Inicio Blog Página 1362

Un retroceso de 102 años

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Cuando en marzo 1917 Estados Unidos compró las Islas Vírgenes, entonces conocidas como Indias Occidentales Danesas, cuatro meses antes se celebró un referéndum. Pero aquella consulta no fue para que los habitantes de la isla decidieran, ellos solos, de si querían ser vendidos. La votación fue para preguntarle a los dueños, los daneses, si querían vender. La opinión de los más de cien mil habitantes de las islas caribeñas importaba poco. Dinamarca, un imperio que, aunque nunca fue grande, entonces estaba en plena decadencia, aceptó vender sus posesiones antes de que alguna de las potencias beligerantes de la Primera Gran Guerra se apoderara de ellas.

Cincuenta años antes, en 1867, Estados Unidos había comprado la enorme península que pasó a llamarse Alaska a otro imperio que ya declinaba, el ruso. Entonces tampoco importó la opinión de los aproximadamente 50 mil indígenas esquimales (realmente nadie sabía cuántos de verdad eran) que la habitaban, ni siquiera la de los descendientes rusos que se habían asentado en el territorio. Igual que Dinamarca, Rusia se apresuró a disponer de su posesión porque temía perderlo ante su enemigo del momento, los británicos.

Poco más de seis décadas antes de adquirir Alaska, en 1803, la joven república estadounidense (que ya soñaba con un futuro imperial) había dado un gran palo adquiriendo una enorme extensión de terreno conocida como la Luisiana, a otro imperio que muy pronto sería decadente: la Francia napoleónica. Napoleón realmente no quería vender su gigantesca posesión porque estaba en la plenitud de su sueño imperial, pero otra vez intervino el miedo a los británicos que ya se asomaban por Nueva Orleáns. Además, quince millones de dólares en monedas de oro no vendrían mal para equipar el gran ejército que durante la próxima década marcharía por Europa.

En los tres casos antes mencionados, igual que en otras transacciones similares que registra la historia, tanto para el vendedor como para el comprador fue una mera operación inmobiliaria. La compraventa de países se hacía como cuando se vende una finca. De hecho, ninguno de los ejecutores de las transacciones se detenía a considerar que se estaba vendiendo a un país o un pueblo, sino simplemente un “territorio”. Quienes lo habitaban no contaban. En la llamada Luisiana –que se extendía desde el Golfo de México hasta los Grandes Lagos y de donde eventualmente saldrían 10 de los estados que ahora forman parte de Estados Unidos– vivían cientos de miles o tal vez millones (otra vez, nadie sabe cuántos eran) de personas que para los ejecutores de la compraventa no eran tales. Para quienes firmaron el contrato eran “salvajes” incapaces de siquiera forjar alguna opinión, población sin futuro a los que no había que tener en cuenta.

La última de las transacciones que menciono, la de las Islas Vírgenes, ocurrió hace 102 años y en medio de la Primera Gran Guerra, cuando las preocupaciones estratégicas de los países se vuelven apremiantes. Entonces pocos protestaron, pero ¿qué tal si ese tipo de compraventa se produce ahora, en pleno siglo XXI?

En esos 102 años han ocurrido muchas cosas. La Primera Gran Guerra, que se peleó luego de que los países de Europa pretendieran dividirse el mundo entre ellos, como un bizcocho, representó el fin de varios de los imperios beligerantes: el ruso, el turco, el alemán y el austriaco. También produjo el primer intento de crear una organización internacional que promoviera la colaboración y el respeto entre los pueblos.

Luego, tras la Segunda Gran Guerra, la llama descolonizadora fue creciendo por todo el mundo acabando con los imperios europeos que quedaban. Gran Bretaña dejó de ser el imperio donde nunca se ponía el sol y se redujo a sus islas y Francia fue expulsada de Indochina y África, pagándose a cambio un alto precio en sangre. En el proceso se fortalecieron entidades como Naciones Unidas y se aprobaron tratados y declaraciones sobre derechos humanos donde se privilegia el derecho de los pueblos a autodeterminarse.

Luego de estos desarrollos, y a 102 años de la última transacción “inmobiliaria” en el Caribe, un presidente de Estados Unidos en funciones plantea de lo más campechano, como si estuviera diciendo cualquier cosa normal, que su país adquiera mediante compra lo que él considera otro “territorio” llamado Groenlandia y, a modo de “broma” propone intercambiar el “territorio” pretendido por otro, Puerto Rico, que su país adquirió hace más de un siglo como despojo de guerra.

Cuando Donald Trump propuso su nueva transacción inmobiliaria hace algunas semanas sus seguidores, que participan de su misma mentalidad, la tomaron en serio y la celebraron. Otros, incluyendo a la mayoría de los puertorriqueños, la tomaron a broma. Luego nos percatamos que, para su propulsor, un presidente en funciones, se trataba de una propuesta oficial, de tanta importancia que canceló un viaje oficial a Dinamarca cuando la ejecutiva principal de ese país la descartó como algo poco serio.

Esta propuesta, y la misma existencia de personas como Donal Trump al frente de un gobierno, es un ejemplo más de lo equivocados que estamos quienes creímos que, superado el siglo XX –con sus guerras, el apartheid y la violación flagrante de los derechos humanos– la humanidad podía entrar en una era donde privarían la razón y los sentimientos humanos. Luego del estadounidense apareció Bolsonaro en Brasil, Salvini en Italia y ahora Boris Johnson en el Reino Unido, todos cortados con la misma tijera. Si son capaces de volverse a plantear la compraventa de países y pueblos como si fuera ganado, de nuevo todo será posible y el siglo XXI no superará los cataclismos del XX.

UPR: Cerrarán ResiCampus en diciembre

Por Giancarlo Vázquez López/Claridad

gvazquez@claridadpuertorico.com

La remodelación de las instalaciones de ResiCampus en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (UPR-RP) sigue en pie. Por ende, la residencia universitaria debe cerrar sus puertas en diciembre y dejar a cientos de estudiantes sin la seguridad de una vivienda accesible a mitad de semestre.

La presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) de la UPR-RP dijo a este medio que actualmente aguardan por el diálogo con la administración mientras consideran qué otros métodos de lucha pueden utilizar ante la determinación de la administración de seguir con el plan.

“Ellos van a cerrar ResiCampus a finales de diciembre. Ya hay dos pisos que no se están utilizando, según la administración, porque las solicitudes disminuyeron a consecuencia del cierre”, dijo Marina Rodríguez.

Además, la estudiante cuestionó por qué dicen que van a trabajar con ResiCampus cuando no ha sucedido nada con Torre Norte. También, alertó sobre el hecho de que a solo tres meses de que termine este semestre no haya un plan para relocalizar a los estudiantes de la residencia.

“La respuesta de la administración es que el contrato que ellos firmaron fue hasta diciembre y que por lo tanto, ellos trataran de ayudar, pero que si no consiguen nada, como quiera estarían cumpliendo con el contrato. Los de ellos es cumplir con el contrato, no el bienestar de los estudiantado”, criticó.

Anteriormente, el contrato de ResiCampus era de agosto a mayo. Para este año, la administración editó el acuerdo y ahora solo tendría que cumplir con darles hospedaje a los estudiantes hasta diciembre.

Rodríguez recordó que fue más o menos el mismo plan que la administración utilizó con Torre Norte, con la diferencia de que tuvieron que relocalizar a los estudiantes en septiembre, debido al paso del huracán María. Eso, en lo que podían volver a la residencia porque el contrato se extendía hasta mayo, que era la fecha establecida para cerrar Torre Norte.

La estudiante mencionó que la administración había dicho que tenían que esperar que “bajara” el presupuesto del Recinto para este año académico, para determinar un plan de relocalización de estudiantes. “En una reunión en abril pasado nos informaron que no se podían comprometer a asegurarles un espacio de vivienda o dinero extra hasta que no estuviera asignado el presupuesto. En aquel entonces desconocían cuánto finalmente se iba a otorgar”.

El presupuesto aprobado para el recinto de Río Piedras refleja una reducción de $16 millones. Ante esto la presidenta del CGE dijo que esperan por una reunión con el rector para ver cuál es el estatus. Rodríguez sugirió que a pesar del recorte es necesario saber si se van a buscar alternativas para los estudiantes que habitan en la residencia “o si la administración simplemente quiere decir no podemos hacerlo, cada cual se tiene que mover por su cuenta, como fue el caso de Torre Norte”.

Tras el cierre de Torre Norte se brindó un incentivo a los estudiantes que, según se criticó entonces, no daba para pagar un mes de renta.

La universidad se está quedando sin residencias accesibles. Solo queda la oferta de Plaza Universitaria, que son $200 mensuales, lo que aproximadamente paga un estudiante por semestre en ResiCampus. Tanto en esta última, como en Torre Norte, un estudiante pagaba entre $40 y $50 por semestre.

“Hay un temor bien grande entre los estudiantes que no pueden costearse un hospedaje más caro, porque no saben cómo van a estudiar el semestre que viene si no encuentran una vivienda económica. Está sucediendo lo mismo que con Torre Norte, y lo triste es que hemos visto que con Torre Norte no ha sucedido nada”, lamentó.

El semestre pasado, en el pleno del CGE, ante el plan para la remodelación de ResiCampus, se propuso que Torre Norte abriera, debido a que se entendía que los fondos para la remodelación de Torre Norte aún no habían sido asignados.

“Los fondos para Torre Norte, al parecer, son de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y los de ResiCampus, del Departamento de Educación Federal. Los fondos de ResiCampus sí están. En ese sentido, el estudiantado propuso que trabajaran con ResiCampus y que se mantuviera abierta Torre Norte para que hubiera una residencia accesible donde se pudiera ubicar a los estudiantes”.

La administración respondió que eso no era posible. Rodríguez expresó que “realmente entendemos que la residencia (Torre Norte), si no está igual que cuando cerró, debe de estar peor. Ya va para dos años cerrada, creemos que debe estar más afectada y debe afectar la salud de los estudiantes. Pero eso fue lo que nos propusieron y uno tiene que cumplir con lo que propone el estudiantado. Pero veíamos más viable que se mantuviera ResiCampus abierto y terminaran con Torre Norte”.

“Estamos a la espera de que el rector llegue para sentarnos el Concilio de Residentes, la directiva del Consejo General de Estudiantes y la administración, para ver cuál es el estatus, si a pesar de la disminución del presupuesto todavía hay interés de buscar otros métodos de viviendas accesibles para estudiantes. También, para exigirles que el cierre de ResiCampus no deba ser todavía y que trabajen primero con Torre Norte y luego con ResiCampus”.

Pésima la distribución de fondos en Vivienda

Por Gabriela Ortiz Díaz/Especial para CLARIDAD

En los próximos días se cumplirán dos años del embate del huracán María y todavía unas 20 mil viviendas a través de toda la isla permanecen cubiertas con toldos azules, según información de Apoyo Legal Puerto Rico.

A inicios de septiembre, mes con más incidencia de huracanes, organizaciones vinculadas a las luchas comunitarias del país esperan por que esta semana se emita una respuesta a un recurso legal que sometieron al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el pasado 15 de julio, solicitándole que declare nulas e ineficaces las normas (guías) que el Departamento de la Vivienda ha establecido para la recuperación de las casas de las familias que sufrieron daños tras el paso del huracán.

Al igual que el reclamo que hacen por medio de la acción legal, colectivos como Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos (Idebajo), Taller Salud y Ayuda Legal Puerto Rico advierten sobre el desconocimiento que tienen las personas más afectadas por el huracán sobre el Programa R3 (Reparación, Reconstrucción, Reubicación), subvencionado con fondos federales CDBG-DR.

Estos fondos constituyen una asignación de $9.7 mil millones para la recuperación a largo plazo de las comunidades. De esa cantidad, Puerto Rico cuenta en estos momentos con una primera partida de 1.5 mil millones porque todavía no se ha firmado el acuerdo para disponer de la segunda partida de 8.2 mil millones.

En una denuncia contundente para lograr la recuperación plena y justa en el área de vivienda, estas organizaciones han articulado varias exigencias al Gobierno de Puerto Rico y al Departamento de la Vivienda entre las que figura que el Plan de Acción y las guías de implementación del Programa R3 incluyan una política pública de minimización de desplazamientos y que la relocalización sea la última alternativa.

Otros reclamos han sido que el Gobierno se comprometa con que no habrá desplazamientos forzosos, y que garantice la participación real y efectiva de las comunidades afectadas mediante un consejo comunitario que asesore y fiscalice el manejo de los fondos de recuperación de viviendas. Asimismo, exigieron una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez para que obligue al Departamento de la Vivienda a implementar estas medidas.

Partiendo de que el 62% de las solicitudes de asistencia que le sometieron las personas a FEMA justo después de María fueron rechazadas por esa agencia, en la mayoría de los casos por carecer las personas del título formal de sus viviendas, lo preocupante para estas organizaciones es que pase lo mismo con la otorgación de estos fondos del programa R3.

Según la licenciada Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal, lo que también preocupa es que se esté utilizando el pretexto de la falta de título de propiedad para desviar los fondos y que no lleguen a quienes los necesitan para reparar sus techos. “Lo preocupante es que, de esa primera partida de la asignación, no ha llegado ni un dólar a las comunidades pobres del país”, señaló.

Los portavoces de las organizaciones advirtieron de que las normas actuales –establecidas por el Departamento de la Vivienda sin consultar con las comunidades– además de excluir a quienes carecen de título de propiedad, no cobijan a aquellas personas cuyos hogares ubican en las zonas inundables delimitadas por FEMA, agencia que amplió los mapas de inundación después del paso de María, acción que afectó a más de 200 mil viviendas.

“Sin los cambios exigidos, que incluyen considerar la mitigación antes de relocalizar, se permitirán los desplazamientos de familias pobres y la desarticulación de comunidades”, advirtió Godreau Aubert.

Desconocimiento sobre

el programa R3

El programa principal para reparación de vivienda dentro de los fondos CDBG-DR es el R3, que actualmente tiene más de $825 mil millones asignados.

Para efectos del programa, los términos se definen como: reparación, el arreglo de la casa no puede sobrepasar el 50% de su valor o $60 mil; reconstrucción, se hará si el arreglo se excede de los valores anteriores, pero no se podrá realizar en zonas inundables; relocalización, se realizará en caso de que la vivienda esté en zona inundable o de que la persona no tenga título de propiedad.

“Lo que se está haciendo con los fondos CDBG-DR es prohibir la reconstrucción de viviendas en zonas inundables, a la misma vez que esas zonas se convierten en lugares atractivos para atraer invenciones de oportunity zone, comentó la directora de Ayuda Legal.

“Nos preocupa esta política de oportunity zone, en la que se les da incentivos para construir a fondos que no tienen ninguna evidencia de que la construcción a desarrollar beneficiará a la comunidad en donde se encuentra localizada”, continuó la licenciada.

Advirtieron que en esta situación también está envuelto el nuevo mapa de calificación. “La amenaza de desplazamiento no es hipotética. Concertadamente, hay muchas piezas en la mesa que, en última instancia, obligan a la gente del país a permanecer en ciertas zonas mientras otros pueden venir y ocupar áreas porque puede pagar”, dijeron.

Los portavoces denunciaron también que el Departamento de la Vivienda no ha dado ninguna información sobre el programa R3, aunque ya se puede solicitar desde el 31 de julio (los primeros 90 días se supone que la atención esté dirigida a los sectores poblacionales más vulnerables). Según Godreau Aubert, “Vivienda anunció que ya solicitaron 8,900 personas de un tope de 20 mil. Aún hay municipios sin información sobre el programa, faltan centros para llenar solicitudes, no es suficiente decirle a la gente que solicite usando una app o el teléfono”.

Por su parte, la licenciada Nicole Díaz afirmó que “no tenemos información sobre el término que tiene Vivienda para contestarle la solicitud a las personas, para que les inspeccionen las casas o para que les entreguen la ayuda. No sabemos nada. Se queda en el limbo la gente con mayor necesidad”.

Otra preocupación es que no hay centros para llenar solicitudes a través de toda la isla, por lo que no todo el mundo puede llegar hasta ellos.

¿Tu hogar renace 2?

Se sabe que con el dinero asignado, específicamente para el programa R3, Vivienda contrató cuatro compañías extranjeras –AECOM Thechnical Services, Alliance for the Recovery of Puerto Rico, ICF Inc e Innovative Emergency Management– para que se encarguen de gestionarlo. Pero resulta que las primeras dos de esas compañías participaron en el programa Tu hogar renace, que en su momento significó el mal gasto institucional de 1.2mil millones.

“La mayor preocupación es que esto se convierta en Tu hogar renace 2 y que el dinero vaya a donde no tiene que ir”, dijeron.

“Como no hay un mecanismo de transparencia ni de rendición de cuentas, la preocupación es el desconocimiento de quiénes se están enriqueciendo y de a quiénes no está llegando el dinero”, recalcó Godreau Aubert.

Salinas y Loíza entre los afectados

Según Roberto Thomas, portavoz de Idebajo, organización de base comunitaria de la región sureste, el 24% de las viviendas de Salinas, unas 3,184 familias, fueron afectadas. El líder informó que más del 60% de las solicitudes a FEMA fueron denegadas, por lo que más de 2 mil familias no recibieron la indemnización de la agencia federal, y actualmente 400 familias todavía viven bajo toldos azules.

Idebajo se unió a los reclamos porque, a juzgar por Thomas, “se están generando las condiciones para expulsar a cientos de familias de sus comunidades para permitir el acceso de las oportunity zones y de inversiones privadas que se queden con los terrenos y territorios donde viven ahora mismo esas familias pobres”.

De igual forma, Jennifer de Jesús, de Taller Salud en Loíza, expresó que se unía a las denuncias porque “las guías del programa R3 están llevando a volver a discriminar sobre las personas que ya fueron discriminadas por FEMA cuando se les denegaron las ayudas”.

Según explicó, el 49.6% de la población actual de Loíza vive bajo los niveles de pobreza. “Esas personas seguramente son las que no tienen títulos de propiedad y a los que se les denegaron ayudas de FEMA. Volverían a quedar excluidos”, puntualizó.

Septiembre

2 DE SEPTIEMBRE DE 1945

Proclamación de la República Democrática de Vietnam

La República Democrática de Vietnam (RDV) fue fundada el 2 de septiembre de 1945 por el líder revolucionario y prócer de la independencia de la nación Indochina Ho Chi Minh. La proclamación se hizo por él desde la Plaza Ba Dinh, en Hanoi. Se consideraba constituída la república en todo el territorio Norte y Sur. De hecho dejaba de ser una posición o colonia francesa. Ocurrió poco después de la derrota del nazismo en Europa. La visión de estadista de Ho Chi Minh, fue determinante para escoger el momento. El Partido de los Trabajadores de Vietnam, era el político rector. A la etapa previa se le conoce como Revolución de Agosto que culminaría en la fundación del país. Al ser amenazado de nuevo y ocupado por los franceses Ho Chi Minh junto con el Comité Central del Partido expresó: “…nuestro país es uno, nuestra nación es una…el Norte debe avanzar hacia el socialismo”. La RDV aplicó el marxismo leninismo a las condiciones concretas del país, según el pensamiento de Ho Chi Minh.

6 DE SEPTIEMBRE DE 1979

Liberados nacionalistas boricuas

El Presidente de EEUU, Jimmy Carter, bajo presión internacional, decreta la amnistía de los Nacionalistas boricuas Oscar Collazo, Rafael Cancel Miranda, Lolita Lebrón y a Irvin Flores.

Oscar Collazo, de 65 años, estaba cumpliendo sentencia de cadena perpetua, por su intento de magnicidio contra el presidente Harry Truman, efectuado en noviembre de 1950.

Las otras tres figuras heroicas indultadas por Carter fueron Lolita Lebrón, de 59 años; Irvin Flórez Rodríguez, de 53, y Rafael Cancel Miranda, de 49 años. Todas ellas fueron condenadas a penas de cárcel comprendidas entre 50 y 75 años por el ataque, el 1 de marzo de 1954, contra el Congreso norteamericano. Las tres, junto con Andrés Figueroa Cordero (quien murió de cáncer, tras haber sido puesto en libertad en 1977) dispararon desde la tribuna del público contra la Cámara de Representantes del Congreso, hiriendo a cinco.

La clemencia es incondicional y la cuarteta heroica regresó a Puerto Rico, y reanudaron sus actividades patrióticas.

La cuarteta, se había reunido el lunes por la noche en el aeropuerto O’Hare, de Chicago, en medio de emotivas escenas y gritos de «¡Viva Puerto Rico libre!». Más de un millar de personas les acompañaron desde el aeropuerto hasta el centro del barrio hispánico de Chicago, donde se celebró un mitin.

El miércoles 12 de septiembre, Lolita Lebrón y otros tres nacionálistas puertorriqueños, llegaron a Puerto Rico, y no dejaron dudas sobre sus intenciones de «encender el fuego de la liberación nacional » en su patria. Enarbolando una bandera puertorriqueña y con la voz entrecortada por la emoción, Lolita Lebrón, 59 años, dijo a un entusiasta auditorio que «hemos triunfado y ahora somos más fuertes que nunca». Preguntada si estaba agradecida a Carter por su liberación, la líder nacionalista respondió: «No, en absoluto. Carter no puede hablar de derechos humanos mientras sigan encarcelados millares de presos políticos. »

Además de una gran campaña nacional e internacional boricua, que incluyó el trabajo de cientos de compas por décadas, la intervención del gobierno cubano ayudó mucho en las negociaciones conducentes a esta excarcelación. El patriota puertorriqueño Rafael Cancel Miranda en agradecimiento al eterno revolucionario Fidel Castro, señaló: “Que gracias a la intervención de Fidel y el Gobierno Revolucionario de Cuba, así como a la campaña internacional por la liberación de los cinco nacionalistas, salimos de prisión el 10 de septiembre de 1979”.

Datos recogidos de facebook.com/dariow.ortizseda

Sigue la batalla contra la Junta de Control Fiscal

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico

Muy por debajo del radar, lejos de la atención pública, la Junta de Control Fiscal (JCF) continúa llegando a acuerdos con bonistas para pagar deuda ilegal, en perjuicio del derecho de los empleados públicos a sus pensiones y del financiamiento de los servicios esenciales. Así se desprende en entrevista hecha por CLARIDAD a miembros del Frente Ciudadano Por la Auditoria de la Deuda (FCAD), sobre lo que ha estado haciendo la JCF.

La coordinadora del Frente, licenciada Eva Prados Rodríguez, señaló que aun cuando la JCF demandó a 20 bancos, a bufetes de abogados y a firmas de asesoramiento que participaron en emisiones ilegales de bonos del gobierno de Puerto Rico, por la cantidad de $9 billones, y de que la semana pasada dos aseguradoras, National Public Finance Guarantee Corporation y MBIA Insurance, también demandaran a una serie de los mismos sujetos y entidades por la misma razón, la Junta continúa negociando acuerdos favorecedores para los bonistas. El propósito de estas negociaciones por parte de la JCF, denunció la portavoz del Frente, es precisamente “uno, pagar deuda ilegal que no tenemos capacidad para pagar y, segundo, con esos acuerdos, santo y bueno, los bancos no van a tener ningún tipo de responsabilidad porque las demandas eran por su responsabilidad emitiendo deuda ilegal”.

La JCF radicó su demanda —en el último día que le permitía la ley— ante la presión pública de los grupos en la Isla, incluso de algunos acreedores, congresistas y hasta de la misma jueza Laura Taylor Swain, quien le exigió presentar una lista de las entidades responsables de las emisiones ilegales y radicar la demanda antes del dos de mayo. Prados Rodríguez denunció la estrategia de la JCF de radicar la demanda en el último día permitido y de continuar negociando. En caso de que la Jueza no llegue a pasar juicio sobre que la deuda es ilegal, eso significaría que en su momento la demanda se podría caer porque pagar la deuda denota que ha sido aceptada.

Insistió en que la Junta sigue “actuando por la libre” adelantando planes de ajuste de deuda, que incluye pago de deuda ilegal, y tomando acciones que benefician a los bancos que se supone son cuestionados en la demanda. En el mes de julio la jueza Taylor Swain suspendió los procesos de reclamación de deudas por Título III por un periodo de cuatro meses ante la crisis política que vivía el país. En esa vista los abogados de la JCF dijeron que el plan de ajuste de la deuda del Gobierno Central (la deuda de los Bonos Generales, GBO) estaba retrasado debido a que se estaba negociando con otros acreedores para que también se sumaran al plan. La suspensión de los litigios aplicó también a unas 20 objeciones radicadas en el caso de bancarrota del Estado Libre Asociado (ELA). La Jueza aplazó los litigios hasta el 30 de noviembre.

Siguen las negociaciones

A la luz del proceder que ha seguido la Junta, Prados Rodríguez comentó qué a saber si cuando llegue el mes de octubre ya el ente fiscal habrá terminado las negociaciones. Se refiere a que se supone que el 8 de octubre se lleve a cabo la vista ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la legalidad de los nombramientos de la Junta. En el mejor de los escenarios -apuntó- el Tribunal podría determinar que en efecto los nombramientos de los miembros de la Junta fueron inconstitucionales, pero ve más cuesta arriba que se declaren inválidos los actos de la Junta. Eso fue lo que hizo el Tribunal Apelativo, declaró inconstitucionales los nombramientos pero no invalidó los actos de la Junta.

Ante el proceder de la JCF, la portavoz del Frente indicó que continuarán reclamando al nuevo gobierno de Wanda Vázquez a que se haga una auditoría de la deuda. Señaló que más allá de la presión en la isla, en el Congreso está habiendo una apertura hacia la auditoría.

Mientras, la vista que se iba a celebrar este 11 de septiembre en el Tribunal Federal sobre la certificación del plan de ajuste de los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) fue pospuesta para el 3 de octubre. Además de la deuda de la AEE, entre las deudas que se negocian por Título III están la de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la de COFINA, la de los bonos generales y la de los sistema de retiro.

Pero mientras la atención pública parece centrarse en las negociaciones de deuda bajo el Título III de la Ley Promesa, el Gobierno, por medio de la Administración de Asesoría Financiera y la Agencia Fiscal (AAFAF), está en proceso de reestructurar bajo el Titulo VI varias deudas corporativas, indicó el investigador del FCAD, licenciado Armando Santiago Pintado. La primera de las negociaciones que se cerró fue la del Banco Gubernamental de Fomento En junio se reestructuró la deuda de la Corporación de Fomento Industrial (PRIDCO,por sus siglas en inglés), aun cuando la corporación tenía capacidad para pagar su deuda. Esta se reestructuró y la negociación no significó una reducción sustancial de la deuda.

Una de las negociaciones bajo Título VI sobre la que no se ha hecho mucho movimiento es la de la Autoridad de Carreteras, en parte debido a que existe la disputa ante el Tribunal de Apelaciones de Boston respecto a quién le pertenecen los fondos del pago de arbitrio, si a la Autoridad o al Gobierno Central.

Santiago Pintado expuso que se supone que todas esas conversaciones corran de manera paralela a lo que está sucediendo en el proceso de Titulo III. En la medida en que una de estas corporaciones tenga ingresos que pueda concebirse como que le corresponden al Gobierno Central se van a considerar como parte del plan de ajuste de la deuda bajo el Título III, lo que impactará los recursos disponibles para el pago de la deuda del Gobierno Central. “Lo que pasa es que esa conversación se ha mantenido alejada del proceso de quiebra hasta el momento”. Denunció que esto se debe en parte a que tanto la JCF como AAFAF se han negado hacer pública la información económica y financiera detrás de estos acuerdos. La deuda de la Universidad de Puerto Rico, de la cual al presente no se conoce nada, es bajo Título VI.

Aunque se supone que cada una de las negociaciones tiene primero que pasar por el crisol de la Junta para luego pasar al tribunal, excepto la deuda de COFINA, todavía ninguna de las negociaciones lo ha hecho. Eso incluye la negociación de la AAA y la de PRIDCO. En el caso de COFINA incluso hay un pequeño grupo de bonistas que está tratando de retar en el Tribunal de Apelaciones la confirmación del plan de ajuste aprobado por la jueza Taylor Swain.

En las negociaciones de la deuda de la AEE hay otra pelea pública entre algunos acreedores y la JCF, debido a que hay estudios que señalan que la corporación pudo haber emitido deuda ilegal. La diferencia entre estas negociaciones estriba en que bajo Título VI se entiende que se puede llegar a un acuerdo negociado sobre los bonos. Bajo Título III es cuando se quiere recortar las pensiones o cuando se quiere lograr un recorte en los bonos que los acreedores no están dispuestos a ceder y hay que obligarlos por la vía judicial.

En medio de todo esto se está hablando de que existe un pulseo por parte de la Junta para tratar de hacer acercamientos con sindicatos en los próximos meses para tratar de conseguir el aval de estos para sus planes de ajustes. Bajo el Título III, la JCF tiene la capacidad de rechazar o desconocer un convenio colectivo que esté vigente. Esto lleva a los sindicatos a inclinarse por aceptar una negociación con el ente fiscal. Santiago Pintado denunció que la reforma laboral está diseñada para obligar a los sindicatos a negociar para lograr los recortes al sistema de retiro y las pensiones.