Por Francisco A. Catalá Oliveras/Especial para CLARIDAD

Si el amigo lector visita al Departamento de Hacienda podrá ver que justo en su entrada se encuentra una estatua solitaria. Le rinde merecido honor al Intendente –hoy llamado Secretario de Hacienda– Alejandro Ramírez, funcionario imperial, autodidacta e intuitivamente institucionalista.

Durante muchos años Puerto Rico fue poco más que un puesto militar sostenido eminentemente por transferencias provenientes de México: el Situado Mexicano. Estas transferencias se suspendieron en 1809. La crisis en las finanzas públicas y en el país no se hizo esperar. Para esa época la población no sobrepasaba los 200,000 habitantes. La actividad económica más importante era informal, básicamente contrabando.

En 1813 arribó a Puerto Rico, con su nombramiento de Intendente, Alejandro Ramírez. En un escrito publicado en el Diario Económico describe su primera impresión del país y acusa el daño provocado por la dependencia. En breves palabras resume el problema al referirse a Puerto Rico como: “…un país en que se había descuidado el fomento de la propia riqueza en la confianza de que los Situados llenarían siempre el hueco…”. 

¿Qué hizo Alejandro Ramírez ante tal situación? Organizó la Intendencia, alteró el sistema impositivo para hacerlo más efectivo y reestructuró el gasto público para colocarlo en sintonía con las urgencias públicas. La suspensión del Situado obligó a la gestión empresarial. Se catapultó a la industria cañera y luego el café, el tabaco y el comercio. Claro está, a lo largo del siglo se conjugaron muchas y diversas acciones, desde el Grito de Lares, la abolición de la esclavitud y el establecimiento del tren, que le fueron dando forma a la nación.

Cuando los norteamericanos invadieron en 1898 no encontraron un país rico, pero tampoco encontraron una sociedad inactiva ni a un reguerete de gente sin sentido de identidad. Encontraron un país productivo de cerca de un millón de habitantes con sus particulares y distintivas expresiones culturales. De haber continuado la cultura del Situado es muy probable que hubiesen encontrado un enclave militar, con satélites poblacionales sin mayores expresiones de misión o propósito, viviendo sentados sobre recursos extraviados.

Tal experiencia refleja la importancia del andamiaje institucional. Thorstein Veblen, crítico social de principios del siglo 20, reconocido como padre del institucionalismo estadounidense, postulaba que para el desarrollo de una sociedad sana basta contar con mujeres y hombres normales capaces de forjar buenas instituciones. Es cierto. Pero, dicho así parece algo sencillo. No lo es. Ni los seres humanos son tan normales ni el diseño institucional es tan fácil. Lo que sí es fácil es su destrucción.

¿Qué son las instituciones? Son las maneras de ver, organizar y hacer las cosas; son las normas que rigen a las organizaciones sociales –entidades gubernamentales, empresas, sindicatos, partidos políticos, iglesias, universidades, centros culturales, movimientos comunales, familias, etc.– que, a su vez, también suelen ser llamadas instituciones; son las pautas formales e informales que rigen el comportamiento de los miembros de la sociedad; y son las capacidades políticas críticas para orientar el ordenamiento interno de un país y su inserción en la red interactiva que se llama mundo. El idioma, el dinero, las leyes, los sistemas de pesas y medidas y los modales en la mesa son instituciones. La lista, todavía incompleta, sirve al propósito de hacer patente que sin instituciones no es posible la convivencia, no hay sociedad.

Puerto Rico, por su condición colonial, tiene una caja de herramientas institucionales incompleta. Además, para colmo, en estos momentos todas –TODAS– las instituciones con que sí cuenta están en crisis. Baste una muestra: la Universidad de Puerto Rico, la Orquesta Sinfónica, la Autoridad de Energía Eléctrica y los Departamentos de Educación, Salud y Hacienda. En realidad, para ser exhaustivo habría que incluirlo todo.

Por un lado, la corrupción actúa como corrosivo institucional. Lo daña todo. Impide el desarrollo. Para que éste ocurra es preciso movilizar recursos tangibles, como tierra, capital y trabajo, junto a recursos de mérito como confianza, voluntad, integridad y sensibilidad hacia la justicia. ¿Quién puede confiar en el Departamento de Hacienda después de la declaraciones en torno a “mafias” del que fuera su Secretario y también director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OPG ) y principal oficial financiero del gobierno?

Por otro lado, la corrupción ha estado acompañada de una disparatada reforma gubernamental que se ha traducido en desmantelamiento institucional. Por ejemplo, la Junta de Planificación se ha subsumido en el Departamento de Desarrollo Económico en donde desaparecerá. La Compañía de Fomento Industrial, que ya estaba casi muerta, ha sido enterrada. Ahora la promoción industrial está a cargo de “Invest Puerto Rico”, entidad privada sostenida con fondos públicos. Algo parecido sucede con la Compañía de Turismo. El mercadeo lo realiza “Discover Puerto Rico”. La administración de turno está empeñada en poner los cabros a velar las lechugas. Tal parece que no advierte la diferencia entre el interés privado y el público.

El sector privado no puede presumir de inocencia. Hay gestión empresarial productiva, innovadora y legítima. Pero también hay cacería de rentas, evasión tributaria y, simple y llanamente, robo. ¿No es acaso en la contratación de empresas privadas por parte del gobierno donde más escándalos han salido a flote? La extorsión y el soborno son caras de la misma moneda. La codicia y la sensación de impunidad son estimulantes extraordinariamente poderosos para orientarse por el camino de la corrupción.

La capacidad económica de un país se remite a la habilidad de su gente y a la disposición de una red institucional que le permita actuar ante la oportunidad y la adversidad. Puerto Rico necesita un verdadero plan de desarrollo con el instrumental político (poderes) que lo haga viable; necesita lidiar efectivamente con la deuda; necesita reconstruir su base infraestructural y recuperarse de los daños ocasionados por el huracán María. ¿Alguien en su sano juicio cree que el gobernador y su gabinete –los que han estado y los que están– pueden cumplir con tal encomienda? ¿Puede hacerlo la imperial Junta de Supervisión (Control) Fiscal cuyo presidente se pavonea ahora en las actividades de la campaña de Trump? Es evidente que, en todo caso, todos estos personajes y otros tantos a lo único que han contribuido es a la crisis institucional. No puede ser de otra forma cuando las dos formaciones electoralmente dominantes y que han gobernado por más de setenta años se definen, en un caso, por interpretar la subordinación como privilegio y, en el otro, por asumir la emasculación como derecho civil. ¿No es esto fragua de corrupción?

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Contra todo augurio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó acoger la petición de todas las partes de revisar la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, que declaró inconstitucionales los nombramientos de la Junta de Control Fiscal. El Tribunal acogió tanto la petición de la Unión Independiente de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), que originó el caso, la de la Junta de Control Fiscal, la de la firma de inversores Aurelius y del Comité Oficial de Inversores de Aurelius. Cabe señalar que entre los meses de octubre a junio, el Tribunal suele recibir de cinco a diez mil peticiones de revisión y apenas acepta el 5%. 

El representante legal de la UTIER, el licenciado Rolando Emmanuelli, en entrevista con CLARIDAD, calificó como un paso de avance el hecho de que el Tribunal Supremo haya decidido acoger el caso. “Ahí nada más, fuimos contra todos los augurios. El Supremo solo acepta para revisar muy pocos casos de los que recibe”. No obstante, se sabía que había una alta probabilidad de que se acogiera, ya que se trata de una ley federal que fue declarada inconstitucional: la Ley Promesa. Este es un caso de separación de poderes que involucra la cláusula territorial y la doctrina de los oficiales de facto, que es una doctrina que no ha sido interpretada con detenimiento por ese tribunal en tiempos recientes. 

Emmanuelli señaló que en ese escenario el Tribunal Supremo de EE. UU. va a evaluar dos controversias que “nos da una idea de qué está pensando”. Primero, va a evaluar si los nombramientos de los miembros de la JCF son constitucionales o no y, segundo, si las acciones de la Junta son válidas o no son válidas. Para que el Tribunal entre en este asunto, tiene primero que confirmar la decisión del Circuito; si la revoca, “no hay nada más que hablar”.

Si el Tribunal revoca la decisión del Circuito, va a tener que decir que los miembros de la Junta son funcionarios exclusivamente territoriales. A juicio de Emmanuelli, eso es difícil porque las funciones que tiene la Junta son muy amplias, en particular, el poder que tiene sobre el Gobierno de Puerto Rico, por ejemplo, como se ve en la aprobación del presupuesto. Además, el que la Junta tiene el poder de imponer la ley de quiebra, lo cual es un poder exclusivamente federal. Ante estas facultades, el Supremo tendrá que decidir si a pesar de todos esos poderes, los miembros de la JCF son funcionarios territoriales. En caso de que el Tribunal diga que sí, que son funcionarios territoriales, va a tener entonces que decir que la cláusula territorial permite al Congreso hacer cualquier cosa con un territorio, y ahí revocarían al Tribunal del Circuito (TC); pero el Supremo tiene que llegar a ese razonamiento.

Al planteamiento de que aun el Congreso tiene límites, Emmanuelli explicó que en la decisión del TC el juez dijo que no iba a extender la cláusula territorial y los casos insulares a las disposiciones estructurales de la Constitución, sino que iba a mantener los casos insulares como están hasta ahora. No los va a extender a estas disposiciones, como la separación de poderes y la cláusula de los nombramientos. El asunto entonces sería que es obvio que el Supremo va a escuchar los argumentos.

Constitucionalidad de los nombramientos

En entrevista por separado, el profesor de Derecho Constitucional doctor Carlos Ramos González señaló sobre la importancia del pleito el hecho de que el Tribunal haya acogido todos los recursos presentados. En el caso particular de la UTIER expuso que este está centrado en un tema de derecho que tiene que ver con el remedio que ofreció el Circuito de si en efecto los nombramientos de la Junta no se hicieron conforme a la Constitución. La consecuencia lógica tendría que ser que todo lo que ha hecho la Junta hasta ese momento y, ciertamente, cualquier cosa que esté haciendo es también inconstitucional. Pero Torruellas acogió lo de la inconstitucionalidad de los nombramientos, argumento que también querían los bonistas, y rechazó lo segundo.

En su lugar, lo que hizo el juez fue invocar el derecho administrativo de los funcionarios de facto. Según este derecho, los funcionarios de la JCF estaban actuando de buena fe conforme al Congreso y, aunque inconstitucional lo que ha hecho, la Junta no lo va a invalidar. Este punto en particular también lo va a ver el Supremo.

El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana apuntó que la importancia de la controversia, en términos de estricto derecho, es que el Supremo verá en su fondo dos asuntos fundamentales. En primer lugar, la constitucionalidad de los nombramientos y, por ende, su operación por los últimos tres años. En segundo lugar, las decisiones que la Junta ha tomado y el remedio que ofreció el juez Torruellas de ampararlas y permitirles seguir tomándolas hasta que se cumpla el término, que ahora es hasta el 15 de junio.

Señaló, además, el hecho de que este será el tercer caso que vea ese Tribunal en los últimos cuatro años, que más o menos va al meollo de la relación constitucional entre Puerto Rico y Estados Unidos. En esa dirección, reiteró sobre la importancia del caso, que igual que sucedió con el de Sánchez Valle, en parte de los argumentos y el fundamento esencial, tanto de la opinión del juez Torruellas como de la jueza Laura Taylor Swain en el procedimiento del Título III de Promesa, lo que está en juego otra vez, y parece ser que es inevitable que el Tribunal lo discuta, es cuál es la naturaleza del poder del Congreso sobre el territorio de Puerto Rico.

“Torruellas tomó una decisión que limitó un tanto ese alcance porque desde los casos insulares sabemos que ese poder es amplio, maleable; desde mi punto de vista, perverso. Pero nunca ha sido absoluto, es decir, desde los casos insulares se ha dicho, incluso se reitera a mi juicio en Sánchez Valle, que el Congreso no puede violar lo que el Tribunal Supremo determine que son derechos fundamentales. Esos cobijan a cualquier persona bajo la jurisdicción de Estados Unidos”. 

Expuso además que lo nuevo de la decisión del TC es que dice que el Congreso, cuando legisla sobre los territorios, también está restringido por otras disposiciones congresionales, como lo es la cláusula de nombramientos, y en un sentido, la doctrina de la separación de poderes. A juicio de Ramos González, esto significa que el Congreso no puede tener la misma flexibilidad, y eso es nuevo porque va en contra de lo que se ha dicho hasta ahora respecto al poder constitucional de ese organismo.

Otro ángulo que destacó de todo el pleito es quiénes son los abogados de la JCF y los bonistas. Ambos tienen grupos de abogados litigantes con experiencia, reconocimiento y prestigio ante el Tribunal Supremo estadounidense. Para Ramos González, desde el inicio del pleito, los abogados sabían que este podría llegar al Supremo. 

Por parte de la JCF, entre sus abogados está Donald Deliri, que fue el subprocurador general durante la presidencia Obama y solicitó intervenir como “amigo de la corte” en el caso de Sánchez Valle. Deliri ahora es asesor de la JCF y conoce muy bien la trayectoria constitucional territorial de EE.UU. sobre Puerto Rico.

Por el lado de Aurelius está el abogado Ted Olson, quien reciente ganó un caso ante ese tribunal respecto a los derechos de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

“Lo que quizás no sospechaban es que ahora hay un tercer componente, una abogada y un abogado puertorriqueños, Jessica Méndez Colbergh y Rolando Emmanuelli. Ahí es donde está el cálculo. Se pensaba que el caso de la UTIER no iba a llegar lejos. Ahora, gane o pierda, se va demostrar que estamos metidos en la cláusula territorial. Aquí lo que está en juego es el futuro de Puerto Rico”. 

Las consecuencias del caso

Mientras la JCF y el Gobierno de Estados Unidos, representado por su Departamento de Justicia, van al Tribunal buscando que se revoque al Circuito, los bonistas de Aurelius lo que buscan es que se desestime el caso de Título 3 de la Ley Promesa para ellos radicar demandas y cobrar.

El licenciado Emmanuelli expuso que por parte de la UTIER lo que se quiere es que el Congreso, a la luz de los problemas que tiene la ley, reexamine el asunto de la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eso, según él, va a ocurrir de diferentes maneras. Ahora que ya se sometieron los nombramientos de los miembros de la JCF al Senado se le puede pedir cuentas al Congreso y provocar un debate que genere una conciencia nueva de que hay que enfrentar el problema político entre Puerto Rico y EE. UU.

Este estima que si el Supremo confirma al Circuito, debe entonces decir algo sobre los casos insulares. Las expresiones que haga el Supremo sobre los casos insulares pueden ser de dos maneras: o los confirma, con lo cual reconfirma cómo es el pensamiento contemporáneo de ese cuerpo, o podría escoger revocarlos y decir que los casos insulares ya no son legalmente suficientes para manejar la relación entre EE. UU. y Puerto Rico.

La revocación de los casos insulares implica que ya no habría la distinción de territorio incorporado y la de no incorporado, y Puerto Rico tendría que entrar en la categoría de territorio incorporado. Esto forzaría al Congreso a tener que decidir si encamina a la isla o no como territorio incorporado a la estadidad o entrar en un proceso de descolonización.

“Creo que Estados Unidos sabe, ya nosotros los sabemos porque lo sufrimos más, que la colonia agotó todas sus posibilidades. La colonia no tiene manera de iniciar procesos que generen crecimiento económico y Estados Unidos tiene esta carga. Ellos así lo perciben: como una carga económica, política y social. Y nosotros estamos sufriendo las consecuencias”.

Por su parte, Ramos González coincidió en que si el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirma la vieja doctrina de la cláusula territorial y los poderes del Congreso, eso va en contra del derecho internacional y de la misma declaración de la Constitución.

No obstante, planteó lo que considera son los dos entornos de las redes sociológicas y políticas que están ante el Tribunal. Por un lado, el Ejecutivo y Legislativo de EE. UU. están alineados a esa interpretación. Por otro lado, tienen una situación de crisis total institucional en la gobernanza de Puerto Rico, donde las instituciones todas se están derrumbando. “Así que cuando alguien en el Tribunal diga “esa gente se está derrumbando”, por el otro lado tienes un Tribunal que sabe que en Puerto Rico lo que ha habido es un abuso por parte del ejecutivo, un país todavía recuperándose que el 

Gobierno federal lo ha tratado con gran desdén”. Aun cuando admite no saber cuál será el resultado, Ramos González interpreta que el Tribunal se va a cuestionar si deja la situación en las manos de las ramas políticas o “me meto yo aquí con una nueva teoría”.

En cuanto a la posibilidad de una nueva teoría, observó que en el Tribunal hay al menos dos jueces que conocen a Puerto Rico, que son la juez Sonia Sotomayor y el juez Stephen Breyer, quien fue juez en el Circuito en Boston. 

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

La virtual parálisis del gobierno de Ricardo Rosselló no es producto de acciones del FBI, ni siquiera de las posibles investigaciones que tanto anuncia ese ente federal. Las únicas personas acusadas por ellos –apenas tres– están relacionados con la Legislatura y su conducta delictiva no fue descubierta por los federales, sino por la prensa puertorriqueña. Fue la periodista Valeria Collazo quien señaló a los empleados fantasmas que luego arrestó el FBI. El gobierno se tambalea, no por las investigaciones, sino por los actos del gran ejército de vividores que, como los gusanos, carcomen sus cimientos. 

Desde principios de 2019 el País mira con asombro cómo se desmorona lo que quedaba del gobierno de Ricardo Rosselló. El derrumbe se fue dando mes a mes hasta llegar a velocidades de vértigo a lo largo del mes de junio. El primer gran escándalo del nuevo año fue protagonizado por la estadounidense Julia Keleher, quien había venido a “salvar” nuestro sistema educativo. Aun cuando ésta renunció en medio de múltiples sospechas, Rosselló pretendió dejarla disfrutando de su contrato de $250 mil, el que después canceló una vez la prensa divulgó la investigación que el Departamento de Educación de la metrópolis tenía en curso. 

Pero fueron las actuaciones y declaraciones del Secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, el último golpe que provocó la implosión de un aparato gubernamental. Maldonado era hasta ese momento la figura principal del actual gobierno. En una administración caracterizada por el amateurismo y la improvisación, proyectaba experiencia y control, por lo que poco a poco se convirtió en su cara más visible. Además de ocupar tres posiciones de las de mayor relevancia –Secretario de Hacienda, Director de Presupuesto y Principal Oficial Financiero– parecía ser el enlace más efectivo en las relaciones del Gobierno con la todopoderosa Junta de Control Fiscal y con la siempre problemática Legislatura. Cuando surgieron los primeros indicios de actos impropios, por contratos cuestionados o por las subcontrataciones a su hijo, Rosselló corrió a reiterarle “su confianza”, como quien se agarra al último clavo que sostenía la estructura.

En medio de especulaciones sobre posibles investigaciones del FBI, Maldonado sorprendió a sus compañeros de gobierno con una visita a la agencia investigativa, que él mismo se encargó de promocionar. Aquello fue un viernes y el lunes la sorpresa se agrandó cuando seleccionó una emisora radial para denunciar que en el departamento que dirige –el más sensible en cuanto a confianza pública se refiere– opera una “mafia institucional” y que él mismo había sido víctima de extorsión por parte de un “alto funcionario de Fortaleza”, es decir, de la Oficina del Gobernador. Hacienda recauda los impuestos, procesa a los evasores y guarda expedientes sensitivos de millones de personas y empresas. Si allí opera una “mafia” todos estamos amenazados. Y si quien denuncia esa operación criminal es la persona que mejor debe conocer el Departamento y es, a la vez, la figura con mayor proyección del gobierno, resulta fácil entender la enorme convulsión pública creada por las declaraciones de Maldonado. 

La reacción del gobernador Rosselló avivó el fuego en lugar de aplacarlo. En vez de disponerse a atender el problema que significa una operación criminal en su gobierno –denunciada por alguien que, si no la dirige, al menos la conoce– como en las grandes familias mafiosas apeló a la “lealtad” y sin hacer ningún intento por atender lo denunciado, procedió a destituir de forma sumaria y pública a quien había sido hasta ahora el sostén público de su administración. Lógicamente, sobrevino el derrumbe. Maldonado, por su parte, de viernes a lunes pasó de investigado a “víctima” porque perdió su empleo tras denunciar la corrupción. Así lo proyectó la prensa estadounidense que recogió la noticia y el mismo presidente Trump. Ahora todos lo ven como el principal testigo de cargo o como el cómplice colaborador. 

Las especulaciones y filtraciones que se han desatado a partir de aquel lunes llenan varios volúmenes y han ayudado a exponer el actual gobierno como una gran ciénaga de inmundicias. En el centro del lodazal no están los empleados públicos, sino esa plaga que azota desde hace décadas y que de forma genérica conocemos como “contratistas”. Porque un aparato público que desde 2009 hasta el presente ha despedido decenas de miles de trabajadores, y que por alegadas “restricciones presupuestarias” recorta casi hasta la raíz los servicios que debe darle a los ciudadanos, parece tener recursos ilimitados a la hora de dispensar contratos a personas “amigas”. 

Es en los contratos donde está la fuente y el estímulo de la corrupción. Durante la administración del primer Rosselló, padre del actual, la corrupción creció a niveles antes insospechados en las contrataciones para sus “grandes obras” financiadas mediante la emisión de deuda, como el Súper Acueducto y el Tren Urbano. Más adelante apareció Luis Fortuño quien repitiendo ad nausean la frase favorita de la derecha estadounidense de que “el gobierno es el problema, no la solución”, hizo de la administración pública un gran festín para políticos y empresarios amigos. 

Durante los cuatro años que duró el festín del gobierno de Fortuño, en la fiscalía federal flameaba el manto protector de Rosa Emilia Rodríguez, quien antes se había encargado de asegurarle el triunfo electoral mediante una acusación criminal sin pruebas contra Aníbal Acevedo Vilá. Con el mismo manto protector de la fiscalía federal comenzó el gobierno del segundo Rosselló quien, también igual que Fortuño, tenía controlados los otros posibles foros investigativos como la Oficina de Ética y el Panel del FEI. Quienes dirigen esas oficinas forman, junto a Wanda Vázquez en el Departamento de Justicia y la fiscal federal Rodríguez, un “póker de damas” inexpugnable. 

En estos momentos resulta obvio que todo el aparato investigativo federal, desde las oficinas de inspección de cada dependencia hasta el FBI, se está moviendo hacia Puerto Rico instigados por interés del presidenteTrump en particularizar la corrupción aquí. Pero hasta ahora ha sido la prensa puertorriqueña la que ha producido las investigaciones más efectivas y ha señalado a los pocos arrestados. Las actuaciones del FBI hasta ahora se quedan a nivel de “media tour”.