku Klux Klan.

Como sucede con frecuencia en los movimientos reivindicatorios, en esa campaña de sanación que se da en Estados Unidos hay excesos injustificados, pero no es en esas excepciones en las que hay que poner el énfasis, sino en los 772 bochornosos monumentos que siguen en pie. Por eso resulta lastimoso, para decir lo menos, que una escritora y columnista de El Nuevo Día, Mayra Montero, dedique un largo artículo a criticar con sorna que alguien en California pintara un busto de Miguel de Cervantes. Esa acción, obviamente condenable, no es el asunto que debemos destacar, lanzándolo contra el movimiento esperanzador y liberador que recorre Estados Unidos.

Quedan en pie 772 afrentas a la población negra, casi todas protegidas por el mismo tipo de legislación de la “era de Jim Crow”, y al menos cien escuelas donde obligan a los niños a llevar en el pecho a un renombrado racista. Ese es el problema y no el busto de Cervantes que alguien pintó. Ya es hora de terminar con esa anomalía histórica, como finalmente hicieron en España con el mausoleo de Franco.

Plan Fiscal UPR, un juego de números y palabras

Por

giancarlo-vazquez-lopez

junio 25, 2020

CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

Las expresiones hechas por la Directora Ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, sobre una posible declaración de quiebra de la Universidad de Puerto Rico (UPR) fueron calificadas por varios sectores de la comunidad universitaria como un intento de intimidación para seguir impulsando una política de austeridad en la institución.

La semana pasada, la JCF anunció la certificación del Plan Fiscal 2020 para la UPR (Plan Fiscal), que pospone los aumentos en la matrícula, reducciones en transferencias de fondos del Gobierno y aumentos de cuotas. El Plan establece respaldo a fondos de becas, programas de ingresos requeridos y la reforma del sistema de retiro para evitar insolvencia en el fondo de pensiones.

En lo que respecta al tema de las pensiones, el presidente de la Junta de Retiro de la UPR, Eduardo Berríos, dijo que se trataba de un juego de palabras entre la JCF y la Junta de Gobierno de la UPR (JG-UPR), buscando a quién adjudicar responsabilidad. Por otra parte, Ángel Rodríguez Rivera, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), manifestó que lo que hacen es jugar con los números aludiendo al aumento en 3% de la partida presupuestaria para docencia según el Plan Fiscal.

Según en el comunicado de prensa emitido por la JCF el 16 de junio, el Plan Fiscal requiere a la Universidad aumentar su personal docente en un 3% entre los años 2021 y 2024 para mantener su nivel de excelencia académica. Rodríguez aclaró que lo que se propone no es exactamente aumentar el personal, sino aumentar en 3% la partida presupuestaria para docencia. Jaresko, según cita el comunicado, sostiene que la UPR tiene que enfocarse en “conservar sus profesores”, entre otras cosas.

“Es decir, que eso puede ser profesores que advengan a su ascenso, lo que no es un aumento de salario. Por ejemplo, si yo tengo un ascenso y cambio de catedrático a auxiliar o cualquiera que sea el caso, eso implica un aumento en la remuneración. Pues, ese aumento va a estar dentro de ese 3%. Lo que quiere decir que no es realmente que vamos a salir a contratar un 3% adicional de profesores. Por otro lado, lo que hace es que, en el recorte general que se va a hacer, saca de unas partidas para ponerla en ese 3% que puede ser para cubrir cualquier aumento en salario de profesores; pero eso quiere decir que se quedan las otras partidas sin el dinero suficiente”, explicó Rodríguez.

Otra de las cosas que reitera el Plan Fiscal es allegar fondos externos a la Universidad. Rodríguez señaló que, en cambio, no hay fondos para invertir en investigación y de esa manera atraer más fondos.

“O sea, que es un juego de números. Movimientos de unas partidas a otras, de manera que dé la impresión de que se está haciendo algo; pero el recorte, en términos absolutos, sigue. Todavía ni siquiera han tenido la fuerza de voluntad de definirlos claramente. Si nos dijeran que esto quiere decir que va a aumentar un 3% la plantilla de profesores, entonces podríamos hacer ese análisis, pero no es ni siquiera eso lo que dice el Plan Fiscal. Como está en el Plan Fiscal, abre espacio para que ellos puedan decir los gastamos en eso, pero en realidad no se adelantó nada”, recalcó.

El hecho de que no se vayan a hacer recortes por el momento representa para Rodríguez un respiro para recuperar fuerzas y ver qué batalla darán el año que viene. La JCF expone en el comunicado, como justificación a uno sus requerimientos para transformar la institución, que el sistema de pensiones enfrenta un gran riesgo de insolvencia en 10 años y una infraestructura obsoleta.

“Usted no puede decir que algo está insolvente, porque eso implica que no tiene dinero para pagar. El plan de pensiones nuestro, basado en un fideicomiso, lleva 72 años pagando las pensiones y nunca ha dejado de hacerlo. La teoría de insolvencia que plantea la Junta de Gobierno es acomodaticia”, sostuvo Berrios.

Según mencionó el presidente de la Junta de Retiro de la UPR, el único plan de beneficios definidos con más solvencia es el de la UPR. El más parecido es el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuya capacidad de pago ha disminuido, pero siguen pagando sus pensiones. Señaló que el licenciado Walter Alomar y la licenciada Zoraida Buxó están adjudicando esta insolvencia erróneamente a la deuda actuarial que tiene la Universidad con el plan de pensiones. La Universidad les debe a los 19 mil participantes del Plan de Pensiones $2,144 millones.

En el comunicado de prensa publicado ayer martes a raíz de las expresiones de Jaresko, Berríos señala que la Junta de Retiro nunca ha exigido saldar dicha deuda de manera inmediata: “Lo que hemos requerido es que se cumpla con el pagaré anual que se aprobó. Eso no pone a la UPR en posición de acogerse al artículo 3 de la Ley PROMESA.”

Sobre la deuda actuarial, Berríos dijo a CLARIDAD que tanto Buxó como Alomar plantean que este problema se corrige cambiando el plan de pensiones de uno de beneficios definidos a uno de contribución definida. Los estudios actuariales realizados por la Junta de Retiro concluyen que de adoptarse un plan de contribución definida (401k) y congelar el Plan de Retiro, el fideicomiso quedaría insolvente para el 2033. Opción que están promoviendo la JCF, Buxó y Alomar. “Porque ellos entienden que al congelar el plan de retiro le quitan la responsabilidad de la Universidad de pagar su deuda actuarial. Eso no es correcto tampoco”.

“La Junta de Control Fiscal está señalándole ahora la pajita a la Junta de Gobierno, pero se olvidan que ellos son los que han promovido los $500 millones que le recortaron al presupuesto de la Universidad” dijo Berríos refiriéndose al juego de palabras.

Le salen al paso a Jaresko

Además de la Junta de Retiro y la APPU, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), la Asociación de Profesores del Recinto de Mayagüez (APRUM) y la Asociación de Jubilados del Sistema de la Universidad de Puerto Rico firmaron el comunicado impugnando las declaraciones hechas por la Directora Ejecutiva de la JCF.

En el documento se menciona que la deuda de la UPR siempre ha estado presupuestada, que la Universidad nunca ha dejado de pagarles a los bonistas y que, al contrario, el problema de este pago podría surgir como consecuencia de los recortes impuestos por la propia Junta en los últimos años.

Rechazo a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica

Por

candida-cotto

junio 25, 2020

PHOTO-2020-05-09-17-05-02_1 — Foto por: Vicente Vélez

Por Cándida Cotto/CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), junto a la Junta de Control Fiscal (JCF), la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y en esta ocasión junto al Negociado de Energía (NEPR), entidad que se supone vele por los consumidores, se confabularon para pactar la privatización de la citada corporación pública a espaldas de los y las consumidoras(es) del pueblo de Puerto Rico.
Este lunes 22 de junio en un anuncio inesperado la JCF dio a conocer que había aprobado el acuerdo alcanzado por AAPP para ceder a la empresa LUMA Energy la operación del sistema de transmisión y distribución de la AEE. Aunque el anuncio de la privatización no es sorprendente ya que ese es uno de los fines manifiestos de la JCF, de la actual administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) que fue la que aprobo la ley así como de miembros del Partido Popular Democrático (PPD). Lo que perturba es que el Negociado de Energía según dijo la JCF había aprobado hacia una semana el acuerdo. EL NEPR nunca dio a conocer al público que tenía ante su consideración el citado acuerdo.
Según informó la JCF la AEE retendrá la titularidad de los activos del sistema de transmisión y distribución, en tanto LUMA Energy se encargará de las operaciones del sistema, lo que incluye el servicio al cliente y la facturación. El contrato incluye un periodo de transición de 12 meses, antes de que entre en vigencia el contrato por 15 años. Este periodo de transición es con el propósito de la AEE complete su proceso de la negociación de su deuda bajo el Titulo III de la ley Promesa.
Frente a este desarrollo las organizaciones agrupadas bajo la propuesta de Queremos Sol repudiaron la privatización la cual calificaron como el de una transacción carente de transparencia y participación pública, que solo beneficia a intereses particulares.
«La contratación, que compromete otros $1,500 millones del pueblo, se suma al largo trayecto de transacciones irregulares y desacertadas que han lacerado la imagen y capacidad de esa corporación pública y que retrasan la agenda hacia la eficiencia y la energía renovable distribuida, ubicada principalmente en techos. El contrato es leonino y no protege los intereses del pueblo», dijo Ingrid Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO.
Las organizaciones instaron a los ciudadanos y ciudadanas a expresar su rechazo a la transacción, así como a orientarse sobre la alternativa democrática y sostenible que ofrece Queremos Sol. «Hemos compartido la propuesta con comunidades y otras organizaciones. Es importante que cada ciudadano y ciudadana sepa que Puerto Rico tiene opciones más costo efectivas para todos. Debemos reclamar al gobierno que desista de la privatización y considere nuestra propuesta con seriedad», expresó Adriana González, coordinadora de Sierra Club.

Mientras el licenciado Pedro Saadé Lloréns describió el acuerdo como «otro más en la trayectoria de malas transacciones de gobierno que perjudican al país y enriquecen a intereses privados con el potencial de aumentar el costo de energía a los consumidores». Myrna Conty, coordinadora de la Coalición Anti-incineración, reparó en el que si el contrato fuese una buena transacción para el pueblo no hubiesen tenido que ocultarla del escrutinio público como hizo la alta gerencia de la AEE. El grupo destacó además que, lejos de contar con una visión energética abarcadora y de largo plazo, la propuesta de privatizar la AEE fue utilizada como subterfugio por el gobierno de Ricardo Rosselló ante su desastre en el manejo de la emergencia y el restablecimiento rápido del sistema eléctrico.

En esa línea se expresó el doctor Agustín Irizarry, catedrático del Departamento de Energía Eléctrica de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez (PR-M) y una de las máximas autoridades en el tema energético en Puerto Rico.
“Aquí los directivos de la AEE y el gobierno deciden abdicar en su deber de administrar los bienes públicos ante su propia incapacidad en el manejo eficiente y efectivo de esa corporación. Los servicios esenciales, como es el servicio eléctrico, no pueden estar a la merced del mercado ni sujeto a motivaciones de ganancias. Esto aumenta la vulnerabilidad de nuestro pueblo, particularmente de las comunidades más necesitadas”.
En tanto el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, indicó que el proceso dejó fuera a los empleados de la AEE, cuya plantilla ha sido reducida en los últimos años como estrategia para favorecer a intereses corporativos y justificar la venta de la utilidad. «Ahora, los trabajadores están expuestos al riesgo de perder sus trabajos a discreción de la empresa contratante. De igual forma, el contrato abre la puerta para la quiebra del Sistema de Retiro de los empleados. Un proceso de transformación serio hubiese integrado a los trabajadores que conocen de primera mano las necesidades y las oportunidades de proveerle a Puerto Rico un sistema eléctrico confiable, costo-efectivo y sostenible», indicó.
El presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales de la AEE, Abraham García Román, también rechazó expresiones vertidas por directivos del gobierno que indicaban que los empleados de la AEE estaban complacidos con esta transacción. “Este nefasto acuerdo traiciona al pueblo de Puerto Rico, la confianza y lealtad de los empleados de la AEE que, a pesar de todas las dificultades por falta de mantenimiento, materiales y equipo, nos mantuvimos trabajando y logramos levantar el sistema eléctrico hasta el último cliente luego del paso del huracán María, el terremoto y que hoy lo mantenemos a pesar de la pandemia del COVID-19”.

Por otro lado, Federico Cintrón, director de El Puente sentenció que la transacción representa otro retraso en la agenda de transformación del sistema hacia la eficiencia y la energía renovable distribuida, pues se perpetúa el modelo centralizado. Advirtió que la empresa contratada se especializa en generación centralizada y en infraestructura de transmisión a gran escala, no en la generación distribuida, que es el modelo más conveniente para Puerto Rico.
Otra de las participantes de Queremos Sol, la licenciada Ruth Santiago argumentó que el contrato es contrario a la propia política pública de lograr que las y los ciudadanos sean productores de energía a través de sistemas fotovoltaicos en techos, baterías, eficiencia energética y otras alternativas a las grandes plantas centralizadas que tanto dependen de un sistema de transmisión y distribución vulnerable a los huracanes y a tormentas cada vez más frecuentes e intensas.
Las organizaciones adelantaron que continuarán alzando la voz para que quienes gobiernan entiendan que Puerto Rico no está dispuesto a dejarse engañar más y que próximamente darán a conocer nuevos esfuerzos en busca de evitar que el gobierno siga hundiendo al país con más proyectos y contratos nocivos para el pueblo.

El senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y candidato a la gobernación licenciado Juan Dalmau Ramírez, también hizo expresiones de rechazo a la privatización. «este gobierno le entregó a una corporación extranjera la administración de un servicio esencial y necesario para todos, residentes y comerciantes. El impacto será aumento en las facturas, ya no solo por la determinación del acuerdo de la Juez Swain sobre la AEE en la fase de la generación, sino porque ahora la distribución se privatiza. Son dos aumentos señalados que causan enorme daño al bolsillo de los consumidores residenciales y aumenta los costos operacionales de los pequeños y medianos comerciantes», advirtió.

El nuevo partido político Victoria Ciudadana es otra de las voces que han rechazado el acuerdo de privatización. “Por décadas hemos visto lo nefasto que han resultado las políticas de privatización. Servicios que antes ofrecía el gobierno se le dejan al sector privado, pasan de ser un bien público para convertirse en una empresa más en búsqueda de ganancias. Cuando el fin es la ganancia, el servicio y los costos para los consumidores pasan a ser consideraciones secundarias. Quizá el caso más dramático sea el del sistema de Salud”, expresó el candidato al Senado por acumulación, Rafael Bernabe, en comunicado de prensa. La entidad exhortó a un frente común para exigir que se cancele el contrato.