Por Gabriela Ortiz Díaz/Especial para CLARIDAD

El capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), organización que impulsó la Reforma de la Policía de Puerto Rico 2012 tras denunciar a la uniformada en el Departamento de Justicia Federal por violaciones a los derechos civiles de los residentes de la Isla, asegura que tal reforma ha sido un fracaso.

El pasado 1ero. de julio, mientras el reverendo Jorge Raschke oraba frente a un grupo de personas en las afueras de La Fortaleza y le pedía a Ricardo Rosselló Nevares que no abandonara su cargo de gobernador, la Policía de Puerto Rico arrestó a una manifestante que “lo único que estaba haciendo era cuestionando la participación de Raschke en todo este proceso”, dijo a CLARIDAD el licenciado William Ramírez, director ejecutivo de esta organización.

Según se aprecia en un vídeo que grabó otra manifestante y que publicó en la red social Facebook, la mujer arrestada estaba hablando con los policías pacíficamente, por lo que, al momento de apresarla, tan siquiera se le podía acusar de alteración a la paz. “Ese es el caso más craso de violación al derecho de libertad de expresión”, continuó Ramírez.

Además de ese caso, durante la reciente jornada de protestas #RickyRenuncia, al menos 45 personas se vieron afectadas por diversos tipos de intervenciones de la Policía de Puerto Rico, según documenta un informe en proceso de Kilómetro 0. De esas 45 personas, 30 fueron afectadas por alguna técnica de uso de fuerza por parte de la uniformada, entre las que se incluyen macanazos, disparos de armas con municiones de goma, gas pimienta, gases lacrimógenos, golpizas, y otras agresiones.

Sobre esta jornada de manifestaciones que exigió la renuncia inmediata de Rosselló Nevares, William Ramírez comentó que “se están viendo los mismos abusos de siempre, inclusive más. En ACLU nos hemos reagrupado para revisitar la Reforma. Hemos documentado todo lo que hemos visto y continuamos viendo”, expresó Ramírez.

La uniformada ha violentado la Reforma de la Policía vigente, mediante el uso excesivo de fuerza en las pasadas semanas; también durante los 1ero. de mayo 2017 y 2018; durante la última huelga de estudiantes del sistema UPR y durante el encarcelamiento de Nina Droz, aseguró el Director Rjecutivo del colectivo que vela por el cumplimiento de los derechos civiles de los puertorriqueños y puertorriqueñas.

Lo más preocupante de un patrón de uso de fuerza en un país de supuesta democracia es que “hace patentemente claro que no vivimos en una democracia. Es bien preocupante no tener derecho a protestar sin temer y sin que anuncien con antelación que va a haber derramamiento de sangre en defensa de la democracia”, aseguró el licenciado.

Eso sigue ocurriendo porque la Policía no paga por las consecuencias. A juzgar por Ramírez, lo mínimo que puede hacer el Gobierno es expulsar al policía que abuse contra manifestantes; pero eso no pasa, aun con la reforma instituida.

“La Policía es un cuerpo político. Es bien difícil lograr una reforma de la Policía si no se reforma el Gobierno. Se trata de un cuerpo que está podrido y que está manchado con la política partidista de Puerto Rico”, dijo el entrevistado.

“Ya hemos hablado con algunos legisladores y, si ellos no hacen nada, llevaremos la denuncia a un comité en el Congreso que quiera investigar el funcionamiento de la Reforma porque esta es federal”, puntualizó.

Fuerza de choque de Corrección en las manifestaciones

La ACLU asegura que se ha utilizado la fuerza de choque del Departamento de Corrección en las manifestaciones, lo que es inconstitucional y violenta la Reforma 2012. Eso no debe ocurrir porque estos oficiales no reciben el adiestramiento que se diseñó bajo la Reforma, requisito para todos los miembros de la uniformada que participen en una manifestación masiva.

Tal como explicó el licenciado Ramírez, “la fuerza de choque de Corrección es más violenta que la que está en la calle y la razón de eso es porque el pueblo está protegido por la cuarta enmienda que dice que la Policía no puede exponer al pueblo a una detención y rebuscar a una persona sin tener razón para hacerlo. En las cárceles, esa cuarta enmienda no aplica y los oficiales pueden detener y rebuscar a las personas”.

Paralizadas demandas por violación de derechos civiles

El informe que está preparando Kilómetro 0 con ayuda de la ACLU y otras organizaciones se puede someter o presentar en cualquier vista independiente legislativa o en el Congreso y “se va a usar para cualquier recurso legal que se presente en los tribunales. Estamos contemplando hacer una demanda más grande que la de la Reforma”.

Sin embargo, en Puerto Rico, debido a PROMESA, las demandas de derechos civiles en contra de la Policía están paralizadas porque le costaría al erario. Ante esto, la ACLU también presentará un recurso legal que denuncie que Puerto Rico es “el único sitio bajo la bandera de Estados Unidos” en el que no hay un remedio para los ciudadanos a los que se les violen sus derechos civiles.

ACLU se retira del caso de la Reforma

Como la ACLU impulsó la reforma tras denunciar violaciones a los derechos civiles, el juez federal Gustavo Gelpí le pidió que fuera “amigo de la corte” en el caso de la Reforma de la Policía.

“Nosotros lo aceptamos, pero realmente en todo este tiempo que lleva la Reforma nosotros no hemos tenido ningún rol para darle insumo”, dijo el licenciado. Por eso, durante esta jornada #RickyRenuncia, la ACLU dimitió a ese título. “Si no tenemos un papel que jugar ahí pues tampoco debemos atarnos a si gusta o no lo que decimos”, continuó.

El retiro de la ACLU surgió también luego de que el juez Gelpí denegara la solicitud de la organización para que retirara el nombramiento del comisionado especial de la Reforma Alejandro del Carmen al alegar que no estaba capacitado para ese puesto.

El pasado viernes 26 de julio, el juez rechazó las alegaciones de la ACLU y defendió las credenciales de Del Carmen. Asimismo, Gelpí emitió una fuerte advertencia contra la organización y consideró que esta había abandonado su rol como “amigo de la corte” en este caso.

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Cuando el pueblo está en la calle asusta tanto como el río que se desborda. ¡Y los puertorriqueños llevamos ya demasiado tiempo desbordados! Desde que asomó el caliente mes de julio salimos a la calle “los de siempre”, como dijo entonces el presidente de la Cámara de Representantes, pero tras esa vanguardia llegó un aterrador golpe de agua que, tras inundar calles y avenidas, se llevó por medio al gobernador de la colonia con todo su séquito. El referéndum revocatorio, inexistente en nuestro ordenamiento legal, se impuso marchando.

Una vez el gobernador de turno fue obligado a renunciar, muchas fuerzas de nuestro país buscan la manera de contener la ira que sigue en las calles. Decían que tanta protesta ya está afectando el “clima de inversión”; que los gritos están asustando los turistas; que las agencias de gobierno, con sus jefes también asustados, están paralizadas y que esa paralización está incidiendo sobre la economía; que Plaza Las Américas se ha visto obligada a cerrar dos días, que la productividad laboral ha descendido. Como ven, un gran desastre para los que cada noche meten en la caja fuerte las ganancias del día. Pero, más que las ganancias, que nunca se han detenido, lo que le preocupa a esta gente es que el golpe de agua se asome por su finca, que los desbordados lleguen hasta ellos a exigir cuentas.

La elite económica, que también es elite política, hizo todo lo posible para asegurarse que en los ocho días que trascurrirían entre el anuncio y la efectividad de la renuncia de Ricardo Rosselló, estuviera consensuado un sucesor “aceptable”. Tenía que ser alguien que le diera “confianza al inversionista”, pero, sobre todo, alguien que pueda establecer una “buena relación de trabajo” con la junta de procónsules que controlan las finanzas públicas. Los siete junteros, y las lejanas autoridades que los impusieron, están entre los más asustados. Tan pronto se escuchó el ruido de la primera crecida (al ritmo del reguetón caribeño) los junteros emitieron un comunicado de prensa diciendo que miraban “con admiración las protestas”. ¡Vaya cinismo! Pero claro está, una cosa es protestar contra un gobernador corrupto y vulgar, y otra pretender afectar “el orden” necesario para hacer negocios.

La palabra mágica para los junteros y todas las “fuerzas vivas” de la colonia es “estabilidad” o, mejor aún, volver a la “normalidad”. La normalidad requiere que los junteros puedan seguir imponiendo austeridad sin que se produzcan protestas, que la Legislatura termine de una vez y por siempre con las pocas protecciones laborales que quedan, que quienes negocian un plan de pago de la deuda a la medida de los acreedores no tengan que escuchar gritos perturbadores.

Para lograr ese ambiente, ¿quién mejor que uno de los principales abogados de la Junta de Control Fiscal (JCF) como Pedro Pierluisi? El recién destituído Rosselló fue el producto de una elección, pero para su sustituto habría “selección”, y Pierluisi parecía ser el candidato apropiado.

Además de formar parte del personal de servicio de la Junta, Pierluisi es un miembro destacado de la elite económica y política de la colonia. Es, por tanto, quien les da la mayor garantía para un pronto regreso a la “normalidad”. Por eso se han dispuesto a imponerlo de la mejor manera, es decir, a la brava. Su nombramiento como Secretario de Estado y primero en el orden sucesorio se produjo apenas dos días antes de que concluyera el mandato del destituído, sin tiempo para reaccionar. Cuando aparecieron voces perturbadoras, tanto en la calle como en la Legislatura, de inmediato se orquestó el coro que impondría el “consenso”. Tanto el popular Aníbal Acevedo Vilá como el poderoso grupo empresarial Ferré Rangel, estuvieron entre las fuerzas que se juntaron para intentar construir el “consenso” necesario para la ratificación del seleccionado.

A base de mollero lograron que, con mayoría de uno, la Cámara de Representantes lo confirmara. De inmediato procedió a proclamarse gobernador – juramentando a escondidas en casa de su hermana cabildera – al hacerse oficial la destitución de Rosselló. Dos días después, el domingo 4 de agosto, anunció que no se someterá a evaluación del Senado porque lo que está ante ese cuerpo es un nombramiento de Secretario de Estado y ya él es gobernador.

La lógica de lo sucedido es aterradora para el futuro de cualquier país. El gobernador expulsado nombra un secretario que, una vez confirmado por la Legislatura, podría sucederlo. El designado, aprovechando que la Legislatura está en receso, asume el cargo. Luego dice que, como ya es gobernador, no tiene que someterse a un procedimiento de ratificación de funcionarios electos. Estamos ante un auténtico golpe de estado, una burla a todo lo que se pueda considerar como “democrático”.

Los golpes de estado siempre han sido obra de alguna junta. Los que conocíamos hasta ahora la Junta en cuestión la integraban militares. El golpe que tenemos ante nosotros fue orquestado por la junta de procónsules que vino del Norte. No es casualidad que en la primera reunión de Pierluisi con “su gabinete” estuviera presente la abogada Rosemarie Vizcarrondo Carrión, vinculada a la JCF.

Los que orquestaron esa toma del poder han olvidado un detalle. La crecida que terminó arrastrando al gobernador corrupto y jaquetón no ha concluido. Las aguas no han vuelto al cauce. De ellas, y no de los tribunales, es que saldrá la respuesta. En estos momentos ya está presentada una demanda del Senado de Puerto Rico reclamando que se respete su derecho constitucional a ratificar los funcionarios del poder ejecutivo. Independientemente de lo que pueda decidir el foro judicial será otra vez el poder de la calle el que se imponga.