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Prestigioso oncólogo asegura que el glifosato es cancerígeno

 

 

Por Jaime Torres Torres/Especial para Claridad 

 

Doctor Fernando Cabanillas se dirige a los asistentes a la Marcha contra Monsantos. foto suministrada

El reconocido oncólogo Dr. Fernando Cabanillas, experto en el cáncer Linfoma Non-Hodgkin, denunció que el glifosato es un cancerígeno, contrario a lo afirmado por el Secretario de Agricultura, Carlos Flores y portavoces de Bayer-Monsanto.

Cabanillas formuló sus declaraciones en la Plaza de la Libertad en Mayagüez durante el acto artístico celebrado al final de la marcha mundial contra Bayer-Monsanto, a la que Puerto Rico se unió el pasado sábado 18 de mayo, convocada por el colectivo Nada Santo sobre Monsanto, con la asistencia de cientos de personas que marcharon desde los portones del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

Así Cabanillas, quien este jueves será uno de los deponentes de las vistas públicas que se celebrarán en el Municipio de San Juan orientadas a prohibir el glifosato, contradijo con base científica las declaraciones de Carlos Flores, quien el viernes dijo en un programa radial que no es dañino a la salud ni es cancerígeno.

“Monsanto es un bandido en la forma en que maneja las semillas”, afirmó Cabanillas.

“Estoy convencido de que el glifosato es un cancerígeno. Yo no estaba tan convencido, pero ahora sí lo estoy”.

El prestigioso oncólogo, con oficinas en el Hospital Auxilio Mutuo en Hato Rey y quien es columnista del influyente diario El Nuevo Día, publicado por GFR Media,  reveló que Monsanto manipuló datos científicos sobre la seguridad y toxicidad del glifosato, ingrediente principal del RoundUp, herbicida de amplio espectro creado por Monsanto para exterminar la maleza y fumigar los cultivos, particularmente los de las semillas modificadas genéticamente, como el maíz, la soya, la canola, el azúcar de remolacha y otras.

“Monsanto [hoy Bayer] estaba traqueteando con los datos. Y eso se probó cuando encontraron unos memorandos internos de la compañía donde quedó evidente que estaban tratando de suprimir cierta información que nunca han querido revelar.  A la larga, la verdad siempre sale a flote”.

La información fue dilucidada como parte del descubrimiento de prueba de la tercera demanda multimillonaria contra Monsanto. La pareja de esposos Alba y Alberta Pilliod, de California,desarrollaron linfoma Non-Hodgkin por su exposición al glifosato, el cual se asocia también a cáncer, Alzheimer y autismo en niños. Alimentos procesados como los cereales de maíz, la avena y los cheerios, entre otros, contienen residuos de glifosato.

“Soy científico […] En los datos que presentaron en esta última demanda que le ganaron por $2 mil millones a Monsanto había un documento que no se le había dado prácticamente publicidad: un estudio científico, que llamamos meta análisis , de todos los diferentes estudios que se han publicado acerca del glifosato y sus características carcinógenas. En ese documento queda claro que la incidencia de linfoma es un 41% más alto en personas que se han expuesto al glifosato”.

Cabanillas puntualizó que el glifosato está presente en todos los alimentos y que representa una amenaza para las mujeres embarazadas por su asociación al autismo. “Muchos de nosotros no tenemos remedio que exponernos al glifosato porque está presente en prácticamente todas las comidas”.

También aclaró que las personas que “no comen orgánico tienen un 15% más alto de cáncer, especialmente linfoma, que los que comen orgánico. Hay suficiente evidencia para declarar al glifosato como un cancerígeno”. 

La nutricionista Vilma Grisel Colón. Foto suministrada

Por su parte, la licenciada en Nutrición y Dietética, Vilma Grisel Calderón Jiménez, calificó las declaraciones del doctor Cabanillas como “relevantes, valientes y oportunas”.

“Lo revelado por el doctor Cabanillas sustenta la información que hace años llevamos señalando de que el glifosato es cancerígeno y aumenta el riesgo de autismo, Alzheimer y otras enfermedades”, concluyó la nutricionista y portavoz del colectivo Nada Santo sobre Monsanto.

Pa’ la Isla

 

Por Alana V. Álvarez Valle/Especial para CLARIDAD

Abrí los ojos antes de que sonara la alarma del despertador. Tenía miles de cosas que hacer. Antes de que me diera ansiedad, un pensamiento me consoló: mañana abriría los ojos en la Patria, respiraría salitre y miraría el cielo azul más hermoso del mundo. 

Cuando eres parte de la diáspora, viajar a tu hogar a ver a tu gente, es indispensable. Si faltan meses de larga espera, pues se añora y pena. Pero cuando la fecha de regreso se acerca, pisar el terruño se convierte en una necesidad. 

El playlist cambia y de repente me encuentro tarareando la canción que está pegá de Pedro Capó “vamos pa’ la playa pa’ curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla…”. Se me van los dedos y abro los vídeos de mi barrio –el Viejo San Juan–, de la playa, del campo y me regodeo en el encanto de mi Isla. 

De vuelta a la cotidianidad, fui a trabajar como de costumbre, haciéndole saber a todos y todas que me iba de vacaciones y no nos veríamos en algunos días. 

—“¿Vas a viajar?” 

—“Sí, me voy a mi país. Me voy a Puerto Rico”. 

—“Ay que bien, me gustaría ir”.

—“Pues deberías ir. Es el lugar más bello del mundo, y sí estoy prejuiciada”. 

—“¿Cuántas horas son de viaje; cuántas escalas?”

—“Solo tres horas y media y hay vuelos directos”. 

—“De verdad? Ah no sabía. Pensaba que eran como 10 horas”. 

La falta de información que posee el estadounidense promedio sobre Puerto Rico es abrumadora.

—“Ah pero no tengo pasaporte”.

—“No necesitas pasaporte para ir”.

— Ah claro es que Puerto Rico es…” 

—“(Interrumpiendo) Puerto Rico no es un estado. Somos un territorio, una colonia de los Estados Unidos”. 

—“Ah ok”, con la cara en blanco de no tener idea de que estoy hablando y de no interesarle averiguar tampoco. 

Esta conversación que parece tan simple, es una muestra de que en su gran mayoría, los estadounidenses no saben nada sobre Puerto Rico como Nación, ni mucho menos sobre su relación con los Estados Unidos. 

Estos comentarios y preguntas ignorantes vienen de gente educada, profesional, clase media, que viven y trabajan en Connecticut, un estado con la sexta población más grande de boricuas. También es el tercer estado de mayor migración boricua después del Huracán María (septiembre de 2017) y tiene como capital la quinta ciudad de mayor de puertorriqueños y puertorriqueñas en Estados Unidos.

Esta migración de boricuas no comenzó ayer, ocurre desde la década de los ‘50, después de la Segunda Guerra Mundial. Como si eso fuera poco, Hartford, CT además fue el escenario del memorable robo al camión de la Wells Fargo, el Operativo Águila Blanca, por parte del Ejército Popular Boricua, Los Macheteros en 1983. 

No obstante, los mal llamados ‘americanos’ solo saben que los Puerto Ricans hablamos español y comemos arroz con habichuelas.

Cuando ocurrió el Huracán María y se hicieron los reclamos públicos al Congreso y al Presidente para que atendieran la crisis, los comentarios ignorantes de la ‘gente de a pie’ estaban choretos. No saben que somos ciudadanos americanos. Muchísimo menos conocen que dicha ciudadanía fue otorgada como parte del juego de tronos, para ‘comprar’ soldados para la Primera Guerra Mundial (1914-1918), mano de obra diestra y barata, y obviamente no saben que la hemos pagado con sangre, sudor, lágrimas y grandes sacrificios. 

–“¿Que vas dos semanas? Wao, que mucho tiempo”.

Claro, no entienden, que cuando una es migrante y tienes a toda la familia en la Isla, dos semanas se van en tomar café con tu mamá, comer fricasé de pollo en casa de tu abuelita, darte una fría con los panas y ver el atardecer en el mar cálido. Te faltó ver al resto de la familia, ir a comer fritanga en Piñones, echar la bailaíta en el callejón de La Tanca, ir a El Yunque y montones de cosas más que tenías en la lista que hiciste el año pasado titulada “Los must en PR”.

—“Ay, pero es que en mis vacaciones me gustaría ir a un lugar que sea más que playa”, me dijo un atrevido. 

—“Puerto Rico tiene de las playas más hermosas del mundo. Pero Puerto Rico es mucho, mucho más que playas”. 

Y es que no entienden nada. Porque nadie puede decir que la Playa Flamenco en Culebra, la Playa Caracas (antes Red Beach) en Vieques, El Escambrón en Puerta de Tierra y muchas más, son de las playas más bellas del mundo. Sin embargo, no podemos reducir todos los ofrecimientos, los paisajes, la gastronomía, la cultura y el arte, a un País solo de playa.

Solo tres personas en todo mi centro de trabajo sabían a la perfección como me sentía… obviamente los tres son inmigrantes: un bosnio, un dominicano y un boricua. 

—“Nena, que goces mucho y come mucha vianda y frutas frescas, que las de aquí no saben a na’ ”, me recomendó el boricua. 

—“Llénate del calor tropical, báñate en nuestro mar y abraza a los tuyos”, expresó el dominicano. 

—“Yo también me voy para mi país, así que entiendo tu contentura. Nos veremos y compararemos fotos al regreso”, aseguró el bosnio. 

Les aseguré que les tomaría la palabra a todos. 

—“¡Que tengas buen clima”!, me deseó una compañera, a lo que ni corta ni perezosa le respondí:

—“¡Gracias! Pero sabes qué, no importa porque aunque llueva y truene y venteé, estaré en mi país. Y eso es lo más importante”.  

Al despedirme, prometí traer café, panetela de guayaba, dulces del país y me fui feliz camino al aeropuerto cantando a toda voz “Soy boricua, tú lo sabes”.

EDITORIAL:Una “reforma” deformada

 

Desde que se estableció en 2013 el acuerdo para implantar en Puerto Rico la llamada Reforma de la Policía, la iniciativa fue bienvenida con cautela por los defensores de los derechos humanos en nuestro país. Nadie que conozca de cerca la trayectoria nefasta de la Policía de Puerto Rico podía hacerse de ilusiones sobre sus resultados.  Después de todo- aunque con varias décadas de distancia- esta es la misma Policía que produjo “monstruos” como Alejo Maldonado,  y Ángel Luis Pérez Casillas quienes,  bajo el manto de su autoridad como oficiales de alto rango de la uniformada, ordenaron los más bárbaros atropellos y hasta asesinatos contra ciudadanos inocentes. 

El acuerdo de entendimiento para la Reforma se firmó con el fin de transar una demanda que había interpuesto el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en el 2012 contra la Policía de Puerto Rico, por sus sostenidas violaciones a los derechos civiles y humanos  en la Isla. Bajo el acuerdo, que es supervisado por el Tribunal Federal en San Juan, se nombró a un oficial con el propósito de monitorear el cumplimiento con las estipulaciones del acuerdo, según lo interprete el tribunal. Dichas estipulaciones incluyen el adiestramiento profesional de la fuerza policíaca, en múltiples áreas de la conducta y del manejo y solución de problemas, para evitar la violación de los derechos civiles y humanos en la interacción de agentes de la Policía con la ciudadanía.   

El primer monitor de cumplimiento nombrado en 2013 apenas duró un año en la posición. Luego se nombró al coronel retirado de las Fuerzas Armadas, Arnaldo Claudio, quien llevaba seis (6) años en la posición hasta que anunció su retiro súbitamente hace unas semanas, e hizo unas denuncias fuertes en torno a dicho proceso. En sus expresiones públicas a su salida del puesto, Claudio aludió a “despilfarro de dinero” por parte del Gobierno de Puerto Rico y a “conflictos de interés que no aclaró”. Ahora, ya sabemos a lo que el señor Claudio se refería en sus denuncias: a un innecesario contrato millonario con el Bufete McConnel Valdés para que represente a la Policía en esta fase de cumplimiento. En este bufete es socio el padre del Juez Gustavo Gelpí,  supervisor del proceso de Reforma Policíaca en el Tribunal Federal. 

No existe justificación para el contrato con este bufete, el cual añade una capa más de burocracia a un proceso de por sí lento y burocrático. Tampoco existe justificación para que se torne adversativo y litigioso un proceso que precisa negociación y mediación para obtener el resultado deseado: que la Policía experimente una mejoría en el cumplimiento de su función como garante de la protección y seguridad de la ciudadanía.  Después de todo, así debe ser para beneficio de toda la sociedad. 

Por lo tanto, la salida del coronel Claudio representa un rudo golpe para la agenda a favor de los derechos civiles y humanos en Puerto Rico,  y para la propia Policía tan necesitada de mejoramiento. No solo significa un retraso innecesario en el proceso de cumplimiento, sino también confirma la falta de compromiso del gobierno de Puerto Rico con la transparencia y con el logro de los cambios fundamentales que un proceso como este debe entrañar. 

El Negociado de Seguridad Pública y la Policía de Puerto Rico tienen la obligación legal de cumplir con este acuerdo, o pagar las consecuencias de no hacerlo. El Juez Gustavo Gelpí del Tribunal Federal tiene la obligación de supervisar estrictamente dicho cumplimiento o, de lo contrario, imponer las sanciones que correspondan. Los ciudadanos y sus organizaciones representativas, en nuestro caso, el Capítulo de Puerto Rico de la Unión Nacional de Libertades Civiles ( ACLU, por su siglas en inglés) y demás organizaciones que defienden a nuestra gente de la brutalidad y abusos de la Policía, tienen la obligación de seguir denunciando toda violación o atropello que se cometa por las fuerzas policíacas,  y reclamando, ante todos los foros e instancias correspondientes, el respeto por la vida, la integridad, la dignidad y la seguridad de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas.

No constituye un buen ejemplo que la primera acción del bufete McConnel Valdés, en representación de la Policía de Puerto Rico en esta controversia, sea la de esconder o dilatar la entrega de la documentación que le ha requerido la Oficina del Monitor. Si todo estuviera en orden, y Gobierno y Policía se propusieran cumplir fielmente con la llamada Reforma Policíaca, no debería haber espacio para tácticas dilatorias. Una “reforma” deformada no le sirve bien a ninguna de las partes y abre la puerta al recrudecimiento de tensiones y hostilidades largamente contenidas. 

Un política pública con doble vara

Por Giancarlo Vázquez/CLARIDAD 

gvazquez@claridadpuertorico.com

A medida que se han cerrado escuelas durante los pasados 3 años, el Departamento de transportación y Obras Públicas (DTOP) ya ha entregado 23 contratos de arrendamiento de escuelas por $1.00 a entidades como Fountain Christian Bilingual School, del pastor Otoniel Font. 

Aunque el 9 de mayo de 2017 se firmó la Orden Ejecutiva 2017-032 para crear un Subcomité Interagencial encargado de evaluar el traspaso de escuelas en desuso, es el DTOP la agencia encargada de los planteles y quien tiene la última palabra sobre los contratos de arrendamiento. 

El organismo, adscrito al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, está integrado por un funcionario del DTOP, el Departamento de Educación, la Autoridad de Edificios Públicos, la Autoridad para Alianzas Público-Privadas y la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico.

Dicho subcomité se creó bajo las expectativas de traspasar los planteles a municipios y entidades que promuevan el desarrollo comunitario y económico de la Isla. Al menos, así fue como se le vendió a los medios y, por ende, al pueblo. 

En una nota publicada el 9 de mayo, el diario Metro cita a Ricardo Rosselló, de declaraciones escritas:

“La política pública del Gobierno es que se establezcan centros de atención para personas sin hogar, albergues para animales abandonados, centros de rescate y tratamiento para personas drogodependientes, talleres de terapias o tutorías para niños y jóvenes, refugios para mujeres, niños o ancianos víctimas de maltrato, e incubadoras de microempresas comunitarias, entre otros proyectos de apoyo para la comunidad”.

Es preciso recordar que el papel aguanta lo que sea.

Dentro de este contexto, tan recientemente como el martes de la semana pasada, se denegó la transferencia del Teatro Paradise, ubicado en la avenida Ponce de León, a la Junta Comunitaria de Río Piedras (JC). 

En abril del 2017, el representante Juan Oscar Morales presentó la Resolución Conjunta 148 para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles evaluar la transferencia del Teatro Paradise a la JC por el precio nominal de $1.00. Esto luego de una ardua lucha que comenzó en 2001, cuando el teatro se vio amenazado por la construcción del Tren Urbano.

Desde entonces, la comunidad ha intentado rescatar el Paradise. Por aquellos días la organización sin fines de lucro recibió el apoyo del DTOP, que se comprometió con ella a restaurar el espacio; pero “el proyecto se hizo sal y agua y el dinero que le fue asignado a Obras Públicas desapareció”, según dijo a CLARIDAD Zenia E. González Clemente, presidenta de la Junta Comunitaria. 

En el mismo artículo, publicado a principios del año en curso, González añadió que posteriormente acudieron a la Autoridad de Carreteras (AC) para presentarles el proyecto. La respuesta por parte de la agencia/corporación fue que “las estructuras de las corporaciones públicas no se podían dar, no se podían ceder”.

(Puede ver el artículo antes citado: “A rescatar el cine Paradise en la versión web de Claridad)

En 2015, el Cambridge Technical Institute (CTI) se ubicó en el edificio que está junto al Paradise. La escuela técnica abrió una pared del teatro contigua a su edificio para utilizar el espacio de estacionamiento. A pesar de las multas que le ha impuesto la administración municipal, CTI continúa usándolo hasta el día de hoy. 

La AC llegó a un acuerdo con el CTI para que pagara $400 mensuales. Sin embargo, se desconoce la existencia de los permisos otorgados al CTI para hacer uso legal del espacio y del supuesto contrato otorgado por el DTOP. 

“Las veces que hemos solicitado los documentos, no aparecen o están en otro lado. Yo por lo menos no los he visto”, dijo Ricardo Cobián.

“Les están alquilando por $400, violando la reglamentación vigente para hacer un estacionamiento”, añadió refiriéndose al DTOP y cuestionando las acciones de esta agencia. 

La presidenta de la JC, cuestionó en El Nuevo Día: “¿Por qué la negativa a (dar) una propiedad en ruinas, que lleva más de 30 años cerrada, y que la comunidad quiere convertirlo en algo bueno?

La Resolución Conjunta de transferencia del cine Paradise a la comunidad fue aprobada por decisión unánime el pasado 3 de febrero, pero fue denegada por el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles el 1 de marzo. La razón ofrecida por el comité evaluador fue que “lo solicitado en la resolución va en contra de la política pública establecida en la Ley 26”. 

En el Artículo 5.07, la ley exige que la disposición de bienes se haga por su justo valor en el mercado. El estatuto establece que ese comité también puede disponer de los bienes inmuebles “velando por la utilización de la propiedad para el beneficio del interés público”.

Cobián rechazó estas razones y las describió como banales y frívolas, considerando, entre otras cosas, que las mismas contrastan con los contratos que el DTOP ha otorgado a entidades privadas, como lo es el caso de Cambridge. 

Considerando estos argumentos, que la RC avaló por decisión unánime, y a base de las prioridades que tiene la actual administración, surge la sospecha de que haya intereses influyendo en la transferencia del Paradise o la posibilidad de que se estén dando negociaciones para la compra del lugar por parte del CTI. 

En una reunión que sostuvieron la Junta Comunitaria y el Fideicomiso para el Desarrollo de  Río Piedras (FDRP) se acordó continuar insistiendo y denunciándolo públicamente. Los legisladores y JC ya han pedido al comité evaluador reconsiderar el proyecto. 

Otra opción sería someter la RC a través del FDRP. En ese caso, una de las razones por la que el comité evaluador podría reconsiderar el proyecto es que por ser el Fideicomiso una entidad creada por ley, está autorizado a recibir propiedades del gobierno sin tener que pagar por el inmueble. 

Pero aun así, de pasar el proyecto a través del FDRP, queda sobre la mesa la pregunta de qué pasará en el caso de las comunidades que quieran emprender proyectos similares, pero no cuenten con un fideicomiso, ¿no se les  cederá ninguna propiedad del Gobierno por un dólar o libre de costo? ¿Es esa la política pública que busca apoyar a las comunidades?

Los drones se suman a todo lo demás

 

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

El diccionario de Real Academia Española ya tiene una definición para “dron”, pero no es la que se usa en Puerto Rico desde tiempos inmemoriales, sino que se refiere a la “avión no tripulado” que la tecnología moderna ha convertido en objeto común. Para encontrar nuestra definición hay que ir al Tesoro Lexicográfico del español de Puerto Rico. Nuestro “dron”, palabra que adoptamos del inglés “drum”, es allí un “tambor de acero o plástico para envasar líquidos”. 

Pero los drones que han estado en las noticias de Puerto Rico durante los últimos días no son los que en nuestros hogares se usan para poner basura, sino unos parecidos que vemos todos los días en las carreteras del país para avisarnos de alguna construcción o de un gran boquete. Son objetos de color llamativo y sin fondo y esas dos características ya nos dicen algo. 

Lo que Puerto Rico conoció la pasada semana – justo cuando arreciaba la noticia de que la Junta de Control Fiscal ha ordenado que, efectivo ya, se le haga un recorte de hasta 25% en los ingresos de nuestros pensionados – es que el Gobierno había pagado drones a $500 por unidad, ocho veces más caro de lo ordinario. En medio de tanto problema, un desperdicio de $300 mil por parte del Gobierno, que fue la suma utilizada para la compra de los drones, parece un asunto de poca monta, pero el tema sirve muy bien para ilustrar el modus operandi de la corrupción pública. 

En primer lugar, el beneficiado con el sobreprecio es un amigo del alma y, más importante aún, un contribuyente a las finanzas del partido del gobernador. Es el mismo patrón que se utiliza para otorgar contratos millonarios, ya fuere para “asesoría” o para las obras públicas. En segundo lugar, la explicación que públicamente dio el gobernador Ricardo Rosselló para justificar la compra es que los drones se adquirieron en medio de una “emergencia” y en esos casos, nos quiere decir, no se repara en el precio. Pero resulta que la emergencia en cuestión, el susodicho huracán María, ya tenía un año de viejo cuando se compraron los drones. Como tercera explicación dijo que se habían pagado con “fondos federales”, implicando que como no era dinero nuestro no había que preocuparse por el precio. 

Esta “explicación”, que ofende tanto como el malgasto mismo porque supone que los que la escuchan son estúpidos, se parece mucho a la que dio la senadora Evelyn Vázquez cuando se conoció la otorgación de contratos legislativos a su “padrino” del alma para que éste, a su vez, empleara a su querido marido. Los contratos no los otorgó ella, sino “la Legislatura”, afirmó. Y en cuanto a la contratación de su marido es algo que debe explicar el dueño de la empresa contratada, es decir, su padrino, no ella. 

¿A dónde van a llegar estos nuevos escándalos? ¿Acaso alguien va a investigar y a adjudicar responsabilidades? El asuntito de los drones a sobreprecio y los contratos apadrinados se suma a los otros conocidos hasta ahora que van pasando lentamente al olvido sin que nadie responda. Como hemos dicho antes, la palabra que mejor describe la gestión pública puertorriqueña de los últimos años es impunidad. 

¿Tendremos que depender otra vez de que el FBI “nos haga justicia”? Desde hace algunos meses el jefe de ese cuerpo policíaco en Puerto Rico, Douglas Leff, (quien, como casi todos ellos, disfruta mucho pavonearse ante la prensa) anda diciendo que su oficina investiga los contratos “fantasmas” de la Legislatura y es muy probable que pronto aparezcan con algún arresto. Hasta ahora han hablado mucho sin que nada llegue, pero sería lógico esperar que durante lo que resta del 2019, que es año preelectoral, se produzcan arrestos. 

La orden para que el FBI actúe vendrá desde Washington y no precisamente porque quieran atacar la corrupción de verdad. Los arrestos llegarán porque el presidente Donald Trump necesita darle alguna justificación a su cadena de tuits sobre Puerto Rico. 

Durante los últimos meses Trump ha encontrado en Puerto Rico un tema para mantener contentos a sus seguidores. Ya no puede decir más cosas sobre los mexicanos, a quienes ha tildado de delincuentes y violadores, ni sobre los chinos con quien pelea a diario. Agotado esos temas, nació su interés por los puertorriqueños, a quienes pinta como una partida de vividores. Además de ponernos ese sello, ha echado mucha chispa contra el “gobierno corrupto” que tenemos.

Que Trump le impute corrupción a alguien suena raro porque él tal vez sea el magnate más corrupto de la historia reciente de Estados Unidos, pero ahora está en el poder y utiliza con descaro las instituciones públicas para adelantar sus caprichos. Ya colocó en el Departamento de Justicia, la agencia matriz del FBI a un peón que le responde, William Barr, quien parece operar con la misma desfachatez de su jefe. Nadie debe sorprenderse de que según se vaya acercando la fecha de las próximas elecciones las tropas del FBI entren en acción para atacar la corrupción de Puerto Rico. 

No sé si procesarán al agraciado en la compra de drones o atenderán el asunto de los contratos fantasmas de Evelyn Vázquez. Esos son pequeños asuntos de un tema mucho más vasto. Está, por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica con los contratos que empezaron con la ahora lejana Whitefish, y también el campo fértil de los billones de dólares repartidos desde el Departamento de Educación. En esas dos entidades, más la Legislatura, hay carne de sobra para justificar los tuits de Trump.