Por Cándida Cotto/CLARIDAD
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Junta de Control Fiscal (JCF), parecen estar actuando al margen de la ley en contra de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, tanto con el plan de reestructuración de la deuda (RSA, siglas en inglés), el Plan Integrado de Recursos (PIR), la privatización de la corporación y la supuesta reconstrucción del sistema. Así se desprende de un análisis ofrecido por el Centro para una Nueva Economía (CNE) en el cual puso en contexto cada uno de estos procesos.
El director de política pública del CNE, Sergio Marxuach, apuntó que todos estos procesos que se están sucediendo a la misma vez, no es así como debe suceder. Según lo que presentó primero la AEE debería cumplir con la Ley de Política Energética aprobada en el 2017 que establece que hay que hacer un PIR a 20 años. Este tipo de documento dijo se utiliza en cientos de países del mundo para planificar a largo plazo. “Ese debe ser el documento matriz desafortunadamente lo que está pasando no es necesariamente así”.
Continuó que debajo del PIR se supone que está el plan fiscal que es a cinco años, el cual tiene proyecciones financieras y unos supuestos de cómo se van a manejar los recursos, de qué cosas se van a privatizar, inversiones de capital a largo plazo que se supone salgan del PIR. Pero la AEE ya está dando algunas cosas como predeterminadas, sin tener el plan a largo plazo ya hecho lo cual -expresó- “levanta muchas dudas”, ya que se supone que la AEE y la JCF esperen a que este documento esté listo y eso no es lo que está sucediendo.
Sin embargo la JCF aprobó el Plan Fiscal (PF) de la AEE en junio de este año, con un PIR que todavía es un borrador que no ha sido validado por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Atribuyó que la AEE está dando el PIR como si estuviera predeterminado. El PIR descansa en el uso de inversión de gas natural que sobre pasan los $400 millones.
Mientras el plan de la reestructuración de modernización del sistema de la AEE está contando con fondos federales. Se estima que la reestructuración costará unos $21 millones y hasta ahora la Autoridad ha identificado solo $14 millones de distintas fuentes del gobierno federal mayormente de FEMA y algún dinero asignado por el Congreso de EE UU a través de los fondos de CDBG-DR (fondos de recuperación de desastre para el desarrollo comunitario), pero hasta el presente nada de ese dinero se ha desembolsado.
Por otra parte en cuanto al proceso de privatización, no se han hecho públicas las negociaciones.
En tanto la pieza clave de este rompecabezas que es el RSA, -señaló Marxuach- que la AEE dice que el recorte de un 32% es uno significativo que le ahorrará millones de dólares a la Autoridad. No obstante el director de política pública del CNE señalo que la pregunta correcta que debe hacerse es cuál es la deuda con la que se queda la Autoridad, si es sostenible y si la deuda es pagable sin que vuelva a caer en quiebra en un periodo de cinco años. El economista denunció que esos aspectos no se están tomando en cuenta, que el acuerdo se nos vende como un ahorro y todo aparenta a que hay mucha prisa por hacer el acuerdo.
A su juicio el objetivo no debe ser “un acuerdo por hacer un acuerdo”, sino ver si es bueno para Puerto Rico y segundo si es un acuerdo sostenible para la AEE. Trajo a la atención señalamientos de un estudio que hizo el profesor Ramón Cao, en el cual comparó procesos de reestructuración de deudas de corporaciones públicas de energía eléctrica en EE UU, reveló que estas recibieron un recorte de un 45%.
Otro aspecto censurable del RSA es el cargo de transición de 2.7 centavos por kvh que que se le impondrá a todos los consumidores por los próximos 40 años aun cuando la persona produzca su propia energía solar. El aumento además de afectar a las familias más pobres del país significa un impuesto al sol.
Marxuach dijo que la JCF está utilizando el RSA con los acreedores asegurados como una medida de presión contra los acreedores que todavía faltan por negociar su deuda. Estos son los acreedores no asegurados de la AEE, la deuda de los pensionados y la de los suplidores de las líneas de crédito de la compra de combustible. Ante la interrogante de por qué la JCF está empujando el RSA de manera tan fuerte. Marxuach abordó que la estrategia legal que está usando la JCF para lograr este acuerdo, se está haciendo bajo una regla especial de la ley de bancarrota que se incorporó a la ley Promesa, que permite al deudor llegar aun acuerdo con un grupo especifico de acreedores, e incluirlo, en lo que se llama un plan de ajuste, que es donde se incluyen todos los otros acreedores. La razón de por qué la JCF quiere hacer esto primero-explicó- es porque una vez se tenga un plan de ajuste acordado con una clase de acreedores ya se tiene el requisito legal que obligaría al resto de los acreedores a aceptar la reclamación o reducción establecida.
Aun cuando dijo que es obvio que se puede reclamar, cree que de ahí es que surge la prisa de la JCF para usar esta estrategia en la reestructuración de la deuda. “Muy pocas personas están pensando que eso sea bueno para Puerto Rico”, manifestó Marxuach y observó que la juez Laura Taylor Swain ha sido sido muy estricta en su interpretación de la ley Promesa, y no ha permitido que casi nadie intervenga en la corte en relación al impacto que este tendrá el RSA en el país por casi 47 años. En esa dirección hizo referencia a que no existe un estudio salvo el de la JCF que haya considerado sostenible el acuerdo. Hizo alusión que estudios como el de los economistas Ramón Cao, José Alameda, el Instituto de Análisis Financiero y Económico para la Energía (IEEFA, siglas en inglés), y el sociólogo Héctor Cordero han señalado los impactos económicos y sociales del RSA.
Frente al RSA indicó que la intervención principal que tenemos los ciudadanos será la Legislatura, la cual tiene que enmendar 16 leyes que existen en la actualidad para que se pueda aprobar el RSA. En ese aspecto el director del política pública del CNE recordó la experiencia de la aprobación del acuerdo de la deuda de COFINA (Corporación de Interés Apremiante), la cual se hizo por por descargue.
A la luz del escenario expuesto, Marxuach, censuró: “La AEE y el gobierno de Puerto Rico insisten en llevar a cabo una serie de acciones que aumentarán el costo de la electricidad, afectarán negativamente el crecimiento económico, incrementarán el desempleo y provocarán el descuadre del presupuesto de miles de familias. Los políticos y oficiales gubernamentales que ostentan el poder en estos momentos tendrán que rendirle cuentas al pueblo de Puerto Rico cuando eso suceda”.
