Por Manuel de J. González/CLARIDAD
A finales de 2019 se cerró en España el monumento más grande al “generalísimo” Francisco Franco. Con cautela y vigilancia extrema sus restos fueron removidos del “Valle de los Caídos”, el mausoleo que él mismo se preparó. Habían trascurrido 44 años desde la muerte del dictador y 41 desde la aprobación de una constitución que inauguró la monarquía parlamentaria. Durante 22 de los 44 años trascurridos el gobierno estuvo controlado por los socialistas, pero fue el último de sus tres presidentes, Pedro Sánchez, quien se atrevió a remover la momia de Franco de su mausoleo. Los que le precedieron ni siquiera lo intentaron.
La explicación para que se tuviera que esperar tanto tiempo es que el franquismo no terminó con la muerte su creador. La variante del fascismo que él personalizó siguió controlando las instituciones coercitivas del estado y cautivando a un sector significativo de la sociedad española. Sus herederos políticos suavizaron un poco las consignas y escondieron algunos símbolos, pero la ideología sobrevivió con mucho de su poder intimidatorio. Por eso, a pesar de los avances, acercándonos al medio siglo de la muerte del dictador, todavía quedan numerosos nombres y monumentos repartidos por España.
Lo que sucedió y sucede en España con los monumentos que aplauden las figuras y fechas del franquismo, ocurrió en grado aún mayor en Estados Unidos con los símbolos del esclavismo y el racismo. Y por la misma razón.
Las fuerzas supuestamente derrotadas en la guerra civil que terminó en 1865 debieron soportar, tras la derrota militar, que se aprobara una enmienda constitucional aboliendo la esclavitud y alguna legislación protectora de la población negra. Después de esos cambios formales, poco a poco fueron retomando las instituciones de poder en los antiguos estados confederados. Ese proceso se agudizó posterior a 1870 cuando los ejércitos de la Unión terminaron por retirarse del sur. Entonces, una vez los supuestamente derrotados retomaron el control de los gobiernos sureños, se produjo la virazón.
Una de las peores manifestaciones de esa retoma del poder fue el nuevo marco legal creado a partir de 1870, conocido en Estados Unidos como “las leyes de Jim Crow”, recordando un personaje de comedia que se burlaba de los negros. Pero lo que ocurrió a partir de entonces no fue una mera burla teatral, sino la creación de una cruel estructura legal que formalizó, no ya el discrimen, sino el sometimiento abusivo de la antigua población esclava y sus descendientes.
Aquella estructura que legalizó la barbarie ha ido trabajosamente cambiando desde mediados del siglo XX, cuando el Tribunal Supremo ilegalizó la segregación racial escolar en Brown v. Board of Education (1954). Luego hubo que esperar otros 13 años para que el mismo tribunal invalidara la legislación que prohibía y convertía en delito el matrimonio entre una persona negra y una blanca. Esas decisiones, junto a la legislación federal que se aprobó a partir de 1964, fueron poco a poco desmantelando las “leyes de Jim Crow”, creando un marco estatutario más humano. Pero ninguna legislación sirve para erradicar el racismo y el odio. Este sigue muy vivo en una gran parte de la población blanca que controla las estructuras de poder, y se manifiesta en abusos policiales y en discrimen más o menos encubierto.
Ese control es lo que explica que 155 años después de concluida la guerra civil permanezcan repartidos por Estados Unidos 772 monumentos que “honran” a quienes provocaron el conflicto buscando mantener la esclavitud. Esa enorme cantidad de estatuas y obeliscos está repartida por 23 estados, además de la propia capital federal. Tres estados – Georgia, Virginia y Carolina del Norte- tienen 300 de esos monumentos. Pero, tal vez peor que esas alabanzas pétreas, son las más de cien escuelas con el nombre de Robert Lee, jefe de los ejércitos confederados, o Jefferson Davis, presidente de la Confederación, repartidas por esos estados. Muchos de los que van a esas escuelas son descendientes de los esclavos que Lee y Davis trataron de conservar como tales.
Luego de que en 2015 un supremacista blanco asesinara a 9 personas negras en una iglesia de Charleston, surgió un movimiento exigiendo la remoción de esos monumentos. Para entonces había cuatro estados sureños que habían aprobado legislación prohibiendo tal acción. La respuesta al reclamo fue que otros dos, Alabama y Carolina del Norte, inmediatamente se les unieron.
Esa larga lista de estatuas, obeliscos y nombres de escuelas – que aplauden el racismo oficial – son las que se han convertido en objetivo de la oleada de protestas que recorre Estados Unidos. A ese reclamo se une el rechazo a otras figuras que promovieron el abuso, como el expresidente Woodrow Wilson, abierto defensor del Ku Klux Klan.
Como sucede con frecuencia en los movimientos reivindicatorios, en esa campaña de sanación que se da en Estados Unidos hay excesos injustificados, pero no es en esas excepciones en las que hay que poner el énfasis, sino en los 772 bochornosos monumentos que siguen en pie. Por eso resulta lastimoso, para decir lo menos, que una escritora y columnista de El Nuevo Día, Mayra Montero, dedique un largo artículo a criticar con sorna que alguien en California pintara un busto de Miguel de Cervantes. Esa acción, obviamente condenable, no es el asunto que debemos destacar, lanzándolo contra el movimiento esperanzador y liberador que recorre Estados Unidos.
Quedan en pie 772 afrentas a la población negra, casi todas protegidas por el mismo tipo de legislación de la “era de Jim Crow”, y al menos cien escuelas donde obligan a los niños a llevar en el pecho a un renombrado racista. Ese es el problema y no el busto de Cervantes que alguien pintó. Ya es hora de terminar con esa anomalía histórica, como finalmente hicieron en España con el mausoleo de Franco.
