Por Cándida Cotto/CLARIDAD
El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), capítulo de Puerto Rico, licenciado William Ramírez Hernández calificó de “doble discurso” las declaraciones de la Fortaleza señalando como un logro de la reforma policiaca el que las partes trabajen en consenso para establecer la metodología de cumplimiento que se usará para evaluar el Negociado de la Policía.
“Eso no es un logro. La colaboración entre el Departamento de Justicia, sea federal o de Puerto Rico con la Policía o cualquier cuerpo policial, es algo que se espera. Tampoco es avance trabajar en la metodología sobre el uso de la fuerza”, reaccionó Ramírez Hernández respecto a las declaraciones emitidas por la Fortaleza, por voz del secretario de Asuntos Públicos Anthony Maceira.
El director ejecutivo de ACLU, organización que originó el proceso de sindicatura, fue enfático en rechazar que el Gobierno reclame como un logro la colaboración y resaltó que tiene que haber colaboración, puesto que fue el Departamento de Justicia —se refiere al de Estados Unidos— quien llevó a la Policía al tribunal e impuso el monitor.
Ramírez Hernández criticó las declaraciones de la Fortaleza de que en las próximas dos semanas el monitor deberá entregar información de la metodología sobre el uso de la fuerza, “eso quiere decir que en este momento no hay una medición de los éxitos; por lo tanto, no puede haber una conclusión de si ha habido éxitos o no”, y recalcó que el decir que se van a establecer unos procesos de medición no es un logro de la reforma.
Ramírez también rechazó las declaraciones de que el DJ de E.E.U.U., que aconsejó al Tribunal “la suspensión de los procedimientos, dado a que ha visto una mejoría significativa”. Específicamente, aduce que ha visto cómo se han adelantado las iniciativas de manera eficiente y que en términos de metodología se ha logrado más progreso en dos semanas que en los últimos seis meses. Según la Fortaleza, esto fue recomendado por el asesor principal Carlos Saavedra.
Ante esta reclamación, Ramírez Hernández cuestionó a cuáles iniciativas se refería el citado asesor y trajo de ejemplo que una de las partes de la reforma sobre la cual grupos comunitarios y organizaciones han trabajado y tienen que pasar juicio sobre los protocolos de la Policía es el de los casos de violencia de género. “No hay que ir muy lejos, estamos entrando en un récord de matanza y agresiones en un momento en que ellos dicen que han tenido logros, cuando eso es una de las partes de la reforma”, expresó en tono de indignación. Más aun comentó que este protocolo se hizo parte esencial de la reforma “y estamos en el peor momento de la violencia contra la mujer, tanto así que dentro de los mismos miembros de la policía hay esa violencia”.
De igual manera catalogó de “pura propaganda” decir que se ha logrado más en dos semanas que en seis meses. El director ejecutivo de ACLU cuestionó cómo es que una persona nueva, que acaba de entrar, va a lograr en dos semanas lo que no se logró en dos años. Se refiere al monitor John Romero, designado tras la renuncia del coronel Arnaldo Claudio. “Yo mismo dije que cuando se fue el monitor iba a haber un atraso. No es porque el monitor haya sido eficiente, sino porque a él le tomo dos años poder agraciarse con las diversas comunidades que son necesarias para que la reforma funcione. Si a él le tomó tanto tiempo establecer esas relaciones, ¿cómo va a venir una persona en dos semanas lograr lo que a él le tomó dos años?”.
Ante los reclamos de la gobernación, Ramírez Hernández reiteró que si se van a medir en realidad, los logros sustantivos de la reforma de la Policía para el pueblo de Puerto Rico son muy pocos. “La Policía está en su peor momento tanto desde el punto de vista laboral como en la ejecución de su trabajo. Sí hay cambio; pero para lo peor. Decir que se va a establecer en dos semanas lo que no se ha hecho en varios años no es ningún logro”.
Siguen los nombramientos por el juez Gelpí
Por otra parte, mientras la Fortaleza reclama progreso en la reforma policial, el juez Gustavo Gelpí, quien preside el proceso de la reforma de la Policía en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, la llamada Corte federal, hizo otro nombramiento cuestionable. CLARIDAD logró obtener copia de una orden del juez Gelpí por la cual nombró a un tal Thomas Petrowski como asistente especial del ya asistente especial Alejandro del Carmen.
Según la orden de Gelpí la contratación de Petrowski, exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), y en la actualidad miembro de la Facultad de Traleton State University, en Texas, los servicios profesionales se pagarán a $150 la hora. Para ello se han separado $65 mil dólares para este año fiscal, además del pago de hasta de $7 mil para gastos en el año. La orden establece que el Gobierno de Puerto Rico consigne en el tribunal la cantidad de $72 mil, con el beneficio de los intereses, para los pagos a Petrowski. La orden será efectiva a partir del próximo 1 de julio.
Llama la atención que la contratación de Petrowski—quien no habla español— sea para a su vez asistir a Alejandro del Carmen, designado también por el juez Gelpí el pasado diciembre. Se supone que Del Carmen es especialista en contabilidad y análisis estadístico y que fue nombrado para ofrecer asesoramiento a la oficina del monitor, en ese entonces dirigida por el coronel Arnaldo Claudio. Del Carmen, de acuerdo con la orden, se reporta directamente al Tribunal.
En febrero de este año, el juez Gelpí le ordenó al Gobierno de Puerto Rico que depositara la cantidad de $60 mil en el tribunal para pagar la compensación de del Carmen. De febrero a mayo, entre llamadas telefónicas, gastos de viaje y hoteles, Del Carmen ha facturado más de $30 mil dólares.
Hay que recordar que a mediados de mayo el coronel Arnaldo Claudio cerró la oficina del monitor y denunció en varias comparecencias públicas su molestia por la manera en que se estaba utilizando el dinero público para la reforma.
