Respuesta del Caucus Claustral y el Caucus Estudiantil del Senado Académico del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico a la ‘carta abierta’ de la Presidenta Zayira Jordán Conde a TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA del 27 de marzo del 2026

Las palabras sólo adquieren validez cuando van acompañadas de acciones que las respalden. En ese sentido, no podemos dejar de señalar las múltiples contradicciones presentes en la carta abierta de la presidenta Zayira Jordán Conde a la Comunidad Universitaria de la UPR del 27 de marzo de 2026.

En su comunicación, la presidenta plantea la necesidad de canalizar un proceso de cambio “desde el respeto y el diálogo” y afirma que este no debe darse de espaldas a la comunidad universitaria, sino mediante la escucha activa, la apertura y la voluntad genuina de atender los planteamientos. Sin embargo, dichas expresiones contrastan profundamente con las acciones recientes: la destitución de los rectores de los recintos de Río Piedras y Mayagüez, así como la solicitud de renuncia a otros rectores del sistema, realizadas de manera simultánea, sin explicaciones claras y sin propiciar los espacios de diálogo que ahora se invocan. Este proceder, lejos de fomentar confianza, debilita los principios que se alegan defender, por lo que reiteramos nuestro firme repudio a dicho proceso. Además, estas acciones ponen en riesgo la acreditación de los recintos de la UPR puesto que la agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education en su Estándares de Acreditación y Requerimientos de Afiliación (14ta Edición), Estándar VII de Gobernanza, Liderazgo y Administración, Criterio 2f, claramente indica que la Junta de Gobierno debe “nombrar y evaluar periódicamente el desempeño del CEO de cada recinto” (CEOs =. Rectores(as) de los recintos) y eso no se hizo previo a la destitución de los rectores.

La presidenta sostiene que las decisiones tomadas no responden a la improvisación ni a intereses ajenos a la institución, sino a una realidad que exige acción. Si esto es así, corresponde explicar dichas determinaciones de forma ordenada, transparente y justa, utilizando los mecanismos establecidos en la Ley Universitaria y en el Reglamento de la Universidad de Puerto Rico. La negación a participar de ese proceso a pesar de que repetidamente diferentes sectores han solicitado ese espacio de diálogo mina la confianza de nuestra comunidad ante estas frases que a todas luces son vacías.

Por otro lado, se indica que los nuevos rectores deberán establecer como prioridad un diálogo abierto, directo y continuo con sus comunidades universitarias. Siempre hemos defendido la importancia de ese principio; pero un diálogo requiere estar dispuestos a escuchar a la comunidad a la que se pretende dirigir, reconociendo que es esa comunidad la que conoce sus retos y fortalezas. El liderazgo efectivo logra que la comunidad sea partícipe de las decisiones que afectan su futuro. La responsabilidad primaria de explicar, rendir cuentas y sostener diálogos también recae en la máxima autoridad ejecutiva de la institución. El liderazgo auténtico exige no sólo tomar decisiones, sino también discutirlas públicamente con transparencia y apertura.

Cabe señalar además que los Senados Académicos de los distintos recintos, junto con la Junta Universitaria, se han expresado reiteradamente mediante certificaciones formales sobre sobre la falta de capacidad de la actual administración para liderar adecuadamente la institución. Esto, luego de reiterados intentos de solicitar reuniones en donde la presidenta no fue capaz de contestar preguntas, ni permitía que los funcionarios que sí podían contestar estuviesen presente, además de censurar sectores y cerrar reuniones arbitrariamente. Este historial demuestra que la comunidad universitaria no ha sido escuchada de manera efectiva.

Finalmente, aunque la presidenta convoca a compartir un mismo propósito en favor del bienestar y el futuro de la Universidad de Puerto Rico, lo cierto es que su visión sobre estos conceptos no ha sido claramente articulada. Más aún, sus acciones recientes generan serias dudas sobre si dicha visión está alineada con el proyecto de país que representa nuestra Universidad.

Coincidimos, no obstante, en un principio fundamental que debe regir dentro de la UPR: en la Universidad de Puerto Rico el derecho a pensar distinto, a cuestionar y a expresarse libremente no sólo se respeta, sino que constituye la esencia misma de nuestra institución. Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de ese derecho y con el fortalecimiento de una universidad verdaderamente participativa, transparente y al servicio del país.

Es importante que entre todos estos acontecimientos y la desinformación que persiste en la consciencia mediatica seamos cautelosos al momento de buscar información sobre los acontecimientos del Recinto de Río Piedras. Es para nosotros importante exhortar a la comunidad universitaria y al pueblo de Puerto Rico buscar información directamente en las páginas y/o redes sociales de los distintos gremios, colectivos y cuerpo de deliberación que representan a nuestro recinto. Entre ellos, el Consejo General de Estudiantes (CGE-UPRRP), la Asosiación Puertoriqueña de Profesores Universitarios(APPU), la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes  (HEEND), el Senado Académico del Recinto de Río Piedras y la Junta Administrativa del Recinto de Río Piedras.

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertoico.com

El director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach,  alertó sobre que Puerto Rico no puede seguir aplazando la resolución de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y recabó una mayor atención de parte de la Junta de Control Fiscal (JCF), así como de la jueza Laura Taylor Swain y de la gobernadora de Puerto Rico.

En un reciente análisis, AEE Titulo III: Un equilibrio complejo, el CNE expone que, en la negociación de la deuda de la AEE bajo el Título III de la Ley PROMESA, los gastos entre abogados, asesores financieros y consultores de todas las partes han superado los $1,500 millones. “Si la restructuración no se finaliza en el tiempo debido, ¿cuánto podría llegar a costar un litigio prolongado en comparación con los beneficios de un acuerdo sostenible?”, cuestionó el CNE.

En esa dirección, Marxuach expone que hay dos espectros extremos que delimitan los posibles acuerdos con los bonistas y plantea la necesidad de un acuerdo “razonable”.

El primer espectro es la propuesta de la JCF (PAD), que propone el pago de $2,300 millones en nuevos bonos, lo que representa  una recuperación aproximada del 23 %. El Instituto de Análisis Económico y Financiero de la Energía (IEEFA) proyectó que esto añade aproximadamente 1.6 centavos por kWh a las facturas de los clientes durante 35 años, con un costo total para los usuarios de aproximadamente $5,100 millones (Sanzillo, IEEFA, 7 de septiembre de 2023).

En el otro extremo del espectro está el reembolso total del valor nominal de los bonos emitidos por la AEE más los intereses posteriores a la presentación de la petición, las reclamaciones administrativas y los honorarios, que, según sostiene la coalición de acreedores, se niega a negociar,. Ello produciría una obligación total de aproximadamente $11,000 a $12,000 millones.

“Este escenario no es considerado económicamente factible por la mayoría de las partes en el proceso, incluida la jueza Swain, quien ha caracterizado públicamente algunos de los argumentos de los bonistas como “probablemente descabellados” (Slavin, Judge pushes PREPA, creditors to negotiate deal in 60 days. Bond Buyer,11 de julio de 2024)”.

A preguntas de CLARIDAD sobre cuál sería una manera sensata de zanjar esta disputa si, como se ha visto, los bonistas insisten en cobrar por completo y no pasó ni un día en que acudieran a apelar la más reciente decisión de la juez Swain. En una vista celebrada a mediados de marzo, la jueza rechazó una exigencia de los bonistas de cobrar  $3.7 mil millones, que según ellos se debió dirigir al pago de los bonos durante la quiebra, pero se utilizaron para otros gastos operacionales no autorizados.

El director de Política Pública del CNE señaló que entiende que la decisión de la jueza está bien argumentada y tiene una base legal sólida, aunque reconoció que habrá que ver qué determinará el Tribunal Apelativo. Subrayó que es descabellado lo que los bonistas están pidiendo, lo que implica un aumento en la factura que nadie en Puerto Rico podría pagar.

A juicio de Marxuach, tanto la Junta como la jueza Swain deben prestar una mayor atención ante la postura recalcitrante de los bonistas. Puntualizó que la Ley PROMESA le da unos poderes a la juez,  pero su parecer es que esta les está dando la mayor cantidad de oportunidades posibles, aunque su paciencia parece estarse acabando.

Marxuach afirmó que las partes deben llegar a una negociación y que lo preferible es llegar a un acuerdo razonable.  “Todo el mundo está de acuerdo en que se debe utilizar el tribunal, pero si una de las partes no está dispuesta a moverse en algún momento ella (se refiere a la jueza) va a tener que utilizar el poder que tiene. Si los bonistas quieren apelar, que apelen. Llevamos ya 10 años y esto se está convirtiendo en el consenso”. Apuntó que la falta de un acuerdo está aguantando otras cosas que hay que hacer  en el sistema eléctrico y que, en la media que prosiga el pleito, va a ser más difícil a largo plazo la transición a la energía renovable e incluso una negociación con Genera.

Del otro lado, expuso, el CNE considera un escenario como el que propuso el economista Martín Guzmán hace unos años de recortar un 80 % de la deuda.  La última oferta de la JCF, dijo, está más o menos en un recorte de 27 %. Eso, de todas maneras, implica un aumento en la factura, a menos que se logren ahorros por otros lados.

Agregó que la razón del aumento en la factura es porque no hemos estado pagando deuda por unos 10 años. Aunque la AEE se fue a la quiebra en el 2017, dejó de pagar su deuda en el 2015. Marxuach indicó que en la medida en que no se generen ahorros, lo que en estos momentos ve difícil por todo lo que está pasando en el mundo, habría un aumento, pero eventualmente ese aumento se podría mitigar.

La alternativa

Sergio Marxuach destacó que en la medida en que podamos movernos de combustible fósil a energía renovable se puede mejorar tanto el servicio como los ingresos de la AEE. Al respecto, planteó que la energía  renovable tiene dos ventajas: no solo que es más barato que los fósiles, sino que en la medida en que se tenga  un porciento más alto de generación a un costo fijo, no se tienen las variaciones por cosas que pueden suceder de las que el país no tiene control. Observó que todos los países grandes, incluidos los europeos, al presente están buscando reducir la dependencia del mercado internacional, es decir, del gas y petróleo.

“En esa medida, creo que el Gobierno de Puerto Rico ha hecho la decisión incorrecta porque lo que se ha visto en los últimos 15 meses es la instalación de más combustible fósil. Por lo menos, antes de la guerra de Irán podía decir que el combustible fósil era más barato, pero ya esas condiciones no existen y no se sabe cuándo esto va a terminar y cuánto va a tardar volver a la normalidad”.

Recordó que ya ha pasado antes que en la medida en que el precio para el combustible aumenta en Europa y Asia y excede lo que se paga en Puerto Rico se tiene el riesgo de que la compañía de gas determine venderlo en otro lugar, además de que el fin de la guerra —Israel, Estados Unidos e Irán—, no garantiza que vaya a haber mejores precios. Señaló que ya salió un informe de la Agencia Internacional de la Energía que dice que se  han identificado cerca de 40 facilidades de producción de petróleo o gas natural en nueve países a las que les han sido afectadas sus infraestructuras y que hay que reconstruir, lo que puede tardar de dos a tres años. A esto se le une la incertidumbre de las negociaciones sobre el control del estrecho de Ormuz.

El director de Política Pública del CNE sostuvo que a largo plazo lo que más sentido tiene para Puerto  Rico, siendo una isla, es que invierta en la energía renovable. Reparó en que  si ya se tuviera 1/3 parte de inversión en energía solar, el impacto de la situación con el combustible no sería tan grande y se tendría una respuesta para adaptarnos a unas circunstancias, de una manera que no lastime la economía y a los hogares. “Desafortunadamente hemos  arrastrado los pies”, expresó en referencia a la Ley 17 de 2019 que establece la transición a un sistema de energía renovable para el 2050.

Una vez más, Marxuach insistió en que el país está en una situación bien complicada. “Me preocupa que nadie le está prestando atención en Puerto Rico  por parte del Gobierno. Esto es algo bien importante para Puerto Rico. Se ha caído del radar y hay que recordar que esto todavía no se ha terminado. Con relación a los fondos de FEMA para la reconstrucción del sistema, advirtió que  “si acabamos gastando los $10 mil millones en lo mismo, gas y petróleo, pasará  lo mismo. Eso es otra cosa a que la gobernadora no le ha prestado atención: el daño ambiental que  provoca el uso de los combustibles fósiles”.