Por Emir Sader

El proyecto de construcción de un Estado policial es uno de los tres ejes fundamentales del gobierno de Bolsonaro y tiene en el juez Sergio Moro su agente.

Un eje es el ultraneoliberalismo del ministro de Economía, Paulo Guedes, que garantiza el apoyo del gran empresariado y de todos los voceros del neoliberalismo. Un eje que avanza en la destrucción del país, independientemente de los apoyos en el Parlamento o en la opinión pública. El segundo eje son los militares. Como Bolsonaro no tiene partido, buscó acercarse a los militares para tener su apoyo, en función de lo cual ha nombrado a docenas de ellos a cargos importantes del gobierno.

El tercer eje existe alrededor del nombramiento de Moro para el Ministerio de Justicia, para llevar la Operación Lava Jato al gobierno, hacer de ella una política de Estado, con la finalidad de construir un Estado policial en Brasil. Se trata de criminalizar a los movimentos sociales, a los partidos de izquierda, a asociaciones del campo popular, a personalidades de izquierda. La finalidad es blindar al Estado, de forma que no sea posible un nuevo 2002, cuando Lula triunfó por primera vez.

Uno de los instrumentos para ello, heredado directamente de los gobiernos estadounidenses, es la caracterización como terrorismo de los movimientos sociales que supuestamente atentarían en contra del derecho a la propiedad privada –antes de todo al MST– para atacarlos e intentar destruirlos.

El gobierno ha retomado una modalidad todavía más radical del neoliberalismo, con la destrucción del patrimonio público, la liquidación de los derechos de los trabajadores y el congelamento de los recursos para políticas sociales. Una política que sólo atiende a los intereses del capital financiero.

Un modelo antipopular y antinacional como ese, requiere un régimen político antidemocrático, que busca impedir una nueva derrota electoral de la derecha, como ha ocurrido cuatro veces de 2002 a 2014, en disputas democráticas. De ahí la ruptura de la democracia con el golpe que sacó a Dilma Rousseff del gobierno, sin ningún fundamento legal, que contó con el silencio cómplice del Poder Judicial. Se ponía en práctica la guerra híbrida, la nueva estrategia de la derecha en escala internacional, que incluye la persecución política por la instrumentalización de las leyes y por la judicialización de la política, con el Poder Judicial sustituyendo a la soberanía popular por sus decisiones arbitrarias.

El golpe en contra de Dilma ha representado la ruptura de la democracia y la instauración de un régimen de excepciones en Brasil. El proyecto del gobierno de Bolsonaro representa el intento de pasar del régimen de excepción a un Estado de excepción, cerrando todos los espacios democráticos subsistentes e imponiendo efectivamente una dictadura.

Un Estado es indispensable para que la falta de popularidad de la política económica neoliberal no lleve, mediante elecciones democráticas, a derrotas sistemáticas de la derecha, como ha ocurrido en Brasil desde 2002. Fue necesario apelar a instrumentos antidemocráticos tanto en el golpe en contra de Dilma, como en la persecución a Lula y en la victoria con fraude en las elecciones presidenciales.

El debilitamiento de Moro por las denuncias de The Intercept debilitan el proyecto de la derecha. El paquete que Moro ha enviado al Congreso, con duras medidas represivas, tiene cada vez menos posibilidades de ser aprobado, así como un torpe decreto que firmó para permitir la expulsión del país al periodista de The Intercept. Toda su reacción a las revelaciones de las conversaciones deben haber sido el objeto de un apresurado viaje de Moro a Estados Unidos, de la cual retornó con medidas que buscan desviar la atención de las denuncias, pero que han tenido efecto contrario.

Romper el eje del Estado policial del gobierno es un objetivo importante para las fuerzas democráticas brasileñas, tanto para frenar el proyecto de construir un Estado de excepción, como para ampliar los espacios democráticos, que son los que permiten que las mayorías puedan expresarse de forma libre y democrática sobre el futuro del país.

Reproducido de www.lajornada.mx

El autor es sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).

Por Katu Arkonada

Después de casi 15 años y 3 gobiernos del Frente Amplio, Uruguay encara su elección presidencial más difícil. Unas elecciones convertidas en un plebiscito, como en otros países del ciclo progresista, entre la continuidad del proceso de transformación, o la restauración conservadora. 

Lo hará además, por primera vez, sin ninguna de las figuras históricas como candidato. Ni Pepe Mujica, ni Tabaré Vázquez ni Astori, estarán en la boleta del Frente Amplio el 27 de octubre. 

El contexto es complejo, y similar al de otros países de la región: estancamiento económico (el crecimiento en 2019 será del 1% pero sólo por la inversión de 3.000 millones de dólares para la construcción de una segunda papelera), los medios de comunicación como principal partido de oposición, judicialización de la política, y la presencia cada vez más importante de iglesias evangélicas, sobre todo en el norte del país. 

Pero hay algunas características propias de este pequeño país del Cono Sur. Vamos a analizar 5 de ellas: 

Los candidatos. A pesar de que más que votar candidatos se eligen proyectos distintos de país, en el campo de la derecha tenemos todo el menú: evangelistas, outsiders, empresarios o un partido militar. Todo ello del lado del Partido Rosado, la combinación del Partido Nacional y el Partido Colorado, en una elección en la que además de los candidatos de ambos partidos, Lacalle Pou y Talvi, se suman esta vez millonarios emprendedores como Edgardo Novick, o el ex comandante en jefe del ejército nacional y defensor de torturadores Guido Manini, que cuenta con el apoyo de sectores de la Iglesia Católica. 

Mientras la derecha, dividida, empuja el eje político-ideológico y discursivo hacia la derecha, el Frente Amplio se ha tenido que correr al centro, y prueba de ello es la designación como candidato del ex Intendente de Montevideo Daniel Martínez, del Partido Socialista, por encima de cuadros de izquierda como Carolina Cosse (propuesta por el MPP en las internas del FA) o el dirigente obrero, militante comunista, Óscar Andrade, uno de los cuadros de futuro del Frente Amplio. 

Profundidad o amplitud. Un Frente Amplio que siempre se caracterizó por tener amplitud, algo que ha sido muy efectivo en determinados momentos de la historia para incorporar a muchos sectores de un arco político-ideológico amplio, pero que también hace que en otros momentos pierda profundidad y concreción en su proyecto político. Y si bien en los dos primeros gobiernos de Pepe Mujica y Tabaré hubo avances profundos, como la reforma de los impuestos y la reforma en el ámbito de la salud, la realidad es que hoy, con 34 organizaciones políticas en su seno, la amplitud se convierte en un lastre para lograr una profundización necesaria en su proyecto político, y a su vez, la no profundización se convierte en un lastre electoral, pues en el escenario electoral de las campañas de marketing y redes, son los Lacalle Pou y Talvi quienes se mueven mucho mejor que el Frente Amplio. 

Es la demografía, estúpido. Se calcula que hasta un 40% del voto al Frente Amplio en las elecciones de 2004 y 2009 provenía de personas jóvenes, menores de 30 años, que se identificaban con la izquierda, y por extensión, con el FA. Pero hoy en día los votantes jóvenes, y especialmente los nuevos votantes, que en esta elección van a ser el 10% del electorado (250.000 personas), han crecido bajo gobiernos del Frente Amplio, y por lo tanto, dando la presencia del Estado, la ampliación de derechos y la redistribución de la riqueza como algo inherente a sus vidas. 

La gestión no es sexy. Durante mucho tiempo los comités de base fueron un pilar fundamental de un Frente Amplio que se ha visto vaciado de cuadros para desplazarlos hasta el gobierno. Se construyó barrio a barrio una victoria cultural antes lograr la primera victoria electoral. Pero como en política no hay espacios vacíos, esas formas de cercanía con la gente las empieza a utilizar la derecha (no hay más que ver el ejemplo del PRO con los timbrazos). De la misma manera, el simple hecho de hacer una gestión correcta (o incluso buena como es el caso de Bolivia) no es suficiente para las masas de votantes, especialmente jóvenes. 

Contexto regional. A un país como Uruguay le afecta mucho la situación político-económica de sus vecinos. Y si bien la derecha no puede ondear la bandera de una Argentina en crisis como ejemplo, la bolsonarización de la política es también un hecho, con la campaña más sucia y llena de fake news de su historia electoral. Asimismo, igual que en Argentina pudimos ver que los cambios no eran irreversibles, en Uruguay el desmontaje de la política industrial o salarial sería más rápido, al mismo tiempo que las experiencias vecinas acentúan la tendencia hacia políticas económicas poco audaces, por no decir conservadoras, aun si ganara el Frente Amplio. 

Estas son las principales claves de una elección que es muy posible que se resuelva en segunda vuelta, posibilidad que acercaría el triunfo a una derecha que ahí sí se uniría para derrotar al centro-izquierda del FA. 

En ese escenario, es necesario tener claridad en que las derrotas electorales siempre son posteriores a las derrotas políticas. Si se pierde el 27 de octubre será por una acumulación de derrotas políticas. 

En caso de que el Frente Amplio revalide la victoria para un cuarto mandato, nos encontraremos con un gobierno en disputa y un parlamento más fragmentado que nunca, pasando de una legislatura donde por primera vez coexistían 5 fuerzas políticas, a una con 7 partidos. 

Son indudables los avances de estos 15 años de gobiernos del Frente Amplio: la politización de la sociedad, el crecimiento del movimiento sindical, el matrimonio igualitario, o la legalización del cannabis, entre otros muchos. Pero también son numerosos los pendientes que van desde una reforma agraria a una ley de medios o la profundización de los Derechos Humanos, sobre todo en los casos de terrorismo de Estado. 

Esperemos que Uruguay, junto con Argentina, ratifiquen este 2019 la continuidad del ciclo progresista latinoamericano, haciendo realidad el sueño de un gran uruguayo: la justicia social para los nadie de Nuestra América.  

Las ideas contenidas en este análisis son resultado del diálogo mantenido y las presentaciones del libro “Más allá de los Monstruos” en la Universidad de la República de Montevideo junto a Sebas Valdomir, Coordinador de la Bancada Progresista del Parlasur y miembro del Movimiento de Participación Popular (MPP), así como Nicolás Centurión y Gabriel Bermúdez, miembros de Izquierda en Marcha y Espacio 205, todas ellas organizaciones del Frente Amplio.