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EDITORIAL: Nuestro pueblo primero 

 

En la medida en que pasan los días, y el cierre forzado del ritmo diario de la vida alrededor del globo se acrecienta, aflora con más fuerza la incertidumbre sobre el enorme daño económico que ocasionará la pandemia del coronavirus. El disloque de las economías se suma a los estragos devastadores que ya está causando a la salud y la vida misma de millones de habitantes del planeta. En el corto plazo, países y gobiernos ya han comenzado a sentir el agudo impacto económico provocado por el avance del virus, y diseñan estrategias con las cuales enfrentar el reto, cuyos efectos se sentirán por mucho tiempo luego de atajada la epidemia.

 De primera intención, muchos de los gobiernos y países subestimaron el potencial de daño del virus, tanto desde el punto de vista salubrista como económico. No fue hasta que se enfrentaron a la realidad y consecuencias de su expansión vertiginosa que tomaron las medidas sanitarias y de control social con que se lucha por detenerlo. Mientras, el virus sigue sumando víctimas entre las poblaciones de más de 180  países- sobre todo su víctima principal, los adultos de 60 años o más- sobrecargando la infraestructura hospitalaria y de salud, y provocando un desastre mayor que ha trastocado todos los aspectos de la vida en dichos países. En este momento, todas las economías del mundo, grandes y pequeñas, están bajo el asedio de la pandemia al igual que lo está la salud de sus poblaciones.     

Pero, como asevera el Centro para una Nueva Economía (CNE) en un magnífico artículo de prensa titulado Prioridades, cuando se vive bajo riesgo, las personas y las economías no tienen un mismo nivel de vulnerabilidad ante las crisis. “Pero recordemos el principio de vivir bajo riesgo: todos somos vulnerables a una recesión económica, pero no todos somos vulnerables de la misma manera”, advierte el CNE.  Y concluye: “Es por esto que, a la hora de determinar prioridades, es importante entender que no podemos eliminar el riesgo, pero en un país pobre y severamente desigual, no todos experimentamos la vulnerabilidad de la misma manera.”   

Resulta imposible vaticinar el alcance a largo plazo que tendrá esta epidemia en los distintos aspectos de nuestra vida colectiva, pero sabemos que las consecuencias serán muchas y dolorosas. La condición colonial de Puerto Rico  y la dependencia enfermiza del gobierno de Estados Unidos que se promueve desde nuestros recortados círculos de poder y opinión pública, matizan la respuesta del Gobierno ante este nuevo reto. El resquebrajamiento de las bases de nuestro país se ha ido manifestando paulatinamente a través del tiempo, sin que los sucesivos gobiernos hayan tomado medidas reales y efectivas para atajar el deterioro. En este momento, estamos en nuestro punto de mayor debilidad económica e institucional tras una prolongada crisis económica y fiscal, una debilidad que se ha acentuado tras  la aprobación de la ley federal PROMESA, la quiebra fiscal del Gobierno, las medidas de austeridad decretadas por la Junta de Control Fiscal (JCF) impuesta por Estados Unidos, y los desastres mayores provocados por el huracán María en el 2017 y los terremotos ocurridos en enero de este año. Solo basta echar una mirada a nuestro alrededor para captar el deterioro progresivo que nos arropa. 

En este momento, Puerto Rico está paralizado a causa de las medidas necesarias de cese de operaciones y control social para proteger la población de contagio, y mantener a flote y disponible nuestra debilitada y fragmentada infraestructura de salud. Pero es necesario enfatizar que nuestros más vulnerables no pueden seguir cargando el peso del mayor sacrificio. Hay que pensar prioritariamente en los miles de trabajadores y trabajadoras del ramo de la salud que en este momento están al frente de la respuesta a la epidemia; los miles que no están percibiendo ingresos porque sus talleres de trabajo están cerrados;  los pequeños comerciantes que han tenido que cesar operaciones; los viejos y viejas que sobreviven en soledad o en los hogares para ancianos; y los miles que dependen de los servicios del gobierno para su subsistencia.

A pesar de que la JCF se ha visto obligada por la magnitud de la crisis actual a flexibilizar el uso de partidas del presupuesto para que el gobierno de Puerto Rico pueda responder mínimamente al pueblo, denunciamos como falsas y cínicas las expresiones recientes de la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, de que las medidas tomadas por el organismo que dirige han fortalecido a Puerto Rico ante esta pandemia.  Que les diga eso de frente a las víctimas de la austeridad y los recortes tajantes que ha decretado la JCF durante los pasados tres años, los cuales han empobrecido permanentemente a vastos sectores de nuestra población. Estos son los mismos sectores, los empobrecidos y debilitados, que ahora seguramente cargarán con la peor parte de esta voraz epidemia. 

 

Sí a la Independencia

 

Por Denis Márquez/Especial para CLARIDAD

Se aprobó, recientemente, en la Cámara de Representantes –con mi voto en contra- el Proyecto del Senado 1467 para viabilizar un plebiscito “estadidad sí o no” el mismo día de las elecciones. El mismo fue previamente aprobado en el Senado y, a todas luces, será firmado por la Gobernadora y convertido próximamente en ley. Durante el debate establecí las razones por las cuales me opuse al proyecto, pero también especifiqué la posición del Partido Independentista Puertorriqueño sobre la participación en el plebiscito y sobre la realización de una campaña a favor del No.

 

Voté en contra del proyecto porque, como independentista, resulta inconcebible votar a favor de un proyecto que se concibe como una apología al anexionismo, a la estadidad, a la ciudadanía americana. El proyecto, en su origen, establecía unas definiciones que iban enmarcadas en aquellas que en el 2017 establecerían la ruta de enfrentamiento de quienes estaban a favor de la anexión versus aquellos en los que creemos en la independencia o aquellos modelos de libre asociación reconocidos a nivel internacional, que fueron eliminadas. De igual forma, el método del plebiscito estadidad sí o no tampoco es un mecanismo que proponemos. 

El Partido Independentista Puertorriqueño ha propuesto la celebración de una Asamblea de Estatus que garantice la búsqueda de un consenso procesal para enfrentar al gobierno de los Estados Unidos con las definiciones reales de estadidad; del proceso de transición al derecho inalienable a la independencia y; que fuerce a los sectores inmovilistas en Puerto Rico a definirse bajo una alternativa genuinamente descolonizadora.  Durante este mismo cuatrienio, lo presentamos legislativamente en dos ocasiones bajo lo que denominamos como la Asamblea para un Nuevo Puerto Rico (ANPUR) durante los eventos del verano del 2019. junto a otro proyecto para la transformación constitucional en Puerto Rico, basada en la soberanía de este país.

El proyecto del plebiscito, aunque si bien es cierto que establece que no van a esperar por ninguna aprobación del Departamento de Justicia tal y como lo señalaron en el 2017, lo tomamos con pinzas porque ya sabemos que en ese entonces «se rajaron» en Fortaleza y en la Legislatura cuando permitieron la imposición federal de la alternativa colonial del Estado Libre Asociado.  Desde el PIP lo advertimos y les dijimos en aquel entonces que no podían rajarse y que el gobierno de los Estados Unidos haría lo posible, como en efecto ocurrió, por incluir a la colonia. Y es que mientras no los enfrentemos y retemos con realidades van a promover el inmovilismo que es lo más fácil y cómodo para ellos. Aceptaron, en ese momento histórico, ese mandato del gobierno de Estados Unidos, se allanaron una vez más y le cogieron miedo al proceso.  Por eso, durante el debate reciente para este plebiscito mi emplazamiento fue para que no se vuelvan a rajar, para que no se sometan al mandato del Departamento de Justicia.

Ahora bien, una cosa es votarle en contra al proyecto y otra cosa es el curso de acción que tomará el Partido Independentista Puertorriqueño una vez convertida en ley la consulta plebiscitaria. 

Desde la fundación del PIP en el 1946 hemos estado en las calles señalando, protestando, reclamando de manera constante. Hemos estado en las urnas desde el 1948 enarbolando el ideal de la independencia sin tapujos ni ambages; sin dejarnos amilanar por la represión y la persecución o la utilización de mecanismos para el control y robo de elecciones; y a pesar del modelo colonial que perpetúa la dependencia económica, emocional y social. Hemos rechazado la participación en procesos engañosos y que en nada adelantaban el proceso de descolonización de Puerto Rico.  Ahora, como lo adelantó en el Senado el compañero Juan Dalmau Ramírez, nos subiremos al cuadrilátero a defender el «No».

El Partido Independentista Puertorriqueño va a las calles y a las urnas a defender el «No». Vamos a votar en contra de la Estadidad, en contra del anexionismo, en contra de un proceso que lo que quiere es destruir la existencia de nuestro país. Ese «No» servirá también para decirle No a la Junta de Control Fiscal y a la Ley Promesa. Por eso, desde el proceso político y en la calle, llevaremos ese mensaje y, de camino a las urnas, estaremos también reafirmando que somos un país diferente, que somos un país caribeño, que somos un país latinoamericano. Votando por el «No» le diremos a los Estados Unidos que nuestros hijos quieren otros modelos de vida y que nuestros hijos y nietos no son ni serán carne de cañón del ejército de los Estados Unidos. 

Con el «No», plantearemos la previsión del maestro Don Pedro Albizu Campos: o yanquis o puertorriqueños.  Y nosotros, a través de una campaña en la calle de manera constante, estaremos exhortando al país a que se una a la defensa de la Patria para que el mensaje que el país le manifieste al gobierno de los Estados Unidos sea que no hay forma de asimilarnos, que no hay forma de anexarnos. Porque en la medida que exista un pueblo combativo, un pueblo en la calle, un pueblo en las urnas que reclame su esencia y su nacionalidad, no habrá jamás forma alguna de absorbernos.

Nuestro «No» representa, además, la reafirmación de la independencia y el urgente reclamo de transformar este país, de construir una patria nueva, de desarrollar la economía, de acabar con la desigualdad social. 

Ese día, en el que votaremos «No», servirá también para invitar a votar por el Partido Independentista Puertorriqueño. Es decir, un no a la colonia, no a la anexión, sí a la puertorriqueñidad, sí a la Nación, sí a la nacionalidad y sí a la independencia.  Porque ese es el futuro de este país para que haya un nuevo amanecer con verdadera justicia social, libertad, progreso y soberanía.

(Fragmento de turno sobre el Proyecto del Plebiscito Estadidad Sí o No)

 

Cuidado a nuestros envejecientes

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Siendo las personas mayores de 65 años más susceptibles al contagio del coronavirus (COVID 19), los hogares de ancianos, que por lo general albergan a población de mayor edad y con salud comprometida, son de las instituciones que enfrentan un reto mayor en sus esfuerzos por detener el contagio de la pandemia. Ya desde el cuatro de marzo el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CSMM), había emitido un comunicado respecto a la importancia de que las facilidades de cuido prolongado institucionalizado asumieran los protocolos de vigilancia y actuación ante el COVID. 

Según estadísticas oficiales hasta el domingo 22 de marzo, en el país había 23 casos de coronavirus confirmados. De esta cifra, 11 de los contagiados están bajo el sistema de salud de la Administración de Veteranos del gobierno de Estados Unidos y los otros 12 bajo cuidado de instalaciones médicas de Puerto Rico. La edad promedio de estos 12 casos es de 68.8, siendo la edad máxima 87 años. Tres de los casos son féminas y los otros nueve varones. 

En tanto, en comunicado de prensa, este domingo el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto García, informó que en el Departamento de la Familia (DF), la agencia que regula y supervisa tanto a hogares de ancianos como centros de cuido, hasta el momento (domingo) no se habían recibido llamadas de alegado maltrato a personas de edad avanzada en la modalidad institucional. Además de que el DF había realizado mil llamadas de seguimiento a través de sus oficiales de licenciamiento y supervisores para conocer el estatus del funcionamiento en los establecimientos de cuidado de adultos mayores y no se había reportado ningún incidente en esta emergencia. 

Mientras, muchas de estas instituciones –en particular aquellas que integran la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración– han adoptado un protocolo, elaborado por la Asociación, siguiendo las guías del CSMM y del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC siglas en inglés), que no solo aborda el coronavirus, sino también la influenza, el micoplasma y todo otro síntoma gripal. 

Un ejemplo de un Plan Operacional para Atender Condiciones de Salud Infecciosas comienza con una primera fase educativa tanto para empleados, residentes y familiares para discutir las guías de vigilancia que contiene el plan. La que suscribe tuvo esta experiencia de orientación a los familiares en la institución Casa Corales, Senior Living Residence, en donde una epidemióloga enfermera orientó sobre la condición, una semana antes de que se confirmara el primer caso en la isla. 

En esta fase de prevención además de las medidas de higiene, están: la restricción del contacto físico tanto a residentes como al personal, mantener la distancia de tres pies entre las personas, el avalúo cada 72 horas de los signos-síntomas vitales de los residentes, limitación de las visitas a un familiar por residente (solo en áreas asignadas y el tiempo de visita), la limitación de salidas a las estrictamente necesarias y prohibir la entrada a toda persona con síntomas gripales. 

La segunda fase de Inicio de Control se adoptó tan pronto se dio a conocer la existencia de casos sospechosos. Se reduce el tiempo y días de visitas, y se dividen por grupo para evitar el hacinamiento. Todo residente que muestre síntomas de sospecha de posible contagio será evaluado por el médico de la facilidad quien establecerá el plan de manejo.

Como era de esperar ante el conocido avance de la pandemia, los hogares de ancianos han entrado a la tercera fase de Ejecución de Contención, una vez se confirmó el primer caso de COVID 19 en la Isla. De inmediato se cancelaron las visitas. Ahora nuestras y nuestros viejos se verán obligados a vernos a través de la tecnología, ya sea mediante llamada telefónica o visitas virtuales. Los hogares establecerán un horario para estas comunicaciones. Hay que tomar en cuenta que los cuidadores necesitan tiempo para cumplir con las guías de higiene tanto para las facilidades como para los mismos residentes. La institución deberá mantener informados a los familiares sobre la actualización de las guías. 

Según el Instituto de Estadísticas, hasta el domingo (22 de marzo) se habían evaluado o estaban bajo evaluación 266 personas, (66 bajo la Administración de Veteranos), la edad promedio de los evaluados era de 40 años. 

Sin recursos para estudios en línea

 

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD 

gvazquez@claridadpuertorico.com 

Las clases presenciales en la Universidad de Puerto Rico (UPR) fueron canceladas hace una semana. Al momento de hacer la tirada de esta edición los estudiantes ya habremos comenzado a tomar clases en línea. Sin embargo, este nuevo modelo educativo ha generado nuevas preocupaciones en la comunidad universitaria. 

La realidad es que muchos estudiantes del sistema UPR no cuentan con los recursos para enfrentar el cambio abrupto que representa la modalidad de clases en línea. Así como sucede en el caso de la educación preuniversitaria, hay quienes no disponen de internet o dispositivos electrónicos. 

Esta situación también representa un reto para aquellos estudiantes que no tienen un techo seguro. Según dijo a CLARIDAD Jorge Rivera Velázquez, representante estudiantil graduado: “se le recomendó al presidente que estos estudiantes no podían ser desalojados en medio de esta crisis porque no puedes exponerlos a ellos, ni a sus familias”. 

Rivera mencionó que de la misma forma se solicitó un sistema de calificación «aprobado/no aprobado» como alternativa para aquellos estudiantes que quisieran acogerse al mismo y que su aprovechamiento académico no se viera afectado. También, que se le recomendó al presidente ofrecer una ayuda económica adicional a los estudiantes como lo han hecho universidades en los Estados Unidos en esta crisis. 

En un comunicado emitido el sábado 21 de marzo, tanto Rivera como Josué Rodríguez Cintrón, representante estudiantil subgraduado, reclaman que en sus funciones han emitido varias recomendaciones y comunicados al presidente para que establezca e informe a la comunidad universitaria sobre cómo se van a trabajar dichos asuntos. Hasta el sábado no habían recibido una respuesta oficial de su parte.

“Queremos señalar y recalcar que la administración no puede seguir postergando esta toma de decisiones, pues son los estudiantes los más perjudicados. […] Ante esto, los Representantes Estudiantiles ante la Junta de Gobierno, le exigimos al Presidente que emita directrices uniformes y claras inmediatamente en beneficio de nuestros estudiantes”, concluyen ambos representantes en el comunicado.

Siguen las intenciones de privatizar nuestros recursos

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La dejadez que ha tenido el Gobierno para destinar dinero a las instalaciones de Parques Nacionales, junto a la dejadez por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en tener listo un informe sobre el estado de estas instalaciones a dos años del huracán María, solo confirman las intenciones de la privatización.

La semana pasada, en las vistas para su confirmación, el nominado a secretario del DRNA, licenciado Rafael Machargo Maldonado, declaró que no descartaba la privatización de algunas de las instalaciones del ahora Programa de Parques Nacionales, ante el deterioro y falta de presupuesto para su atención.

A juicio del exadministrador de lo que fue la Compañía de Parques Nacionales (CPN), licenciado Sammy González, no le sorprenden esas declaraciones y sugiere que ya el gobierno está en esa dirección debido a que la Gobernadora muy bien pudo haber destinado de los $600 millones de fondos CDBR, una partida de $40 millones para los parques nacionales. Agregó que el hecho de que Machargo Maldonado dijese a la Comisión de Nombramientos de la Cámara que tendría un informe sobre las instalaciones en 30 días es otra prueba de la negligencia del DRNA, ya que el huracán María fue el 21 de septiembre del 2017. “Es ahora que van hacer eso. Esto lo que representa es que la transición que se dio en el 2018, cuando le pasaron las propiedades de Parques Nacionales a Recursos Naturales, que estaba administrando Recreación y Deportes, no fue una transición ordenada, ni organizada, ni efectiva”.

El ahora director de Desarrollo Económico del Municipio de Mayagüez afirmó que las instalaciones de Parques Nacionales (10 balnearios, cinco centros vacacionales y siete parques) son rentables. Destacó que el fin social de estas instalaciones es uno recreativo, de encuentro familiar y de esparcimiento. También de admiración a la naturaleza, que sirven para proteger contra la contaminación y son una barrera natural de ruido. No siempre son una mera producción económica.

El licenciado González, reconoció que las instalaciones son también rentables en términos de bienes raíces. Dio el ejemplo del Balneario de Boquerón, el cual tiene 100 cuerdas de terreno y 300 instalaciones entre cabañas y villas. Resaltó el sentido visionario del concepto de parques nacionales al escoger terrenos de alto valor adquisitivo. 

“No tengo la menor duda de que tiene que haber especuladores e inversionistas detrás de esas propiedades. Después del huracán, como director de Desarrollo Económico de Mayagüez, recibimos llamadas de todas partes del mundo, pero principalmente de Estados Unidos y Canadá, diciendo que querían invertir en Puerto Rico. Si a eso le sumas las leyes 20 y 22, lo que vimos con esto es que el Gobierno no ha intervenido de forma efectiva; esa no es la intención”.

Sobre la protección contra la privatización que puedan tener las instalaciones indicó que aunque las playas se supone que sean públicas, las instalaciones físicas sí podrían estar sujetas a la privatización. Aunque algunas de ellas tienen fondos del Departamento del Interior de Estados Unidos (DI), que establece la restricción de que sus usos son para fines públicos, el mismo DI ha hecho excepciones a proyectos de desarrollo. Un ejemplo de esto es la parte norte del Parque Luis Muñoz Marín, que fue cedida mediante un contrato a un desarrollador privado. González señaló que estos contratos son por una extensa cantidad de años y no todo el mundo puede pagar por el uso de las facilidades.

Destacó que, por el contrario, el propósito de la creación de la CPN era lograr la visión similar a la de otros países del mundo de declarar parques nacionales para la perpetuidad, para el disfrute de futuras generaciones. Tanto es así que la Ley 9 y 10 de 2011 establecía que los parques no se podían enajenar, vender ni privatizar. Eso cambió con la presente administración, que en el 12 de agosto de 2018 aprobó la Ley 71 que abre la puerta a la privatización. En ella se establece que los parques se pueden privatizar siempre y cuando existan dos propuestas. 

“Ahí es que transfieren el Programa a Recursos Naturales. Así que habilitaron la ley y posterior al desastre las tienes (las instalaciones) abandonadas para poderlas vender a quemazón. Por las expresiones del secretario, se sabe que no va a haber una asignación para repararlas, a menos que exista un adelanto de las pólizas y seguros de los fondos CDBR. Lo pueden hacer. La gobernadora puede poner una partida para eso, pudo haber separado 40 millones para eso; pero eso el secretario no lo ha luchado”, denunció.

En entrevista por separado, el activista ambiental de Toabajeños por el Ambiente, Juan Camacho, expresó respecto a la gestión del DRNA que todas las agencias bajo esta sombrilla son un fracaso. Sobre el caso de las instalaciones recreativas comentó que ya, de hecho, en los balnearios los estacionamientos están privatizados. Denunció que el planteamiento del secretario es el viejo cuento del Gobierno de dejar desmerecer los activos de manera tal que resulte más caro su rehabilitación y tener excusas para la privatización.

Ambos entrevistados dijeron no saber si el nominado cuenta con alguna trayectoria en defensa del ambiente y de los recursos naturales.