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El costo del bloqueo contra Venezuela

Por Pablo Siris Seade

Miles de vidas, miles de tratamientos que no se pueden brindar, miles de escuelas sin construir.

Cuando hablamos de la confiscación al Gobierno de Venezuela de miles de millones de dólares o de euros, el común de los mortales no somos capaces de cuantificar o dimensionar qué es lo que esto significa y cuáles son las consecuencias de este tipo de sanciones contra el pueblo venezolano en su conjunto.

El pasado 3 de mayo fue publicado un nuevo informe del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por su sigla en inglés), elaborado por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs.

La publicación (que puede descargar completa en https://cepr.net/images/stories/reports/venezuela-sanctions-2019-05-spn.pdf) transforma el bloqueo y la guerra económica en vidas humanas y encuentra que “las sanciones económicas implementadas por el Gobierno de Trump desde agosto de 2017 han causado decenas de miles de muertes y están empeorando rápidamente la crisis humanitaria”.

“Esto es ilegal de acuerdo al derecho estadounidense, al derecho internacional, y a los tratados que Estados Unidos ha firmado. El Congreso debería hacer algo para detenerlo”, dijo Mark Weisbrot, codirector de CEPR y coautor del informe.

“Habitualmente se culpa al Gobierno de Venezuela de la totalidad de la crisis económica del país (…) Pero es mucho más que eso. Las sanciones estadounidenses apuntan deliberadamente a destruir la economía venezolana y, por lo tanto, conducir a un cambio de régimen. Es una política infructuosa, despiadada, ilegal y fracasada que causa graves daños al pueblo venezolano”, dijo Jeffrey Sachs, coautor del documento.

Las consecuencias en vidas perdidas por culpa directa del bloqueo fueron estimadas por el CEPR en más de 40.000 personas muertas entre 2017 y 2018 y se estima que la situación podría empeorar de mantenerse la situación en 2019.

El informe del CEPR sustenta este dato en que “hay aproximadamente 80.000 personas con VIH que no han recibido tratamiento antirretroviral desde 2017, 16.000 personas que necesitan diálisis, 16.000 personas con cáncer y 4 millones con diabetes e hipertensión (muchas de las cuales no pueden obtener insulina o medicinas para el tratamiento cardiovascular)”.

Entre diciembre de 2014 y abril de 2019, el Gobierno de Estados Unidos ha dictado una ley y siete decretos ejecutivos que castigan y penalizan la economía venezolana aplicando el bloqueo y confiscación de activos financieros, la prohibición de negociación de la deuda de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), aumento de Riesgo País y costos financieros, prohibición de operaciones con oro, confiscación de activos (CITGO y activos de PDVSA), sanciones al comercio de petróleo venezolano, sanciones al Banco Central de Venezuela, así como multas y penalizaciones administrativas a las operaciones de comercio exterior.

En nuestra columna de la semana pasada (https://cajaderespuestas.blogspot.com/2019/05/eeuu-reconoce-responsabilidad-sobre.html) señalábamos que el gobierno norteamericano se ufanaba y presentaba como logros de la gestión de su Departamento de Estado tanto la aplicación de estas sanciones como sus consecuencias.

Nadie puede alegar que se desconocen las consecuencias del bloqueo sobre el pueblo venezolano, ya que Estados Unidos, y el sector identificado como los “halcones” de Washington, no solamente es efectivamente consciente de los efectos de estos actos, sino que han buscado concretamente esos resultados para forzar al presidente Nicolás Maduro a abandonar el cargo para el que fue electo el 20 de mayo de 2018 y rendir por hambre y privaciones al pueblo venezolano.

En diversos bancos se encuentran “represados” -eufemismo para decir que se robaron la plata- ingentes sumas de dinero que en realidad es propiedad del pueblo bolivariano.

Al 30 de abril de 2019, el Novo Banco de Portugal se había apropiado de manera indebida de 1.547.322.175,89 dólares; el Banco de Inglaterra robó oro por valor 1.323.228.162,57 dólares y el Clearstream (también de Inglaterra) se quedó con títulos de deuda pública por 517.088.580,00 dólares.

Por su parte, los bancos estadounidenses Sumitomo, Citibank y Unión Bank se adueñaron de 507.506.853,37, 458.415.178,49 y 230.024.462,00 respectivamente; Euroclear y Banque Eni (ambos de Bélgica) también “represaron” 140.519.752,26 de dólares en títulos de deuda y 53.084.499,92 de dólares en efectivo.

El francés Delubanc le puso también represa a 38.698.931,70 de dólares y otros 41 bancos e instituciones financieras de 17 países se quedaron con otros 654.142.049,10 de dólares.

El total de recursos que estas prestigiosas instituciones financieras le han tumbado a Venezuela son USD 5.470.030.645,30. Ni usted ni yo tenemos nuestra confianza puesta en esos bancos, pero ya sabe a quién no confiarle su dinero. No vaya a ser que lo “represen”.

Sin embargo, no solamente estos ladrones de traje y corbata se han adueñado de recursos venezolanos siguiendo indicaciones del gobierno norteamericano, las pérdidas totales y costos para la economía venezolana provocada por el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos entre 2015 y 2018 se estiman en más de 130.000 millones de dólares.

Estas medidas coercitivas unilaterales (denominadas eufemísticamente sanciones) conforman una estrategia sistemática y consciente de masiva violación de los derechos humanos del pueblo venezolano y han sido catalogadas por la ONU como delitos de lesa humanidad

Ya usted está mareado -y yo también- con tantos ceros, pero le puedo asegurar que estos datos están verificados, ya que las fuentes son varias y coincidentes: la organización de derechos humanos Sures, el equipo de investigación de Misión Verdad, la profesora Pascualina Curcio, el ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y el ministerio de Finanzas de Venezuela.

Es una barbaridad de dinero. No sé usted, pero yo después del primer millón ya no pude sacar la cuenta de “con eso yo lo que haría es…”.

Pero podemos hacer algunas comparaciones para ilustrarnos.

Según diversas fuentes disponibles en la web, la construcción de un hospital incorpora un costo por cama y todos sus servicios anexos de entre 1.300.000 y 1.500.000 dólares. Asumiendo la cifra más barata, con la cifra que Estados Unidos le ha secuestrado a Venezuela, se podrían haber construido dos mil hospitales de 50 camas con la última tecnología.

Los costos de construcción de una escuela se pueden verificar en https://webspm.com/Articles/2015/07/01/School-Costs.aspx, donde se indica que una escuela para aproximadamente 600 alumnos cuesta en el entorno de 16 millones de dólares. Con la deuda que Estados Unidos y sus aliados tienen con Venezuela se podrían haber edificado 8.125 escuelas de más de 600 alumnos.

La página https://www.globalemergencyvehicles.com/company/blog/ambulance-for-sale-that-will-work-for-your-budget indica que una ambulancia puede estar entre USD 100.000 y USD 200.000. Asumamos un precio promedio de 150.000 y obtenemos que con el dinero hurtado a Venezuela se podrían haber comprado 866.667 ambulancias completamente equipadas.

Según diversas fuentes consultadas, el costo de una patrulla policial con el equipamiento correspondiente ronda los USD 30.000, de forma que se hubieran podido comprar 4.333.333 patrullas.

Ni hablar de que con 130 mil millones de dólares se pueden pagar casi 380.000 tratamientos de por vida para pacientes con VIH, se pueden comprar casi 644 millones de toneladas de carne bovina, casi 38 millones de toneladas de leche en polvo o más de 320 millones de toneladas de arroz.

La próxima vez que alguien nos hable de la crisis de Venezuela, traduzcamos esas cifras que para ninguno de nosotros -gente común y silvestre- quiere decir nada.

Hablemos de gente fallecida porque el bloqueo no permitió atenderla, de hospitales y escuelas no construidas, de patrullas y ambulancias que no circulan por las calles, de comida y medicamentos que no pudieron ser comprados. Que no nos cuenten figurines. 

Reproducido de www.rebelion.org

John Bolton, la peor pesadilla del mundo

 

Por Amy Goodman, Denis Moynihan

“Queda poquísimo tiempo, pero un ataque todavía podría resultar”, escribió John Bolton en un artículo de opinión del New York Times del 26 de marzo de 2015, titulado “Para detener la bomba de Irán hay que bombardear Irán”.

 

El presidente Donald Trump adoptó como un pilar de campaña una postura aislacionista y criticó los enredos militares en el extranjero. Ya en 2013, tuiteó: “¿Pueden creer que la guerra de Afganistán sea la ‘guerra más larga’ de nuestra historia? Traigamos a nuestras tropas a casa, vamos a reconstruir Estados Unidos, hagamos que Estados Unidos sea grande de nuevo”. Como presidente, ha repetido esta postura en varias ocasiones. En una conferencia de prensa de abril de 2018 en torno a Siria, Trump declaró: “Quiero salir [de allí]. Quiero traer a nuestras tropas de vuelta a casa. Quiero comenzar a reconstruir nuestra nación. Habremos gastado, sin contar estos últimos tres meses, siete billones de dólares en Medio Oriente en los últimos 17 años. No obtenemos nada de eso, nada en absoluto”.

 

A pesar de su retórica, todos los movimientos de Trump en Medio Oriente parecen ahora dedicados a avivar el conflicto y, potencialmente, desatar una guerra contra Irán. John Bolton está claramente a la vanguardia, con el respaldo del secretario de Estado Mike Pompeo.

 

El diplomático iraní Seyed Hossein Mousavian fue uno de los principales miembros del equipo de negociación iraní en torno al problema nuclear y actualmente se desempeña como investigador en la Universidad de Princeton. Mousavian expresó su preocupación esta semana en una entrevista para Democracy Now!: “Esperaba esta situación después de que el embajador John Bolton fue nombrado asesor de Seguridad Nacional”. Tomando en cuenta además el influyente rol de los principales aliados de Trump en Medio Oriente, Mousavian concluyó: “El equipo de las cuatro B –John Bolton, [el primer ministro israelí] Bibi Netanyahu, [los herederos de Arabia Saudí y Abu Dabi], bin Salman y bin Zayed– ahora tiene un excelente posicionamiento en la Casa Blanca para empujar a Estados Unidos [a]l sueño que han tenido durante largos años: arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Irán”.

 

Citando al menos media docena de funcionarios anónimos del gobierno de Trump, el periódico The New York Times informó esta semana que el Pentágono ha presentado planes para enviar 120.000 soldados estadounidenses a la región en respuesta a las amenazas iraníes. Si bien el presidente negó la veracidad de este informe, declaró: “¿Es algo que yo haría? Por supuesto, pero no lo hemos planeado. Ojalá no tengamos que hacer planes para ello. Y si lo llegáramos a hacer, enviaríamos muchísimas más tropas”. La Casa Blanca ha enviado un portaaviones con su grupo de ataque y una flota de bombarderos a la región, según Bolton, con el fin de “enviar un mensaje claro e inequívoco al régimen iraní de que cualquier ataque a los intereses de Estados Unidos… será respondido con una fuerza implacable”.

 

El teniente general del Ejército británico Christopher Ghika, uno de los principales comandantes de la fuerza multinacional desplegada en Irak y Siria, refutó las afirmaciones de Estados Unidos: “No ha habido un aumento en la amenaza proveniente de fuerzas respaldadas por Irán en Irak y Siria”. Pero fue refutado velozmente por un portavoz del Comando Central de Estados Unidos, quien afirmó que un ataque de Irán posiblemente fuera “inminente”.

 

En medio de estas declaraciones contradictorias, Estados Unidos le ordenó al personal diplomático no esencial que evacuara la embajada y el consulado estadounidenses en la “Zona Verde” de Bagdad, a solo 160 kilómetros de la frontera iraní. Mientras los funcionarios estadounidenses han publicado fotos de pequeños barcos iraníes con misiles, varios funcionarios europeos, iraquíes y miembros del Congreso de Estados Unidos sostienen que el despliegue de misiles probablemente sea defensivo.

 

Mientras tanto, Arabia Saudí, reino aliado de Estados Unidos, ha informado que dos petroleros vacíos fueron saboteados cuando regresaban a cargar petróleo con destino a Estados Unidos. Una vez más, no han dicho quién fue responsable.

 

Al dejar a las fuerzas estadounidenses e iraníes tan cerca entre sí, el gobierno de Trump está montando un posible detonante. Cualquier accidente o escaramuza podría servir como pretexto para la escalada militar estadounidense.

 

John Bolton no ha ocultado su deseo de provocar un cambio de régimen en Irán, en Venezuela, en Cuba y más allá. Toca los tambores de la guerra, pero cuando era un joven egresado de la Universidad de Yale en 1970, con un número de reclutamiento que probablemente lo hubiera llevado a Vietnam, rápidamente se unió a la Guardia Nacional de Maryland para evitar ser desplegado. En el anuario del 25º aniversario de su graduación de Yale, escribió: “Confieso que no deseaba morir en un arrozal del sudeste asiático”.

 

Ahora, mientras le susurra al oído a Trump, quien recibió cinco exenciones del servicio militar durante la guerra en Vietnam, una de ellas en la primavera de 1968 por “espolones óseos”, John Bolton, junto al presidente, está dispuesto a enviar 120.000 soldados estadounidenses o más a la guerra.

 

Ahora es el momento para que todos –incluyendo el movimiento contra la guerra en Estados Unidos, miembros del Congreso y sí, los disidentes dentro del propio gobierno de Trump– se unan a otros países del mundo, para manifestarles enérgicamente a los que promueven los conflictos bélicos, pero eluden el frente de batalla: no a la guerra con Irán.

 

Reproducción de : www.alainet.org 

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

 

Nuevo reglamento de permisos limita el poder de los municipios autónomos

Ricardo Rosselló. Foto suministrada

 

Por Jeniffer Wiscovitch  y Angélica Serrano Román/Centro de Periodismo Investigativo

El nuevo reglamento de permisos que aprobó el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que deja sin efecto los reglamentos municipales, podría ser un nuevo campo minado entre el ejecutivo y los alcaldes, dado que intenta ir por encima de la Ley de Municipios Autónomos. Esto a pesar de que la Ley de Reforma de Permisos del 2009, bajo la cual se crea el reglamento, no tiene ninguna sección que disponga la derogación de los reglamentos municipales de forma obligatoria.

Así lo anticipó el profesor de derecho administrativo y constitucional en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, William Vázquez Irizarry, quien señaló que “el recién aprobado Reglamento conjunto pretende derogar en términos generales los reglamentos de permisos aprobados por municipios que han recibido autoridad para atender estos temas bajo la Ley de Municipios Autónomos del 1991”. 

Indicó, además, que con el nuevo reglamento, el gobierno está forzando a todos los municipios a tener que acogerse a un mismo documento para emitir sus permisos.

El profesor añadió que los municipios deben examinar con cautela la imposición de este reglamento “ante la posibilidad de que sea impugnable en los tribunales”. 

Además,  dijo que aunque los municipios pueden seguir tomando decisiones en relación a los permisos, el gobierno central les está imponiendo el proceso y los parámetros conforme a los que van a otorgar los permisos.

“Esta situación y controversia no debe ser motivo de sorpresa si consideramos el menoscabo que ha sufrido la política pública de autonomía municipal durante las pasadas décadas”, puntualizó el abogado, autor de artículos sobre la consulta y participación ciudadana en el proceso de adopción de reglamentos administrativos en Puerto Rico.

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy Rivera, puntualizó que el Reglamento conjunto se aplicará a todos los municipios, sin importar que estos sean autónomos y que tengan sus propias oficinas de permisos.

De igual forma, María Cintrón Flores, secretaria auxiliar de la OGPe, dijo que aunque las oficinas de los municipios autónomos se regirán por el reglamento nuevo, estas seguirán evaluando y otorgando los permisos. “Ellos [las oficinas] siguen su curso normal, pero con una sola base para evaluar los trámites”.

Rosselló Nevares no supo precisar la opinión de los alcaldes sobre la derogación de los reglamentos municipales. Solo dijo que ahora habrá solo un reglamento porque “esto es lo que conlleva que sea un sistema más ágil”. 

Cintrón Flores afirmó que hay una cláusula en el reglamento nuevo que deroga todos los demás y lo convierte en el único aplicable. De igual forma, la funcionaria señaló que tampoco se podrán utilizar las plataformas que tenían los municipios para los trámites y que todos los procesos se harán mediante el Single Business Portal. 

El secretario del DDEC aseguró, por su parte, que han tenido “diálogos constantes” con los municipios. “Ya ellos están preparados en la adopción del portal digital. Ya todos los municipios están integrados y estaban esperando a que este reglamento conjunto se pudiera presentar”, alegó.

El presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, indicó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que, por el contrario, los municipios federados no participaron de ninguna reunión antes del anuncio de la aprobación del Reglamento conjunto. Destacó que solicitarán adiestramiento para el uso de las herramientas que provee el Single Business Portal.

“La capacidad autónoma de los municipios está regida legalmente y ningún reglamento puede ir por encima de la ley, por lo que al momento se entiende que el municipio autónomo sigue teniendo el mismo nivel de discreción y decisión”, sostuvo Molina en relación al rol que continuarán teniendo los municipios autónomos.

No obstante, el alcalde dijo que: “La Federación de Alcaldes de Puerto Rico apoya cualquier propuesta gubernamental encaminada a agilizar los procedimientos que otorguen permisos. Esto con la finalidad de estimular la creación de empleos y el desarrollo económico de las ciudades”. 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, José Román Abreu, dijo que la Ley de Municipios Autónomos establece que los ayuntamientos que ya llegaron al quinto nivel de jerarquía, tienen la potestad de emitir los permisos. “Cualquier medida que trate de eliminar derechos o prerrogativas a los municipios la vamos a combatir”. 

Señaló que hay municipios que se han unido para gestionar permisos como el Consorcio ABC, en el que están Aibonito, Barranquitas y Comerío, y el CCVS, en el que se unió Caguas, Cayey, Villalba y Salinas. 

Rosselló Nevares firmó el reglamento el 8 de mayo, dos días después de que el CPI reportara que dicho documento no se había aprobado, así como los problemas que enfrentan los micro y pequeños empresarios para conseguir sus permisos. Aunque la ciudadanía tendrá 30 días para hacer comentarios al reglamento de 788 páginas, este entró en vigor inmediatamente. 

Esto dará paso a la implementación del Permiso Único de Uso, entre otras medidas que buscan agilizar el proceso de permisos en la Isla, se informó. 

“Lo que está en este reglamento pasó el debido proceso y esta versión es lo que se recogió. Es para que le den una ojeada”, explicó la secretaria auxiliar de la OGPe al ser abordada sobre el poco tiempo disponible que tendrán los ciudadanos para evaluar el extenso documento. La funcionaria mencionó que el reglamento pasó por cinco vistas públicas.

A preguntas del CPI, el DDEC dijo que hasta el momento, la utilización del Single Business Portal será gratis para los municipios, ya que algunos habían invertido en plataformas digitales para la solicitud de permisos, que ahora quedarían obsoletas.

Además, la agencia confirmó que si algún proponente quisiera apelar por habérsele denegado un permiso, este tendrá que reclamar mediante la División de Revisión Administrativa del Single Business Portal.

Ante la denuncia que hizo el CPI respecto a que el Single Business Portal, creado para solicitar los permisos de todo tipo en Puerto Rico, no funciona, Rosselló Nevares respondió que: “El Single Business Portal está en fase Beta (de prueba); se están trabajando un sinnúmero de cosas. Lo importante es que ya existe esa plataforma”.

Cambios con el nuevo reglamento

Rosselló Nevares aseguró que tanto el Permiso de Construcción y el Permiso Único Incidental se consolidarán en un solo trámite, en lugar de cuatro. En el caso del Permiso Único de Uso, se reducirá a uno, en lugar de 23 trámites. Este último consolida varias licencias y certificaciones para operar un negocio, entre ellas Salud Ambiental y Prevención de Incendios. Esto significa, por ejemplo, que el solicitante que necesite un Permiso de Uso, podrá solicitarlo a la misma vez que solicite las certificaciones de Salud Ambiental, Prevención de Incendios y Exclusión Categórica a través del portal. 

El reglamento crea la figura del Inspector del Permiso Único para que haga las inspecciones relacionadas a la obtención y renovación del permiso. El “inspector único” atenderá las inspecciones de Salud Ambiental, Bomberos y Hacienda. Antes iban tres inspectores distintos.

Los inspectores de Salud Ambiental y de Bomberos continuarán haciendo sus inspecciones, pero ahora le añaden otras funciones al convertirse en “inspectores únicos”.

Según Laboy Rivera, con el Reglamento conjunto “se reduce la cantidad de solicitudes, requisitos y documentos que eran excesivos y redundantes, para que se pueda comenzar una construcción o un negocio”.

El funcionario indicó, además, que “se reduce la cantidad de inspecciones”, porque “había mucha redundancia en estos procesos”. Ahora, aseguró, se harán las inspecciones correctas y necesarias.

El DDEC alegó que en abril de este año se adiestraron aproximadamente 30 inspectores de OGPe y DDEC, 80 para los permisos de Salud Ambiental y 70 para el permiso de Bomberos. Aseguró que esperan contratar otros 50 inspectores con fondos federales, y que no descartan contratar más personal, de necesitarse.

“Este reglamento conjunto consolida 50 distritos de calificación en 22. Aparte de que simplifica el proceso, también amplía los usos permitidos, dentro de lo que serían estos 22 nuevos distritos de calificación”, señaló el secretario del DDEC.

Laboy Rivera dijo que “van a descansar más” en los profesionales e inspectores autorizados – ingenieros y arquitectos – debido a que “están ampliando la cantidad de trámites ministeriales”. Los profesionales e inspectores autorizados están licenciados y capacitados por la OGPe para emitir permisos ministeriales, que no requieran tomar una determinación basada en su juicio personal. Añadió que la licencia de los ingenieros y arquitectos será lo que permita aprobar un permiso de construcción inmediatamente.

¿Cuál es la condición del aire en Vieques? 

 

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquezlopez@claridadpuertorico.com

Los servicios médicos en Vieques son limitados, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Aunque no se trata de un problema nuevo, la situación ha empeorado después del huracán y a ello han contribuido los problemas en el sistema de transporte marítimo.   Pero la facilitación de estos servicios se complica como cuando, por ejemplo, la salud de la única tecnóloga médica, para el único laboratorio en Vieques, se ve afectada. 

“Nos asfixiamos en Vieques bajo nubes de humo generadas por un fuego en el vertedero desde hace una semana, por las detonaciones abiertas para las cuales el pueblo no es notificado y por el polvo del Sahara”,  expone Wanda Bermúdez, Tecnóloga Médica y residente de Vieques, en un comunicado de prensa el pasado 19 de mayo. 

Bermúdez, quien es sobreviviente de cáncer y paciente de enfermedades respiratorias crónicas, reclama en el comunicado que ninguna entidad privada o pública se ha hecho cargo de orientar al público, notificar sobre el nivel de contaminación o deterioro de la calidad de aire, proveer mascarillas o desalojar ciertas áreas, particularmente aquellas más cercanas al vertedero. Ni el Departamento de Salud, ni la Agencia de Protección Ambiental Federal, ni la Junta de Calidad Ambiental ni el Municipio de Vieques. 

El sábado pasado, la tecnóloga se dirigía a su trabajo cuando percibió la peste a humo y, de inmediato, sintió en sus pulmones la toxicidad producida por la quema de desechos. “Por poco sucumbo con un ataque asmático al tratar de entrar al laboratorio a preparar los instrumentos para los pacientes de emergencia”.

Esto ocurrió una semana después —el sábado 11— de que fuera reportado un incendio en el vertedero de Vieques, ubicado en el barrio Villa Borinquen. Hasta ahora, se desconocen las causas del incendio que duró dos días y que afectó la salud de los vecinos de la comunidad. Según informó el negociado de bomberos, las residencias cercanas al lugar no se vieron afectadas por los fuegos. 

El incendio se produjo bajo circunstancias sospechosas, pues el vertedero colinda con un área en donde la Marina está llevando a cabo un proceso de “limpieza”. Además, vecinos del área afirmaron haber escuchado detonaciones. 

Aunque el fuego sobre la superficie fue aplacado, la basura enterrada continuó quemándose lentamente, produciendo una humareda que acaparó las zonas aledañas a Villa Borinquen. 

“Necesitamos varias estaciones de monitoreo de calidad de aire en las áreas residenciales que quedan viento abajo de las detonaciones abiertas de la Marina.  Necesitamos saber, en tiempo real, cuál es la condición del aire en Vieques. Necesitamos liderato y orientación general al público sobre los efectos a corto y largo plazo de estas contaminaciones. Necesitamos agencias a quienes les importemos. No más incompetencia ni abandono”, reclamó Bermúdez en el comunicado. 

Defiende la colegiación 

 

Por la Redacción

A raíz de la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico de declarar inconstitucional la colegiación compulsoria al Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices (CTMA), el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, insistió en que no se aprueben los proyectos de descolegiación ante la consideración de la Cámara de Representantes.

“Ante la equivocada y perjudicial decisión del Tribunal Supremo es necesario continuar con la batalla para que la gran mayoría de los proyectos de descolegiación no sean aprobados. El mensaje de la Cámara debe ser uno claro y contundente a favor de los colegios. Con esa acción se reconocería que existe un interés apremiante del Gobierno para mantener la existencia de diversos colegios de profesionales”, expresó el legislador pipiolo.

La determinación del TSPR fue escrita por la juez asociada Mildred Pabón Charneco. Para Márquez Lebrón, contrario a la impresión generada tras la determinación del Tribunal Supremo en el caso de técnicos y mecánicos automotrices, esta decisión no significa la descolegiación automática de todos los colegios compulsorios. 

“Lo que aplica del caso de los técnicos y mecánicos automotrices a las demás profesiones, es que para determinar la validez constitucional de cada una de esas colegiaciones compulsorias, hay que aplicar un escrutinio estricto y el Estado debe tener un interés apremiante, el cual se debe determinar caso a caso”, abundó.

El líder independentista precisó, además, que durante el proceso de vistas públicas quedó demostrado las condiciones de inoperabilidad e ineficiencia de las distintas juntas. Se refiere a las vistas públicas de los proyectos para la descolegiación de más de 25 profesiones presentados por el representante José Aponte Hernández, del Partido Nuevo Progresista (PNP). Entre estos está el de los Técnicos y Mecánicos Automotrices. 

“Ha quedado demostrado que las diversas Juntas Examinadoras bajo el Departamento de Estado y de Salud no poseen presupuesto, ni personal para cumplir con sus funciones, siendo los diversos colegios los que fiscalizan la profesión, atienden querellas éticas, promueven la educación continua de su miembros,cumpliendo funciones de interés público.

Llamó la atención a que hay diversos colegios que existen hace décadas al servicio del país y sin ningún tipo de cuestionamiento. “El interés apremiante del Estado de proteger la vida, salud y seguridad de los y las puertorriqueñas, solamente se logra mediante la intervención de los colegios que la mayoría de las veces -por no decir todas- asumen la responsabilidad del Estado para proteger los intereses de la población. Es muy importante continuar aunando esfuerzos para que los proyectos de descolegiación ante la consideración de la Cámara no sean aprobados”, finalizó Márquez Lebrón.