Si algún asunto público amerita hoy la más urgente, masiva y militante oposición ciudadana son los acuerdos de reestructuración de la deuda de Puerto Rico negociados por la Junta de Control Fiscal (JCF), y que aún aguardan por la adjudicación de la Jueza Laura Taylor Swain, en la sala del tribunal de quiebras para casos del Título III de PROMESA. El primero de estos acuerdos, el de COFINA, fue ejecutado mediante orden de la Jueza Swain. La Asamblea Legislativa autorizó su implantación. Esto se hizo a pesar de que existe evidencia contundente, contenida en un estudio reciente de la organización Espacios Abiertos, de que las obligaciones contraídas por Puerto Rico no son sostenibles a largo plazo, porque las premisas de recaudos e ingresos sobre las cuales se basó el acuerdo no son correctas.
Para la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko- quien anda de “media tour” defendiendo los acuerdos negociados por ella a espaldas del pueblo de Puerto Rico- no son ciertos los argumentos de Espacios Abiertos. “No concurrimos con la conclusión de Espacios Abiertos de que el acuerdo de Cofina en cierta manera ha desviado a la isla de su camino hacia la recuperación. Nos sentimos confiados de que el camino hacia la sostenibilidad se está trazando en el Plan Fiscal Certificado y el Plan de Ajuste”, escribe. El problema con el aserto de Jaresko es que no ofrece un solo dato que refute la conclusión a la que llegó la entidad puertorriqueña, ni contiene compromiso de clase alguna por parte de la JCF con la recuperación de nuestro país. Ella solo dice confiar- porque no tiene manera de garantizar- que la totalidad de los fondos comprometidos por el gobierno de Estados Unidos para la reconstrucción de Puerto Rico, en efecto, lleguen completos (los $69,000 millones) y en un plazo de tiempo que facilite el estímulo económico necesario para que Puerto Rico pueda cumplir, sin asfixiarse nuevamente, con el oneroso servicio a la deuda pactado.
Hay dos acuerdos más en espera de aprobación judicial y legislativa: el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el de Obligaciones Generales del Gobierno de Puerto Rico (GO). Ambos acuerdos han sido cuestionados por voces muy autorizadas. Por ejemplo, al de la AEE se oponen entidades como la organización CAMBIO, integrada por ingenieros ambientales y otros expertos en asuntos energéticos, que cuestionan cómo el acuerdo- con su énfasis en la producción de energía con gas natural importado- significaría un retraso significativo en la ruta de Puerto Rico hacia su sostenibilidad energética. CAMBIO impulsa el uso predominante de la energía renovable, como corresponde al ambiente y la realidad de que Puerto Rico es una isla tropical.
Por otra parte, el doctor en economía y profesor Ramón Cao realizó un estudio a solicitud del ingeniero que representa a los consumidores en la Junta de AEE, el cual concluye que, en solo algunos años, el acuerdo de la AEE redundaría en un aumento de cerca de 50 % en la factura eléctrica a individuos y comercios. Esto afectaría negativamente a miles de familias y pequeños empresarios en Puerto Rico, y crearía un obstáculo mayor al clima de inversión y al desarrollo empresarial en la Isla.
El Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach también se ha expresado en oposición al acuerdo de AEE. No solo objeta el alza astronómica en las tarifas, sino todo el acuerdo porque, en la práctica, convierte en letra muerta la política pública energética del propio gobierno de encaminar a Puerto Rico hacia el uso de energía renovable.
Lo que sí sobresale del acuerdo de AEE es cuán favorable es a los acreedores, quienes solo verán un recorte de 29% en su acreencia, y el servicio anual a la deuda irá subiendo escalonadamente en la misma medida en que el pueblo de Puerto Rico asume el golpe del aumento de tarifas. Negocio redondo para los buitres.
El acuerdo de restructuración de las Obligaciones Generales del Gobierno de Puerto Rico es otro tumbe para nuestro pueblo. Tanto que algunos miembros de la propia JCF le votaron en contra, y el gobierno de Puerto Rico ha iniciado una acción judicial para detener su aprobación. En síntesis, el acuerdo reformulado de la JCF pone a nuestro pueblo a pagar $11 mil millones en 20 años, con un desembolso inicial de $3,809 millones, que irían casi en su totalidad a los bonistas buitres extranjeros, mientras se mantiene el recorte a las pensiones de $1,200 al mes o más de nuestros retirados. Esto es una injusticia mayor contra esta población empobrecida, que apenas alcanza a cubrir sus necesidades básicas con sus menguados ingresos. Una valiente y concurrida asamblea de retirados del servicio público celebrada el pasado fin de semana, rechazó de forma absoluta el recorte a las pensiones propuesto en el Plan de Ajuste de Deudas de la JCF.
Todos esto acuerdos han sido negociados sin transparencia ni democracia. Jaresko y los consultores de McKinsey han operado en secreto, en una nebulosa, evitando a toda costa que el país anticipe lo que pactan a nuestras espaldas con nuestros recursos. Por eso, nunca sabremos cómo fue la votación sobre el acuerdo de las GO en la JCF- si fue 7 a 1, o si fue 4 a 3- ni cuáles fueron las razones para votar en contra que tuvieron algunos. Por eso, no hay por qué confiar en quienes ni siquiera se dignan a tratarnos con respeto y mantenernos informados adecuadamente sobre estos asuntos cruciales que comprometen nuestro presente y futuro. Digamos NO a los acuerdos que nos obligan y no nos benefician.
