Entrevista a la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas
Fotos Alina Luciano/CLARIDAD
CLARIDAD
Para la licenciada Yanira Reyes Gil, el momento histórico de crisis que vive el país, le impulsa a asumir la responsabilidad de presidir el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico (CAAPR).
Ese compromiso no es nuevo, en sus años universitarios en los inicios de los ’90 participó del movimiento estudiantil contra el alza en la matrícula, es cofundadora de la organización del Instituto de Mujeres, Género y Derecho, conocido como Inter Mujeres, miembro de la Red Feminista de Investigación y Género (RFIG) y participante del movimiento Mesa de Aborto Libre, entre otras.
“A mí me parece que en estos momentos históricos hay una responsabilidad de activar diferentes grupos desde las organizaciones tradicionales, políticas, las organizaciones comunitarias y también los gremios profesionales. Estamos en un momento de crisis en todos los sentidos, de crisis de derechos, de crisis de política pública, de crisis de corrupción, de crisis en términos de servicios esenciales, así que me parece que todas las personas en todos los espacios posibles tienen que de alguna forma comprometerse a hacer valer los derechos humanos dentro de los espacios que estén trabajando”, expresó en entrevista con CLARIDAD, la cuarta mujer que preside el colegio de profesionales más antiguo, de Puerto Rico (1840).
Defendió que el CAAPR tiene una historia importante en la defensa de los derechos y el acceso a la justicia y las y los abogados como trabajadores de la justicia también están siendo afectados por todas las condiciones materiales en las que estamos viviendo. “Así pues, todo el mundo debe asumir la responsabilidad, yo también entendí que era momento de asumirla”.
La experta en Derecho Constitucional expuso sobre la situación de los derechos civiles en Puerto Rico que en el país ha habido un retroceso en cuestiones de derechos, en los últimos años, pero en particular en este cuatrienio, el cual viene atado a un movimiento conservador en Estados Unidos y en otras partes del mundo que conllevan un retroceso en términos de derechos.
Continuó que en particular ese retroceso va dirigido a las mujeres, a la comunidad LGBTTQ, para las poblaciones pobres. Un ejemplo en Puerto Rico es la aprobación de la llamada ley del no nacido (PS 504) que enmendó el Código Civil, para reconocer personalidad y capacidad jurídica al concebido y no nacido al momento de la concepción. Apuntó a que esa es una ley de un ejemplo de otras leyes aprobadas que van dirigidas a socavar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes en Puerto Rico.
Reiteró en que las leyes aprobadas y la jurisprudencia que han surgido del Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEE UU), son un retroceso en derechos para la comunidad LGBTTQ, como la aprobación de prohibir las operaciones de reafirmación de género para menores de edad, y otras normativas dirigidas a eliminar derechos ya alcanzados para esta comunidad.
Además de las leyes aprobadas, indicó que hay una serie de casos en el TS EEUU que están validando ese tipo de leyes. Un ejemplo es que dicho tribunal validó recientemente una ley de un estado que prohíbe la participación de personas trans en el deporte femenino. El caso, explicó, viene atado a una orden ejecutiva del presidente Trump. La decisión del tribunal valida la orden ejecutiva del presidente lo cual desencadena un movimiento en los estados conservadores para empezar a aprobar legislaciones parecidas.
En el caso de Puerto Rico apuntó a la ley del no nacido se unen las leyes aprobadas que limitan el derecho al acceso a información pública, tanto a ciudadanos como a la prensa, la aprobación de leyes sin vistas públicas, o vistas públicas pro forma que no consideran en realidad lo que la gente opina o cuando hay arrestos, o limitaciones a los manifestantes por alguna situación o cuando se aprueba una legislación como la que impone una fianza del 10% de una construcción para poder presentar un recurso legal contra un desarrollo que afecte el ambiente.
“Así que vemos por un lado esa limitación en términos de legislación y en términos de decisiones del tribunal de derecho, pero a la vez eso va vinculado con otros límites a la participación democrática del país. Así que es como una tormenta perfecta porque por un lado estás limitando derechos y por otro estás limitando los espacios de participación a la ciudadanía para que opine o para que se oponga”.
¿Por parte de los tribunales en el caso de Puerto Rico ve esa orientación conservadora?
“En el Tribunal de Estados Unidos han sido más claras las posiciones en favor de las políticas de Trump aunque ha habido casos en que no lo han validado, pero esa división está bien clara, muchas de las decisiones son 6 a 3.
Al Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) todavía no han llegado decisiones sobre las leyes aprobadas por lo que no sabemos cómo va a decidir el Tribunal. Pero hay algo que decir con respecto de los tribunales y es que dentro de nuestro esquema de separación de poderes se supone que el poder judicial sea una evaluación objetiva de lo que va pasando y que defienda el estado de derecho y que analice de manera de acuerdo al derecho no a posiciones ideológicas. Pero eso es una falacia de nuestro sistema republicano de gobierno. Sin embargo, en la medida en que existía una pluralidad de nombramientos al menos habría un balance”.
En esa dirección, la presidenta del CAAPR, apuntó a que no se debe olvidar que el Partido Nuevo Progresista (PNP), está en su tercer término corrido y muchos de los jueces de los tribunales inferiores están nombrados por ese partido, por lo que se tiene una Rama Judicial que está casi en su totalidad nombrada por el PNP y la mayoría del TSPR fueron nombrados por el PNP.
Aunque dijo que hay excepciones, de que ha habido jueces nombrados por el PNP que se han aliado en decisiones importantes con la disidencia como el juez Estrella, sin embargo acotó que esa mayoría afecta la manera en que por lo menos la población puede percibir la independencia judicial. “Uno se cuestiona, si realmente existe la independencia de criterio de parte de esos jueces y juezas”, expresó.
En esa línea sobre el proyecto que se discute en el Senado, de una reforma judicial para el Tribunal Supremo, Reyes Gil, denunció que le quieren quitar el poder de ejecución a la jueza presidenta para adoptarlo al pleno del tribunal.
La experta en Derecho Constitucional, destacó que el TSPR es de rango constitucional y en la constitución dice cuántos jueces va a haber, cómo se compone y la organización. “La presidencia del TS tiene la obligación de ejecutar y administrar el tribunal, o sea tiene la obligación de ejecución de la administración, y el pleno del supremo de reglamentar, establecer las reglas de administración, o sea que es una división de poderes del tribunal, uno reglamenta y el otro ejecuta, así mismo es que funciona el tribunal federal”.
La licenciada Reyes Gil fue más allá y manifestó; “Le quieren quitar el poder de ejecución a la jueza presidenta para adoptarlo el pleno del tribunal y eso obviamente lo que les interesa, la designación de los jueces administradores, la designación de los jueces en salas especiales, los nombramientos de los departamentos de las Oficina de Administración de Tribunales eso es lo que les interesa, tener el control absoluto del tribunal”.
El Colegio depuso en las vistas públicas del proyecto tanto en el Senado como en la Cámara. “Planteamos que el proyecto es inconstitucional porque es distinto a lo que establece la constitución, incluso le dijimos que si querían una reforma del poder judicial, muy bien que se haga pero tenía que ser amplia e incluir otros sectores”. En el caso de las vistas en la Cámara comentó que durante la vista pudo observar que la aprobación del proyecto es una decisión que ya está tomada.
Prioridades de su presidencia
En sintonía con el sentido de responsabilidad la presidenta de los profesionales del Derecho habló sobre las prioridades establecidas para su gestión. Junto a su grupo de trabajo estableció tres áreas de prioridad relacionadas. El primero, el trabajo de proteger los derechos de la población de acceso a la justicia.
“Para lograr eso hay que fortalecer la institución, así que queremos trabajar para fortalecer el colegio, eso principalmente se logra a través de campañas de colegiación para atraer compañeras y compañeros nuevos. Hemos sido bastante exitosos en estos pasados dos años, la Comisión de Abogados de Estudiantes y Abogados Jóvenes son las dos más grandes que tiene el Colegio”.
Ese fortalecimiento incluye atraer a aquellos que fueron colegiados alguna vez y por alguna razón se fueron, trabajar con las condiciones de vida de los y las abogados. Indicó que los colegas jóvenes, igual que pasa en otras áreas tienen problemas para conseguir empleo, de vivienda, e igual que pasa en el resto del país hay una cantidad cada vez más de colegas con experiencia y se da el choque de las brechas digitales, los cuales han tenido dificultad en adaptarse a esos cambios digitales.
La licenciada Reyes Gil, resaltó que para abordar los problemas del país, como la falta de acceso a la discusión pública, va crear espacios de participación amplia, no solo con abogados y abogadas si no con otros profesionales, comunidades y organizaciones de derechos para hablar sobre asuntos específicos y hacer propuestas de política pública.
“Porque nos tienen bombardeados con montones de propuestas de ley que en realidad no atienden nuestras necesidades”.
Para esta gestión dijo se propone presentar un plan de trabajo para el próximo año, mediante una comisión especial para llevar a cabo una jornada de encuentros. “La idea es que se puedan hacer unas propuestas para el 2028 que salgan del país, de diferentes sectores, mover la agenda nosotros, establecer la agenda, medio ambiente, justicia sin castigo, salud, vivienda”. Para esto último ya se creó una comisión especial que atenderá el tema de los desahucios.
Finalmente, CLARIDAD planteó que el gobierno ha eliminado las colegiaciones de todas las profesiones, la primera de ellas fue precisamente la de los y las abogadas. ¿Cuál cree que es el propósito de esa descolegiación y cómo afecta a las profesiones?
“Sí, en efecto uno de los primeros colegios atacados por ese movimiento fue el Colegio de Abogados y la excusa fue que el colegio era un grupo de izquierdosos, una cuestión política, y la justificación que se utiliza para las descolegiaciones irónicamente es el derecho de asociación. El derecho de asociación que está en la constitución, que está para permitir que la gente se asocie es lo que se ha utilizado como justificación para permitir la descolegiación es plantear que la gente tiene derecho a no estar asociada”.
Hizo la salvedad de que si la intención en aquel momento era que el Colegio desapareciera: “No lo lograron porque el Colegio ha podido mantenerse precisamente porque hay compañeros y compañeras que todavía creemos en la misión y el trabajo del colegio.
Pero pienso que la intención de las descolegiaciones es evitar que haya organizaciones sólidas de la sociedad civil, que puedan de alguna forma presentar una defensa de los intereses del pueblo y una oposición al gobierno y que de esa forma tratan de eliminar la fortaleza que puedan tener los distintos grupos, lo gremios profesionales son bien importantes para diferentes asuntos en el país, y creo que vamos a continuar de esa manera. Aunque en definitiva tiene un impacto, pienso que los grupos evolucionan y las estrategias tienen que ser un poco distintas, y tenemos que seguir trabajando con la precariedad como trabaja con la precariedad el resto del país”.
