Por: Redacción de CLARIDAD

En  un país donde 266 mujeres han sido asesinadas en los pasados cinco años y donde la propia Policía contabilizó 4,121 incidentes de violencia doméstica entre los meses de mayo y agosto de este año 2019, es obvio y razonable el reclamo que han hecho las organizaciones que abogan por los derechos de las mujeres, para que el Gobierno declare oficialmente una emergencia nacional por violencia de género en Puerto Rico. Ya el año pasado, cuando el número de mujeres asesinadas por sus parejas llegaba a 23, las portavoces de dichas organizaciones hicieron un pedido similar que fue ignorado por el entonces gobernador Ricardo Rosselló. Solo después de que estas se plantaron en una protesta de varios días frente a la Fortaleza, fue que el Gobernador accedió a reunirse con ellas e iniciar un diálogo sobre las acciones gubernamentales necesarias para ir atajando los asesinatos y abusos contra las mujeres, considerados como un grave problema de salud pública y de derechos humanos en el País.

En aquel entonces, Wanda Vázquez era la secretaria de Justicia y la persona en la administración Rosselló con más conocimiento y experiencia sobre el asunto de la violencia de género, toda vez que también ya había ocupado el cargo de Procuradora de las Mujeres de Puerto Rico. Este año, por vuelcos de la política en Puerto Rico, ella es la Gobernadora y la persona que tiene en sus manos el poder para darle la máxima visibilidad pública a este grave problema, que no solo compromete la integridad física y emocional de las mujeres, sino que también conmociona a sus familias y a toda la sociedad.

Cada asesinato de una mujer por el motivo de que es mujer debía significar un aldabonazo a la conciencia colectiva de nuestro pueblo. Solamente un examen somero de los datos disponibles, da un idea de la magnitud de este gran problema que afecta a todos los estratos socioeconómicos en Puerto Rico, pero que particularmente golpea a las mujeres más pobres y en mayor estado de indefensión y vulnerabilidad.

Datos incompletos e impunidad

Ya se sabe también que las estadísticas disponibles no son confiables ni exhaustivas. Pero son las únicas con las que se cuenta para poder impulsar la tan necesaria transformación. Se sabe que de los más de 4,000 incidentes de violencia doméstica reportados entre 2014 y 2018, se presentaron ante el tribunal poco más de 2,000, lográndose solo 48 convicciones, una cantidad irrisoria si se tiene en cuenta el tiempo y los recursos que se invirtieron para lograr las mismas, amén de la burla que representa para las víctimas y sus familias el bajo índice de resolución en estos casos tan neurálgicos.

Es casi como si la sociedad no le diera importancia a los asesinatos de mujeres, actitud que apodera a los agresores y les da la confianza para continuar su patrón de abusos y agresiones, porque saben que probablemente no van a ser acusados, ni mucho menos enjuiciados o convictos por ello.

Un estudio necesario
y oportuno

Dos organizaciones sin fines de lucro- Proyecto Matria y Kilómetro 0- aunaron esfuerzos para desarrollar, a partir de datos ya recopilados en un archivo llamado Seguimiento de Casos, una investigación sobre los asesinatos de mujeres en Puerto Rico durante los pasados cinco años.

El estudio- titulado La persistencia de la indolencia, feminicidios en Puerto Rico 2014-2018- establece que en nuestro país ocurre un (1) feminicidio cada siete (7) días, una tasa de 3.3 feminicidios por cada 100,000 habitantes, lo que nos coloca por encima de la tasa de países como Canadá, Chile, Ecuador, Uruguay y Guyana, y muy cerca de la tasa de feminicidios en República Dominicana (3.2) y Perú (3.3).

El estudio de Matria y Kilómetro 0 constituye el primer esfuerzo concertado y serio para explorar la realidad de los asesinatos de mujeres en Puerto Rico y desarrollar estrategias para atajarlos y combatirlos. El informe contiene valiosas recomendaciones específicas para todas las agencias e instituciones gubernamentales y privadas que atienden, de una forma y otra, estas situaciones.

Declaración de Emergencia

La elevada tasa de feminicidios y demás datos importantes que aporta el estudio comprueban no solo la magnitud del problema en Puerto Rico, sino lo retrasados que estamos como sociedad del desarrollo e  implantación de estrategias concertadas para combatirlo.  Por eso, los profesionales que atienden a las  mujeres afectadas y sus familias, y las organizaciones que luchan y promueven, los derechos de las mujeres, el cese de la violencia, los derechos humanos y la construcción de una cultura de paz, insisten en que la Gobernadora declare la crisis de violencia de género como una emergencia nacional en Puerto Rico, más allá del Alerta a la violencia de género firmado por la Primera Ejecutiva hace unas semanas.

Según los grupos activistas, la declaración de emergencia es la mejor respuesta para imprimirle urgencia a la crisis de violencia de género que viven nuestras mujeres y toda la sociedad.

Por Martha Quiñones Domingues

Especial para Claridad

En el siglo XXI el Plan Perverso toma otra forma, el más siniestro, la instauración de la Junta de Control Fiscal (JCF) por medio de la Ley PROMESA.

PROMESA devuelve al archipiélago a la era colonial de 1900, y la aplicación de las políticas neoliberales sin que la oposición sea considerada. Desde el Congreso de EE. UU. se aprueba legislación para regir a los territorios/colonias creando juntas de neo-dictaduras-corporativas (aquí la JCF), no electas por el pueblo, que asumen las competencias fiscales, determinan los destinos de los pueblos, violentan derechos humanos y civiles bajo la excusa de la “crisis fiscal”. Su único fin es crear las condiciones para ayudar a manejar las finanzas, la deuda pública y supervisar la reestructuración con el fin de llevar nuevamente la Isla a los mercados, en especial al mercado de bonos municipales. La JCF establece planes que perjudican a los puertorriqueños, permite que nos despojen de los recursos y desvían el uso del dinero del pueblo, entroniza la corrupción, -la corrupción colonial- y condena al pueblo a pagar una deuda odiosa, que se mantiene y perpetúa. La JCF es el neoliberalismo en su más alta manifestación y responde al capitalismo dependiente colonial que se re configura en un modelo de Gobierno Corporativo que se estableció desde finales del siglo XX. Este Gobierno Corporativo responde a las empresas y bonistas, controlando a los políticos por medio del auspicio de las campañas políticas y el inversionismo político (otra forma de corrupción). Las corporaciones ahora no confían en los políticos-coloniales y envían a los procónsules corporativos que establecen la política pública para favorecer a los buitres. El Gobierno Corporativo del ELA dice que está en guerra con la JCF, pero legisla y firma todos los proyectos, leyes y planes que le envía la JCF, engañando al pueblo por medio de la propaganda. La JCF es la versión de la violencia institucional de este Gobierno Corporativo.

La agenda de la JCF y del Gobierno Corporativo es gobernar para la colonia, sus élites políticas y económicas, y burlarse del pueblo que debe pagar por la supuesta crisis. El capitalismo está continuamente en crisis y se reconfigura para ser más salvaje y explotador. Los tres, el capitalismo-colonial-neoliberal, el Gobierno Corporativo y la JCF utilizan los medios de comunicación para engañar al pueblo y crear una imagen que favorece sus intereses particulares. Utilizan técnicas de falacia lógicas y la propaganda donde se suprime información y se distorsiona la realidad llevando argumentos incorrectos para mentir.

Pero, ¿qué es el Gobierno Corporativo? Es una nueva fase del capitalismo donde se controla a los políticos y al país por medio del control financiero. Candidatos comprados y vendidos al poder económico, que responden a los intereses de la colonia. Imponen un gobierno débil, pero sin quitar que es electo por el pueblo, donde una élite económica empleada del capital se coloca en puestos estratégicos para vender los activos del Gobierno y controlar las finanzas por medio de la deuda pública. Su norte es servir al capital, pagar la deuda, hacer dinero y mantener la colonia, ahora protegidos por la JCF. Nada de compromiso con el pueblo. Colocan sus estrellas corporativas en puestos de poder, impulsan las leyes para privatizar, quitan derechos a los trabajadores y oprimen al país. Cada día sobornan, compran y desvían fondos públicos a empresas privadas por medio de contratos. Todo esto, avalado por los políticos comprados, que amasan fortunas, colocan a los suyos y a la vez legislan no por el pueblo y para el pueblo, sino por ellos y para ellos.

Estas políticas del capitalismo dependiente-neoliberal y colonial dividen la sociedad entre los excluidos y los incluidos. La violencia se va instaurando por parte del Estado, pero no la violencia que usa en las manifestaciones, sino la violencia callada y velada. Esta violencia velada se manifiesta en los recortes, en las leyes, en el cierre de escuelas, los recortes en salud, los recortes en la UPR, los despidos, la Reforma Laboral, la Reforma de Permisos, otras reformas, los cambios en los mapas de uso de terrenos, en cada desvío de fondos. Es esa violencia continua que te obligan aceptar. También la violencia viene de la prensa con lo que reportan y lo que no reportan, con su énfasis en la criminalidad y no en las buenas acciones, con su énfasis en la crisis y no en la violencia de las políticas de ajuste y de austeridad que se aplican a los excluidos. Es discurso de odiar al pobre y desviar la atención de tus bajos salarios y la falta de derechos laborales, sociales o de inclusión. Intentan convencer de que el problema son los cupones, pero no te dicen cómo la corrupción te quita recursos económicos y posibilidades de desarrollo. Es un discurso de no preguntar y no pedir cambios; es un silencio que es violencia. Matan la solidaridad y la sustituyen por el individualismo y el egoísmo. Así, la publicidad crea esa culpa de que si no consumes y no te comportas como quieren no eres gente, -vales por lo que consumes-, así que debes gastar, aun cuando no tienes el dinero. Es agresión psicológica, es estar callado, es la violencia institucional.

En el Plan Perverso del Siglo XXI el Gobierno como representante de los intereses sociales desaparece. Por eso desde la JCF y el Gobierno por medio de su Plan Fiscal atentan contra el futuro de Puerto Rico y destruyen uno de los activos más importante para el desarrollo, la Universidad de Puerto Rico (UPR). Ahora van contra la UPR, el centro de creación de conocimiento e innovación, de donde surge el mejor capital que tiene Puerto Rico: su gente educada, pensante, innovadora y comprometida. Alejan la posibilidad de estudiar encareciéndola, llenando de deudas al estudiante y convirtiendo la educación en una mercancía, dejando de un lado la misión social. Ahora van contra las becas, las cuales colocan en manos privadas mediante un fondo de $200 millones provenientes del Fondo General, para financiar solamente la educación que les interesa. O sea, no hay dinero para la UPR pero aparece para becas. Ahí hay “gato encerrado”. Por eso debemos reclamar que, en vez de dar becas, manipuladas, restituyan los fondos que mediante una fórmula automática le otorga el 9.6% de los ingresos a la UPR. Es urgente defender la UPR y exigir que se devuelvan los fondos asignados por la fórmula para contribuir al desarrollo social y económico del país.

El Plan Perverso del Capitalismo-Gobierno corporativo y colonial, donde cada día dependemos más de EE. UU., donde el capital de EE. UU. controla los recursos de la colonia y puede desviar la agenda de desarrollo social y económico por un crecimiento no sostenible y más deuda. Ese es el debate entre crecimiento y desarrollo, del que ya se sabe que no se puede sostener la economía sólo de crecimiento. Por eso este plan todavía enfrenta la resistencia, del pueblo en lucha. Por eso el estado también perfeccionan la persecución y la represión, pero ahora más disimulado por medios electrónicos.

Ante más represión más resistencia, el cambio está en la generación “que no se deja”, porque se acabaron las PROMESAS.

• La autora es doctora en Economía y Ciencias Empresariales y profesora en el Recinto de Arecibo de la UPR.