Por Gabriela Ortiz Díaz/Especial para CLARIDAD

“El 24 de julio, cuando el gobernador renunció, todo el mundo celebró, pero yo no porque todavía estoy peleando por el derecho de las personas sordas de tener acceso a servicios. No me proporcionan el derecho a estar informado a través de un intérprete”, expresó a CLARIDAD en lenguaje de señas Eugenio Sastre Fernández, miembro de la comunidad de personas sordas de Puerto Rico. 

“Yo quería celebrar a la misma vez que todos y, aunque soy bueno leyendo labios, a veces me pierdo lo que se dice. Leí los labios del reportero cuando dijo que [el gobernador] anunciaba la renuncia, pero no sé qué dijo antes y después”, añadió en señas Roberto Rodríguez Ortiz. 

Este sector de la población, que alcanza los 200 mil integrantes, ha participado activamente en las manifestaciones ciudadanas de las pasadas semanas. A los reclamos del pueblo, esta comunidad suma lo que continúa siendo una de las principales exigencias: accesibilidad a los servicios de interpretación en oficinas gubernamentales y medios de comunicación, por ejemplo. En esto coincidieron todos los entrevistados: Bonnibel Delgado, Joel Sánchez Quintanal, Eugenio Sastre, Roberto Rodríguez y la interprete Marina Martínez Cora. 

Ante la pregunta de cuán informados se han sentido durante estas semanas, Rodríguez Ortiz contestó que la actualidad noticiosa le llega una semana después: “de lo que sucedió con el chat y con lo del esquema de corrupción, yo no me enteré hasta una semana luego porque no hay un intérprete disponible [durante la transmisión] que nos provea la información al instante”, manifestó. 

El resultado en la demora al momento de informarse es que pierden información. Cuando ha habido un intérprete, entonces el dilema es si está o no cualificado. “Lo que hemos notado es que el gobierno no se enfoca en quién es ese intérprete cualificado, sino en “cumplir”. 

Rodríguez Ortiz, por ejemplo, tuvo que irse a Estados Unidos en 2005 en búsqueda de mejores servicios y, cuando regresó al cabo de 10 años, todavía sintió [siente] el atraso. “Hemos reclamado que no hay intérpretes en las noticias, en los mensajes de estado en las manifestaciones. En Puerto Rico, hay muchas barreras comunicativas para los sordos”, informó. 

Aunque siempre aparecen intérpretes voluntarios para ayudar, por ley, el gobierno debe proveer uno cualificado, pero como eso no pasa, se ven afectados todos los servicios gubernamentales para la comunidad de sordos. Se les dificulta, por ejemplo, hacer una querella en un cuartel, mantenerse informados del desempeño de sus hijos en la escuela, entender un diagnóstico en sala de emergencia, comunicarse con sus familiares dentro de la cárcel. 

Ante ese panorama, la respuesta de parte de los gobiernos que han pasado es siempre la misma: no hay fondos para pagarle a intérpretes cualificados, que son los que dominan los movimientos corporales, los conceptos del tema que interpretan, el lenguaje de señas de Puerto Rico (este lenguaje no es universal). 

Como manifestaron, el problema para allegar fondos proviene de la falta de conocimiento básico sobre la comunidad sorda. Desde el gobierno debe haber más conocimiento de cuántos son los sordos en Puerto Rico, qué impedimentos adicionales tienen, en qué pueblos están más concentrados, etc. 

Tras diálogos de años con las entidades gubernamentales pertinentes, la comunidad de sordos ha logrado más acceso a derechos civiles, cuyo cumplimiento está cobijado bajo los artículos 3 y 4 de la ley federal de 1990 Americans with Disabilities Act​​ (ADA), y bajo la ley estatal 136 del 13 de agosto de 1996, que dispone que todas las agencias gubernamentales proveerán un intérprete para que asista a las personas con impedimentos auditivos.

“La ley ADA exige, pero nadie la sigue. Es que no hay ningún tipo de penalidad ni de agencia que le dé seguimiento a eso y los penalice en caso de incumplimiento”, dijeron los entrevistados. 

Van años de denuncia constante de estas violaciones de ley y en general, “los sordos se siente tan cansados que no luchan porque su autoestima está por el piso, se han dado por vencido…Necesitamos más liderazgo y empoderamiento para entonces luchar. Pesan los años de decirnos que no, de pisotearnos”, aseguraron. 

Por eso, ante la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, Rodríguez Ortiz expresó sentirse escéptico. “Depende de a quién traigan, si va a poner gente que no trabaje por la comunidad de sordos. Yo no estoy satisfecho todavía, pero siento que este es el principio para empezar cambios”, manifestó Sastre Fernández. 

“Vamos a seguir marchando y vamos a seguir en contra de Wanda [Vázquez]. No la queremos”, afirmaron. 

Sin currículo adaptado ni interpretes en Educación 

El Departamento de Educación (DE) no tiene dinero para pagarles a los intérpretes. “No hay dinero, pero vimos ahora con la corrupción a donde se destinan esos fondos. El dinero sí estaba disponible, lo que pasa es que no lo invierten en lo correcto”, expresó Sastre Fernández. 

El colegio San Gabriel, especializado para atender a la niñez sorda, funcionaba antes independientemente. Hace unos años, recibe fondos del DE, pero luego de ese cambio de administración, se alteró la estructura curricular que utilizaban. El DE implementó un currículo que no está adaptado para la niñez con limitaciones auditivas. 

“La comunicación con señas está bien afectada. Hay maestros que no saben lenguaje de seña y los padres tampoco tienen la exposición para educarse con señas…Este problema está porque han cortado fondos”, aseguró Rodríguez Ortiz, quien es maestro en el colegio San Gabriel. 

“Los niños sordos no tiene tantas opciones de escuelas, por lo que sus padres se están yendo de Puerto Rico con ellos. Estamos perdiéndonos porque no quieren desde el gobierno pagarle a un intérprete sordo”, continuó. 

La comunidad de personas con limitaciones auditivas no se opone a la inclusión de niños sordos en escuelas de corriente regular, pero mínimamente cada plantel debe contar con intérpretes cualificados. Según contaron, en las escuelas de corriente regular los asistentes de Educación Especial fungen como intérpretes y solo tienen como preparación una clase básica y otra intermedia de lenguaje de señas. “Ese niño o niña tendrá atraso y será enajenado porque el empleado no puede ponerlo a la par del resto del grupo”.

En las escuelas de corriente regular los pasan de grado porque no saben manejarlos. “Eso, luego, les imposibilita la independencia. Tienen muchas deficiencias cuando llegan a la adultez”. Además, “Si no hay fondos para la educación, los sordos no tendrán las mismas oportunidades académicas que todos los demás estudiantes, se tienen que conformar con trabajos vocacionales”, dijeron. 

Futuros pasos 

Los entrevistados coincidieron en que dentro de las agencias gubernamentales debe haber una persona responsable que haga el trabajo de conectar la agencia con instituciones que trabajan con la comunidad sorda como Servicios Orientados al Sordo, Inc. (SOS) o la de Servicio Ayuda Legal (SAL PR). 

Coincidieron además en que: 

En Puerto Rico hace falta que alguna institución de educación superior certifique un grado en interpretación para sordos. 

Se tiene que crear y oficializar una junta examinadora en Puerto Rico y, junto a los mismos sordos y sordas, hacer un estudio lingüístico para validar el examen requerido para obtener la certificación. 

Existe el deseo y reclamo de que sean los mismos sordos los que enseñen lenguaje de seña. 

“También necesitamos intérpretes cualificados de Puerto Rico que sepan trabajar con la forma correcta del proceso de interpretación”. 

“Todo el mundo dice que va a aprender chino o francés, pero es una opción muy real aprender lenguaje de señas de Puerto Rico y comunicarse con sus compatriotas”. 

CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com 

Los seis arrestados por corrupción y el escandaloso chat han expandido el margen de incertidumbre financiera experimentado por la Universidad de Puerto Rico (UPR) en los últimos años. Situación que se ha agravado progresivamente desde los años 90. 

La irresponsabilidad de esta claque gobernante ha quedado al descubierto, el chat “ha sido la chispa que incendió ese gigantesco malestar acumulado por años y los jóvenes son quienes han levantado al país en contra de la corrupción y la Junta de Control Fiscal (JCF)”, dijo el profesor retirado de la UPR, Félix Córdova. 

Córdova, explicó brevemente una red de corrupción relacionada a los dos asuntos mencionados al principio y que afecta directamente a la UPR. Mientras la administración universitaria ofrece jugosos contratos a compañías recién incorporadas, son los estudiantes, empleados y profesores quienes pagan las consecuencias del saqueo y el mal manejo de fondos públicos. 

“La UPR no está ajena al chat de Telegram”, dijo por su parte la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No- Docentes, Jannelle Santana. La líder sindical expresó que la UPR estaba dentro de la “destrucción” conspirada por Ricardo Rosselló y sus brothers en las conversaciones. “Allí salió a relucir la verdad sobre Hamilton y los insultos hacia los estudiantes, dejando claro que estas personas no tenían ningún interés en salvaguardar la UPR”, añadió. 

Santana, alegó que los responsables principales de los aumentos en la matrícula y los recortes son el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR (JG-UPR), Walter Alomar, y la vicepresidenta, Zoraida Buxó. “Los recortes más grande de presupuesto vinieron del ejecutivo, no de la JCF. El ente federal no hace planes fiscales, quien hace el Plan Fiscal es la JG-UPR, que a su vez responden al Ejecutivo”, explicó. 

Buxó, fue nominada por Rosselló a la JG-UPR en 2017. La vicepresidenta contrató a la firma de consultoría y contabilidad BDO para “bregar” con el sistema de retiro de los empleados docentes y no-docentes de dicha institución. 

BDO Puerto Rico es uno de los nexos en la red de corrupción esbozada por Córdova. Fernando Scherrer, presidente de la firma de contabilidad que tenía contratos con varias agencias gubernamentales, fue uno de los 6 arrestados el pasado miércoles 10 de julio. 

Además, destacó la relación de Carlos García, miembro actual de la JCF, y la situación actual “por lo tanto unimos gobierno y Junta. Son dos aparatos corruptos los que están gobernando sobre Puerto Rico” Pero el vínculo no solo se reduce a García, Alberto Velázquez Piñol trabajó bajo la administración de Pedro Rosselló como subdirector ejecutivo de administración y finanzas de la Compañía de Turismo. Corporación que entonces dirigía Fortuño. 

Cuando Fortuño ganó la gobernación en 2009, Velázquez Piñol fue designado como administrador del Departamento de Educación y director de la oficina del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), en Nueva York. Quien dirigía el BGF en ese entonces era García. 

Velázquez Piñol, fue uno de los arrestados junto Scherrer, Julia Keleher, Ángela Ávila y las hermanas Mayra Ponce Mendoza y Glenda Ponce Mendoza. BDO mantuvo contratos millonarios principalmente entre el Departamento de Educación, el Departamento de Hacienda y la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES).

“Tanto Buxó como Walter Alomar (presidente de la Junta de Gobierno de la UPR), son parte de la red de corrupción y tienen que renunciar también”, sentenció el profesor Córdova.

Buxó, es socia de la firma de cabilderos World Professional Group, creada por Carlos López López en 2009. López, es además abogado socio en la firma bipartita Wolf Popper LLP, que aguarda vínculos con educación y de la cual formaba parte Elías Sánchez. 

Por otra parte, el presidente de la JG-UPR ha mantenido contratos dudosos con el gobierno mediante la compañía DBPR Legal LLC. Entre los entes gubernamentales figura la Compañía de Turismo, la Junta de Planificación, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf). Esta última se encarga de hacer los planes fiscales del primer centro docente del país.

“Si estas personas respondían y estaban protegidas por el ejecutivo ¿cuáles son los nexos entre Buxó y Elías, que trabajaban juntos para un mismo bufete?”, cuestionó Santana. Además, mencionó que, por ejemplo “los correos electrónicos trabajan con la plataforma de Gmail y ahora vamos a emigrar a Microsoft”. 

“Hemos sido víctima del saqueo y la mala administración de fondos públicos; contrataciones de compañías que solo llevan incorporadas 8 meses y se están ganando miles de dólares para dar supuestamente adiestramientos en la universidad cuando la administración cuenta con la tala de profesionales para ofrecerlos”, añadió Santana.

Especial para CLARIDAD 

El constante exceso de uso de fuerza policíaca contra manifestantes quedó evidenciado una vez más en la jornada de protestas #RickyRenuncia, la cual comenzó el 10 de julio y se extiende hoy día a pesar de que Ricardo Rosselló anunció su renuncia el pasado 25 de este mes. 

Comenta Mari Mari Narváez en su columna Rosselló y su Manada: Reprimir por existir, publicado en CLARIDAD hace dos semanas, que en estos últimos años se han evidenciado niveles de represión inimaginables para ella –y para muchos otros puertorriqueños y puertorriqueñas–.

Además del uso excesivo de la fuerza policíaca, Mari Mari ofrece otros ejemplos de represión: los casos recientes de las últimas celebraciones del 1ro. de mayo, el encarcelamiento de Nina Droz, los cargos contra estudiantes que protestan, los arrestos al estilo secuestro, las intimidaciones y fabricaciones serias a estudiantes huelguistas. 

Durante las manifestaciones de la jornada #RickyRenuncia comenzada el 10 de julio, 43 personas se vieron afectadas por diversos tipos de intervenciones de la Policía de Puerto Rico. Este número no incluye a cientos de personas que, se estima, sufrieron los efectos de los gases lacrimógenos lanzados a lo largo de muchas calles del Viejo San Juan en múltiples ocasiones, así como en una manifestación en Guaynabo. 

El informe de Kilómetro 0

Esta última información se evidencia en un informe preliminar que ha suministrado en estos días y con gran sentido de urgencia el portal electrónico Kilómetro Cero, cuya labor es supervisar y promover la restricción del uso de fuerza del estado contra la ciudadanía. 

Según este informe, que puede encontrarse en https://www.kilometro0.org/informes, al menos 29 personas de esas 43 se vieron afectadas por alguna técnica de uso de fuerza por parte de la Policía de Puerto Rico. También de esas 43, 16 personas fueron arrestadas y 20 resultaron heridas. Los casos que se documentan en el informe incluyen macanazos, disparos de armas con municiones de goma, gas pimienta, gases lacrimógenos, golpizas, daños a la propiedad y otras agresiones.

También, explica el informe, para el cual han colaborado organizaciones como ACLU Puerto Rico, Amnistía Internacional Puerto Rico, Brigada Legal Solidaria, Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, que los usos de fuerza que se documentan se dan en el contexto del derecho a la protesta que tienen los y las ciudadanas, una actividad protegida por la Constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico. 

Informa el documento que durante esta jornada de protesta se han podido constatar: 9 agresiones con balas de gomas o perdigones; 8 agresiones documentadas de personas directamente afectadas por gas lacrimógeno o pimienta; 4 casos de agresiones con múltiples técnicas de uso de fuerza (golpes con macanas, gases, barridas de piso, uso de gas pimienta, etc.); 3 agresiones con macanas o batones extensibles; 1 agresión con taser por parte de agentes federales, del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. 

Además, 4 casos que constituyen otras agresiones no mencionadas anteriormente. (Una mujer a la que, se alega, la Policía le dislocó un brazo, aunque aún no se tiene información sobre cómo lo hizo; un automóvil quemado por la Policía; un joven al que le cayó un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza provocándole una herida punzante y una agente de la Policía a la que pisaron con un vehículo oficial). 

Para Kilómetro Cero estos ejercicios de fuerza de parte de la Policía de Puerto Rico fueron injustificados, excesivos, desproporcionados, destemplados e ilegales. El diario estadounidense, The New York Times, analizó decenas de vídeos y fotos de la jornada de protestas y también concluyó que la Policía se excedió en el uso de la fuerza contra personas “que no representaban una amenaza”. 

Testimonio de Mónica Flores

Mónica Flores, joven manifestante agredida con balas de goma por la policía el 22 de julio en el Viejo San Juan, jamás pensó que iba a ser objeto de un ataque “excesivo, abusivo e innecesario”, como lo calificó al contar su experiencia, la que se copia adelante. 

Escribir esto ha sido más difícil de lo que pensé. Tal vez porque aún estoy procesando todo lo que viví en los pasados días. Tal vez porque duele enfrentarse al discurso de la lucha “sin violencia” cuando tengo moretones en ambas piernas. Cuando tuve que ser cargada por extraños por no poder respirar. Cuando camine desorientada por un Viejo San Juan en guerra. Y es que recibí cuatro impactos de bala. Cuatro. Todos en la parte trasera de mis piernas. Todos mientras intentaba alejarme, junto a mi hermana, de la nube de gases lacrimógenos que avanzaba hacia nosotras y que nos persiguió por varias cuadras. Estuvimos varios días participando de las manifestaciones en Fortaleza. Todas acababan en gases. Todas. El lunes 22 de julio no fue la excepción.

Allí estábamos mi hermana, varias amistades y yo, consignando, cantando y aplaudiendo al son de la batucada que tocaba justo en la línea policiaca en la Calle Fortaleza. Estuvimos así unos 30 o 40 minutos y, de momento, escuchamos a un oficial de la policía: “tienen 10 minutos para desalojar el área. Esta manifestación se ha convertido en una ilegal”. ¿Qué? ¿Ilegal? ¿Por qué? Esto es un espacio público – grite a viva voz. No era la única. Mi hermana y yo decidimos que no nos iríamos. No íbamos a renunciar a nuestro derecho a protestar. Como generación y como pueblo, ya habíamos perdido demasiado. La batucada seguía tocando. Los 10 minutos se volvieron 5, luego 2, luego 1. Teníamos “goggles” de natación y camisas humedecidas para cubrirnos. Nos las pusimos. Comenzamos a caminar y darle paso a quienes tenían mejor protección. Recuerdo las primeras dos latas de gas lacrimógeno. La primera cayó a mi derecha. La segunda quedó atascada en un balcón, obligando a un camarógrafo a irse. Recuerdo también las palabras de otros recomendando no correr para evitar una estampida. Aceleramos el paso para llegar a la Plaza de Armas, donde nos encontraríamos con las demás. Hacemos una izquierda y “pum”, detonaciones, seguidas de un dolor en ambos muslos. “Me dieron”, le dije a mi hermana. “Auxilio!” comenzó a gritar ella. El grito más desgarrador que había escuchado y venía de “la chiquita de casa”. Cada vez que pienso en ese momento, se me aprieta el pecho. Es esa escena clásica que explotan para películas y documentales, pero que uno nunca piensa que va a tocar tan cerca. Y ahí estaba ella, pidiendo ayuda a gritos. Miro hacia atrás. Teníamos a la policía encima. “Estoy bien; hay que seguir”- le dije. Llegamos a la plaza y me bajo un poco el pantalón. Pude ver un círculo de sangre en mi muslo derecho. Para eso, ya la formación policiaca estaba en la Calle San José. Los teníamos de frente. Sentí mucha rabia. No podía entender qué exactamente estaban defendiendo, ni a quién, ni porqué. Mucho menos podía entender cómo se justificaban mis heridas. Como yo podría haber representado una amenaza. Lo que sí quedó claro es que, ante sus ojos, ya no éramos personas. Tal vez un manifestante nunca lo es ante el poder del uniforme. La lluvia de gases y las balas comenzaron nuevamente.

Tocó volver a correr, pero las camisas y los “goggles” no daban para mucho. No podíamos ver. Tampoco respirar. Recuerdo chocar con algo y luego ser agarrada por otras personas. Caí al piso sin poder respirar. Alcancé a decir “no puedo”. A lo que alguien me contesta “sí puedes” y me levanta. Mi hermana ya no estaba conmigo. Sin soltarme, me echa dos sustancias distintas en la cara y, finalmente, puedo respirar y ver un poco. Quien me cargaba tenía una capucha azul brillante y siguió conmigo hasta la Calle San Sebastián, done vuelvo a ver a mi hermana siendo ayudada por otro encapuchado. Me despido con un “gracias”. Estoy convencida que nos habían salvado de una suerte peor. La policía seguía detrás y avanzando. 

La nube de gases lacrimógenos y balas también. Turistas y manifestantes buscaban resguardarse en los negocios que aún estaban abiertos. En uno de esos negocios conocí a Claudia. Tenía triple antibiótico, “tape” y gasas. Allí me atendió rápido y volvimos a la marcha, pues la policía se acercaba. En todo el trayecto no dejaban de escucharse detonaciones, gritos, explosiones, cosas romperse. En todas las calles estaba sucediendo algo. El Viejo San Juan era una zona de guerra. La tregua llegó justo cuando llegamos a la Plaza Colón, donde la gente se aglomeraba a esperar la famosa caravana del Rey Charlie. La caravana llegó. Me monté. Si iba a coger tiros, al menos cogería también una “trillita”.

Tres horas después, estaba siendo cargada entre dos personas hacia la casa. Mis piernas hinchadas ya no daban para más. Dos días después, estaba nuevamente en Fortaleza, recibiendo la renuncia. Esa noche, las piernas dolían un poco menos. Al otro día, pude bailar. Seis días después, se mantienen los moretones. La convicción de que la democracia se ejerce y exige todos los días, también se mantiene.