Por Cándida Cotto/CLARIDAD

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“Aquí las victimas estamos solas”.

A Margarita Castellanos le mataron a uno de sus hijos hace cuatro años. De hecho, el mismo día en que accedió a la entrevista con este semanario se cumplían los cuatro años durante los cuales la Policía no ha radicado nunca cargos contra nadie. A los dos meses de la muerte de su hijo, Castellanos reconoció que necesitaba ayuda y, luego de una búsqueda, se encontró con la Alianza para la Paz Social (ALAPAZ).

En ALAPAZ recibió servicios de psicólogos y ha compartido con grupos de apoyo que le han ayudado a sobrellevar el cúmulo de sentimientos que puede generar el hecho de que el asesinato de su hijo sigue impune.  “En ALAPAZ estamos tratando de luchar y tratando de cambiar el dolor. ALAPAZ ha sido vital para mí”.

Castellanos, quien ahora es voluntaria en ALAPAZ, confirma el rechazo de la organización al proyecto que permitiría que personas convictas por jurado, cuya votación no haya sido unánime, puedan solicitar un nuevo juicio. “El juicio no nos va a devolver a nuestros seres queridos, pero hay un responsable. El revivir esos juicios…¡aquí las victimas estamos solas!”, expresó.

La fundadora de ALAPAZ, Mayra Rivera, cuya hija fue asesinada en junio de 1998 y que, al igual que en el caso de Castellano, nunca se ha procesado a nadie por los hechos, en tono severo e indignado denunció que en Puerto Rico más del 50% de los casos de delitos no se esclarecen.

“Aquí hay una impunidad rampante. Entonces, de los pocos que se esclarecen, si son juzgados, si son sentenciados y van a prisión, ahora, de esos pocos, también los quieren sacar a la calle”, denunció Mayra Rivera. Añadió que no es solo los pocos casos que se esclarecen, sino que incluso en ALAPAZ han tenido conocimiento de que ha habido veces en que la Policía no ha querido tomar querellas. “Hemos tenido casos en donde hemos tenido que insistir en que la Policía coja la querella porque no quieren, porque si no hay querella no se contabilizan”. Eso significa que hay más víctimas de delitos que los casos reportados.

Agregó que en repetidas ocasiones ALAPAZ ha planteado que en Puerto Rico se debe hacer lo que se llama una encuesta de victimización. Esta es una medida que se hace en otros países cada dos años, incluso en Estados Unidos, debido a que esa es la manera de tener un diagnóstico real de la situación de criminalidad en el país. Observó que hay muchos delitos contra la persona como la violación, el maltrato de menores, que por diversas razones las personas no los denuncian, hasta de robo y escalamiento, en que la persona dice que no va a perder el tiempo con la Policía.

Sobre las participantes de ALAPAZ  cuyos casos no han recibido “justicia”, Rivera comparó: “Es un poco así como para las Madres de la Plaza de Mayo, en el sentido de que si el caso de una de nosotras se esclarece, nos sentimos que el caso de nosotras también. Si se hace justicia para una, se hace justicia para todas. Obvio, que queremos que se haga justicia para cada una”.

Rivera, quien estuvo presente en la vista pública que celebró la Comisión de lo Jurídico de la Cámara que preside la representante María Milagros Charvonier afirmó que desde antes de entrar ya tenían información de que la presidenta de la comisión había dicho que el proyecto se iba aprobar con enmiendas.

“Era evidente que entramos a hablarles a unas personas con decisiones tomadas, pero a base de los argumentos que presentamos pienso que hay algunos que nos escucharon con respeto y nos dieron las gracias. Pero de parte de Charbonier no vimos sensibilidad. Lo que ha hecho después es tratar de desviar el tema”, denunció.

La portavoz de ALAPAZ censuró que la presidenta de la comisión haya tratado de desviar el tema y buscar un tercero a quien echarle la culpa, como al Departamento de Justicia y el Programa de Apoyo a Victimas, diciendo que no han sido eficientes y que iba a buscar más fondos para las víctimas.

“Eso me parece una falta de respeto indignante porque aquí no estamos hablando de que nos quiera comprar nuestras conciencias, nuestras vidas y seguridad. Es como ponernos un precio: mira, aprobamos el proyecto, mataron a sus hijos y les damos dinero; que haya alguien que les dé asistencia, les pase la manito, como si eso fuera remedio”, reprobó Rivera indignada.

La activista recalcó que el daño a las víctimas que representa el proyecto va a ser irremediable. “Esa es una violación también a la dignidad del ser humano y a la vida, que es otro derecho fundamental. Porque aquí estamos hablando de testigos que fueron amenazados, testigos que han sido amenazados por personas que están presas y de víctimas que han sido amenazadas. Estamos hablando de que si es cierto que hay un derecho fundamental a la libertad y a la presunción de inocencia también hay derecho a la libertad, a la vida, la seguridad y la dignidad del ser humano que cobija a las víctimas. No; es que nos están violando nuestros derechos”.

 La posición de ALAPAZ

La fundadora de ALAPAZ sostiene que la Legislatura tiene que legislar para todo el mundo y ser equitativa, por lo que no puede causar daño a un sector de la población por beneficio de otro. ALAPAZ no se opone al derecho fundamental del juicio por unanimidad, sino a que este sea retroactivo.

Rivera también rebatió el argumento de los defensores del proyecto de unanimidad en los veredictos  de que las decisiones de los jurados 9 a 3 signifiquen que en esos juicios hubo tres que dudaron: “Eso no es cierto, eso es totalmente errado, equivocado”. Trajo el ejemplo de un caso de asesinato en donde la persona confiesa el crimen, incluso ante las cámaras de televisión, y el veredicto fue 9-3. “Eso se debió a que el jurado tenía dudas de si era en primer o segundo grado el asesinato; pero jamás dudó de su culpabilidad”. La confusión partió de que la persona hizo cinco declaraciones juradas y en todas confesaba el crimen. Las diferencias entre las cinco eran las excusas de por qué la había matado.

“Ese es un caso que si se reabre y el jurado tiene la misma duda, esa persona podría salir a la calle. Lo sabemos porque nos lo han dicho, que el jurado hace el 9-3 por miedo; si los amenazan es una protección, y lo hacen de común acuerdo entre ellos mismos”.

Otro punto que trajo a consideración es el hecho de que en 48 estados ha existido siempre la unanimidad y eso no ha evitado que se hayan cometido errores. Explicó  que ahora mismo en Estados Unidos hay más de 235 mil personas en las cárceles que se cree son inocentes por un veredicto unánime de un jurado prejuiciado.

“La garantía de que con un jurado unánime no se va a cometer un error no existe. Los errores los va a haber siempre; son jurados de gente blanca contra personas de la comunidad negra. Aquí puede haber una alta probabilidad de que el jurado también esté lleno de prejuicios. Eso no es garantía de nada”.

Rivera reconoció que no descarta que en un proceso pueda haber errores y que haya algunos inocentes que aunque hayan tenido acceso a todos los derechos han salido culpables, como también ha habido culpables que habiendo la prueba de testigos han salido inocentes.

De una trabajadora social

En entrevista por separado, una trabajadora social con experiencia en el Programa de Ayuda a Victimas del Departamento de Justicia también censuró que el proyecto sea una violación al derecho de las víctimas, a la luz de la Carta de Derechos, que dice que una persona víctima de delito no puede ser revictimizada. Este programa ofrece de protección y apoyo emocional a víctimas de delitos graves. A veces se hacen excepciones dependiendo de si la víctima a su vez es testigo o si se trata de un menor de edad.

“Los casos más fuertes son los de abuso sexual, accidentes fatales de tránsito con conductores ebrios, violencia doméstica y los asesinatos; estos son los más que nos preocupan. En la mayoría de estos casos, usualmente testifica el sobreviviente en los casos de asesinato y tentativa de asesinato. En otros casos, si la familia estuvo presente también testifica. Es bien doloroso, unos tienen que irse de Puerto Rico, otros cambian su identidad para poder vivir tranquilos y en paz”.

Por lo regular, una de las mayores preocupaciones de los testigos —indicó la fuente— es que algún familiar o amistad del convicto les pueda hacer daño.

Una de las preocupaciones más grandes que dijo tienen tanto las víctimas como los fiscales y  trabajadores sociales con respecto a la medida es la seguridad de las personas sobrevivientes y sus familiares ante la posibilidad de que los responsables salgan de prisión y vuelvan a cometer más delitos. En cuanto a las víctimas que son testigos destacó el trabajo que cuesta la reposición emocional.

“Para lograr que una víctima se siente a testificar, la mayoría de las victimas primero tienen que pasar un proceso de terapia psicológica que puede tomar varios meses. Hay niños y víctimas que les puede tomar más de un año el poder estar capacitado para testificar. Imagínate, hay casos que ya los sentenciaron 10 años atrás, cuatro años atrás, que esa persona está completamente repuesta. Los familiares volverían a ese proceso. Eso es revictimización, que es una de las garantías de la Carta de Derechos”, insistió.

La trabajadora social también sostiene la tesis de que los jurados, en casos de asesinato, por lo regular no votan unánime, ya que es una manera de cuidarse. Si la votación es 9 a 3 puede ser que a esos tres no les convencieron; pero cuando es 11 a 1 no es que ese uno no creyó, sino que eso fue para cuidarse. Aunque hizo la salvedad de que no hay prueba documental, dijo que son pocas las veces que un caso de asesinato se gana por unanimidad. Sí se han emitido decisiones unánimes, pero en otros tipos de delitos.

Más allá de rechazar como profesional y ciudadana el proyecto, la trabajadora social hizo referencia a la ejecutoria como fiscal de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced: “Si ella se respeta, no debería firmarlo. La mayoría de los casos de abuso sexual que hubo desde el año 94, como hasta el 2013 a 2014, fueron bajo su dirección. En la División de Maltrato de Menores de Abuso Sexual fueron llevados por ella. Ella era de los fiscales que veía los casos, que no hacía ningún tipo de arreglo. Ella sinceramente dio el corazón con las víctimas, el compromiso era genuino. Si ella firma eso, no sirve como ser humano, murió para la sociedad para la sociedad de Puerto Rico. La mayoría de las víctimas y testigos que ella representó la adoran porque los defendió con garras y dientes. La posición no es fácil; pero si ella es una mujer íntegra, este es el momento de demostrarlo”.