Por René J. Reyes Medina/Especial para CLARIDAD
Desde hace unos años el Negociado de Análisis Económico del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés) ha estado asesorando directamente, la gestión de medición macroeconómica de la Junta de Planificación. A través de charlas, seguimiento a tareas conjuntas y visitas, se ha gestado lo que coloquialmente llamamos el “proyecto de actualización de cuentas sociales”. Este proceso persigue llevar las Cuentas Nacionales de Puerto Rico a cumplir con los estándares internacionales, que rigen este tipo de estadísticas. Aun así como narro en su columna de noviembre de 2019 sobre esta temática el colega Edwin Ríos; “En el 2011, el BEA hizo una evaluación de las cuentas económicas de Puerto Rico e incluyó un informe con recomendaciones para modernizar las cuentas. Sin embargo, las administraciones de gobierno de turno, desde hace años, no han reconocido la importancia ni le han asignado los recursos para mejorar las estadísticas económicas del país.”.
La información que levanta el gobierno con propósitos de medición no solo sirve para implementar política pública y fiscalizar; le sirve a la ciencia, la historia y, en fin, a la gestión familiar y el desempeño de toda la sociedad. Por esto se debe exhortar a llenar los formularios de las oficinas estadísticas, al igual que se realiza cerca del año electoral orientaciones para aspirantes a puestos electivos, que deben llenar formularios explícitos sobre el manejo de las finanzas de campaña sujetos al escrutinio de la Oficina del Contralor Electoral. En este caso, en nombre del cumplimiento con las leyes y claridad en financiamiento privado y público de campañas políticas; en el caso de las encuestas a las empresas y los hogares, en nombre de auscultar la responsabilidad legal de los patronos y mantener constancia de nuestra realidad social.
Un ejemplo de la función de “fiscalización” es que en noviembre de 2019 el Contralor Electoral de Puerto Rico evaluando los datos que maneja, desafió el silencio cómplice de las entidades gubernamentales y federales en Puerto Rico, acusando a Ricardo Rosselló de utilizar fondos públicos para costear gastos respondiendo a fines privados. Con esta acción esta entidad busca legitimidad frente al resto de las autoridades, que han sido tímidas en pasar juicio sobre la gestión de la administración Rosselló. En este sentido, se debe recordar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico también en dos ocasiones, ha reconocido que hay un poder más grande que el que confiere la constitución para el ejercicio de los deberes públicos en tiempos recientes; el Pueblo. ¿Cómo? Haciendo lo que se espera del sector gubernamental; su trabajo. En la primera ocasión su presidenta dijo; “…se concluye que la juramentación como Gobernador del Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia, Secretario de Estado nombrado en receso, es inconstitucional”. Esta decisión de agosto de 2019 encontró ilegítimo el juramento y sucesión al poder del Lic. Pierluisi Urrutia, quien durante varios días osó ocupar ilegítimamente la Fortaleza y sus poderes a sabiendas de que lo hacía de forma ilegal y contrario a la voluntad del País. La segunda ocasión para la que dicho alto foro Judicial ha buscado recientemente credibilidad para su “buena gestión” fue en la carta para retirar la propuesta de un aumento al salario de la Judicatura el pasado noviembre de 2019. Ahora el Contralor Electoral vive un juicio parecido, donde debe decir “para qué la gente paga por mi existencia como gasto público” y cuál es el uso que le da a la evidencia e información que levanta; un juicio a veces burdo y a veces indispensable para el individuo en sociedad.
Al público general siempre se le sugiere juzgar la información sensitiva, qué, y a quién se la provee, pero cuidar nunca entrar en delitos vinculados a información falsa o a no cumplir con leyes que obligan la divulgación. Aun así, sostengo que algunas organizaciones gubernamentales promueven políticas públicas racistas, clasistas y homofóbicas, y por esto pueden provocar pérdida de credibilidad y es razonable pensar que, a estas organizaciones se le ignoren sus cuestionarios o la gente tienda a no colaborar con su gestión. Sin embargo, la inversión gubernamental en la medición económica, que parte de información contributiva y encuestas a empresas, el gobierno y las familias, lo que busca es ayudarnos a establecer qué actividades están generando mayor interés (o crecimiento), cuáles fueron resultado de la política pública vigente, que de esto ha fracasado, y hacia dónde deben ir las colaboraciones para darle coherencia y solidez a la sociedad entera desde una perspectiva macroeconómica.
En octubre de 2019, el BEA publicó los primeros resultados de su revisión para 3 componentes del Producto Interno Bruto de Puerto Rico; Gastos de Consumo Personal, Inversión Fija Privada y Comercio Exterior, evaluando los datos oficiales para los años naturales de 2012 a 2017. Este acto de manera implícita desafía la credibilidad y legitimidad de la gestión del gobierno de Puerto Rico en esta materia. El BEA debe entregar la revisión del resto de los componentes, utilizando una metodología prototipo para las “Cuentas de Puerto Rico” a partir de enero de 2020. El BEA en esta ocasión cuenta con un grupo de trabajo donde destacan la estadounidense Sabrina Montes, y el puertorriqueño Fernando Lugo, este último execonomista en el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico. Los puestos creados para esta oficina, al igual que la mayoría de los puestos de las oficinas en la Junta de Planificación y el Gobierno del ELA, son cubiertos por algunas cláusulas laborales de convenios colectivos, pero de las unidades del Departamento de Comercio de EEUU, claro. Para este proyecto un grupo de trabajo de 12 personas, sin incluir los servicios de datos, el apoyo de la dirección estadística en la Junta de Planificación y las demás economías de escala que permite una organización como el Departamento de Comercio de los EEUU, tendría según el presupuesto recomendado del BEA, una asignación de 2 millones de dólares para el año fiscal 2020.
En la Junta de Planificación el programa encargado de estimar las estadísticas oficiales de la economía de Puerto Rico se llama el Programa de Planificación Económica y Social (PPES). Este programa tiene una asignación en el presupuesto de la Junta de Planificación para el 2020 de 1 millón de dólares con una plantilla de alrededor de 40 personas, entre puestos gerenciales y unionados. Esta oficina, como dice la enmienda tardía (a la ley orgánica de la agencia) de la administración Rosselló a través del pendiente y recién radicado proyecto de Ley PS 1446;
“Artículo 20.- Informe Económico. La Junta preparará dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre de cada año fiscal un informe económico al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, documento que contendrá un análisis económico de los desarrollos ocurridos durante el último año fiscal en el sector público o privado de la economía y la forma en que esos desarrollos afectan y son a la vez afectados por los programas de gobierno. La Junta deberá recopilar, analizar y publicar periódicamente las estadísticas sobre balanza de pagos, ingreso neto, producto bruto e índices económicos generales de Puerto Rico. Copias de los informes económicos y estudios estadísticos a que se refiere este Artículo serán enviadas simultáneamente al Gobernador y a la Asamblea Legislativa”.
Actualmente el Subprograma de Análisis Económico adscrito al PPES de la Junta de Planificación termina los estimados de la medición económica en un periodo de 6 a 12 meses posterior al cierre de cada año fiscal y pública en sus informes muchos de los indicadores macroeconómicos de Puerto Rico. La Junta de Planificación ha estado publicando estos informes de manera ininterrumpida desde el año 1947 (el primer Informe económico que está disponible en la página web data del año 1951).
Ahora en diciembre, nos encontramos en el punto culminante del cálculo de dichos estimados para el año fiscal 2019 y revisiones de lo publicado en los dos años previos, 2017 y 2018 como de costumbre. Sin embargo, en medio de ese proceso, la presidenta de la Junta de Planificación y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC), amparado este último en la ley de reorganización de esta agencia sombrilla, Ley 141 de 2018; abordan una discusión ‘intramural dentro de las filas de la estadidad’, por el manejo del “área estadística de la Junta de Planificación” (PPES) y su mermado presupuesto.
Cada vez que se habla de pérdida de credibilidad de las entidades gubernamentales, es preciso recordar el artículo del doctor y catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, Carlos Rodríguez Ramos titulado “Credibilidad, pérdida social y estancamiento económico: el caso de Puerto Rico”. En este se modela matemáticamente y discute el fenómeno de la “inconsistencia dinámica”, asunto que como cualquier otro fenómeno económico se genera por la interacción o choque de distintos actores. En este caso enfatiza como la interacción entre el gobierno, por medio de la política pública, y la ciudadanía, percibiendo que la misma será ineficiente, provoca modificaciones en medio de su implementación que conducen a su frustración. Dinámica que pudo tener efectos sobre el desempeño de ciertas políticas gubernamentales que en inicio iban en la dirección de reforzar el engranaje de la economía y resultar en crecimiento económico, llevándolas al fracaso. La credibilidad, sugiere Rodríguez;
“De acuerdo a la teoría económica, el problema de la inconsistencia dinámica tiene una estrecha relación con la credibilidad de las políticas (Haubrich y Ritter, 2000). Para que haya credibilidad, los políticos deben gozar de reputación; por lo tanto, un sistema que ha perdido credibilidad, como el de Puerto Rico, puede recuperarla si los políticos se ganan la reputación cumpliendo sus promesas. Esta pérdida de reputación y de credibilidad genera unos costos sociales, los cuales afectan de manera significativa al sistema” (2010, Revista de Ciencias Sociales).
Como sugirió el premio Nobel de Economía Ronald Coase, el problema de fondo de los costos sociales es que no desaparecen, porque en última instancia esto son cubiertos por el gobierno, que al fin y al cabo los redistribuye “afectando al sistema”, en nuestro caso a través del gasto público y la deuda.
Las Cuentas Nacionales de Puerto Rico aun caminan hacia el cumplimiento de la nomenclatura estadística y el “update” del Sistema de Cuentas Nacionales (SNA) al 2008 de la Organización de Naciones Unidas (vigente). Mientras estos cambios se gestan y “languidece” el presupuesto asignado al “área estadística”, el resto de las oficinas de la Junta de Planificación están repletas de fondos de recuperación, lo que ha abierto plazas de puestos transitorios. Esta movida puede parecer sospechosa a 1 año de las elecciones más cruciales de los pasados 30 años; las primera bajo la completa implementación de las políticas de la Junta de Control Fiscal y con opciones reales de una oposición política amplia que puede derrocar parcial o totalmente el régimen bipartidista en Puerto Rico de manera electoral.
En este sentido, consideramos que con la transparencia y cuidado que se maneje la llegada en enero de 2020 de los resultados y la visita del BEA a Puerto Rico (la tercera semana de enero del 2020), la Junta de Planificación y el PPES se juegan la credibilidad. Y con ello la legitimidad de nuestro sistema de Cuentas Nacionales, tan confundido con los “estados financieros auditados”, los “presupuestos descuadrados de las agencias de Puerto Rico” y la propaganda partidista a través de los informes de logros de “empleos y negocios creados” durante la incumbencia de x o y administración.
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