Inicio Blog Página 1343

Congresistas piden explicaciones a la Junta

Por
giancarlo-vazquez-lopez
-

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Al tiempo que la Junta de Control Fiscal (JCF) revela su Plan de Ajuste de la Deuda Pública, este viernes 28 de septiembre, no se debe perder de vista del escrutinio público la carta que un grupo de congresistas le envió a la Junta en la cual le reclaman información acerca de su funciones. La carta encabezada por los congresistas Bernie Sanders y  Alexandra Ocasio fue hecha pública, no por la Junta, sino por la prensa del país el 24 de septiembre.

A la luz del supuesto Plan de Ajuste de la Deuda, vale tener en perspectiva los requerimientos de los congresistas a los miembros de la JCF, que se suponen deberán entregar antes de este viernes, 4 de octubre.

Una explicación detallada del creciente superávit fiscal disponible para los acreedores a pesar de la ausencia de cambios significativos en los supuestos económicos de la JCF, así́ como la justificación económica de la Junta para recortes a la salud, la educación y las pensiones.

Un análisis de los impactos esperados de los recortes presupuestarios propuestos por la Junta a los gastos de salud y educación con relación a la trayectoria del crecimiento económico, la emigración y la desigualdad de Puerto Rico.

Todos los documentos relacionados con los acuerdos de consultoría de la JCF con entidades, como McKinsey & Company y Citigroup Global Markets, Inc., que podrían beneficiarse financieramente de un eventual acuerdo de repago a la deuda.

Materiales relacionados con las políticas de la Junta sobre conflictos de intereses y otras medidas internas para evitar la influencia financiera por intereses especiales.

Un recuento detallado de las relaciones profesionales o familiares de cada miembro con cualquier institución y persona que tenga la deuda de Puerto Rico o mantenga contratos con la Junta y revelaciones financieras exhaustivas de cada miembro de la Junta, incluyendo detalles de compensación externa.

Un dato sobre el cual llaman la atención los Congresistas y que describen como una “alarmante evidencia de la mala administración interna de la Junta” es el hecho de que su presupuesto, que emana de los contribuyentes de Puerto Rico, es de $300 millones al año. Los congresistas estiman que si el presupuesto anual de la Oficina de Presupuesto del Congreso de EE. UU., de $50.7 millones, se ajustara en su función analítica de la economía al de la JCF, recibirían $85 billones anuales.

Para el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez la misiva es parte del proceso de divulgación cada vez mayor sobre los problemas que tienen los miembros de la Junta, los cuales llevaron a su interior por las actividades personales y profesionales que los vinculan a ese mundo financiero. Comentó que los miembros de la Junta no han tenido el cuidado de evitar conflictos, como señala la carta, en términos de contratación, relación con sus negocios como tenedores de bonos y de relaciones familiares.

En efecto, la carta trae a la atención que la JCF entiende que la gran mayoría del uso de sus fondos para cubrir gastos de abogados y consultores no están sujetos a ningún requisito de divulgación pública. En particular, presentan el el caso de la empresa McKinsey, la cual ha recibido más de $50 millones en contratos de asesoría, a la vez que es titular de parte de la deuda puertorriqueña.

Otro aspecto que destacan es el hecho de que hay miembros de la Junta que formaron parte de las instituciones gubernamentales que contrajeron miles de millones de dólares en deuda, que sirvieron como funcionarios en bancos que suscribieron esa deuda y que en la actualidad tienen relaciones familiares con algunas personas que tienen vínculos con las instituciones financieras más grandes de Puerto Rico. Aquí en la isla es sabido que al menos se refieren a Carlos García, José González y José B. Carrión. Sobre este último apuntan que en los informes financieros del 2017 no enumeró ni una sola cantidad en dólares que recibió de terceros como compensación, como tampoco lo hizo García.

El licenciado Emmanuelli Jiménez afirmó que el proceso que ha llevado la Junta de implantar la Ley Promesa ha tenido unos problemas bien graves porque los economistas y expertos que han evaluado el impacto de las determinaciones que ha tomado auguran unos problemas económicos muy serios y el sufrimiento que todo eso va a tener. Añadió que en parte esta información se ha ido propagando y ya no solo el congresista Raúl Grijalva ha tenido el cuidado de mirar qué es lo que está pasando con la implementación de la Promesa, sino que ya se está extendiendo a otros círculos políticos.

“Para mí lo más significativo es que hay dos senadores que están suscribiendo esta petición y dos de ellos son precandidatos demócratas a la presidencia. Esto implica que este problema de Puerto Rico puede llegar a niveles de debate en la campaña de la presidencia de Estados Unidos. Ya toda esa información de cómo la Junta está implantando Promesa no la pueden manejar, ocultar. Ha llegado a unos niveles de divulgación bien importantes”.

Aclaró que, no obstante, la carta de Sanders y Ocasio y firmada por otros cerca de 34 congresistas no impone una obligación de ley a la Junta a que conteste todos los cuestionamientos. “Ese es uno de los problemas que tiene la carta. No es una acción congresional, es una acción de individuos que pertenecen al Congreso. Si fuera una comisión o si fuera una o ambas cámaras tendría fuerza de ley y la Junta tendría que cumplir. Uno de los riesgos que hay aquí es que la Junta la ignore”.

Aun así Emmanuelli Jiménez considera que sería perjudicial para la Junta ignorar la carta en particular porque la Junta se encuentra en receso y no contestar daría la impresión de cómo es que ellos manejan estos requerimientos.

Esta no es la primera carta que recibe la JCF de parte de Congresistas, en donde se cuestionan sus procedimientos y se habla de posibles enmiendas a la Ley Promesa.

“Yo opino que en realidad Promesa no es enmendable, Promesa lo que requiere es derogarla. De ninguna manera que le pongan un parchito aquí y otro acá. Promesa tiene unos problemas sustantivos que son más importantes y es que, obviamente, violenta los derechos humanos de los puertorriqueños al privarle de los derechos políticos, que aunque muy reducidos bajo la Ley 600, existían al momento de aprobarla. Ahora los siete procónsules que están ahí sin ningún tipo de responsabilidad democrática están administrando el país y eso no hay quien lo dude ya”, manifestó Emmanuelli Jiménez.

Se supone que este 15 de octubre se celebre la vista ante el Tribunal Supremo de EE. UU. respecto a la decisión del Primer Circuito de Boston que declaró inconstitucionales los nombramientos de la Junta. Hasta ahora los miembros de la Junta están en el limbo porque el presidente Trump no ha enviado las nominaciones al Senado. Si el Tribunal coincide con el Tribunal de Boston y Trump no envía nominaciones habría una pausa en la que no habría Junta. Aun de ocurrir esta determinación el representante legal de la UTIER que logró que el caso llegara al Tribunal Supremo aclaró que no se podría demandar a los miembros de la Junta, ya que estos tienen inmunidad por la Ley Promesa, y el caso lo que atiende es los nombramientos y no la constitucionalidad de la ley.

En entrevista por separado, la coordinadora del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda (FCAD), licenciada Eva Prados Rodríguez, expresó sobre la carta que le parece importantísimo resaltar que los mismos congresistas están reconociendo el impacto tan terrible que están teniendo las acciones de la Junta en el pueblo de Puerto Rico.

“La Junta está ahora en campaña, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, para detener todas estas movidas, como la de Grijalba, que va a tener vistas públicas sobre la Junta ahora en octubre, y hay varios legisladores que están considerando un proyecto de auditar la deuda y enmiendas a Promesa. La Junta está haciendo una campaña para decirle al Congreso que no tiene que actuar, que todo está bien, para demostrar que no hay porque legislar o actuar sobre ellos”, denunció.

La licenciada Prados Rodríguez destacó que la Junta no está respondiendo absolutamente a nadie, por lo que es importante que se resalten todas las acciones que se están tomando. Una de estas, denunció, es que ahora mismo la Junta dice que con el informe Kobre & Kin se auditó la deuda.

“Al contrario, con el informe de Kobre and King, en el mismo contrato dice que no era una auditoría, pero la Junta ha insistido en que sí”. La activista en favor de una auditoría forense de la deuda reiteró que la Junta ha perdido legitimidad aquí en Puerto Rico y también ha perdido poco a poco apoyo en el Congreso, aunque es obvio que es más entre los demócratas.

En cuanto a la cifra del presupuesto de la JCF, Prados Rodríguez afirmó que esa cifra pone en duda la realidad de la quiebra, por lo que insistir en los recortes a las pensiones, municipios y servicios esenciales para nada se justifica.

Carlos, en tu cumple

Por
Alida Millan
-

A mí me gusta  celebrar cumpleaños, a diferencia de Carlos Gallisá, que cada vez que se acercaba la fecha de su cumpleaños no había quien le bebiera el caldo.

Sin embargo, si alguien podía pregonar su edad a los cuatro vientos era él, como bien nos dijeran Rafael Cancel Miranda y Angie Vázquez cuando Carlos murió “nos toma de sorpresa porque no lo vimos envejecer”. Ciertamente a pesar de su enfermedad Carlos mantuvo su gallardía, su alegría y sus ganas de vivir prácticamente hasta el final.

Este es el primer cumpleaños que no podemos celebrar con su presencia, pero hay tantas cosas que lo mantienen vivo. En las próximas páginas encontrarán una entrevista realizada por nuestro compañero Iván Figueroa Luciano a Carlos para el suplemento En Rojo hace veinticinco años. Para esa época (1994) Gallisá era el director del periódico y conversó de lo que significa CLARIDAD para Puerto Rico.

Aquí seguimos recordándolo como si fuera a entrar a cualquier dependencia del periódico.  ¡Venceremos!

Alida Millán Ferrer

Directora

Tiros de cámara y pistola

Por
reinaldo-perez-ramirez
-

Especial para CLARIDAD

“Poco a poco las cosas siguieron empeorando
hasta olvidarnos del significado de lo escrito…

encerrar el pasado, aunque sea en un cuaderno,
es otra forma de suicidio… Con un tiro hubiera bastado.”

Desmemoria, Vladimir Bermúdez García
Los Nuevos Caníbales

Antología del microcuento del Caribe Hispano

 

Con un tiro al cuello bastó. Al cuello de la chica. Quien fue imputado de disparar –sabrá nadie nunca por qué lo hizo– hubiese hoy  querido enterrar ese pasado inmediato y sangrante, olvidando el significado de lo escrito y transmitido en imágenes por una prensa con pretensión de adalid  de la transparencia mediática.
El poder de los medios –sobre todo el de la imagen en la televisión y las redes sociales– se ha convertido en el engendro deforme de una transparencia falaz, descontextualizada, que amenaza con destruir un estado de derecho venido a menos, menguado por la cada día más prevalente visión farandulera  de los procesos judiciales. La ubicuidad de la imagen televisiva, con prensa de pobre calado comentando superficialidades de acuerdo a la demanda liviana de audiencias que no entienden –porque no se espera que lo hagan– no constituye una transparencia real. Es pura manipulación mediática.

El cuarto poder impreso y televisivo, así como las redes sociales sin filtro, amenazan con destruir los procesos judiciales. No ayuda el que el Tribunal Supremo de Puerto Rico permita convertir en espectáculo el complejo proceso de una vista judicial cual novela turca, en la que la gente observa lo que no conoce y lo trivializa con memes y comentarios. Parten de emociones que –acertadas que fueren, si lo fueren– no aplican a toda situación jurídica posible. No se quiere entender ni se acepta la importancia que exige el proteger las garantías de un proceso que supone y requiere ser aséptico, neutral, para cuando nos toque a uno de nosotros o a uno de los nuestros, aunque ello no ocurra nunca. El asesinato de la presunción de inocencia debería constituir un crimen de lesa humanidad.

Los abogados tenemos la obligación de defender el derecho a que nadie sea juzgado por emociones, por genuinas que se sientan y por correctas que se asuman las intuiciones que las originan. El hecho es que estas suelen ser unívocas, implacables, intransigentes, tiránicas. No permiten la existencia de la duda, que como sabemos, es el fundamento de todo conocimiento. Los periodistas y los medios para quienes trabajan deberían tener la misma obligación.

En Fajardo, en días recientes, en el país, en la televisión, la radio y en las redes sociales, asistimos durante un par de semanas al escenario ominoso de un fracaso de la justicia. No de la justicia particular que será aplicada sin duda al cerrajero proclamado asesino de la chica con un tiro al cuello de ésta motivado por una banal disputa por un teléfono móvil y supuestamente alentado por una acompañante. La culpabilidad del hombre ya ha sido adjudicada. Todos aplaudirán como focas contentas.

Pero el disparo al cuello del proceso judicial diseñado para garantizar el derecho de cualquiera de nosotros a la presunción de inocencia quedará impune. Desangrado, sin testigos, sin prensa amable que lo cubra y sin abogados que lo defiendan, sucumbirá sin fotos ni artículos de fondo. Llegará a ciencias forenses a hacer el último en la larga fila de cuerpos descompuestos y -si tiene la suerte de que se le practique la autopsia- probablemente nadie reclamará su cadáver.

Comentarios a: rei_perez_ramirez@yahoo.com

“Las acciones de la Gobernadora no van con su palabra”

Por
giancarlo-vazquez-lopez
-

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Hasta el presente, el Comité Oficial de Retirados (COR) ha facturado sobre $18 millones del dinero público en servicios legales por su participación en los litigios de quiebra y lo único que ha hecho es negociar con la Junta de Control Fiscal (JCF), que en lugar de un recorte de 20% de las pensiones, el recorte sea de un 8.5%. El impacto mayor lo recibirá el magisterio, cuyas pensiones sean sobre $1,200, pero que no reciben Seguro Social. Se estima que un 74% de los maestros retirados va a recibir recortes.

Así lo denunció a CLARIDAD la portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoria de la Deuda (FCAD), licenciada Eva Prados Rodríguez, días antes de que la Junta de Control Fiscal anunciara la radicación del Plan de Ajuste de Deuda. Al menos hasta el momento del anuncio del plan la gobernadora Wanda Vázquez Garced no había contestado una solicitud de reunión de los diversos grupos de pensionados. Prados Rodríguez criticó que la Gobernadora sí se ha reunido con la JCF y con el COR.

“Ese es uno de los reclamos. Por más que ella diga públicamente que va a proteger las pensiones, que para ella son una prioridad, sus acciones no van con su palabra”.

El viernes en la tarde la gobernadora en un mensaje dirigido al país expresó su apoyo al Plan de Ajuste de Deuda presentado por la JCF. Según ella, está convencida de que “la mejor alternativa en esta encrucijada es considerar la aprobación del plan de ajuste fiscal que ha sido presentado hoy por la Junta de Supervisión Fiscal”. También afirmó que el proceso del plan de ajuste fiscal continuará en el Tribunal Federal y que estará “muy vigilante a siempre procurar el mayor beneficio para los pensionados y para el pueblo de Puerto Rico”.

Por su parte, Prados Rodríguez señaló a CLARIDAD que son falsas por completo las declaraciones del portavoz del COR Miguel Fabre Ramírez de que el acuerdo no necesita legislación. Indicó que la Ley Promesa dispone que para que se pueda aprobar un ajuste de deuda el plan tiene que tener una ley habilitadora. “Así que ese argumento de que van a llevarle todo a la juez y que es ella quien va a decidir imponer el recorte a las pensiones no es así. Promesa exige a la juez la legislación, por eso es importantísimo que tanto la Legislatura como la Fortaleza se mantengan pidiendo a la Junta que se busquen alternativas para evitar el recorte a las pensiones”.

La coordinadora del FCDA reveló que hasta ahora han tenido reuniones con algunos legisladores. Critic que el COR se harta de decir que les lleven alternativas, pero no se reunieron con la Legislatura y tampoco se reunieron con el pasado gobernador. Pero ahora prefieren reunirse con la Junta, aun cuando los legisladores han demostrado apertura.

Reaccionan los maestros

La Federación de Maestros de Puerto Rico (FAPR) es una de las primeras organizaciones sindicales en reaccionar sobre el acuerdo. Un nutrido grupo de maestras y maestros protestó el domingo frente a La Fortaleza.

“La gobernadora Wanda Vázquez Garced le dio la espalda a los empleados públicos al respaldar los intentos de la Junta de Control Fiscal de recortar las pensiones vigentes a los jubilados y dejar sin retiro a los activos” afirmó Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación, a la vez que hizo un llamado al magisterio a votar en contra de cualquier acuerdo que no proteja las pensiones.

En conferencia de prensa este domingo, la presidenta de la FMPR calificó de contradictoria la postura de la Gobernadora de oponerse a los recortes en las pensiones, pero a la vez asegurar que la mejor alternativa en esta encrucijada es la aprobación del Plan de Ajuste Fiscal, que dispone reducciones de un 8.5% en las pensiones mayores de $1,200 mensuales. “La Gobernadora se burla de nuestros jubilados y jubiladas y se desenmascara como un instrumento más de las políticas de austeridad contra los ciudadanos”, criticó Martínez Padilla.

En el caso de los maestros, la Federación explicó que las propuestas de la JCF incluyen recortar en un 8% las pensiones mayores de $1,200 mensuales, aumentar la edad de retiro y eliminar las pensiones vitalicias a los trabajadores activos cuando se retiren. Se estima que el 74% de los jubilados se verá afectado. Los activos recibirán una pensión al momento de retirarse de solo el 40% de sus sueldos, lo que representa una reducción del 35% de lo que tienen derecho actualmente.

“Este acuerdo incluso no garantiza una estabilidad en las pensiones de los jubilados del país. Varios economistas han planteado que las condiciones impuestas para el pago de la deuda implicará que al cabo de pocos años se registrará una nueva quiebra y se impondrán nuevos recortes”, aseveró Martínez Padilla.

La Federación también dejó claro que el Plan de Ajuste Fiscal fue sometido por la Junta al Tribunal Federal; pero no ha sido aprobado. El plan requiere que se realice una votación sobre las medidas para recortar las pensiones a los jubilados y que la jueza Laura Taylor Swain lo apruebe. En ese proceso el plan estará sujeto a múltiples enmiendas, como ocurrió en el caso de la quiebra de la ciudad de Detroit. “Esto permite que organicemos la resistencia y nos preparemos para que el país desarrolle una lucha capaz de derrotar las propuestas que buscan sumirnos en la pobreza”, explicó Martínez Padilla.

“Atropello criminal”

El senador por el Partido Independentista Puertorriqueño PIP) Juan Dalmau Ramírez, calificó el acuerdo como un atropello criminal, que penaliza a quienes menos culpa tienen, mientras protege a los especuladores buitres y a los funcionarios responsables de la deuda.

En conferencia de prensa el pasado lunes los legisladores del PIP junto a sus comisionados electorales reiteraron que el recorte de pensiones impuesto por la JCF y aceptado por la gobernadora, “empobrece injustamente a los jubilados sin que represente un alivio real al problema de la deuda, que continúa siendo insostenible, a la vez que descarta la posibilidad de generar ingresos de fuentes ya identificadas, como la piñata de beneficios contributivos, que significa para el país el dejar de percibir 20 mil millones cada año. Ahí está el dinero para Centro Médico, para Educación Especial, para la Universidad y para las pensiones”.

La vicepresidenta del PIP, licenciada María de Lourdes Santiago, indicó que el plan, en primer lugar, había que verlo en su justo contexto, ya que los pagos a los que nos obliga el Plan de Ajuste atienden solo la deuda del Gobierno Central, por lo que se suma a los onerosos acuerdos de COFINA y de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) ya aprobados, y que, como han señalado economistas de renombre, sigue imponiendo una carga insostenible, que no se va a poder pagar. “Las renegociaciones no son el ‘fin de la quiebra’; son el empujón a una segunda quiebra”, indicó.

Mientras, el comisionado electoral alterno, Adrián González, señaló que, aun dentro del complejo escenario fiscal existen iniciativas que pudiera asumir el Gobierno de Puerto Rico, que de manera inexplicable se han descartado. Según expuso, el Departamento de Hacienda ha admitido que cada año concede $20,614 millones en incentivos, exenciones y créditos contributivos, de los cuales $16,000 millones son a corporaciones. Con la recuperación de apenas un 10% de esa cantidad, el país no tendría que recurrir a medidas de austeridad como el recorte de pensiones.

El portavoz en la Cámara, Denis Márquez, denunció que el Plan también incluirá un recorte de $7,300 millones para acreedores no asegurados, como pequeños y medianos comerciantes puertorriqueños suplidores del gobierno y para sentencias adjudicadas contra el Estado Libre Asociado (ELA) por violación de derechos civiles y laborales. “Son miles de millones de dólares que no hay duda de que se le deben a puertorriqueños que proveyeron bienes y servicios o que sufrieron daños causados por el Estado, pero terminarán cobrando menos que ciertos especuladores”.

Los legisladores del PIP anticiparon que se opondrán a toda iniciativa legislativa que pretenda viabilizar el recorte de pensiones.

Este lunes miembros del Frente Ciudadano, de Construyamos Otro Acuerdo (COA), y la FMPR realizaron un cacerolazo, frente a la casa de José B Carrión, mientras retirados de la Universidad de Puerto Rico protestaron frente a la Fortaleza.

Editorial: Un plan injusto contra nuestro pueblo 

Por
editorial
-

“Este es el comienzo del final de la bancarrota de Puerto Rico”, anunció pomposamente el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión III, al resumir para la prensa y el País lo que es el plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico que el organismo se propone presentar y defender ante el tribunal que atiende los casos de Título III de PROMESA, presidido por la Jueza Laura Taylor Swain. Las expresiones de Carrión implicaron un ánimo celebratorio. Muchos medios de prensa, siguiéndole la corriente, intentaron presentar el plan bajo una luz positiva. “Un punto de inflexión”, “una nueva era”, o hasta “un paso histórico para Puerto Rico” fueron algunas de las frases rimbombantes utilizadas en los partes de prensa y en las expresiones entusiasmadas de ciertos analistas. Hasta Moody´s Investors Services, la casa acreditadora que desató la debacle, degradando los bonos de Puerto Rico a chatarra, catalogó la propuesta de la JCF como “un paso importante” para la reestructuración de la deuda. Todo un tinglado que prueba que- al grito de Moody´s y compañía- comenzarán a alinearse los planetas del mundo financiero para lanzarse nuevamente como aves de rapiña sobre Puerto Rico, tan pronto se decrete su regreso a los mercados de capital.

El plan incluye el anunciado golpe a nuestros pensionados. Comencemos por lo obvio. Un país donde el 60% de sus retirados del servicio público reciben pensiones de menos de $1, 200.00 al mes es una vergüenza. Además, es un brutal indicador de dónde están las prioridades de los que gobiernan y hacen planes económicos y fiscales para Puerto Rico. Ni $1,200 al mes alcanzan, ni $1, 800 tampoco, porque el costo de vida se come sus pensiones y los deja mensualmente deshojando la margarita para decidir cuáles de sus gastos pagar y cuáles aplazar hasta el próximo mes. Quitarle $50 o más de su pensión a un retirado boricua para pagárselos a un bonista multimillonario es un crimen de lesa humanidad. Nunca como hoy había sonado más trillada e hipócrita la frase de “que todos tenemos que hacer un sacrificio para pagar la deuda”. El 90% de los pensionados de Puerto Rico llevan décadas haciendo sacrificios, primero, porque no se les pagó lo justo cuando trabajaban, y ahora, porque se les quita de lo poco que les corresponde en su retiro. Claro que esto no lo viven Carrión, ni Jaresko, ni los demás encumbrados miembros de la JCF, ni tampoco su corillo de consultores, abogados y alcahuetes. A quienes toman las grandes decisiones a nombre de un pueblo que ni siquiera los eligió, por qué habrían de importarle las penurias de nuestros pensionados del servicio público.

El propuesto plan de ajuste se presenta también bajo un manto de gran incertidumbre sobre el futuro económico de Puerto Rico. No hay una sola medida importante de desarrollo económico que la JCF haya impulsado para nuestro país, y en seis meses, el gobierno de Puerto Rico deberá presentarle al Tesoro de Estados Unidos su plan para sustituir el impuesto de 4% que pagan las empresas foráneas. Esto representaría $2mil millones, o un 20% de reducción en los recaudos actuales del fisco. Los dos partidos que se han turnado el poder, y el liderato político y del gobierno, están secos de ideas. Su gran estrategia económica- tanto del PNP como del PPD- es seguir ahondando la dependencia feroz que tiene nuestro pueblo de los fondos del gobierno de Estados Unidos. Ya todos y todas en Puerto Rico sabemos hasta dónde nos ha traído esa dependencia.

Puerto Rico necesita un cambio de paradigma que derrote la dependencia y el pesimismo. No habrá desarrollo económico sostenible para Puerto Rico con Ley PROMESA, ni con JCF, ni con leyes de cabotaje, ni con la subordinación de nuestros intereses a los del Congreso o el Presidente de Estados Unidos. El coloniaje nos amarra, nos destruye y permite planes injustos contra nuestro pueblo como el que acaba de aprobar la Junta de Control Fiscal con el aval de este gobierno anexionista.

1...1.3421.3431.344...1.870Página 1.343 de 1.870