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Venezuela Hacia una Universidad Internacional de Comunicación

Por

diciembre 10, 2019

Por Perla Franco / Especial para CLARIDAD

Con la asistencia de 151 periodistas y más de mil comunicadores en representación de 38 países, se celebró en Caracas, Venezuela, del 2 al 4 de diciembre el 1.er Congreso Internacional de Comunicación, bajo el lema “¡Ahora hablan los pueblos!”.
La convocatoria la hizo el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en pleno reclamo de la necesidad de romper la desinformación que, insisten, se maneja con el tema de Venezuela. Ofrecieron como evidencia las declaraciones oficiales del Gobierno estadounidense, tanto en palabras de su presidente, Donald Trump, como de su asesor de seguridad, John Bolton, además de todas las medidas de coerción contra Venezuela. Pero también, con el ejemplo del bloqueo de EE. UU. y sus aliados impuesto a la República Bolivariana de Venezuela como forma de intentar quebrarle el espinazo a un país en plena construcción de una revolución para la edificación de lo que su comandante Hugo Chávez llamó El Socialismo del Siglo XXI.
Este 1.er Congreso agrupó a quienes en su quehacer diario reconocen que el control hegemónico mediático internacional, controlado por cinco grandes emporios, intenta invisibilizar las luchas de los pueblos que no son cónsonos con las políticas neoliberales y el capitalismo feroz que lleva al mundo hacia mayor desigualdad, pobreza y desinformación, en amplia violación a la soberanía de los pueblos.
Con ocho ejes temáticos y mesas de trabajo que aportaron desde cada perspectiva la visión de una Latinoamérica convulsa, de la que muy poco trasciende en los medios de comunicación, que no sea la visión de las agencias hegemónicas, los periodistas y comunicadores asistentes reclamaron balance en la información. Para ello, las coincidencias apuntan a que el camino debe ser la generación de información desde redes de esas comunidades en lucha para que se escuchen sus voces, reclamos, exigencias, padecimientos, se conozca de la violación de las soberanías de sus pueblos y de las injusticias que enfrentan cuando deciden defenderse de injerencias extranjeras.
El Congreso contó con importantes referentes como Iñaki Gil de San Vicente, del país Vasco; el periodista Ignacio Ramonet, de España; el filósofo en comunicación, Fernando Buen Abad, de México; y el sociólogo, catedrático y escritor, Atilio Borón, de Argentina, entre otros intelectuales que se integraron a los paneles de las mesas de trabajo que abordaron temas como comunicación, contrahegemonía y descolonización, operaciones psicológicas y cultura del vínculo, comunicación liberadora ante la crisis estructural del capital, universidad internacional de la comunicación/ fábrica de contenidos, comunicación y redes digitales en América Latina y el Caribe: desafíos y laberintos, ética de comunicación en Venezuela y nuestra América, medios de comunicación en tiempos de guerra, red de comunicación/ nosotros somos la red. También contó con representantes de movimientos sociales de distintos países que ejercen como comunicadores.
Hubo además paneles como el del Periodismo, cobertura de conflictos con visión de clase: la mirada de los pueblos. Esto, visto desde la cobertura de periodistas en los recientes conflictos en América Latina, especialmente en Venezuela, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Haití.
Destacó en este encuentro la presencia de la comunicadora indígena quechua Sandra Cossio, quien durante la apertura del evento reclamó una cobertura justa de lo que ha sucedido durante y posterior al golpe de estado contra el presidente del Gobierno plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Llamó a la atención sobre la violación de derechos humanos contra sus hermanos y hermanas indígenas asediados, violados y asesinados, quienes constituyen el 64 por ciento de la población de ese país. Acusó directamente a Jeanine Ánez de usurpar el poder y la presidencia de Bolivia sin el aval del parlamento, como requiere la Constitución. Denunció la quema de la Wiphala, histórica bandera de los pueblos originarios adoptada como bandera oficial de Bolivia, la cual fue sacada de su sitial y quemada. Igualmente denunció cómo a las indígenas se les han cortado sus trenzas, lo que equivale para ellas una violación.
En un escenario de conflictos en América Latina, este 1.er Congreso Internacional de Comunicación aprobó una Declaración Final que incluye la creación de una Universidad Internacional de Comunicación con sede en Caracas, Venezuela. Al respecto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro firmó un decreto autorizando el inicio de la creación de esa universidad para el primer trimestre del año 2020. Igual se aprobó como parte de la Declaración Final la realización del Congreso Internacional de Comunicación, cada dos años, con sedes rotativas a petición de cada país, la articulación de una red Internacional de comunicación, una multiplataforma internacional que genere y divulgue contenidos alternos a los medios hegemónicos y una radio de cobertura internacional, además de otras tareas paralelas. Los delegados a este 1.er Congreso Internacional de Comunicación constituimos el inicio de este esfuerzo encaminado a la construcción de contenidos alternos informativos que reflejen la realidad de los pueblos en lucha.

Impunidad golpista en Bolivia: matar a un indígena cuesta 7.184 dólares

Por

Luis Alejandro Molina Alanis

diciembre 10, 2019

Por Alejandro Saravia

Un nuevo decreto dictado en La Paz este jueves 5 de diciembre por el régimen golpista encabezado por Jeanine Añez estableció “un pago global y único de 50.000 pesos bolivianos a favor de los familiares de cada uno de los fallecidos”. De acuerdo con el periódico La Razón de La Paz, este monto equivale a unos 7.184 dólares estadounidenses.

Muchos de los fallecidos, en su mayoría indígenas, fueron asesinados en las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas el 15 y el 19 de noviembre, cuando fuerzas militares y policiales abrieron fuego contra las movilizaciones sociales que se oponían al golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales.

Según un informe del Ministerio Público, se registraron 29 muertos y 33 heridos en los actos de violencia y amedrentamiento tras las elecciones del 20 de octubre, alentados por Carlos Mesa, candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana, y Fernando Camacho, el expresidente del Comité cívico de Santa Cruz, entre otros responsables.

En sus cinco artículos, el Decreto Supremo 4100, firmado por la autonombrada presidenta Jeanine Añez junto su ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, guarda silencio absoluto sobre los responsables de esas muertes, otorgando una impunidad de facto a quienes ordenaron y ejecutaron esas operaciones de represión. Con tal omisión, ese decreto niega el derecho a la justicia a los familiares de los fallecidos.

Según La Razón, el líder vecinal Freddy Rojas, representante del Distrito 8, explicó que se solicitó al gobierno de Añez una renta vitalicia “que debería beneficiar a familiares de los hermanos fallecidos… lo justo sería una renta vitalicia para las viudas, los hijos que han quedado huérfanos.”

Pese a que existen pruebas gráficas de que el ejército abrió fuego contra la población, el Gobierno de facto, a través de su ministro de Defensa, Fernando López, mantiene que “del ejército no salió un solo proyectil” y que “ninguno de los decesos fue por arma reglamentaria de las Fuerzas Armadas o la Policía, sino que corresponden a grupos subversivos y de choque”.

Este nuevo decreto de la autonombrada presidenta Añez es una prueba más del cariz violento, racista y cruel que caracteriza a quienes ocupan funciones de gobierno tras el golpe de Estado del 10 de noviembre en Bolivia. No solamente porque demuestra una vez más el uso de la impunidad como método de gobierno -como el decreto 4078, posteriormente anulado por la presión nacional e internacional, que eximía de responsabilidad penal a los miembros del ejército en el uso de la fuerza militar-, sino que le pone un precio “global y único de 50.000 pesos bolivianos” a la vida de un indígena boliviano.

Esta crueldad e insensibilidad de la derecha golpista boliviana queda en evidencia cuando se compara el Decreto Supremo 4100 con el 4082, firmado el 15 de noviembre por Jeanine Añez y sus ministros en pleno, que le otorga a las Fuerzas Armadas un total de 34.796.098 millones de bolivianos para la compra de “equipamiento” militar.

De este modo, el Gobierno de facto de Añez pagará alrededor de 210.000 dólares a las familias de los 29 fallecidos, y por otro lado otorga más de cinco millones de dólares a unas fuerzas armadas que tienen su parte de responsabilidad tanto en la ejecución del golpe de Estado como en las masacres de Sacaba y Senkata. Al no establecer responsables, el gobierno de facto otorga impunidad a quienes dieron las órdenes de abrir fuego y a quienes apretaron el gatillo de los fusiles.

Estos hechos muestran que la restauración neoliberal, que utiliza por ahora a Jeanine Añez, sabe que, aún después de unas nuevas elecciones, solamente podrá mantenerse en el poder utilizando la impunidad, la represión, la mentira y el saqueo del Estado.

Se puede prever que el actual “gobierno interino” otorgará amnistía a separatistas, corruptos y autores de masacres como Branko Marinkovic, Mario Cossío, Manfred Reyes Villa, Carlos Sánchez Berzaín, Leopoldo Fernández y otros, mediante el establecimiento de un “Comité interinstitucional de defensa a las víctimas de injusticia por motivos políticos e ideológicos de los últimos 14 años”, anunciado ya este 5 de diciembre.

Este “gobierno de transición” también está copando puestos de representación y dirección con políticos neoliberales como Jorge Quiroga y con secuaces del golpe como la ministra de Comunicaciones, Roxana Lizárraga, o la derechista Karen Longaric, quien funge de canciller y que llama a la asonada golpista y al uso del ejército para cometer masacres como “la fuerza moral del pueblo boliviano”.

Los operadores del golpe de Estado, que utilizan a Jeanine Añez como una figura de conveniencia, buscarán callar las voces críticas usando plomo, plata o la manipulación de la justicia. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, utiliza el lenguaje de las dictaduras de Banzer y García Meza al referirse a la oposición como “sediciosos y terroristas”. Con esta justificación ha lanzado una campaña de persecución y amedrentamiento contra dirigentes de movimientos sociales, contra periodistas y contra la militancia del MAS. El objetivo es impedir a toda costa que este partido político pueda organizarse adecuadamente para lidiar en las próximas elecciones.

Tras el 10 de noviembre, ha regresado al Palacio de gobierno de Bolivia un racismo secular que le pone precio a la vida de un indígena. A un quechua, a un aymara al que el golpismo neoliberal mata porque se atreve a defender su voto, se atreve a defender un país que es suyo y no de los que buscan vender Bolivia a los intereses de Estados Unidos, a sus compañías transnacionales y sus cipayos locales.

Reproducido de www.alainet.org

Una prohibición sin sentido

Por

Luis Alejandro Molina Alanis

diciembre 10, 2019

Por Rafael Durand Aldea

Especial para CLARIDAD

Trasfondo Histórico

Las peleas de gallos llegan a Puerto Rico con los españoles. Ya a mediados del Siglo 16 existe como una actividad cotidiana practicada por diversos niveles sociales, mayormente las clases más pobres. Esta actividad surge concurrente con la domesticación de lo que hoy conocemos como las aves de corral (gallinas, pavos, guineas y otros) en el sureste de Asia hace aproximadamente 5 mil años. El gallo de pelea desciende del Gallus Gallus Bankiva que aún existe en los bosques de Laos, Cambodia y Vietnam. El gallo de pelea moderno retiene la principal característica de su antecesor; su agresividad y belicosidad hacia los demás machos de su especie.

La llegada del dominio norteamericano trajo consigo la prohibición de las peleas de gallos. La prohibición probó ser totalmente inefectiva ya que se continuo la practica en abierto desafío a la autoridad del gobierno de los EU. Esta prohibición duro hasta el 1934 cuando Rafael Martínez Nadal logra su legalización con La Ley de Gallos de Puerto Rico. Con la ley de 1934 vino la reglamentación de la actividad estableciendo donde, cuando y bajo qué circunstancias se permitiría esta actividad.

Hoy tenemos 70 galleras con licencia de operación, se escenifican cerca de 200 mil peleas de gallos al año, existen cerca de 400 centros agrícolas que sirven a la industria y se estima que se generan cerca de 27 mil empleos.

¿Qué sucedió en el 2018?

El 20 de diciembre de 2018 el Comité de Conferencia del Congreso de Estados Unidos que armonizaba las versiones del proyecto de Ley denominado, “Agriculture Improvement Act of 2018”, insertó como sección 12616 una prohibición de las peleas de gallos en los territorios, incluyendo a Puerto Rico. La sección 12616 le mandata a los territorios bajo el control de EU de cumplir con las disposiciones de la ley denominada “Animal Welfare Act” de 1966 que prohíbe las peleas de animales. Puerto Rico y los demás territorios habían estado exentos de los términos de esta ley desde su inicio. Esto lo impone el Congreso sin consultar o procurar el consentimiento de los puertorriqueños.

Reconociendo que esta no es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos le impone condiciones o limitaciones al quehacer de nuestro pueblo (fundamentado en los poderes plenarios del Congreso los cuales ejerce sin límites sobre sus colonias) en esta ocasión particular pretenden pisotear un derecho cultural cuyas raíces en nuestra sociedad surgen desde mediados del siglo 16. Esta ley cobra vigencia el 20 de diciembre de 2019 e impactará cerca de 27 mil empleos directos e indirectos, arruinará cientos de agro centros a través de la Isla, cerrará 70 negocios de galleras y pretende convertir en criminales de un día para otro a cerca de cien mil puertorriqueños.

Si sumamos a esto la ausencia de poderes de nuestros funcionarios públicos el resultado era predecible. ¿Cuáles fueron las gestiones específicas de nuestros políticos para lograr descarrilar la implantación de esta medida? El exgobernador Ricardo Roselló no se dio por enterado y hasta se mofo en el “Chat” de la gente relacionada al deporte de los gallos. De los políticos y candidatos conectados con congresistas poderosos tenemos que resaltar a Eduardo Bahtia y Pedro Pierluisi quienes ignoraron el problema y no hicieron absolutamente nada por los aficionados a los gallos. Ya los electores tendrán en las primarias un mecanismo democrático para dejarles saber nuestra indignación.

¿Qué problema viene a resolver esta legislación?

¿La eliminación del deporte de los gallos resuelve alguno de nuestros problemas apremiantes? ¿Con esta legislación estamos atendiendo el enorme problema del tráfico ilegal de drogas y sus daños colaterales, los asesinatos por asecho, la violencia de género, el creciente número de deambulantes, las personas sin techo ni servicios a causa del Huracán María, la falta de empleos bien remunerados, el posible colapso del sistema de salud, la pobre calidad de la educación pública y su impacto sobre nuestro futuro, el maltrato de menores, la quiebra del gobierno, la imposición antidemocrática de una Junta de Control Fiscal, la corrupción rampante en el gobierno y otros problemas puntuales de nuestra sociedad? ¿Alguno de estos problemas se resuelven con suprimir la practica legal de las peleas de gallos en Puerto Rico? Ciertamente no. Esta ley no plantea solución alguna dirigida a resolver nuestros problemas como País. Indudablemente sirve para incrementar nuestros problemas aumentando el desempleo, cerrando negocios, provocando emigración y creando un nuevo crimen (participar en una pelea de gallos) tipificando potencialmente a 100 mil puertorriqueños como criminales.

¿Quiénes son los

beneficiados por esta?

Los únicos beneficiados por esta legislación son las organizaciones y entidades animalistas de Estados Unidos que, utilizando sus enormes recursos influenciando las campañas políticas de congresistas demócratas y republicanos en las cuales literalmente compran, vía sus cabilderos, la voluntad de estos políticos. Es fácil para un congresista dejarse llevar por los planteamientos simplistas y aparentemente bien intencionados de los grupos pro-animales. Las aportaciones políticas no les permiten ver que los animalistas promueven una visión extremista que busca eliminar el consumo de toda carne animal. Pretenden eliminar el poseer mascotas, tener animales enjaulados, criar animales para la venta o la utilización de animales en investigaciones científicas. Su principal teoría es que todos los animales deben vivir libres de toda intervención humana.

¿Cuáles son los principales planteamientos que utilizan las organizaciones animalistas para oponerse a la práctica de las peleas de gallos?

A continuación presentamos los mismos y precisamos cuán desacertados y erróneos son:

Los grupos animalistas señalan que las peleas de gallos son una actividad cruel donde se obliga a pelear a estos animales para el disfrute de los espectadores.

Las peleas de gallos no son una actividad cruel porque los gallos pelean voluntariamente por instinto y naturaleza. Esto significa que consienten pelear por su propia voluntad. El termino cruel o crueldad se define como, “falta de compasión hacia el sufrimiento de otro, el que se deleita con el sufrimiento de otros”. Ciertamente esta definición reconoce la interacción entre víctima y victimario donde las acciones de este último constituyen el acto de crueldad. Tampoco se configura la crueldad porque la reacción de los espectadores es igual a la de cualquier otro espectador participando en eventos deportivos competitivos. Ejemplo de una actividad cruel es la cacería donde el cazador asecha y persigue a un animal sin el animal consentir a ser matado. La cacería con armas de fuego, arco y flecha o utilizando un ave (cetrería o “falconry”) u otro animal es totalmente legal en Estados Unidos, sin embargo, constituye una actividad cruel cuyo beneficio es el deleite y satisfacción del cazador. La víctima, o sea el animal objeto de la cacería, es un participante involuntario que huye aterrorizado de su victimario con pocas oportunidades de sobrevivir. El cazador persigue y asecha a su víctima con el propósito de matarla para su entretenimiento y placer personal. Las industrias dedicadas a la crianza y procesamiento de cerdos, pollos, pavos y reses para el consumo humano utilizan métodos para matar estos animales que son crueles porque ninguno de estos animales consintió a morir para convertirse en un comestible. Sin duda utilizar el término crueldad está salpicado de hipocresía.

La relación entre los seres humanos y los animales está llena de contradicciones donde es aceptable en nuestra sociedad amar a las mascotas, odiar y temer a las serpientes y matar y comernos pollos, cerdos y reses. El ataque a la práctica de las peleas de gallos ocurre porque este deporte no cuenta con un cabildeo agresivo (inversión política) en el Congreso de Estados Unidos como lo tienen los cazadores con el NRA , los deportes competitivos profesionales (football, boxeo, carreras de caballos, rodeos, pesca y otros) y las empresas criadoras y procesadoras de carne de pollo, res, pavo o cerdo . Estas últimas amparadas en la legislación que establece los derechos propietarios incluyendo la posesión de animales para el uso y disfrute de los humanos.

El Profesor Hal Herzog , uno de los más respetados antrozoólogos del mundo, señala la compleja relación que los seres humanos tenemos con los animales y cuanto influyen nuestros constructos culturales y prejuicios en la forma y manera que nos relacionamos con los diversos tipos de animales. ¿Por qué se nos hace fácil comernos el pollo, el cerdo y la carne de res sin cuestionar la manera cruel en que fueron tratados y matados para nuestro placer y satisfacción y a la vez tan difícil entender que los asiáticos coman carne proveniente de un perro o caballo o en la India se idolatre una res y a nadie se le ocurra matarla para comérsela? ¿Por qué el miedo irracional a las arañas y a las serpientes o el disgusto y desagrado por los ratones que nos lleva a envenenarlos? Hay que reconocer que existen enormes inconsistencias en cómo nos relacionamos con los animales, algunas de las cuales son incompatibles entre sí y plantean una seria confusión ética. El proponer que una actividad particular constituye crueldad contra animales y luego comer pollo, cerdo, pavo o carne de res representa una enorme contradicción, un dilema ético y sin duda una actitud hipócrita.

El reglamento que regula las peleas de gallos en Puerto Rico establece que un gallo que no demuestra deseos de pelear o durante la pelea abandona la misma el Juez de Valla no obliga a dicho gallo a pelear o a continuar peleando declarando nula o finalizada la pelea dependiendo en el momento que ocurra. El disfrute de los espectadores en una pelea de gallos es el mismo que siente cualquier persona que presencia cualquier otro evento competitivo. ¿Podemos concluir que las personas que observan una pelea de boxeo entre seres humanos se “deleitan” en el sufrimiento de los boxeadores? ¿Cuándo los espectadores de un juego de football gritan emocionados al ver que derriban a uno de los jugadores, lo hacen deleitándose en el dolor o trauma que puede haberle causado el encontronazo? El tratar de diferenciar la reacción humana frente a un evento competitivo como el boxeo, el football, el baloncesto, la lucha o cualquiera otro deporte de contacto y las peleas de gallos es selectivo e inconsistente. En todos los deportes de contacto donde participan seres humanos ocurren contusiones, lesiones, daños permanentes y en ocasiones la muerte. ¿Por qué no se han prohibido estos eventos deportivos de contacto donde existe riesgo de daño físico a los participantes? Evidentemente estos eventos deportivos generan enormes ganancias económicas y tienen por consiguiente la capacidad de influenciar a legisladores y funcionarios públicos para frustrar cualquier intento de ilegalizarlos. La práctica de las peleas de gallos históricamente ha estado huérfana de una organización económicamente solvente para afrontar a sus detractores. Los enemigos del deporte de los gallos, cuan inconsistentes, contradictorios, equivocados y desinformados tienen los recursos económicos casi ilimitados para influenciar a legisladores y funcionarios públicos.

Los grupos defensores de los animales aseguran que los gallos para que peleen son endrogados alterando su agresividad con el fin de generar ganancias económicas.

Este planteamiento es totalmente falso. Los gallos son alimentados y ejercitados como a cualquier atleta de alto rendimiento. Se les proveen vitaminas, minerales, proteínas y una dieta balanceada para mantenerlos saludables y en condición física óptima. El uso de cualquier droga es contraproducente para que estos compitan exitosamente. La agresividad del gallo fino de pelea proviene de su composición genética y no de estimulantes externos. Señalo el Dr. Donald Hollis (1994) que los criadores de gallos de pelea solo han logrado mantener la naturaleza agresiva y valiente que demuestra el gallo de la jungla. El Dr. Hollins, además de ser un experto en el tema de la crianza de los gallos de pelea, fue profesor de la Escuela de Medicina de John Hopkins y fundador del John Hopkins Biological NMR Laboratory en 1964. Como asesor del National Cancer Institute (1974-1978) fue instrumental en asegurar el financiamiento necesario para el desarrollo del MRI.

El tema de las drogas lo traen a la discusión los grupos animalistas con la intención dañina y malsana de vincular a los que participan en este deporte con el trasiego ilegal de drogas. Siendo las peleas de gallos una actividad totalmente legal en Puerto Rico desde 1934, hoy avalada por la Ley de Gallos del Nuevo Milenio (Ley Núm. 98 de 2007) participan personas de toda nuestra sociedad; pobres, ricos, profesionales, retirados, agricultores y otros.

Las ganancias o pérdidas que pueda generarle al que apuesta en las peleas de gallos es exactamente igual al que juega en un casino, en las carreas de caballo, en la lotería tradicional o electrónica o cualquier otro medio legal de apuestas. ¿Por qué se señalan las apuestas (con el fin de generar ganancias) como un defecto pernicioso y maligno del deporte de las peleas de gallos? Esta falsedad está dirigida a influenciar a personas desconocedoras y crédulas con posturas ultraconservadoras que pretenden ilegalizar todo tipo de apuestas en Puerto Rico. Sin embargo, recientemente se aprobó en Puerto Rico legislación para propiciar las apuestas electrónicas donde la persona podrá apostar legalmente en toda una gama de deportes en y fuera de Puerto Rico.

Los animalistas constantemente repiten que la violencia en las peleas de gallos promueve la violencia en nuestra sociedad.

Convenientemente ignoran los animalistas que los principales exponentes de la violencia gráfica son la televisión comercial, las películas en el cine y cable tv, los juegos electrónicos y otros medios que le presentan a nuestra población (particularmente a los menores de edad) la más horrenda crueldad y violencia contra niños, envejecientes, mujeres y personas indefensas y desvalidas para el enorme deleite y disfrute de amplios sectores de nuestra sociedad. Los norteamericanos, particularmente, demuestran ser sumamente tolerantes e interesados en ver sucesos extremadamente violentos. Las peleas de gallos no necesariamente satisfacen ese deseo morboso y malsano de presenciar verdadera violencia.

La violencia que se exhibe en los deportes competitivos de contacto físico (football, boxeo, “extreme fighting”, lucha libre, artes marciales y otros) entre seres humanos que terminan seriamente lastimando a sus participantes con contusiones, roturas de huesos, daño cerebral, parálisis de extremidades o perdida de vida es solo para generarle placer y diversión a los espectadores. Esta violencia está presente en nuestra sociedad a diario y a toda hora para el deleite a sus seguidores.

¿Sin gallos en el 2020

no hay voto?

Ciertamente hay políticos que, dentro de sus limitaciones, han actuado en pro del deporte cultural de los gallos. Sin embargo, otros políticos en posiciones de poder o que pretenden ser candidatos a posiciones electivas que tienen acceso y relaciones en el Congreso de EUA y en los círculos políticos en Washington consistentemente se han negado a utilizar esos recursos y contactos para proteger la industria de los gallos en Puerto Rico. Ya algunos en el deporte plantean que la consigna de los galleros debe ser, “Sin gallos en el 2020 no hay voto”. Esta consigna no logra el propósito de castigar con el voto a aquellos candidatos que no utilizaron sus accesos en Washington para proteger nuestro deporte cultural. Es importante que los galleros sean selectivos en el proceso de castigar con su voto a candidatos particulares. Aquellos candidatos que incumplieron su responsabilidad de representar los intereses de nuestra industria serán repudiados por los galleros.

TALLER SALUD = activismo y educación

Por

Luis Alejandro Molina Alanis

diciembre 10, 2019

Por Cándida Cotto

ccotto@claridadpuertorico.com

“Un comunicado de prensa de alerta nacional, de ninguna manera satisface lo que se está pidiendo. La diferencia no es sobre la palabra, es sobre el mecanismo. Un comunicado de prensa no es una orden ejecutiva. Lo que pasa es que La Fortaleza lanza el comunicado como un ejercicio de relaciones públicas y hacer ver a los grupos como irracionales”.

A la luz de 40 años de trabajo defendiendo y procurando los derechos de la mujer, la organización feminista Taller Salud es una voz más que autorizada para recalcar la necesidad de que el Gobierno declare un Estado de Emergencia Nacional por la Violencia de Género. La actual directora ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario Méndez, recalcó que lo que se le está pidiendo a la gobernadora es una orden ejecutiva. La diferencia, puntualizó, es que se supone que una orden ejecutiva tenga unas instrucciones que establezcan cuál es la prioridad del gobierno e imparta instrucciones específicas a las agencias que tengan que ver con la protección de las mujeres.

Rosario Méndez, quien junto a otras organizaciones del Movimiento feminista participó a nombre de Taller Salud (TS) en algunas de las reuniones con la gobernadora en diciembre reiteró que el reclamo de emergencia nacional por la violencia de género está vivo. De hecho, el movimiento feminista se ha mantenido realizando manifestaciones frente a la Fortaleza después de la reunión. La más reciente fue el lunes, 2 de diciembre, con un performance de diez musas, cada una de ellas mostrando una pintura de algún tipo de violencia en su cuerpo.

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La historia de Taller Salud

En ocasión de su aniversario número 40 (el 6 de diciembre) Rosario Méndez, quien es su cuarta directora, en entrevista con CLARIDAD repasó los inicios de Taller Salud. Narró que esa iniciativa surgió de las activistas Carmen Guzmán y Eugenia Acuña, la primera puertorriqueña y la segunda chilena, pero ambas residentes en Nueva York en los años 70. Estas decidieron venir a Puerto Rico a intentar fundar una colectiva feminista. De primera intención no tuvieron éxito. Luego, en el 79, invitan a otras compañeras, entre ellas a Nirvana González, y deciden centrar el trabajo que querían hacer en la fuerza política de la salud, en la salud de las mujeres como un ejercicio de derecho, de lo que dijo: “Todavía hoy en día es innovador, revolucionario y hasta incómodo”.

Rosario Méndez relató que al final de los 70, y para las dos próximas décadas, había otras organizaciones hermanas cuyos trabajos también giraban en torno a asuntos concretos, como derechos laborales, la salud de las mujeres, la violencia de género, y que tenían trabajos de coalición, como la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OMPT) y Coordinadora Paz para la Mujer (CPM).

En sus inicios, las mujeres que integraban la colectiva tenían sus empleos y no fue hasta 1989 que tomaron la decisión de registrar a Taller Salud como una organización sin fines de lucro, lo que les dio la oportunidad de recibir fondos de organizaciones y poder realizar proyectos con profesionales contratados como fue en un trabajo de educación popular y promoción de la salud.

El hecho de que al presente Taller Salud se encuentre focalizado en el pueblo de Loíza e incluya trabajo con varones fue un poco circunstancial, indicó su directora.

A raíz del azote del huracán Hugo en 1989, que dejó devastado a Loíza, Taller Salud se acercó para trabajar en ese pueblo, en lo que ahora se conoce como El Terraplén. Se construyeron unas casas “temporeras” en forma de barracas para las personas que habían perdido sus viviendas. Allí empezaron a tener distintas experiencias y se estrechó la relación con la comunidad de Piñones así que decidieron alquilar un espacio en Medianía, a la vez que mantuvieron doble sede, como por 10 años, en Santa Rita, en Río Piedras.

El modelo de servicios de TS es uno de promoción de la salud integral y prevención de la violencia, centrado en servicios educativos. En un momento del 2007, Taller Salud revisó su misión, visión y valores para poder incluir trabajo con niños, ya que sus integrantes comenzaron a darse cuenta que en Loíza había muchos varones que habían sido víctimas de abuso sexual cuando niños.

Sobre este trabajo expone Rosario Méndez: “Esa idea de que solo las niñas y las mujeres están sujetas a la violencia no es correcta ni en lo abstracto, ni en lo público, ni en lo estadístico tampoco”. Considera que en Puerto Rico las estadísticas de diabetes serían consideradas epidémicas si sus números fueran tan altos como los números de abuso sexual por habitantes. “Tienes unos adultos que son violentos porque también fueron violentados de niños y nadie brega con eso, eso no se toca, ni con una vara larga”.

Continuó diciendo: “El otro lado de eso es que si esa intervención, si no tiene perspectiva de género, termina dañando sobre el daño. Y ahí es donde entran los estilos de trabajo de Taller Salud, donde tanto la educación como la terapia tienen enfoques feministas de equidad, de justicia social, de derechos humanos. Tiene unos marcos sobre los cuales se hace la intervención para no victimizar la víctima, y no es tan fácil hacer ese trabajo y sostenerlo por años”.

Esa inclusión fue una progresiva. Primero comenzó con niños, incluyéndolos en los proyectos de niñez exclusivos para las niñas y luego añadiendo a los varones jóvenes.

La violencia

En cuanto a la situación de violencia entre los jóvenes, desde el año 2012 Taller Salud tiene un proyecto exclusivo para trabajar con esta problemática. El proyecto surgió de las mismas mujeres, de los grupos de focales, en donde identificaron como una prioridad el evitar que les mataran sus hijos varones. “Para Taller Salud eso fue indiscutible, es una prioridad de salud feminista”. En respuesta, en el 2011 se inauguró un proyecto de salud pública que atiende la violencia entre bandos, con mediación de conflicto, manejo de caso individualizado y alcance comunitario, el cual ha tenido distintas etapas.

Rosario Méndez reconoció que para el 2017 en Loíza, antes del huracán, estaban en un momento bastante estable, de descenso de la rivalidad y de la volatilidad, en se podía predecir que iba haber calma por bastante tiempo y los conflictos estaban en un nivel bajo o moderado donde TS podía mediar y evitar que escalaran.

Sin pretender simplificar la situación de violencia la feminista describió que esta se da entre barrios, en sectores dentro de un barrio, que las lealtades cambian, que tienen que ver con quiénes son los líderes, que las rivalidades son muy antiguas y que a veces tiene que ver con percepciones de lo que es el honor o las faltas de respeto o con agravios viejos que el joven siente la necesidad de vengar. En el presente eso se cruza con el narcotráfico, con el acceso a armas ilegales, con la pobreza. “Son al menos cuatro o cinco generaciones que han crecido con una verdad que les dice que no importa lo que hagan no van a poder dejar de ser pobres y que eso es lo que les toca, eso es lo que se merecen. Que no pueden aspirar a otra cosa”.

El racismo

Otra circunstancia que denunció es que nadie quiere hablar del racismo. “Hay unas complejidades que tienen que ver directamente con las consecuencias de la esclavitud. Nosotros somos una sociedad posesclavista que retiene dinámicas de la época de la esclavitud, no solo creencias. Como nadie quiere hablar de eso, si se reduce todo a las decisiones y valores de cada persona, pues, cada persona tiene la culpa y ya está. Pero el feminismo no puede mirar la vida así porque entonces no tendría sentido. Si nosotros no consideramos las dinámicas de opresión que han vivido las mujeres no existiría la equidad de género. Lo que quiero decir es que aquí, además del patriarcado, estamos viendo racismo estructural en su expresión más cruel y el asunto colonial, que en ocasiones es bien difícil integrarlo”.

En sintonía añadió: “¿Qué tiene Loíza? Loíza es un exbatey de cimarrones y cimarronas, que tiene agua en el norte, en la costa Atlántica, agua en el sur por todos los caños, entre el Río Herrera y el Río Grande de Loíza, y la Laguna Torrecilla, que es perfecta para el contrabando. Esa es la razón por la que los esclavos la escogieron. ¿Y qué tiene Puerto Rico? Una situación de ocupación militar, con un gobierno que no controla sus costas, su aduana. ¿Por dónde es que entra la droga aquí? Pues por las costas que vigila Estados Unidos. No es por otro lado. Y usualmente son las costas de mayor pobreza, de mayor exclusión, de menor desarrollo. Ya casi se puede especular que se diseña el desarrollo así, para poder continuar con que haya un flujo de tráfico ilegal que enriquece a unos y es otro quien pone los muertos”.

El proyecto Acuerdo de Paz, que ya tiene siete años, lo coordina la líder comunitaria de Loíza Zina Alejandro. En este momento el proyecto atiende a jóvenes que se considera están en un alto riesgo de ser asesinados o de ellos incurrir en actividad violenta. Se trabaja con ellos diversidad de planes para reducir su riesgo y, en el proceso, empezar a mirar otras opciones de vida. Rosario Méndez no pasa por alto que en este trabajo hay además una parte estructural que por más voluntad y apoyo que se tenga es un muro difícil de superar. Se refiere a las estructuras y normas del Estado. “Ahora mismo Taller Salud trabaja bastante con los tribunales que tienen unos espacios de oportunidad para instalar proyectos de justicia restaurativa, sobre todo para menores de edad primeros ofensores”.

Para celebrar sus 40 años de activismo, entre otras actividades, Taller Salud comenzó a publicar en verano una serie de documentales titulados Las primeras, dirigido por Carla Cabina. Son diez entrevistas a diez mujeres puertorriqueñas, cada una de ellas que fue la primera en hacer algo. Por ejemplo: la primera mujer neuróloga, la Procuradora de la Mujer, la primera en hacer una investigación de la trasmisión del VIH de la madre al bebé, la primera en litigar en pantalones y otras. Además una serie de 12 cuentos recreados de mujeres puertorriqueñas de este siglo y el pasado, a cargo de la artista Saudi Morales. Ambas series se pueden ver en la plataforma Sound Clowd.

El último proyecto es la encomienda a la periodista Ana Teresa Toro de escribir una investigación sobre la organización. El libro, Un cuerpo propio: 40 Años de Taller Salud, fue presentado en su actividad de aniversario celebrada el reciente seis de diciembre.

Felicitaciones a las cumpleañeras

Por

Luis Alejandro Molina Alanis

diciembre 10, 2019

Por Josefina Pantoja Oquendo

Especial para CLARIDAD

Durante más de un año las organizaciones de mujeres han estado denunciando la grave situación de violencia de género que existe en Puerto Rico y el continuo atropello de nuestro derecho a vivir en paz. A la exigencia de que el gobierno declare un estado de emergencia para atender de forma prioritaria tan grave problema social y de salud pública se han unido múltiples y diversas voces de la sociedad. Son golondrinas que no hacen verano las escasas intervenciones públicas en las que se hacen señalamientos de que la violencia es contra todas las personas y que particularizar a las mujeres es una manía de las feministas. Ante las denuncias de las activistas defensoras de los derechos humanos de más de la mitad de la población, la gobernadora ha celebrado reuniones con las portavoces de las denunciantes, se ha referido a un “Alerta Contra la Violencia” que todavía está en el vacío, ha solicitado información y propuestas que le han sido sometidas para que no se diga que solamente nos quejamos, pero que debieron salir de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, quien sub utiliza los poderes que le otorga la Ley 20 que habilita el puesto que ocupa y creó el organismo público que dirige. Sin embargo, nada concreto ha pasado.

Mientras tanto, las entidades que defienden con sabiduría, sensibilidad y compromiso incuestionables a las sobrevivientes de la violencia que amenaza sus vidas y seguridad, así como las de sus hijas e hijos, continúan su labor sin depender de las acciones de la persona que está en Fortaleza desojando margaritas sobre cuál será su futuro político. Las necesidades y el peligro que se cierne sobre las boricuas que viven el infierno de la violencia no tienen tiempo de espera.

Varias de estos importantes e indispensables grupos organizados están cumpliendo años en estos meses y como pueblo agradecido y solidario debemos celebrarlo con ellas. El primer albergue que se creó en nuestro país, y probablemente en América Latina para acoger a mujeres que necesitaban apoyo para salir de la violencia física y emocional que las mantenía en las tinieblas, la Casa Protegida Julia de Burgos, nombre de nuestra insigne poeta y patriota, está celebrando cuarenta años de vida organizativa. Con servicios principales en el área metropolitana y no residenciales en el oeste y el sur de la Isla, Casa Julia tiene también programas de vivienda y para las niñas y niños, como un mecanismo para continuar el apoyo a sus participantes, una vez han sanado bastante sus heridas en el albergue. Son muchos los retos a los que se enfrenta, pero el más difícil es el económico. Constantemente se someten propuestas para solicitar fondos a las diferentes agencias públicas y también a la Cámara y al Senado.

La rogativa anual para que se asigne el dinero que es indispensable para contar con el personal especializado que ofrezca los servicios que el gobierno no tiene la capacidad y la pericia para dar, se tropieza de forma reiterada con la arbitrariedad y la burocracia excesiva. Este año Fondos Legislativos le recortó alrededor de cuarenta por ciento del donativo que recibió el año pasado.

Afortunadamente, la comunidad responde al llamado de auxilio y apoya las muchas actividades que la organización desarrolla para seguir adelante con su misión. Acabamos de celebrar exitosamente este fin de semana el tradicional Bazar Navideño que mitigará en algo el recorte dispuesto por la Casa de las Leyes. Lo más impresionante de la actividad fue ver de forma directa el efecto que ha tenido la intervención de Casa Julia en varias de las participantes que lograron salir de la violencia. Llevaron al Bazar sus pequeños negocios: artesanía, masajes, postres y alcolados medicinales. También se estableció una estrategia protegida para que las albergadas, sus niñas y niños pudieran seleccionar artículos del Bazar, según su gusto. Las empleadas de la institución, su Directora Ejecutiva, la Junta de Directoras y las compañeras que hace cuatro décadas tuvieron la visión y la valentía de crear Casa Julia, merecen una gran felicitación.

De cuarenta aniversario están también las aguerridas compañeras de Taller Salud (ver entrevista pags.24-25. Han echado a volar las campanas desde Loíza, donde establecieron su centro de operaciones después de haber trabajado en el área metropolitana. No pudieron haber tomado una mejor decisión. Su enfoque siempre fue la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Con el tiempo el trabajo de esta emblemática organización feminista se ha extendido a otros problemas como el de la violencia. Se han ganado la confianza de la comunidad loiceña y de otros pueblos cercanos, donde hacen una admirable labor con la juventud. Taller Salud dio lo mejor de sí luego del huracán María cuando desarrolló creativas estrategias para apoyar a las víctimas con comida, condiciones de salud, pérdidas materiales y personales. Fueron un modelo de intervención a seguir, no asistencialista, sino involucrando a la comunidad. Muchas entidades donantes de Estados Unidos y Puerto Rico que les confiaron sus aportaciones para que las distribuyeran. Su aniversario también nos ha sorprendido positivamente por lo novedoso: la creación de un libro, una serie de documentales con la intervención de mujeres feministas que han contado sus experiencias, el lanzamiento de una serie de cuentos preciosos sobre mujeres y la puertorriqueñidad, entre otros temas, los que han hecho accesibles a través de las redes sociales. Cuarenta velitas son pocas para el admirable trabajo de Taller Salud. El pasado 6 de diciembre tiraron la casa por las ventanas con su fiestón de cumpleaños.

En la montaña tuvieron celebraciones de quinceañeras Casa Pensamiento de Mujer del Centro y Casa Juana Colón, que proveen servicios no residenciales a mujeres que quieren protegerse de la violencia de género en Aibonito y Comerío, respectivamente y en la rularía cercana a sus municipios. Ambas organizaciones también hicieron un valioso trabajo de apoyo post María a las comunidades de los municipios donde están establecidas, que trascendió la intervención con las mujeres para extenderse a las familias, especialmente a las que tenían personas enfermas y encamadas. Aunque son las adolescentes del grupo no hay duda de que su dedicación ha dejado huellas de admiración y agradecimiento en áreas remotas donde la labor se hace más complicada por las distancias y la falta de atención del gobierno central.

La Coalición contra la Violencia Doméstica y Sexual en Puerto Rico, la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM) también ha comenzado la conmemoración de treinta años de incidencia en la sociedad puertorriqueña a favor de la paz de las mujeres mediante el acompañamiento y asistencia a las más de cuarenta organizaciones sin fines de lucro que la integran, entre las cuales están las cumpleañeras antes mencionadas. CPM recibe fondos a través de propuestas del gobierno de Estados Unidos, provenientes del Departamento de Salud y el de Justicia. Originalmente CPM se creó para lograr la aprobación de una política pública y legislación dirigida a erradicar la violencia doméstica que en la década de los ochenta tenía características epidémicas en Puerto Rico. El activismo y la militancia de las mujeres que se juntaron con tal propósito fueron determinantes para lograr la aprobación de la Ley 54 para la Prevención e Intervención Contra la violencia Doméstica. Han sido muchos los logros alcanzados por este singular junte de organizaciones, modelo de democracia participativa y dirección horizontal, sobretodo el peritaje en la lucha para erradicar la máxima expresión de discrimen contra las mujeres, que es la violencia machista.

Siento una gran alegría celebrar la vida organizativa de las cumpleañeras cuyo mejor regalo es la satisfacción del trabajo solidario que han llevado a cabo a favor de los derechos humanos de las mujeres. Las abrazo y felicito públicamente.