Por Manuel de J. González/CLARIDAD
Si las autoridades federales fueran consistentes al aplicar la norma legal que se desprende del pliego acusatorio emitido contra dos altas funcionarias de la administración de Ricardo Rosselló recientemente acusadas, deberían arrestar en los próximos meses a casi todos los jefes de agencia y al propio Gobernador. El esquema que se describe allí para imputar robo, conspiración y lavado de dinero a dos integrantes del gabinete, se repitió en todas las dependencias gubernamentales a partir de enero de 2017.
Las dos funcionarias imputadas son la estadounidense Julia Keleher, Secretaria de Educación hasta el pasado mes de marzo, y Ángela Ávila Marrero, quien hasta hace poco más de un mes estuvo a cargo de la Administración de Seguros de Salud. Junto a ellas se acusó a otras cuatro personas, todas beneficiadas con contratos autorizados en las dos agencias que en conjunto sumaron más de $15 millones. El más notorio de los otros cuatro acusados es Alberto Velázquez Piñol, quien desde los tiempos del gobernador Luis Fortuño, ha jugado un papel protagónico en los gobiernos del Partido Nuevo Progresista, aunque nunca ha sido empleado.
A ninguna de las dos funcionarias acusadas se les imputa haber obtenido beneficio personal en los contratos otorgados, como siempre había sucedido en los casos de corrupción del pasado. Tampoco se les imputa, como también antes siempre fue la norma, haber desviado dinero público para fines político partidista. En prácticamente todos los casos de corrupción pública procesados durante los últimos 25 años siempre estuvo presente el lucro personal del funcionario o el aprovechamiento de la nómina pública para el financiamiento de campañas políticas. En el nuevo pliego acusatorio esa imputación no está presente.
El esquema descrito en el nuevo pliego acusatorio divulgado el pasado 10 de julio es similar en ambas agencias, el DE y ASES y, también en ambos casos, su descripción les permite a los fiscales imputar el delito de “conspiración” a las dos funcionarias arrestadas. Tanto en los contratos autorizados por Keleher como en los promovidos Ávila Marrero, se manipularon los procesos de subasta para facilitar que un contratista “de la confianza de esta administración”, fuera el agraciado. La manipulación incluyó adelantarle información para ponerlo en ventaja sobre otros competidores, cambiar los requisitos para ajustarlos al protegido, cancelar subastas ya convocadas o sencillamente otorgar el contrato sin subasta. Luego de otorgado en casi todos los casos el contrato se enmendaba sucesivamente para aumentar el máximo de facturación permitido.
Cualquiera que conozca un poquito de cómo ha operado el gobierno colonial puertorriqueño sabe que las acciones que se describen en el pliego acusatorio han sido el modus operandi de todas las administraciones. El que gana las elecciones se dispone de inmediato a “limpiar la casa” eliminando a los protegidos de la administración anterior para sustituirlos por los “de la confianza de la nueva administración”. Ese comportamiento ilegal era tan frecuente que todo el mundo lo aceptaba como algo “normal” y los propios funcionarios públicos entendían que era lo que tenían que hacer. De hecho, de los correos electrónicos que se reproducen en el pliego acusatorio se desprende que la ahora acusada Ávila Marrero actuaba con absoluta tranquilidad cuando comentaba los contratos anteriores que había que cancelar, aunque no existiera ninguna razón legal, y los nuevos que había que favorecer. De las comunicaciones no se desprende preocupación alguna de que se estuviera haciendo algo ilegal porque era lo que había que hacer. Ella comienza su gestión enviándole a Velázquez Piñol los contratos que entiende debe cancelar y luego utiliza la misma frase para ir eliminándolos uno a uno. Luego procede a convocar a los de la casa.
En los correos de Ávila se ve con claridad el enorme poder que tenía Velázquez Piñol quien, según las informaciones, actuaba como el enviado del Gobernador. Ávila siempre lo trata de “usted” y se comunica con él como si se tratara de un superior.
En el caso de Velázquez Piñol sí hay un robo directo para beneficio personal. Este es el caso típico del buscón que gana una gran influencia sobre una administración de gobierno, pero no se coloca en ningún cargo con salario y funciones fijas. Actúa como una especie de procónsul sobre las dos agencias, DE y ASES, manipulando procesos y asegurándose una comisión de diez por ciento en cada contrato gestionado. Según el pliego acusatorio, este individuo comenzó a operar tan pronto en el mismo mes de enero de 2017 tan pronto se inició el nuevo gobierno.
Como señalamos, el esquema corrupto descrito en la acusación ha existido por siempre. ¿Por qué las autoridades federales se han dispuesto a atacarlo ahora? Obviamente no ha sido por decisión de la todavía en funciones fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, bajo cuya incumbencia el esquema ha estado a la vista sin que se hubiese dispuesto a actuar. Los indicios son claros de que en esta ocasión el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ordenado la acción.
Si de verdad se quiere limpiar la casa debemos esperar muchos más arrestos en los próximos meses porque el esquema que se describe en cuanto a ASES y el DE está presente en todas las dependencias públicas. El último caso de alguna notoriedad que se conoce es el del Departamento de Corrección donde se anuló un contrato de una entidad que proveía el alimento de los confinados, y contra la cual no había ninguna queja, para sustituirla por otra “de la confianza de la administración”.
En cuanto a los últimos de arrestos es pertinente destacar que se trata de dos de los servicios básicos que debe ofrecer cualquier gobierno – salud y educación – y que las dos agencias concernidas manejan más de la mitad del presupuesto público. Allí el botín era cuantioso.
