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Uruguay: El dilema del Frente Amplio

 

Por Carlos Flanagan

El domingo 30 de junio, tuvieron lugar en Uruguay las elecciones internas partidarias, rumbo a las elecciones nacionales del domingo 27 de octubre (1).

Votó el 40% del padrón electoral superando el 37% de la elección anterior del año 2014.

Hay que señalar que desde que existen, nunca las campañas hacia las elecciones internas de los partidos han logrado la repercusión y entusiasmo popular que sí concitan las de elecciones nacionales.

En los dos partidos que de acuerdo a todas las encuestas tienen chance de disputarse el triunfo en las elecciones de octubre – el Frente Amplio (en el gobierno desde el año 2005) y el Partido Nacional – no hubo sorpresas en cuanto al candidato ganador de la elección que definió las candidaturas presidenciales de cada partido (el Ing. Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou respectivamente).

El lunes 1º de julio la Corte Electoral dio los datos del escrutinio primario donde votaron 1.076.821 personas.

El Partido Nacional fue el más votado totalizando 448.132 votos (30.000 más que en 2014). Luis Lacalle Pou fue el ganador con el 54% y 240.943 votos, el segundo lugar fue para Juan Sartori logrando el 22% con 92.707 votos y Jorge Larrañaga terminó en tercer lugar con el 17 % y 78.450 votos.

El Frente Amplio obtuvo 255.072 votos (46.000 menos que en la anterior); el ganador fue Daniel Martínez con el 42% y 107.023 votos, el segundo lugar fue para Carolina Cosse con el 26% y 65.035 votos, Oscar Andrade se ubicó tercero con 23% y 58.817 votos y Mario Bergara finalizó en cuarto lugar con el 9% y 23.688 votos.

El Partido Colorado obtuvo 181.384 votos (41.000 más respecto a la de 2014); el economista Ernesto Talvi obtuvo un claro triunfo con el 54% y 97.447 votos, el expresidente Julio María Sanguinetti finalizó segundo con el 33% y 59.415 votos y José Amorín Batlle fue tercero con el 13% y 24.054 votos.

 

Los tonos de las campañas

El clima interno en cada partido durante la campaña electoral ha sido diametralmente opuesto. En el Partido Nacional hubo duros enfrentamientos entre precandidatos sobre todo entre Larrañaga y Sartori. 

Por primera vez en el país, irrumpió como precandidato del Partido Nacional un joven outsider multimillonario que vivió la mayor parte de su vida fuera del país y de su realidad. Gastando millones de dólares en publicidad y en toda su campaña, Juan Sartori que votó el domingo por primera vez en su vida, logró ubicarse segundo entre los precandidatos, relegando a un tercer puesto al Senador Jorge Larrañaga de una extensa trayectoria política. Sin embargo sólo alcanzó un 22%; lo que indica que al menos por ahora no se repitió el fenómeno que se ha dado en otros países.

En el extremo opuesto, el Frente Amplio, como siempre, aprobó en diciembre del pasado año en su Congreso -corolario de meses de discusiones y elaboraciones en todos los organismos de base y sintetizadas en unidades temáticas centrales preparatorias – su programa único para el período 2020 – 2025 y a su vez decidió habilitar y respaldar cuatro precandidaturas en pie de igualdad; las de Daniel Martínez, Carolina Cosse, Óscar Andrade y Mario Bergara.

Más allá de las campañas de cada uno, se organizaron varios actos unitarios del FA con la participación y oratoria de los cuatro precandidatos. Y así con estos actos se inició y se cerró la campaña.

Hacia afuera, todos los discursos de los partidos de oposición hicieron hincapié en el problema de la inseguridad (tema que cala en forma importante en las capas medias) y trataron de mostrar una imagen de un país estancado y en crisis.

Por su parte el Frente Amplio se centró en mostrar las cifras que indican un crecimiento económico ininterrumpido en sus 15 años de gobierno (hecho inédito en la historia del país), así como indicadores que muestran a Uruguay como el país de mayor justicia distributiva en A. Latina. La pobreza bajó de un 39,9% en 2004 a un 8,1 al cierre del año 2018 y la indigencia en el mismo período bajó de un 4,7% a un 0,1%. Más allá de los logros económicos y sociales alcanzados, todos los precandidatos indicaron que había que profundizar muchos aspectos del proceso de cambios en el próximo período de gobierno.

 

El factor militar

Un partido recién creado, “Cabildo Abierto” que lleva como candidato al exComandante en Jefe del Ejército Guido Manini Ríos, sin tener lucha interna, obtuvo 46.887 votos y se ubicó como la cuarta fuerza política del país. Indica la existencia de una derecha dura, posiblemente nostálgica de la época dictatorial, que no hay que pasar por alto en el análisis.

 

Las perspectivas hacia octubre

 Es preocupante que durante su campaña el Frente Amplio no planteó claramente (salvo en el caso de Andrade en alguna oportunidad) la necesidad de obtener los votos en la primera vuelta de las elecciones de octubre que aseguren mantener las mayorías parlamentarias propias como ha sido desde el 2005 hasta hoy.

 Por el contrario, uno de los precandidatos, Mario Bergara manifestó el 3 de mayo: “Las mayorías parlamentarias fueron importantes sobretodo en el primer gobierno para permitir reformas estructurales, pero condicionan el juego político. A mí no me quita el sueño obtener las mayorías parlamentarias, en este último gobierno nos trajo más dolores de cabezas que soluciones. Incluso no nos permitió, por ejemplo con las FFAA o la inserción externa, discutir adecuadamente algunos temas”.

Considero que el compañero cometió un serio error en su análisis. Partiendo de un hecho puntual cierto, sacó una conclusión política general equivocada.

A diferencia del PT en Brasil que nunca las tuvo, el Frente Amplio en sus tres períodos de gobierno pudo aprobar leyes sólo con sus votos.

Por el contrario el PT debía negociar la aprobación de cada ley construyendo mayorías circunstanciales específicas. Para la aprobación de la siguiente, ya debía armar una nueva ingeniería con otros sectores que lo hicieran posible.

Esto no sólo le generó un gran desgaste, sino que además pagó el alto precio político consistente en que los contenidos de las leyes aprobadas no eran en muchos casos los que originalmente el gobierno hubiera deseado y planteado.

 Finalmente en la campaña electoral, Fernando Haddad se limitó a mencionar los logros obtenidos en los gobiernos de Lula y Dilma sin denunciar el carácter retrógrado y fascistoide de Bolsonaro. Y cuando lo quiso hacer en los días finales de la misma, fue muy tarde.

En Uruguay algunos compañeros parecen olvidar los años de gobiernos blancos y colorados desde la salida de la dictadura en 1985 hasta el 2005, durante los cuales en el Parlamento votaban unidos en bloque sus leyes como si fueran una aplanadora y rechazaban toda propuesta de la izquierda (expresión puntual de la lucha de clases que nunca dejó de existir y sigue vigente).

La apuesta de la derecha – más allá de los discursos sobre propósitos de armar una coalición – no es ganar las elecciones de octubre (saben que el FA, muy probablemente con un margen menor, volverá a triunfar en una segunda vuelta); sino conquistar – ahí si coaligados – las mayorías parlamentarias que le permitan torpedear la labor legislativa del gobierno durante todo el período, como primer paso de su plan de reconquista del gobierno en el año 2025.

En definitiva estamos en una cruz de los caminos: o en la campaña de estos tres meses hacia octubre el FA reacciona, reverdece sus definiciones fundacionales y hace énfasis en que se contraponen dos proyectos antagónicos de país; el neoliberal privatizador que ya conocimos en los años 90 y nos llevó al abismo de la crisis del año 2002 y el de la izquierda, que sin dudas deberá profundizarlo en sus alcances para seguir avanzando hacia una realidad de mayor justicia social; y para ello insistir en la imperiosa necesidad de lograr una votación que asegure mayorías parlamentarias propias, o en caso contrario, de no hacerlo y perderlas, probablemente se iniciará un proceso de tránsito hacia una futura derrota.

 

Nota

1) De acuerdo a la legislación electoral, las elecciones internas son obligatorias para todos los partidos que se presenten a las elecciones nacionales (en las que se vota Presidente y la totalidad de miembros del Parlamento). El voto no es obligatorio para los ciudadanos en las internas; sí lo es en las nacionales.

Reproducido de www.alainet.org

Un paso adelante en la revitalización del casco urbano de Río Piedras

 

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD 

gvazquez@claridadpuertorico.com 

Luego de una ardua lucha por el rescate del antiguo Teatro Paradise, el Comité para la Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEBDI), autorizó el traspaso del emblemático espacio al Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras. Despúes de haber denegado su transferencia a la Junta Comunitaria de Río Piedras, el CEBDI reconsideró la propuesta y como resultado autorizó a la Autoridad de Carreteras y Transportación a suscribir un contrato de arrendamiento con opción a compra por un término de diez años y por un valor nominal de $1.00 anual. La propiedad recibió un valor estimado de $60 mil. 

La propuesta desarrollada por la Junta Comunitaria, busca rehabilitar el edificio abandonado, el callejón de El Roble contiguo al Paradise y levantar la avenida Ponce de León a nivel del encintado para crear una ancha acera peatonal. Esto último no significaría eliminar el paso de automóviles, más bien tiene el fin integrar el callejón, la placita de El Roble y el tramo de la Ponce de León que va desde el Paseo De Diego hasta la estación del Tren Urbano. 

Según en el comunicado de prensa, se acordó que el plan de desarrollo y revitalización debe exceder el valor estimado actual de la propiedad. 

“Recibimos la noticia de la transferencia del Teatro Paradise al Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras con mucho entusiasmo y agradecimiento. La aprobación del CEBDI de transferir tan importante activo a nuestra comunidad nos permitirá continuar adelantando los esfuerzos de rehabilitación que hemos encaminado. Río Piedras vive y trabajaremos arduamente para que el Paradise brille nuevamente”, dijo Cristina M. Miranda Palacios, presidenta del Fideicomiso.

El Paradise fue inaugurado en 1945, pero con el decaimiento del casco urbano de Río Piedras se fue a pique todo su esplendor y finalmente cerró sus puertas en 1987. Era el último cine que quedaba en la Ciudad del Roble. 

La construcción del Tren Urbano, en 2001, amenazó la existencia de la estructura. Entre el 2001 y el 2003, un grupo de residentes de Santa Rita intentó rescatarla, se diseñaron unos planos con un estimado de $3.2 millones y se hizo un estudio de mitigación ambiental de la estructura. El proyecto se hizo sal y agua y estuvo muerto por casi una década hasta que hace varios años la Junta Comunitaria rescató la lucha. 

En 2015, el Cambridge Technical Institute (CTI) se ubicó en el edificio que está junto al Paradise. La escuela técnica abrió una pared del teatro contigua a su edificio para utilizar el espacio de estacionamiento. 

A pesar de que el Gobierno autorizó el traspaso del Paradise, hasta que el Fideicomiso no tenga la escritura en sus manos no puede decidir sobre el espacio y el uso que se le dará, según explicó Zenia E. González Clemente, presidenta de la Junta Comunitaria de Río Piedras. 

“Somos un precedente para otras comunidades que quieran rescatar propiedades públicas para desarrollar proyectos comunitarios”, añadió la líder. 

Editorial:El acecho de los buitres

 

Las condiciones están dadas para que cualquier autoridad investigativa de Puerto Rico o de Estados Unidos, o la elusiva figura del Inspector General de la que tanto le gusta hablar al Gobernador, o cualquier otra autoridad con jurisdicción sobre el asunto, pueda conocer a fondo la realidad que propicia la corrupción entre ciertos funcionarios o asociados al gobierno de Puerto Rico y personas o intereses privados, y hacer algo contundente al respecto. Solo bastaría una mirada panorámica –pero dura e incisiva– a aquellas dependencias en las que se manejan grandes partidas de fondos locales o federales, o aquellas que administran importantes activos públicos, para darse cuenta de lo que salta a la vista: la existencia de un patrón de utilización de bienes públicos para beneficiar a intereses privados que resulta evidente al ojo de cualquier observador atento, aun si este no cuenta con grandes dotes de investigador. 

En cada administración, la figura central en este patrón cambia, aunque no necesariamente sus integrantes. Hay personas que llevan años figurando en estos asuntos. Salen y entran de distintas administraciones de gobierno, unas veces en un lado y otras en otro, pero siempre desempeñándose en alguna capacidad, ya sea como funcionario, asesor o contratista. 

En esta edición, CLARIDAD denuncia la situación que está ocurriendo en la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés), la dependencia que una vez fue el brazo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para promover la inversión privada y el desarrollo económico en Puerto Rico. Recientemente, el gobierno de Puerto Rico anunció la creación de una subsidiaria y un fideicomiso privado, al cual se le traspasará el 92% de las propiedades que actualmente maneja PRIDCO, y que representan un ingreso de $31 millones anuales para dicha dependencia. Esto, bajo la excusa de que dicha acción servirá para garantizar el pago de la deuda de dicha agencia. 

Los portavoces de la Unión Independiente de Trabajadores de PRIDCO, a cuyas espaldas se realizó esta movida, niegan que la entidad tenga tales problemas de pago de deuda. Divulgaron los datos que demuestran que desde el 2016 la agencia ha reservado en una cuenta separada la cantidad equivalente a su compromiso de pago de deuda, monto que ya asciende a $41 millones. Insisten en que PRIDCO tiene la capacidad de administrar sus propiedades y cumplir con el servicio a la deuda, y denuncian al nuevo fideicomiso y a la supuesta garantía de pago de deuda que este representa como meros subterfugios para enajenar bienes públicos a favor de inversionistas privados. 

Lo denuncian como parte del mismo proceso mediante el cual se creó la llamada Organización de Mercadeo de Destino (DMO, por sus siglas en inglés), entidad privada adscrita a la sombrilla del DDEC, a la que se le trasladó la responsabilidad por atraer la inversión privada a Puerto Rico al son de $4.5 millones del presupuesto del País. Hasta ahora, los resultados de la gestión del DMO, y de su afiliada para promover el turismo, Discover Puerto Rico, luego de casi dos años de operaciones, están por verse. Sí sabemos que cuentan con más de una decena de funcionarios –casi todos extranjeros– que devengan centenares de miles de dólares anuales en salarios por un trabajo invisible.

La situación que se denuncia en nuestro periódico es seria, y confirma otras denuncias sobre el modo en que opera este esquema de beneficio privado con dinero público en corporaciones públicas o dependencias del gobierno que administran grandes activos. Estos activos son precisamente la carnada perfecta para inversionistas hambrientos de hacer un buen negocio a precio de quemazón. Solo que con la estructura del fideicomiso creado para PRIDCO, ni siquiera tienen que pagar por ello. Simplemente se les regala. 

Estas políticas privatizadoras, que se diseñan a propósito para desmerecer el valor de nuestro patrimonio y justificar así la entrega de nuestros recursos a intereses privados, se han convertido en la ruta escogida por el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal para nuestro país. En este momento, las mismas se hacen más apremiantes, dado el intenso revolotear de los buitres sobre todo lo que nos queda de valor.

La podredumbre que se ha instalado en las altas esferas del gobierno y entre sectores del empresariado privado que no tienen más patria que sus propios intereses, es un banquete del que quieren aprovecharse los buitres que se alimentan de la carroña, de lo muerto, de lo podrido. Siempre son los mismos y siempre operan en las sombras, rondando hambrientos, pero listos para dev

Las Lolitas NYC: Visibilización de la mujer en la lucha por la descolonización de Puerto Rico desde Nueva York

 

Por Gabriela Ortiz Díaz/Especial para CLARIDAD 

“La lucha por la independencia y la descolonización de Puerto Rico tiene que ir de la mano del derrocamiento del patriarcado y del imperialismo. Se ha borrado de la historia el rol que ha tomado la mujer en la lucha por la descolonización de Puerto Rico. Nosotras estamos utilizando la figura de Lolita para hablar de esta valerosa mujer, pero también de todas las otras mujeres que conforman parte de la lucha por la independencia de la isla”, dijo en entrevista telefónica desde Nueva York Yaraní Del Valle. 

“No vamos a llegar a un Puerto Rico justo e independiente si no es de la mano de la mujer”, continuó Del Valle, una de las mujeres que conforma el grupo Las Lolitas NYC. 

Las Lolitas en NYC. Yaraní del Valle Piñeiro. Foto : Melvin Audaz

Este colectivo surgió en enero 2019 con la intención de unirse a las gestiones realizadas en Puerto Rico para conmemorar el centenario del nacimiento de Lolita Lebrón Sotomayor (19 de noviembre de 1920), mujer que dedicó su vida a la lucha independentista puertorriqueña. Entre sus objetivos figuran: Educar sobre la figura de Lolita y sus aportaciones al movimiento de descolonización, además de promover el desarrollo óptimo de la política puertorriqueña tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. 

Precisamente, este grupo de mujeres se suma a los proyectos de puertorriqueños y puertorriqueñas que tratan la política del país desde la diáspora. Según aseguró la entrevistada, “la diáspora es clave para la descolonización de Puerto Rico porque nosotros estamos viviendo en las garras del imperio”. 

Desde Nueva York, Las Lolitas NYC denuncian la situación política de Puerto Rico. “Los puertorriqueños de la diáspora tal vez tenemos un poco más de energía para seguir militando porque los que están en la isla están tratando de sobrevivir cantazo tras cantazo. Ese shock político de noticias terribles y de leyes que se aprueba mientras la gente duerme, hace que al puertorriqueño insular le tome tiempo levantarse”, prosiguió. 

La base de este colectivo está conformada por la solidaridad política. De hecho, fue la solidaridad con el colectivo de mujeres que se reunió por años en el Puente Dos Hermanos de San Juan para exigir la excarcelación de Oscar López Rivera la que dio pie a la unión de las mujeres de Las Lolitas NYC. “En la diáspora nos conectamos mujeres de todas las edades inspiradas por las mujeres que se reunían en el Puente Dos Hermanos. Quisimos apoyar la gesta de las mujeres en la isla y formamos acá el grupo 32 mujeres x Oscar”, recordó Del Valle. 

A partir de enero de este año, Las Lolitas NYC han organizado actividades mensuales que van marcando el camino que desembocará en la gran fiesta de celebración del natalicio de Lolita el 19 de noviembre 2019. Han hecho grupos de estudio sobre la figura de Lolita, recitales de poesía, invitaron al grupo de mujeres pleneras Plena Combativa y desfilaron en la parada puertorriqueña en Nueva York ataviadas del uniforme que tenía Lolita Lebrón cuando atacó la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 1 de marzo de 1954 junto a Rafael Cancel Miranda, Irving Torres y Andrés Figueroa Cordero. 

Tras ese performance grupal en la parada puertorriqueña, Las Lolitas NYC se ha establecido como un colectivo que lleva un mensaje de descolonización contundente en Nueva York. Para esa ocasión, las 15 mujeres que gestaron el grupo convocaron a otras mujeres para que se vistieran de gris con el pecherín de distintas tonalidades de azul. 

“La reacción de la gente al vernos fue muy poderosa. Ha habido compañeras que van vestidas como Lolita a otras manifestaciones políticas. Le llamamos el uniforme del ejército boricua femenino liberador”, dijo Del Valle. 

La meta que tuvieron como grupo al participar en la parada puertorriqueña 2019 fue que “visualmente hubiera una presencia masiva de mujeres vestidas de la misma forma para atraer la atención de cualquier persona. Mientras desfilábamos, otras mujeres del colectivo repartían unos marcadores con la foto y la biografía de Lolita”, explicó Yarani del Valle. 

Durante estos meses previos a la celebración en noviembre se han fijado reclutar a más mujeres para que en esa actividad final también haya una representación masiva estética del “ejército femenino boricua libertador”. Las actividades que han realizado no están ajenas a Las Lolitas en su centenario, grupo de mujeres en Puerto Rico que persigue el mismo propósito de enaltecer el legado de la luchadora independentista. 

“Somos mujeres puertorriqueñas en la diáspora, pero también marchó con nosotras una norteamericana vestida de Lolita. Esto va más allá; si tú entiendes que Puerto Rico se merece independencia, estás en contra del colonialismo y reconoces el legado de Lolita, puedes ser parte del grupo sin importar si eres de aquí o de allá”, apuntó la entrevistada. De paso señaló que el grupo no impone restricciones de género ni de edad. 

Yarani Del Valle compartió con CLARIDAD que “algo que ha sido muy bonito es el hecho de reunirnos periódicamente a estudiar la situación de Puerto Rico, las ramificaciones de lo que está pasando ahora y estudiarlo desde una mirada sin arrogancias, desde la honestidad. Al reunirnos mujeres de diferentes generaciones a discutir la historia que nos llevó hasta dónde estamos y la situación política de Puerto Rico, hemos encontrado un lugar de fortaleza y nos ha inspirado a continuar militando en contra del colonialismo”. 

“Si estábamos desilusionadas con todo lo que está pasando en Puerto Rico, el grupo nos ha dado fortaleza y nos ha reiterado la necesidad de que las mujeres se organicen y se reconozcan como parte esencial de la lucha”, finalizó. 

Para enterarse de todas las actividades que está organizando este colectivo, se puede visitar la página de Facebook, Las Lolitas NYC. 

Fondos para el desarrollo de vivienda: Falta de transparencia y participación

 

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD 

gvazquezlopez@claridadpuertorico.com

 

Los fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación tras Desastres (CDBG-DR), aun no se han desembolsado. Al día de hoy el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés) está auditando los $18 mil millones asignados en febrero de 2018. Se desconoce cuanto más tardará este proceso. 

Peor aun, no hay garantía de que los fondos llegarán a las comunidades.
Por ejemplo, hace once años, luego de unas fuertes lluvias, el HUD asignó a Puerto Rico una subvención total de $30 millones para atender los desastres causados. De los 25 municipios declarados Zona de Desastre, nueve esperan porque el Departamento de Vivienda de Puerto Rico (DV) gestione contratos y desembolse un balance de $7 millones. Por otra parte, los proyectos de mitigación de inundaciones provocados por las lluvias y para los cuales el HUD asignó unos $3 millones todavía no se han completado.

Las dudas sobre el futuro de los fondos CDBG-DR asignados tras el impacto de los huracanes Irma y María prevalecen y no es para menos. Preocupa que, como en tantas otras ocasiones, el dinero que le corresponde el pueblo termine beneficiando a sectores particulares. Es por esto que Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), corporación sin fines de lucro cuyo propósito es proveer educación y apoyo legal gratuito y accesible a personas y comunidades de bajos y medianos recursos, ha reclamado que “en un contexto de crisis económica extendida y ante el aumento de la desigualdad tras los desastres, urge canalizar estos recursos de forma efectiva y con miras a la recuperación sostenible de Puerto Rico”.

Mal utilizados, los fondos no llegarán a las comunidades que más lo necesitan. La mala gestión de las políticas públicas en el Plan de Acción podrían tener como consecuencia el desplazamiento de los sectores menos aventajados del país.

Plan de Acción y desplazamientos forzosos

Según la reglamentación federal, el documento en el cual el gobierno establece la forma en que se van a administrar los fondos CDBG-DR debe tener unos componentes mínimos que incluyen participación de la comunidad, que los programas entre los que se distribuirá el dinero estén destinados a personas de ingresos bajos y moderados y parámetros de elegibilidad específicos, entre otros.

Ayuda Legal sostiene que el Plan de Acción no cumple con estos requisitos y que en primer lugar el gobierno ha fallado en establecer dichos parámetros los cuales deben ser claros, transparentes y participativos.
También, que existe un riesgo de desplazamientos forzosos cuando el Estado no considera la mitigación y opta por prohibir las viviendas. El programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3), de la guía para el manejo de los fondos, prohíbe la reparación o reconstrucción de viviendas en zonas inundables o susceptibles a deslizamientos.

Otras de las restricciones que pudieran favorecer los desplazamientos forzosos son la falta de mecanismos uniformes para que personas sin título de propiedad formal sean elegibles a los fondos y las barreras para que organizaciones de base y comunidades puedan administrar los programas.
Cabe aclarar que ALPR no promueve que las personas vivan en espacios inseguros. En general, ante tales restricciones la organización exige que se promueva la participación de las comunidades en los planes de relozalización, que se proteja su integridad y se garanticen sus derechos.
Zonas de oportunidad y austeridad

El desplazamiento de las comunidades se puede dar de varias formas pero la soga siempre parte por lo más finito. Por eso la reducción de gastos públicos y los recortes en servicios esenciales como la educación, energía eléctrica, agua potable y salud.
Este fatídico fenómeno, también conocido en economía como austeridad, promueve que inversores atraídos por las exenciones contributivas y la economía del visitante se apropien de los espacios que solían ser de gente empobrecida.

Las zonas de oportunidad son un esquema de exención contributiva que promueve la inversión en estas zonas desaventajadas. El 98% de Puerto Rico es considerado como zonas de oportunidad, mientras que en Estados Unidos estas zonas se pueden extender en un 25% de una zona geográfica.

Según concluye ALPR en su informe para la recuperación justa, las cumbres celebradas por el gobierno, así como el tipo de inversor extranjero que se desea atraer a través de la economía del visitante, levanta sospechas sobre quiénes se beneficiarán de este esquema. Sin parámetros claros o exigencias de rendición de cuentas, este beneficio puede ser otra herramienta para establecer proyectos gentrificadores y desplazar comunidades.