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Paralizada las gestiones entre el Gobierno y la JCF

Por Gabriela Ortiz Díaz/Especial para CLARIDAD

En términos formales, las relaciones que tiene el gobierno con la Junta de Control Fiscal (JCF) están paralizadas. “Todo es incierto y eso afecta los acuerdos a los que se puedan llegar con bonistas porque el plan de ajuste de deuda debe tener el apoyo del Gobierno Central, si no, no se puede implementar nada”, dijo el licenciado Rolando Emmanuelli.

Según la ley PROMESA, y ahora más ante el panorama de renuncias por corrupción y los cambios de liderato en el país, la JCF es la que promueve los esfuerzos de reestructuración de la deuda pública.

A la pregunta de en manos de quién quedan las negociaciones con acreedores y los procesos judiciales de la quiebra de Puerto Rico ahora que hay incertidumbre sobre quién tomará las riendas de la Autoridad de Asesoría Financiera Y Agencia Fiscal (Aafaf), Emmanuelli contestó que la JCF promueve los esfuerzos de reestructuración, pero para esto es necesaria la participación del gobierno central de Puerto Rico mediante la Aafaf.

“La Junta legalmente está capacitada para continuar estos procesos de negociación. La Junta puede decidir lo que le dé la gana, pero el gobierno de Puerto Rico tiene que participar y consentir”, aclaró el abogado.

“El consentimiento del gobierno central es importante para la negociación con los deudores porque involucra legislación. Si el gobierno central no legisla, no se pueden consumar los acuerdos ni los planes de ajuste. Dentro del concepto del Título III, la participación que ha tenido el gobierno de Puerto Rico es fundamental”, dijo.

Precisamente, a raíz de la crisis política que enfrenta el país y sumando la impugnación sobre la constitucionalidad de la JCF, desde finales de julio, más de 60 organizaciones solicitaron a la jueza Laura Taylor Swain que paralizara los procesos judiciales hasta que la isla se estabilizara y se iniciara una auditoria integral de la deuda.

“A esta crisis de liderato se añade que todos los días nos levantamos con un nuevo caso de corrupción y mal uso de fondos públicos. Por eso, solicitamos más que nunca se ordene por el Tribunal una auditoria integral de la deuda…”, expresó la licenciada Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda y de la campaña Construyamos Otro Acuerdo.

Sobre el reclamarle a la JCF la auditoria integral de la deuda, Emmanuelli comentó: “eso hay que pedirlo en la calle, como se hizo con la renuncia del exgobernador”.

En momentos en los que la Junta está en medio de una controversia sobre su propia validez constitucional ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos – la vista oral para el proceso de impugnación de la Junta será en Washington el 15 de octubre de 2019 – un editorial del Washington Post publicado recientemente postulaba que el Congreso debería endurecer más los poderes que tiene la Junta sobre Puerto Rico.

La respuesta del licenciado Emmanuelli a eso que sugería el editorial fue: “eso es un disparate que demuestra una enajenación de lo que está pasando en Puerto Rico y echa a un lado los derechos humanos…es una opinión que representa los intereses colonialistas más recalcitrantes de Estados Unidos”.

Administrando la dependencia

Por René Marqués Velasco/Especial para CLARIDAD

El gobierno con sus sombrillas tiene una estructura organizacional similar a la divisional, la cual separa el área de planificación de la de ejecución (operacional). En Puerto Rico, la dependencia en recursos externos provoca que se priorice la planificación. Por eso, en tiempos difíciles, se presenta un presupuesto en el que se le reducen fondos al Centro Médico y a la UPR mientras se le aumenta a La Fortaleza, el Departamento de Estado y PRFAA áreas de planificación y cabildeo.

Nuestra economía depende de recursos externos incluyendo: inversión externa, deuda y transferencias federales. El gobierno de Roselló resolvía el problema económico mediante plan, plan, plan. Para atraer inversión externa contaba con el nuevo código de incentivos, para rehabilitar la deuda el plan fiscal junto a la Junta de Control Fiscal y para aumentar las transferencias federales la estadidad y el cabildeo.

Más allá del nivel de planificación debemos ir al nivel operacional donde se desarrollan los recursos y capacidades. Estos deben desarrollarse continuamente ya que sirven de atractivo a las industrias proveyendo mejor infraestructura, destrezas, suplidores, etc. y a la vez sirven para apoyar a la industria local con financiamiento, conocimiento, destrezas, etc.

Pero en nuestro País no se reconoce la importancia de desarrollar los recursos y capacidades. Los políticos, de ambos partidos principales, cosechan recursos que no sembraron ni cultivaron (mediante deuda y transferencias). Por eso, a nivel operacional, lo que hacen es repartir los recursos, mayormente provenientes del exterior, con criterios políticopartidistas. Esto ha servido de caldo de cultivo para una corrupción rampante que ha provocado la indignación del pueblo.

En el Departamento de Educación hay un historial de corrupción (i.e. Fajardo, Keleher (acusada) y desperdicio. Alrededor del 40% del presupuesto se va en contratos. A nivel operacional, en el salón de clases, la política del Departamento de Educación depende de una prueba, sin considerar cuan preparado está el estudiante para la escuela. En el sistema público el 77% de los estudiantes están bajo el nivel de pobreza, la cual crea limitaciones e incide en las oportunidades de obtener una educación adecuada. La intervención a edad temprana mitiga los efectos de la pobreza. En nuestro país, solamente un 34% de la población de 0-5 años tiene experiencias preescolares, correspondiendo al Departamento de Educación ( kínder y prekinder) un 11% del total. Por otro lado, el cambio en metodología de enseñanza depende de maestras innovadoras (i.e. método Montessori). Tampoco hay estrategias para desarrollar destrezas de autorregulación del comportamiento y las emociones. Como sociedad no cuidamos de nuestros niños y pagamos las consecuencias.

La UPR era la única institución con una fórmula para garantizar su desarrollo, por eso todavía tenemos país. Aunque no exenta de la política partidista, la UPR sirvió de herramienta para la movilidad social, produjo conocimiento, profesionales competentes y dio servicios a la comunidad ( incluyendo servicios médicos) lo que la convirtió en el proyecto social más importante. Al presente, está siendo desmantelada por el gobierno y la Junta.

El acceso a infraestructura de primera es un atractivo para las empresas foráneas, sin embargo, aquí su desarrollo no se considera importante. La AEE fue saqueada por políticos de ambos partidos con subsidios a los municipios, corrupción en los contratos y empleos innecesarios lo que la llevó a la ineficiencia operacional y la acumulación de pérdidas. La AEE emitió deuda por $9,000 millones y en lugar de poder invertir en plantas modernas, tuvo que utilizar los fondos para financiar las pérdidas. Por su parte, la AAA durante décadas ha desperdiciado la mitad de su producción. De Carreteras, ni hablar, cada cuatro años se ponen parchos.

En Puerto Rico una banca comercial conservadora limita el acceso al recurso financiero. El Banco de Desarrollo se supone sea una alternativa financiera a la banca comercial favoreciendo empresas que estimulen la economía. Éste, sin embargo, no se comporta como tal. En 2014 el 61% de sus activos estaban en inversiones financieras y solamente 30% estaba en préstamos. En áreas vitales como turismo, agricultura y manufactura tenía solamente el 9% de sus activos.

Las asociaciones de empresarios tampoco hacen su parte (i.e. Centros de adiestramientos especializados) prefiriendo el cabildeo, incluso en Estados Unidos, para obtener beneficios.

Un profesional o una empresa que no desarrolle sus recursos deja de ser competente. La sociedad que no desarrolla sus recursos y capacidades languidece. Urge una nueva cepa de políticos que promueva el desarrollo económico mediante el avance de nuestros recursos y capacidades. Hoy, el término “Puerto Rico se levanta” adquiere un nuevo significado y renace la esperanza.

El autor es profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico.

Rechazo contundente a Pedro Pierluisi

Por la Cándida Cotto/CLARIDAD/ccotto@claridadpuertorico.com

Aun cuando la permanencia del auto proclamado gobernador está en veremos debido a que tanto el Senado de Puerto Rico y el Municipio de San Juan -en acciones por separado- impugnaron su juramentación en los tribunales, el movimiento feminista, activistas ambientales en contra de la quema de carbón y el deposito de cenizas en la isla, grupos que abogan por la auditoria de la deuda expresaron su rechazo a que Pedro Pierluisi Urrutia, llegue a ocupar el puesto de gobernador.

“De la misma manera en que el Movimiento Amplio de Mujeres se unió a las cientos de miles de personas que denunciaron la administración machista y corrupta de Ricardo Rosselló, esta vez levanta su voz en contra de la auto-designación de Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico, en un acto antidemocrático sin precedentes en nuestro país”, afirmó la licenciada Verónica Rivera Torres, portavoz del colectivo en comunicado de prensa.

Más allá de la auto proclamación el MAM atribuyó que el historial de Pierluisi como funcionario público dejaba mucho que desear y distaba mucho de reunir los criterios que, mínimamente, deben caracterizar a la persona que ocupe la gobernación. En esa línea denunciaron que como Secretario de Justicia, falló en proteger a su país del que describieron, el histórico esquema de corrupción de la administración de Pedro Rosselló y como Comisionado Residente apoyó desde Washington DC las políticas de austeridad de la administración Fortuño que llevó al despido de más de 30,000 personas del servicio público, en su mayoría mujeres.

El MAM también señaló que Pierluisi tiene un serio conflicto de interés por haber sido representante legal y cabildero de la compañía carbonera AES, cuyos tóxicos de cenizas han contaminado el agua y han sido relacionados a la alta incidencia de cáncer en la region sur de Puerto Rico. Peor aún, insistió el MAM en las vistas de confirmación en la Cámara de Representantes salieron a relucir los vínculos de su pasada campaña eleccionaria con KOI, la empresa de publicidad vinculada a la administración Ricardo Rosselló, cuyas actuaciones están siendo investigadas por el Departamento de Justicia de Puerto Rico.

“Es preocupante que a Puerto Rico lo gobierne una persona que fue abogado de la Junta de Control Fiscal cuyo deber de lealtad y fidelidad no termina después de cesar la representación legal. Estos próximos meses son los más importantes para los planes del pago de la deuda porque en este próximo año se decide el futuro de Puerto Rico, incluyendo el futuro de nuestras pensiones. Las mujeres en Puerto Rico exigimos contar con funcionarios y funcionarias públicas que pongan los intereses del país por encima de los personales y partidistas. Este no es un asunto que concierne solo al partido gobernante, sino a todo el país. Necesitamos funcionarios y funcionarias públicas honestas, que luchen contra todo enemigo interno y externo que ponga en riesgo nuestros derechos. Pedro Pierluisi es uno de esos enemigos y por eso, no puede convertirse en el gobernador de Puerto Rico”, culminó la Lcda. Rivera Torres.

Mientras el pasado domingo los grupos ambientalistas llevaron a cabo una manifestación frente a la Fortaleza para dejar patente su rechazo a Pierluisi.

En tanto el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda (FCPAD), VAMOS, Dignidad, entre otras organizaciones sociales, también le exigieron a la Legislatura rechazar cualquier candidato o candidata a la gobernación que sea sello de goma de la Junta de Control Fiscal.

“El Lcdo. Pierluisi tiene un serio conflicto de intereses para el rol de gobernador y no representa el reclamo de cambio que pide el pueblo. Pierluisi fue propulsor de la Ley PROMESA, ha sido abogado y cabildero de la Junta de Control Fiscal, incluyendo los acuerdos de COFINA y AEE, tiene relación cercana con José Carrión III, y ha recibido donaciones de bonistas buitres de Wall Street. Las manifestaciones masivas realizadas por las calles del Viejo San Juan pedían la salida del Gobernador y de la Junta: “Ricky renuncia y llévate a la Junta”. Al igual que Rosselló, la Junta tiene un historial de despilfarro de fondos públicos en salarios y contrataciones, serios conflictos de interés e influencias indebidas”, expresó Eva Prados Rodríguez, abogada y portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda.

En esa misma línea el planificador José Rivera Santana, también portavoz del Colectivo Dignidad, reclamó que lo menos que necesita el país es tener un cabildero de PROMESA y de la Junta como gobernador. “Las decisiones de la Junta han creado las condiciones para más endeudamiento y corrupción. Además, promueven políticas de privatización, pues la privatización de bienes y servicios es lo que está al fondo de los casos recientes de corrupción en el Departamento de Educación y ASES”, advirtió.

No obstante los grupos que abogan por la auditoría de la deuda expresaron igual preocupación con que el otro candidato que se ha mencionado pueda llegar a ocupar la gobernación, sea el actual presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, a quien señalaron como otro enemigo de la transparencia, de que se audite la deuda y se protejan los servicios esenciales.

La represión del Gran Jurado contra Chelsea Manning

El caso de Chelsea Manning se perfila como una agresión abierta y brutal contra el pueblo de Estados Unidos a la libertad de prensa y de estar informados sobre su realidad política.

Por Raymond Soto Dávila/Especial para CLARIDAD

En nuestro Puerto Rico hay una serie de asuntos relacionados a Estados Unidos que no se tocan o que de tocarse luego de un tiempo no se vuelven a escuchar en el análisis político que se difunde a través de los diversos medios del país. Ello puede deberse al impacto de estos asuntos cuando se trata de represión política como es el caso del uso del Gran Jurado del gobierno de Estados Unidos al aplicarse a opositores políticos. Ese es el uso precisamente que se da contra Chelsea Manning pero antes de discutirlo se debe repasar brevemente lo que ha significado ese mecanismo para los luchadores por la liberación nacional de nuestro país.

El Gran Jurado y el Partido Nacionalista

En el 1936 el Gran Jurado del Gobierno de Estados Unidos le requirió las actas del Partido Nacionalista de Puerto Rico a Juan Antonio Corretjer, quien militaba entonces en ese partido. Corretjer se negó a entregar las actas y por esa negativa lo encarcelaron el 2 de abril de 1936, iniciándose en nuestra historia de liberación la resistencia al Gran Jurado. A esto seguirían varios intervalos en que se aplicaría a luchadores independentistas tanto en Puerto Rico como en la diáspora extendiéndose su uso a militantes que no eran boricuas pero se comprometían con la causa. Igualmente se persiguió con este mecanismo a defensores de causas reivindicativas, luchadores afroamericanos, chicanos, indígenas y agrupaciones estadounidenses identificadas con la defensa de derechos humanos y con principios socialistas y comunistas, cuya composición mayormente era “caucásica”. Estas acciones represivas del gobierno de Estados Unidos utilizando como arma el Gran Jurado se dieron de forma muy intensa entre los años de 1976 a 1983. Las facultades investigativas del Gran Jurado son muy amplias, los investigados deben comparecer sin abogado y pueden ser encarcelados por periodos de tiempo hasta dieciocho meses si se niegan a cooperar. Además de responder a preguntas, puede exigir huellas dactilares y muestras de pelo. La investigación del Gran Jurado puede ser “civil” o “criminal” siendo esta última mucho más agresiva o dañina. A Manning le han aplicado el civil. El gran jurado tiene una larga historia como institución en Estados Unidos, data de su relación con sus colonizadores comenzando como un calco del gran jurado inglés.

El caso de Chelsa Manning

El caso de Chelsea Manning se perfila como una agresión abierta y brutal contra el pueblo de Estados Unidos a la libertad de prensa y de estar informados sobre su realidad política. Los hechos indican que Manning representa un reto al gobierno permanente del imperio y que no se trata de que estén dispuestos a limitarse a acciones represivas a través de la jerarquía militar que le son aplicables por haber sido parte de las fuerzas armadas. Es un gran error para las personas con conciencia en Puerto Rico mantener silencio sobre este caso y gravísimo para los luchadores por la independencia. Primero debemos ver un poco de la historia personal de Manning. Nació en Oklahoma, en 1987, reconocida bajo el nombre de Bradley Manning, su padre es estadounidense y su madre es de Gales. Su vida familiar fue convulsa, hubo problemas de alcoholismo, sus padres se separaron y su escuela secundaria la estudia en Gales, a donde fue a vivir con su madre y hermana mayor. Desde temprana adolescencia Manning se sentía como una niña y no como un niño, añadiendo esto un gran peso a sus años de desarrollo debido al acoso frecuente que tuvo que enfrentar. En sus años de escuela secundaria despuntó en aprovechamiento académico y en computadoras. Manning regresó a residir con su padre a Estados Unidos poco después de terminar su secundaria. Luego de varios problemas familiares y de residir por un tiempo con una tía paterna, decide entrar al Ejército a instancias de su padre quien también fue militar. Su motivación era servir a su patria y lograr disminuir sus ansias de salir públicamente como mujer ya que creyó que el ambiente militar lo podía ayudar en ese sentido.

El curso que siguió Manning en el ejército fue angustioso desde el inicio. Logró terminar el adiestramiento básico a pesar de que durante el mismo se le amenazó con expulsarla debido a altercados con oficiales. Poco después Manning recibe adiestramiento adicional en el Fuerte Huachaca en Arizona, donde se capacita como analista de inteligencia y digitalización. Al final de este adiestramiento le otorgan los salvoconductos de seguridad que le provee acceso a material “sensitivo”. Luego la asignan a Fort Drum en el estado de Nueva York, donde conoce y establece una relación personal con Tyler Watkins quien la conecta con una comunidad de “hackers” en Boston. En 2009, el ejército transfiere a Manning a la base conocida como “Forward Operating Base Hammer” en la frontera de Irak con Iran. Es aquí que ella se entera de innumerables horrores que le cambian la vida porque transforman su conciencia.

Dado su trabajo como analista, Manning se encuentra con información clasificada de bitácoras del Departamento de Estado, información sobre Irak y Afganistán, evaluaciones a prisioneros de Guantánamo y videos de acciones que son crímenes de guerra. Antes de finalizar el 2009, Manning intentó contactar al New York Times y al Washington Post pero no tuvo éxito. Aprovechó un pase en Rockville, Maryland, en febrero del 2010 y logra contactar a Wikileaks y a Assange, suministrándoles una gran cantidad de documentos. . En abril de 2010, Wikileaks hizo público un video donde se ve un helicóptero militar estadounidense tiroteando y asesinando a iraquíes indefensos con la excusa de que “confundieron” una cámara de fotos con un arma. Mientras tanto, Manning de vuelta en Irak comienza a enfrentar mucha tensión, entrando en conflicto con otros militares al punto que surgen amenazas de bajarle de rango y de expulsión. En medio de todo eso, Manning contacta por la red un hacker, conocido como Adrian Lemo, a quien le confía lo de las filtraciones a Wikileaks. Este individuo la delata al Departamento de Defensa lo cual provoca su arresto en mayo del 2010.

Tras su arresto, Manning es encarcelada en Kuwait en donde manifiesta tendencias suicidas. Luego la trasladan a la cárcel de Quantica en Virginia, en encierro de 23 horas y bajo continua observación. Por razones desconocidas, la obligan a estar desnuda, en condiciones crueles y abusivas. Le celebraron juicio dictándosele sentencia el 21 de agosto de 2013 con una condena de 35 años de cárcel. La declararon culpable de 20 cargos entre los cuales destacan espionaje, robo y fraude mediante computadora. Sin embargo, no la declaran culpable del cargo más serio, el de ayudar al “enemigo”. La administración Obama sostuvo que las filtraciones de Manning pusieron en peligro las fuentes de información y diplomáticas estadounidenses. Se continuó debatiendo luego de la sentencia si compartió inteligencia “peligrosa” o si se trataba de una “whistle blower” a quien le habían impuesto una sentencia injusta o excesiva. Tras su sentencia Manning comunicó que se consideraba transgénero y deseaba comenzar terapia hormonal. En abril del 2014 logró ser reconocida legalmente como Chelsea Elizabeth Manning. En enero de 2016, a pocos días de vencer el término presidencial de Obama y tras una campaña militante a su favor, ese presidente la libera, saliendo definitivamente en mayo de ese año luego de cumplir siete años de cárcel.

El re encarcelamiento de Chelsea Manning por vía del Gran Jurado ocurrió apenas dos años después de su liberación. A todas luces tiene un doble propósito político: (1) proveer un escarmiento para intimidar a todos los que so color de libertad de prensa o principios humanitarios osen delatar atrocidades del gobierno de Estados Unidos y (2) articular un adefesio leguleyo contando con declaraciones de Manning, para extraditar y encarcelar de por vida al australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks. La posición de Manning ha sido de no cooperar. No va a testificar por dos razones: Ya lo hizo durante el juicio militar y solamente si se permite la prensa podría considerar hacerlo. Lleva dos periodos de encarcelamiento. El primero comenzó el 9 de marzo del 2019, duró dos meses y se le obligó a estar en solitaria por un mes. El segundo comenzó el 16 de mayo, poco después de su excarcelación, al resistir una nueva citación del Gran Jurado. Desde esa fecha se encuentra en el “Federal Detention Center”, en Alexandria, en el norte de Virginia.

El Gran Jurado como arma

Hay un caso que sirve para demostrar el uso del Gran Jurado como arma para cumplir fines inclusive de su política exterior.: Se trata de Herbert Osborne Yardley. Yardley inició la primera organización de inteligencia criptológica del gobierno de Estados Unidos que se conoció como el “Black Chamber” aunque su nombre oficial era “US Cipher Bureau”. Se le considera precursor de la poderosísima agencia secreta conocida como National Security Agency (NSA). Luego de que finalizara la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la lucha geopolítica entre diversos países era muy complicada pero para Estados Unidos el país que estaba en su mirilla era el Japón Imperial. Japón había sido aliado de Estados Unidos en dicha guerra y no eran pocos los que en esa época desaprobaban el uso de espionaje contra aliados. Yardley logró romper los códigos y claves de comunicación de Japón, representando esto una gran ventaja para Estados Unidos al concertar tratados. Yardley dejo de trabajar para el gobierno de Estados Unidos y ya para los años de la Gran Depresión enfrentaba estrechez económica. Es este el motivo principal para escribir un libro muy revelador sobre su trabajo el cual tituló “American Black Chamber” que le fue publicado en el 1931. El gobierno de Estados Unidos vio con alarma esta publicación la cual fue muy exitosa. Yardley preparó un manuscrito con el fin de publicar un segundo libro el cual iba a titular “Japanese diplomatic secrets” pero el gobierno de Estados Unidos logró impedirlo. Ese manuscrito no representaba todos los requisitos necesarios en ley para acusarlo de espionaje. El 23 de febrero de 1933, el gobierno, entonces bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, se valió de una serie de maniobras para que un gran jurado ordenara la incautación del manuscrito por razones de seguridad nacional. Fue George Platt Brett, Jr., heredero y presidente del imperio publicitario Macmillian, quien finalmente se presentó a un edificio federal donde sesionaba el Gran Jurado e hizo entrega del manuscrito. El libro permanecería censurado hasta que gracias al trabajo del reconocido periodista investigador James Bamford, se desclasificaría el manuscrito en el 1979. (Para más sobre este tema, ver de James Bamford, The puzzle palace (1982) y Body of secrets (2001); Ladislas Farago, The broken seal (1967); Simon Singh, The code book: The science of secrecy from Ancient Egypt to quantum cryptography, 1999.)

El pueblo de Estados Unidos se encuentra como en la cueva de Platón. Tiene que tomar el poder y romper la enorme caja de secretos que nunca lo ha llevado a la paz y lo mantiene en guerras y al borde de más guerra en gran parte de su trayectoria como pueblo. La historia está a punto de repetirse. Hay que liberar a Manning y evitar la extradición de Assange a Estados Unidos.

Comentarios a: sotodavilar41@gmail.com

¿Último Gobernador de la Colonia?

 

En las últimas semanas han corrido ríos de tinta sobre el ya famoso “chat” del gobernador y su círculo más estrecho de colaboradores.  No recuerdo, sin embargo, ningún comentario sobre su promesa en su toma de posesión, cuando afirmó que sería: “el último gobernador de la colonia”.

¿Serán proféticas estas palabras de Ricardo Rosselló Nevares?

Es importante advertir que el cargo de gobernador no corresponde a un soberano.  Los estados de la Federación norteamericana tienen gobernadores porque en realidad son provincias, no Estados.

Esto es así sencillamente porque la soberanía exige “un orden supremo cuya vigencia no es, derivable de ningún otro orden superior” (H. Kelsen).  Conforme a esto, carecerá de soberanía aquella comunidad cuyo ordenamiento esté situado bajo otro superior.

En las naciones soberanas a su más alto cargo político se le llama presidente, no gobernador.

¿Resultarán proféticas las palabras de Ricardo Rosselló Nevares?

Ricardo Alegría Pons

San Juan