Con el cerco y bloqueo total de Estados Unidos a la entrada de combustible a Cuba, el sistema de salud de la Isla ha sido desestabilizado, se impide el acceso a agua limpia y los bebés están en riesgo. Tras cuatro meses en la más profunda crisis de energía en Cuba, sus consecuencias ya no son una abstracción: quedan a la vista en el ritmo que ha tomado la vida diaria. Las calles se silencian antes de que llegue la noche. Los hospitales reducen sus operaciones. Los pequeños comercios cierran por falta de suministros. Al amanecer, la fatiga se asoma a los rostros de la gente tras largas noches sin electricidad.
Pero el costo mayor no se paga en inconveniencias sino en salud. Decenas de miles de cirugías han tenido que aplazarse en todo el país. Las mujeres embarazadas confrontan limitaciones de acceso al cuidado prenatal. Los recién nacidos dependientes de incubadoras o ventiladores quedan en riesgo cuando falla la electricidad. Los pacientes de diálisis, o de tratamientos de cáncer o que manejan condiciones crónicas dependen de la electricidad, no como una conveniencia, sino como una línea de vida.
Médicos y enfermero(a)s intentan por todos los medios mantener el sistema funcionando, bajo unas condiciones que serían un desafío mayor en cualquier lugar. Mientras, los pacientes esperan en la incertidumbre, en busca de un término de tiempo para reanudar sus tratamientos, como si la enfermedad pudiese ponerse en pausa.
La fragilidad económica general de la Isla, moldeada por el control y sanciones externos y los limitados recursos internos, se ha agravado aún más con el «sopetazo» energético, cuyos efectos atraviesan todos los sistemas que sostienen la vida en Cuba. Por ejemplo, un hospital necesita mucho más que luz, necesita que el sistema de bombeo haga llegar el agua a salas de cirugía y a todas las áreas del hospital. Necesita un servicio de alimentos funcional, gasolina para las ambulancias y para el transporte confiable y seguro de pacientes y personal. Cuanda falla la energía eléctrica, todos esos sistemas empiezan a fallar uno tras otro.
En ese contexto, las necesidades humanitarias en Cuba siguen siendo agudas y persistentes. No se resuelven con la llegada limitada de combustible del exterior. Aunque cualquier suplido adicional pueda traer un alivio temporero, es insuficiente a escala porque no atiende las limitaciones estructurales que afectan a sectores esenciales. El acceso a combustible es un factor determinante para que la acción humanitaria pueda operar.
En respuesta a esta situación, el sistema de la Organización de Naciones Unidas en Cuba, con el apoyo de la Oficina para la coordinación de Asuntos Humanitarios, ha expandido su plan de respuesta implantado tras el paso del huracán Melissa para atender el impacto humanitario en cascada resultante de la crisis de la energía. El objetivo es claro: salvar vidas y prevenir el deterioro rápido de indicadores críticos, mientras se complementan los esfuerzos nacionales.
Durante una visita reciente a las provincias de Santiago de Cuba y Granma- ambas entre las áreas más golepeadas- presencié cómo, aún el apoyo más modesto, hace una diferencia real. Más de 2 millones de personas fueron afectadas por el huracán Melissa, que ocasionó inundaciones, pérdida masiva de medios de sustento y la interrupción de servicios esenciales. Cientos de miles de cubanos y cubanas perdieron el acceso a agua limpia y segura en un país donde la mayoría de los sistemas de bombeo dependen de la electricidad.
En el esfuerzo de respuesta, ya se habían empleado $24 millones antes de que la crisis de la energía se intensificara. Sostener y aumentar ese esfuerzo depende de una condición básica: combustible para mover la ayuda a través de los puertos y hacia todas las provincias y comunidades. Por esta razón, el plan actual está diseñado hasta fin de este año, y se hace el monitoreo continuo de las necesidades, y así se adapta la respuesta, siempre priorizando en las intervenciones críticas que salvan vidas.
Este no es un asunto político. Es un asunto humano. No deben existir obstáculos en el camino del derecho de las personas a una vida con dignidad anclada en el acceso a servicios de salud, agua y otros servicios esenciales. Los principios de la Carta de Naciones Unidas existen precisamente para momentos como este. Tras cada cifra y estadística hay familias cuyos planes han sido trastocados y cuya resiliencia se pone a prueba cada día. Para estas personas, la acción humanitaria debe moverse con urgencia y claridad. Cuando hay vidas en juego, el tiempo no es un lujo: es la diferencia entre el cuidado y el abandono, entre la recuperación y la decadencia. Y ya ese tiempo se está agotando.
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El autor es el Coordinador Residente de Naciones Unidas en Cuba
Este artículo fue tomado del periódico británico The Guardian, y publicó el pasado 30 de abril. La traducción es de CLARIDAD.
Alice Colón Warren. Foto por Christian Medina Rosado/Especial para CLARIDAD
Me alegra mucho compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la lucha por la justicia reproductiva en nuestro país, y que sea junto a la querida y admirada compañera, Yanira Reyes Gil. Para la OPMT ha sido uno de los asuntos prioritarios durante nuestros más de cuarenta años de luchas y nos pareció urgente su discusión en estos momentos en que vivimos ataques agresivos a la capacidad que tenemos de expresar nuestra sexualidad e identidad de género, así como a ejercer libremente la capacidad reproductiva que nos caracteriza. Agradecemos a Claridad que nos brindara el espacio para esta discusión que espero tenga continuidad en nuestros análisis y activismo político.
La justicia reproductiva es una agenda que debe estar presente en las luchas por una sociedad puertorriqueña más democrática y libre. Aunque esta agenda debe referirse a los sectores más diversos- personas jóvenes, de mayor edad, hombres, personas no binarias y trans, por mencionar algunos -en esta presentación concentraremos en las mujeres en todas sus interseccionalidades, su capacidad reproductiva y su fecundiddad, que hoy reconocemos que incluyen a otras personas gestantes.
Es importante señalar que la desigualdad de género y el control de los cuerpos y la capacidad reproductiva de las mujeres se ha encontrado vinculada a las diferentes estructuras de poder y jerarquías en las diversas sociedades, con sus particulares objetivos demográficos. Como ejemplos con ecos en políticas presentes, las leyes de Comstock del siglo XIX en Estados Unidos prohibían el acceso al intercambio de información sobre anticonceptivos como un atentado a la moral. En realidad, también respondían al descenso de la natalidad de las mujeres blancas, las cuales eran consideradas las madres deseables para la continuidad de una nación que se definía por los sectores dominantes como de esa raza. Los regímenes fascistas, por su parte, glorificaban a las mujeres como reproductoras de la nación, de su fuerza militar y laboral, de manera que la reproducción aparecía impuesta como designio del Estado y como una obligación política.
En Puerto Rico, por otro lado, estamos más familiarizados con las políticas de control poblacional de mujeres de sectores empobrecidos y racializados, impulsadas en Estados Unidos y en países menos desarrollados, sobre todo desde mediados del siglo veinte. En nuestro país se argumentaba que el exceso poblacional era la causa de la pobreza, promoviendo como solución la reducción de los pobres y su natalidad, impuesta en muchos casos de manera desinformada y agresiva por sus promotores más fuertes.
Conocemos que de manera abierta y con el “dejar hacer” por parte del gobierno, entre los 1930s y 1970s, en nuestro país se permitió la experimentación con métodos anticonceptivos entre nuestras mujeres empobrecidas, sin información adecuada en cuanto a los riesgos a su salud; se promovió la esterilización femenina, que alcanzó más de una tercera parte de las mujeres en edades reproductivas a finales de ese periodo; e incluso se asumió una política de “mirar para el otro lado” con relación a la práctica del aborto, entonces prohibido. Ante los abusos de las prácticas más agresivas del control poblacional, se destacó la oposición de sectores católicos, independentistas, y católicos-independentistas, tanto en Puerto Rico como en foros a nivel internacional. Se denunciaba el control poblacional como una estrategia colonial genocida dirigida a eliminar la población y la nación puertorriqueña, y como una forma de negar la raíz de la pobreza en las estructuras de desigualdad y poder económico de dominación colonial, que hoy denunciamos también como racial. Se argumentaba, por otra parte, que se trataba de prácticas contrarias a la cultura puertorriqueña, mientras a las mujeres se les presentaba, sobre todo, como madres y víctimas de los promotores del control poblacional. En la oposición a la práctica y a la legalización del aborto, a éste también se le vinculaba al control poblacional y se esgrimían los mismos argumentos.
Faltaba en esta denuncia una visión más amplia y compleja desde la perspectiva de las mujeres. Para las mujeres, regular su fecundidad ha sido a través de la historia, una condición para ejercer la agencia y autonomía sobre sus vidas, dentro de las condiciones que han restringido sus decisiones reproductivas. En Puerto Rico, como en otros lugares, estas han acudido a métodos contraceptivos caseros y a abortos, en la medida que los han tenido accesibles y lo han considerado necesario. Ejercían estas prácticas aún antes de que hubiera métodos modernos y se legalizara de manera más abierta la terminación de embarazos. Así, sin negar los abusos en las gestiones de control poblacional, estudios sugieren que muchas mujeres recurrieron a estos servicios a partir de sus propias necesidades e intereses de reducir su fecundidad.
Tocó a las luchas feministas de la segunda oleada desde los 1960s y 1970s, reconocer la regulación de la fecundidad como esencial para la autonomía corporal, moral y personal de las mujeres; así como para ejercer su participación social, económica y política más equitativa, además de la posibilidad de criar una prole con mayor bienestar. Todas son condiciones requeridas para una sociedad más democrática. Desde la perspectiva de las necesidades de las mujeres, en Puerto Rico, desde los 1970s las feministas rechazaron el control poblacional y sus abusos, pero defendieron su derecho al control de la natalidad y al aborto como un derecho personal y humano. Para los 1990s, las feministas a nivel internacional habían logrado un cambio de paradigma en foros como Naciones Unidas, redefiniendo la salud y los derechos reproductivos como derechos humanos, más allá de meros objetivos demográficos.
Como parte de estas luchas feministas, el aborto por petición de la mujer se legalizó en nuestro país a partir de la decisión Roe v Wade de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1973. Esta estableció un esquema en el cual el Estado podía considerar el interés de la vida potencial del feto sólo en el último trimestre de gestación. La decisión fue defendida en Puerto Rico por feministas, aunque expresaban que hubieran preferido que este derecho ocurriera por iniciativas políticas y judiciales propias en nuestro país. A pesar de que, entre sectores independentistas y grupos de abogados, entre otros, se cuestionaba la aplicación de la decisión a Puerto Rico, el Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto Rico la ratificó en 1974 en el caso Acevedo Montalvo v Hernández Colón. En la decisión de Pueblo v Duarte de 1980, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció la legalidad del aborto aquí en nuestra Isla bajo los criterios del derecho a la intimidad y de la protección de la vida y la salud de las mujeres definida en los términos más amplios. El aborto se legalizó así en Puerto Rico a través de todo el embarazo y sin descansar en la decisión de Roe v Wade.
A pesar de no haber impulsos al control poblacional tras los de los1970s, ni una política integral de salud reproductiva desde entonces, las mujeres en Puerto Rico han continuado el uso de la contracepción y de la esterilización femenina, de manera que la fecundidad ha tendido a la baja hasta el presente. Con el fortalecimiento de los regímenes republicanos, neoliberales y conservadores en Estados Unidos a partir de los 1980s, se redujeron en ese país diferentes tipos de servicios de salud y, bajo presión de los sectores conservadores más fundamentalistas, se desarticularon sobre todo servicios anticonceptivos por considerarlos vinculados al aborto. Fueron medidas que se siguieron como consecuencia en Puerto Rico. Aún así, la proporción de uso de anticonceptivos entre las puertorriqueñas se mantiene en 80% desde los 1970s y, de acuerdo a un estudio reciente, la esterilización aumentaba a alrededor de la mitad de las mujeres casadas o unidas en pareja en edad reproductiva para principios de esta década. Mientras, el promedio de nacimientos por mujer se reducía de menos de 3 en los 1980s a 2.1 en 1998 y desde entonces la tasa de nacimientos ha sido inferior al reemplazo de la población- que requeriría como promedio 2 hijos/as por mujer. Descendía ya a menos de 1 por mujer durante los pasados tres años (0.9, 2021-2024).
Junto a la reducción de la fecundidad y de los nacimientos a través de las pasadas décadas, la mortalidad de una población ya envejeciente, y nuevas oleadas de emigración masiva, sobre todo tras el Huracán María en 2017, han resultado en un descenso en población, que se agudizó desde 2010 –de 3.7 a menos de 3.2 millones de personas. Irónicamente, en el periodo más reciente, es la reducción poblacional y la fecundidad bajo reemplazo lo que se presenta en análisis económicos, demográficos y sociales, como freno al bienestar y al desarrollo, e incluso como argumento en los discursos antiaborto.
Para comprender esta reducción de fecundidad tendríamos que referirla no sólo a la decisión de las mujeres en búsqueda de regular su capacidad reproductiva, sino a las condiciones en las que han ejercido esta opción. Que las mujeres hayan logrado acceder a regular su fecundidad y a abortos legales, no implica que hayan contado con plena libertad reproductiva. Las luchas por la justicia reproductiva han establecido que no se trata sólo de que las mujeres decidan si parir o no y cuándo hacerlo, sino de garantizar los espacios más amplios para tomar esa decisión, además de las condiciones más adecuadas para criar su prole.
Se necesita poseer la información adecuada sobre la sexualidad y la reproducción; se requiere tener la información y el acceso a los métodos más adecuados, eficaces y seguros para la salud para regular la fecundidad, incluido el aborto; así como el trato médico eficiente y respetuoso durante el embarazo, el parto y posterior a este, entre otras, como el tratamiento para la infertilidad. Pero, además, deben existir las condiciones de salud, materiales, económicas, sociales, culturales y de equidad de género necesarias en las cuales asumir la crianza de manera digna. Ello incluye el compartir la responsabilidad de la natalidad con los hombres y la redistribución de los trabajos de cuidados tanto con los hombres, como con las instituciones sociales.
En este sentido, las decisiones reproductivas de las mujeres se encuentran condicionadas por su acceso a oportunidades y recursos que establecen las estructuras políticas, sociales, económicas y de género. Y tenemos que reconocer que las mujeres de menos recursos aún cuentan con espacios más limitados para tomar sus decisiones. Esto significa que poseen menos educación sexual, tiene menos facilidad de acceso a mayor diversidad de métodos de regulación de su fecundidad, menos espaciamiento de prole, menos opciones de vida más allá de la maternidad y condiciones menos adecuadas para la crianza.
Destacamos aquí por ello que, al presente, la crisis del capitalismo neoliberal ha minado las condiciones de vida de la población, sobre todo de los sectores de menos recursos, y ha creado una crisis de cuidados que dificulta aún más el tener más hijos e hijas. No es preciso recordarles que, intensificada por nuestra condición colonial, en Puerto Rico nos enfrentamos a una estructura económica y social que propende a la expulsión: con empleos y salarios insuficientes, incremento en el costo de vida, reducción de protecciones y bienestar social- servicios de salud inaccesibles, recortes en educación, escasez de vivienda-; mientras se promueven enclaves de vivienda y turismo de lujo. Se trata de un sistema dirigido a la apropiación de terrenos, recursos y riquezas por una minoría, sin considerar el deterioro de la vida de la mayoría de la población y la degradación ambiental. Son condiciones que propenden al conflicto familiar y de pareja, al incremento en jefatura de familia femenina, a la desigualdad, la pobreza, la violencia y la criminalidad.
Se trata así de un contexto de precariedad que mina la posibilidad de los cuidados para la crianza, el bienestar de las familias y sus posibilidades de una vida de calidad. No es extraño, pues, que las mujeres opten por reducir su fecundidad. En la Encuesta de Salud Reproductiva más reciente, realizada en 1995-96, el número ideal de hijos/as por mujer era superior a 2, o sea, más elevado que el número promedio de hijos/as procreados, que, como mencionamos, no alcanzaba la cifra requerida para la reproducción de nuestra población. Se pone así en vilo nuestra posibilidad de reproducirnos, no sólo como sociedad, sino biológicamente.
Pero destacamos que el problema fundamental no es la baja poblacional, ni es una situación que se resuelve con promover la fecundidad entre las mujeres. Hacia donde tenemos que mirar es a esas estructuras de desigualdad y expulsión que dificultan el bienestar y la vida digna para la mayoría de la población. Consideramos que bajo políticas que promovieran esa calidad de vida para la mayoría sería posible establecer de manera democrática, de acuerdo a las necesidades y designios de la gente, el crecimiento económico deseado y sustentable, así como propiciar los procesos demográficos requeridos, sin imponer políticas poblacionales.
En lugar de estas transformaciones, sin embargo, como respuesta a las condiciones de crisis se ha fortalecido a nivel internacional una oleada de movimientos conservadores, dirigidos a restituir lo que aparece como un orden social resquebrajado. Ante los logros de las luchas feministas, parte importante de estos movimientos de derecha ha sido el intento de volver a instaurar un orden de género patriarcal, de dominación masculina, incluyendo el control de la capacidad reproductiva de las mujeres. Plantear que las definiciones de género son impuestas por la naturaleza, lo que incluye la negación de la vida de las personas transgénero, ha sido parte central de las visiones conservadoras y sus políticas más recientes. Y es que reforzar las definiciones de desigualdad de género y la subordinación femenina se alinea con los regímenes autoritarios, que valoran la imposición de políticas por la fuerza, y de un poder concentrado en líderes de carácter masculino (aunque sean mujeres), en detrimento de principios democráticos. La inseguridad de la crisis promueve el miedo a los cambios en las relaciones de género establecidas, y plantea como anclaje y refugio el retorno a la familia patriarcal, idealizada como ámbito de la sobrevivencia. Es una sobrevivencia que recae en el ámbito del hogar, privado, doméstico- con apoyos estatales y sociales cada vez más limitados- y que depende de la valoración de las mujeres como madres, responsabilizadas por ese cuido.
Con el argumento de la defensa de la vida del no nacido, la prohibición del aborto ha sido discurso central de estos sectores conservadores, con lo que refuerzan la visión de las mujeres como madres, restringidas a su rol como reproductoras y cuidadoras. Responsabilizadas, las mujeres, por la reducción de la fecundidad, se plantean también medidas pro-natalistas que pretenden volver a someterlas, y a su capacidad reproductiva, a las necesidades del Estado, en este caso de la economía que requiere más fuerza laboral y consumidores. Nuevamente se intenta atribuir a las mujeres y a su fecundidad los problemas de una estructura económica y política que genera precariedad y pobreza, y atribuir la forma de resolverlos a revertir los logros de sus luchas. La definición doméstica y maternal de las mujeres se constituye así en pilar de la defensa del sistema neoliberal autoritario, mientras la oposición a la equidad de género se une a los ataques a la “izquierda radical”, “los woke”, los “antifa”, o los “comunistas”.
Las luchas en contra del aborto se organizaron de manera militante poco después de su legalización. Los sectores conservadores en Estados Unidos atacaron violentamente a proveedores y clínicas que ofrecían el servicio y fueron logrando medidas y decisiones judiciales a nivel federal dirigidas a restringir ese derecho. Entre estas podemos mencionar la prohibición de usar fondos federales para su ejercicio desde 1977 y la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Webster v Reproductive Health Services en 1989, que permitió a los estados federados aprobar medidas restrictivas del ejercicio del derecho al aborto. En Puerto Rico, también vivimos ataques a las clínicas en los 1990s, con la resistencia de las feministas, clínicas y entidades defensoras de los derechos humanos, y con el rechazo de buena parte de la opinión pública.
También hubo en Puerto Rico intentos de legislar para regular o restringir el derecho al aborto. Ante la situación de ambivalencia entre las posturas públicas y las fuerzas conservadoras frente a las luchas feministas y la práctica del aborto por parte de las mujeres, hasta la pasada década en nuestro país, sin embargo, se evadía y se dejaba morir en la Legislatura toda discusión del tema, considerado tabú y controversial. Pero con el fortalecimiento de los sectores conservadores, en Estados Unidos, estos lograron la eliminación de Roe v Wade con la decisión del Tribunal Supremo norteamericano Dobbs v Jackson en 2022, aunque, como indicamos, en nuestro país permanece legal, por virtud de la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Pueblo v Duarte de 1980.
Los sectores conservadores también han fortalecido su peso político en nuestro país. Organizados en el partido Proyecto Dignidad, y apoyados por legisladores y legisladoras del Partido Nuevo Progresista (PNP), el Partido Popular Democrático (PPD) y el independiente Luis Raúl Torres, desde el cuatrienio pasado sometieron diversos proyectos dirigidos a restringir el derecho al aborto, aunque no lograron su aprobación. Líderes legislativos del Partido Independentista y el Partido Victoria Ciudadana respondieron sometiendo un proyecto que reconocía los derechos reproductivos y ratificaba el derecho al aborto, que tampoco logró aprobación.
En este cuatrienio, no obstante, el PNP ha asumido el liderato en promover la agenda de restringir los derechos reproductivos de las mujeres con el interés de atraer el voto de los sectores conservadores, y han logrado la aprobación de varios proyectos que limitan el derecho al aborto, pese a la oposición del Partido Independentista Puertorriqueño. Legislaciones aprobadas que reconocen personalidad jurídica al concebido no nacido o nasciturus, en cualquier momento de gestación, crean un clima de confusión en cuanto a la legalidad del aborto y a la protección del feto, que perjudica el trato médico, no sólo a las mujeres que desean terminar un embarazo, sino a las que desean parir y a todas aquellas en edad reproductiva, así como a las personas gestantes.
Aún así, podemos concluir, que, a pesar de estos intentos, la movilización conservadora no logrará revertir los cambios en las conciencias de las puertorriqueñas en reclamo de mayor autonomía y de que les corresponde el control sobre su capacidad reproductiva. Aún con prohibiciones y dificultades de acceso, las mujeres continuarán buscando los medios para controlar su fecundidad y para practicarse abortos en la medida que lo consideren necesario. La restricción del aborto no evitará que se practique, ni tampoco promoverá la natalidad. En todo caso hará a los abortos más inseguros e insalubres, sobre todo para las mujeres de menos recursos. El respeto y el derecho reconocido a las decisiones reproductivas de las mujeres y personas gestantes se mantiene como una condición para su salud, su vida y su participación más equitativa en nuestra sociedad y así lograr una democracia más profunda.
Mas la libertad y justicia reproductiva exigen, además, el crear las condiciones adecuadas de equidad de género y justicia social que les permitan a todas las mujeres y personas gestantes los espacios más amplios para decidir si desean parir y, cuándo parir y criar. Sin esta equidad de género y justicia social, las decisiones reproductivas se verán condicionadas por las oportunidades, necesidades y desigualdades a las que se enfrentan las diversas mujeres y personas gestantes en nuestra sociedad. Condiciones de desigualdad, precariedad y de presión social y económica dificultan que aquellas que lo deseen, decidan tener prole y puedan criar de la manera más adecuada.
La lucha por la equidad de género y la justicia social y reproductiva es la lucha por los derechos e inclusión de las mujeres y personas gestantes en toda nuestra diversidad y por una sociedad más democrática. El fortalecimiento de las definiciones de las mujeres principalmente como madres y el control de su capacidad reproductiva se presentan en estos momentos como un pilar de las políticas neoliberales y conservadoras que imponen la exclusión y la desigualdad social y que, en nuestro caso, se han vinculado a dinámicas políticas estadounidenses, además de las propias a nuestro país. La lucha por la equidad y la justicia reproductiva para las mujeres en toda su diversidad y para las personas gestantes se articula así con la oposición a la subordinación colonial y a las políticas neoliberales, así como contra políticas autoritarias conservadoras que pretenden restringir a las mujeres al rol de reproductoras y cuidadoras. Nuestro desafío es continuar promoviendo el reconocimiento de la articulación y las intersecciones de todas esas luchas y las alianzas necesarias para lograrla.
Ponencia presentada por la autora en la actividad del 30 de abril en CLARIDAD, Justicia reproductiva.
Buenas noches. Agradecida de esta invitación y encantada de estar aquí discutiendo este tema que tanto me ocupa. Me ocupa tanto este tema porque, entiendo que las restricciones sobre el aborto, las leyes de protección fetal y las limitaciones a la justicia reproductiva significan un entendido sobre la naturaleza de la participación política de las mujeres, sobre nuestra capacidad para tomar decisiones, sobre la necesidad de controlar nuestros cuerpos y al final de cuentas sobre nuestro valor en la sociedad. Trataré de explicar a qué me refiero.
Legislaciones que limitan derechos
En el cuatrienio pasado, se presentaron más de una decena de proyectos dirigidos a limitar el derecho al aborto. Muchos de esos proyectos fueron presentados por legisladoras del Proyecto Dignidad. Ninguno de los proyectos fue aprobado, gracias al trabajo constante de resistencia que presentamos diversos grupos de defensa de los derechos de las mujeres y derechos humanos. En este cuatrienio, el Partido Nuevo Progresista, en una evidente estrategia de atraer los votos del sector conservador ha tomado la batuta en esta estrategia de imponer una visión religiosa.
En este cuatrienio se han aprobado varias leyes que crean un andamiaje jurídico para la eventual prohibición del aborto y el control absoluto de nuestras vidas. Entre estas se encuentra la Ley 122-2025, firmada en octubre de 2025, que exige el consentimiento parental obligatorio para menores de 15 años no emancipadas. La ley establece protocolos estrictos que imponen a las clínicas el deber de hacer referidos al Depto. de la Familia y Justicia aún en los casos en que exista el consentimiento.
Al final de la sesión legislativa pasada también se aprobó la Ley 183 de 2025, mejor conocida como ley del nasciturus. Esta ley enmienda 3 artículos del Código Civil para darle personalidad y capacidad jurídica al no nacido desde el momento imaginario de la concepción. También se aprobó la Ley 166 de 2025 mejor conocida como la Ley Keishla Madlane. La ley enmienda los artículos 92, 93 y 100 del Código Penal para clasificar como asesinato en primer grado cuando se da muerte al concebido no nacido como resultado de una agresión a una mujer embarazada. Públicamente sus proponentes plantearon que la intención era reconocer como doble asesinato cuando la mujer asesinada estuviera embarazada. Sin embargo, un aspecto que no se discutió plenamente es que el inciso h del artículo 93 incluye la muerte del concebido sin depender del feminicidio. Por lo que el cuerpo de la mujer se distancia del feto en cuanto al establecimiento de la conducta criminal, incluso poniéndole en riesgo de ser procesada criminalmente. En febrero de este año se aprobó la Ley 18-2026, que enmienda nuevamente el Artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico para incluir al concebido en cualquier etapa de gestación como «ser humano» a efectos del delito de asesinato.
Estas leyes, aunque no impactan directamente el derecho al aborto, colocan a las mujeres y personas en edad reproductiva en una especie de suspensión de sus derechos durante el término del embarazo, les sujeta a una situación de vigilancia extrema, limitan la autonomía para tomar decisiones y pone en riesgo el acceso a servicios de salud.
El control de nuestras decisiones y violación de derechos
Limitar o prohibir el aborto implica obviamente que las mujeres con embarazos no deseados serán forzadas a completar su embarazo y parir. Aunque se trata de un procedimiento médico (en PR todos los abortos legales se realizan en oficinas médicas), las mujeres no tenemos el mismo derecho que el resto de la población de tomar decisiones de salud. En Puerto Rico, se reconoce como un derecho constitucional fundamental que las personas puedan rechazar tratamiento médico, aunque eso implique incluso la muerte[1]. Sin embargo, a las mujeres no se nos ,reconocería ese derecho. Por otro lado, y es algo que debemos desarrollar mejor, ¿no debemos exigir también el consentimiento para el embarazo y el parto? ¿por qué el sistema de salud exige consentimiento informado para abortar, pero no para continuar un embarazo y parir, aun cuando se trata de procesos médicos invasivos, riesgosos y con severas implicancias para la salud integral de niñas y adolescentes?[2]
Esto puede partir de varias premisas: por un lado, entender que los derechos de los no nacidos, fetos, cigotos van por encima de los derechos de la mujer; y, por otro lado, entender que las mujeres no tomamos decisiones éticas o razonables, lo que en esta visión requeriría que intervenga el estado, la legislatura, el marido, el tercero para controlar nuestras decisiones.
La autonomía para tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y nuestra reproducción está anclada en varios derechos constitucionales. Entre estos, el derecho a la dignidad que garantiza que toda persona sea reconocida como ser humano y tenga la posibilidad de disfrutar todos los derechos reconocidos a las personas y no como una mera incubadora. El derecho a la intimidad protege y garantiza la libertad para tomar decisiones sobre la vida privada, la vida familiar, cuándo y con quién formar una familia, si tener o no tener hijos, el derecho a tomar decisiones sobre el propio cuerpo y sobre el tratamiento médico. El derecho a la igualdad y la prohibición del discrimen por razón de sexo, también se ve restringido por estas limitaciones. Las leyes que reconocen personalidad fetal colocan a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar en una posición de tercera categoría frente al resto de la sociedad, su cuerpo y ejercicio de la razón se convierten en aparatos para la reproducción de la especie al servicio de los intereses del Estado, de instituciones y estructuras sociales ajenas a su voluntad. Ningún otro proceso reproductivo o de otra naturaleza que ocurre en el cuerpo de los seres humanos está sometido a una intervención estatal semejante.
En fin, las prohibiciones al derecho al aborto y las políticas que limitan nuestras decisiones reproductivas violan varios derechos constitucionales. De manera, que somos ciudadanas con menos derechos reconocidos. Esto limita la posibilidad de que las mujeres puedan participar de manera equitativa en la vida económica y social del país.
Cargamos con la responsabilidad sobre el remplazo poblacional
Ya la compañera Alice Colón abordó el tema del remplazo poblacional como argumento para controlar el derecho al aborto. Este tema se ha utilizado consistentemente por los legisladores y gobernantes para justificar estas restricciones. El gobierno de Puerto Rico y otros sectores de nuestra sociedad adjudican la responsabilidad en las mujeres y se nos responabiliza y culpa por los efectos sociales y económicos de la baja poblacional. Recientemente, por ejemplo, el Alcalde de Arecibo dijo públicamente “las mujeres no quieren parir pero pueden comprarse un carro y viajar”[3]. Esta dinámica de responsabilizarnos y culparnos lleva a funcionarios a proponer políticas públicas que tienen el efecto de forzarnos a la reproducción.
Por ejemplo, el proyecto de ley de la cámara 715 (que luego se convirtió en la Ley Keishla Madlane) establecía en su exposición de motivos lo siguiente: “[E]ste nuevo paradigma penal es necesario entre otras razones, ya que, desde el informe presentado por el gobernador en septiembre de 2013 por la Junta de Planificación, se nos advierte que el envejecimiento poblacional en Puerto Rico pone en peligro, según algunos escenarios, la supervivencia de nuestra raza puertorriqueña, y entre las razones de ese envejecimiento es el calo alarmante de la natalidad. Ese calo solo puede ser revestido con políticas públicas, también en el ámbito penal, que protejan y promuevan una mentalidad social sobre la vida, que nos libere del reduccionismo legal del naciturus al ámbito de la terminación del embarazo, y nos abra el horizonte legítimo del Estado en la promoción de la vida por nacer”[4].
El mensaje de la exposición de motivos es claro. No es solo culpar a las mujeres, sino incluso criminalizarlas cuando tomen decisiones sobre su cuerpo.
La tendencia del gobierno de limitar los derechos sexuales y reproductivas como alternativa para atender el reto demográfico no es única de Puerto Rico. Este tipo de legislación que se ha implementado en Estados Unidos, provocan la criminalización de la actividad y la conducta de las mujeres. Estas medidas entonces construidas bajo la premisa de que somos las únicas responsables del remplazo poblacional, buscan que las mujeres sean forzadas a reproducirse.
¿Decisiones libres?
En la alternativa, muchas personas, incluyendo grupos defensores de derechos y feministas, pregonan la decisión libre sobre la reproducción. Se plantea el problema como uno que distingue entre la defensa de la vida vs la defensa de la elección. “Mi cuerpo, mi decisión”. Esta postura presenta la reproducción como un asunto voluntario, individual, de preferencia. Sin embargo, hay que cuestionarse si estas decisiones son realmente libres.
El informe Estado de la Población Mundial 2018, de las Naciones Unidas, titulado El poder de decidir: Derechos reproductivos y transición demográfica concluye que ningún país puede afirmar que sus ciudadanos gozan de derechos sexuales y reproductivos y que pueden tomar decisiones libres sobre la reproducción.[5] Esta aseveración pone en perspectiva que las decisiones reproductivas son complejas y no dependen solo de la voluntad de las personas concernidas.
La capacidad de tomar decisiones reproductivas está profundamente afectada por otros factores externos como las condiciones socio económicas. De manera particular, las mujeres pobres que no tienen acceso a métodos de control de natalidad, tienen una capacidad decisional realmente reducida.[6] Este informe expone que, “[l]a mayoría de las parejas no pueden tener el número de hijos que desean porque carecen de los medios para controlar los embarazos o del apoyo económico y social necesario para mantener el tamaño de familia que desean”.[7] Incluso, según el informe, el tamaño de las familias está estrechamente relacionado con el ejercicio de los derechos reproductivos y otros derechos, como el derecho a la salud, la educación, la no discriminación y tener acceso a ingresos adecuados.
Más allá de la voluntad o la decisión propia de la mujer, debemos mirar otros criterios como (1) carencia de servicios de atención de salud; (2) dificultad de acceder a tecnologías de reproducción asistida; (3) educación sexual integral escasa y de mala calidad; (4) barreras económicas; (5) condiciones de trabajo con salarios precarios o sin posibilidad de tiempo para el cuidado; (6) desigualdad de género institucionalizada; (7) violencia de género; (8) pobreza; (9) estatus migratorio; (10) responsabilidad del cuidado; y (11) respeto por los derechos sexuales y reproductivos.
Criminalización y vigilancia
Las leyes que reconocen personalidad fetal colocan los derechos y la libertad de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar en suspenso durante el embarazo. Al concederle personalidad jurídica al concebido no nacido, se prioriza el bienestar del feto por sobre el bienestar de la persona embarazada. Leyes que conceden personalidad fetal exponen a las mujeres a la criminalización y a la vigilancia permanente.
La criminalización de mujeres a partir de leyes de protección fetal no es una especulación exagerada. Hay evidencia clara y documentada de que la criminalización de mujeres por decisiones reproductivas, pérdidas de embarazo y conducta durante la gestación ha aumentado significativamente desde la revocación de Roe v. Wade en 2022, en el caso Dobbs v. Jackson.
En los primeros dos años post-Dobbs (junio 2022 a junio 2024), se documentaron 412 casos de criminalización del embarazo en 16 estados por conducta vinculada al embarazo, pérdida gestacional o parto, según el estudio de seguimiento de Pregnancy Justice[8]. La mayoría ocurrió en Alabama (192 casos) y Oklahoma (112), seguidos por Mississippi, Ohio, Carolina del Sur y Texas. Todos tienen lenguaje de “personalidad fetal” incorporado en sus leyes[9].
Según Pregnancy Justice[10], cuando el lenguaje de personalidad fetal está incorporado en los códigos penales, puede usarse y es usado para investigar y criminalizar a personas embarazadas y a sus proveedores médicos. Este fenómeno afecta de manera desproporcionada a mujeres negras, latinas e indígenas debido al racismo sistémico.
Esto se repite alrededor del mundo. En los países donde se criminaliza el aborto o se reconocen derechos al no nacido, las mujeres y sus médicas son criminalizadas. Según un estudio[11] publicado en 2023, que analizó datos de 182 países, en 134 países se penaliza a la mujer que busca un aborto, en 181 países se penaliza a los proveedores de servicios, y en 159 países se penaliza a quienes asistan en el procedimiento.
El Salvador es el caso más grave. El Salvador criminalizó totalmente el aborto en 1997 y en 1999 modificó su constitución para reconocer el “derecho a la vida” desde la concepción. Esto significa que cualquier embarazo que termine antes del nacimiento puede convertir a una mujer en criminal, incluyendo eventos relacionados a emergencias obstétricas. En algunos casos, esto conlleva acusaciones de homicidio agravado con hasta 50 años de prisión[12].
En total, El Salvador ha enjuiciado al menos a 181 mujeres que experimentaron emergencias obstétricas en las últimas dos décadas, según el Grupo Ciudadano para la Despenalización del Aborto. Al menos 65 mujeres encarceladas han sido liberadas con ayuda de la organización y sus aliados. «En todas partes del mundo se entiende que hay pérdidas de embarazo por razones naturales… Aquí, eso se castiga,» dijo Morena Herrera, directora de la organización[13].
La vigencia de leyes que penalizan de forma absoluta el aborto en El Salvador ha derivado en un patrón sistemático de criminalización contra mujeres que enfrentan emergencias obstétricas, tales como abortos espontáneos o partos extrahospitalarios. Esta realidad se manifiesta de forma aguda en casos de mujeres en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, quienes, tras sufrir complicaciones médicas, son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado y condenadas a penas que oscilan entre los 30 y 40 años de prisión[14]. Ejemplos terribles de lo anterior son los casos de Teodora del Carmen Vásquez y Mayra Figueroa, quienes cumplieron más de una década de prisión antes de que sus penas fueran conmutadas tras intensas campañas de defensa y presión internacional[15].
Sin embargo, el caso más trascendental es el de Manuela, quien falleció en prisión tras ser condenada injustamente. En 2008, “Manuela sintió un fuerte dolor pélvico y abdominal. Se dirigió rápidamente a una letrina que quedaba a unos metros de su casa …En ese momento, mientras creía sufrir indigestión estomacal, tuvo una emergencia obstétrica: expulsó un feto y se desmayó. Su madre consiguió pagarle a un vecino para que la llevara al hospital, donde ingresó con una fuerte hemorragia y síntomas de preeclampsia.” [16]
En el hospital el personal médico, en vez de atenderla, la acusó de provocarse un aborto para esconder una supuesta infidelidad y llamaron a la policía. Manuela fue condenada a 30 años de prisiónpor el delito de homicidio agravado. Dos años después, en 2010, murió de cáncer, esposada a una cama de hospital. El caso de Manuela culminó en una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual determinó que el Estado salvadoreño es responsable por la violación de derechos fundamentales al tratar una emergencia de salud como un hecho delictivo[17].
La criminalización y vigilancia también afecta a proveedoras de servicio. Ya han ocurrido casos concretos de médicos y médicas que han tenido que enfrentar consecuencias penales, administrativas y civiles por ejercer la medicina. Solo por mencionar un ejemplo, me refiero al Caso de la Dra. Margaret Carpenter. Este es el primer caso en el que se imponen cargos criminales contra un médico por recetar píldoras abortivas a pacientes en otro estado. La Dra. Margaret Carpenter, cofundadora de la Abortion Coalition for Telemedicine, fue procesada penalmente en Louisiana por recetar medicamentos abortivos a pacientes en otro estado[18]. En Louisiana, se le acusó formalmente por violar la prohibición casi total del estado. La ley de Louisiana permite que los médicos condenados por practicar abortos —incluyendo con píldoras— sean sentenciados a hasta 15 años de prisión y multados con hasta $200,000.
Incluso sin procesamientos formales, el miedo a la criminalización está cambiando radicalmente la práctica de la medicina. En un estudio se entrevistaron a 22 proveedores de salud reproductiva en Tennessee en los seis meses posteriores a la implementación de la prohibición total de aborto en 2022. Los profesionales de la salud describieron la necesidad de protegerse de la responsabilidad penal y dijeron que eran cada vez más reacios a brindar la atención que sus pacientes necesitaban.[19]
Aunque hasta ahora ningún médico o médica ha sido formalmente condenado y encarcelado exclusivamente por practicar un aborto, el panorama muestra investigaciones, multas, amonestaciones de juntas médicas, cargos criminales interestatales, y un efecto paralizante que está transformando la práctica médica, reduciendo el acceso a atención de emergencia obstétrica y provocando una fuga de médicos de estados con prohibiciones totales.
Esto ya lo advirtió en Puerto Rico el Colegio de Médicos Cirujanos. Ante la aprobación de la Ley del nasciturus, más de 300 médicos advirtieron que esta ley afectará la relación médico-paciente, “podría criminalizar a mujeres y médicos en eventos de pérdida de embarazo por causas médicas, creando un ambiente de incertidumbre y miedo en la práctica clínica”[20]. Esto al final afecta el acceso a la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Para concluir
Hay muchas otras razones por las cuales las políticas públicas y leyes que restringen nuestros derechos sexuales y reproductivos me preocupan y ocupan tanto. No me da el tiempo para contarles todo. Quizás en otra ocasión podemos conversar sobre la manera antidemocrática en que se aprueban estas leyes a espaldas de las opiniones expertas y de la participación ciudadana. O cómo se justifican con interpretaciones equivocadas y colonizadas del derecho. O el ataque conservador a las izquierdas y los feminismos (solo por mencionar un ejemplo, recientemente en una actividad celebrada en una escuela de derecho, una psicóloga aseveró que “que el feminismo es un mecanismo de control del comunismo” y que “la educación pública gratuita también es una conspiración feminista para que las mujeres entren a la fuerza laboral a ser esclavizadas y los niños sean indoctrinados”). O cómo se instalan discursos religiosos conservadores que atentan no solo contra nuestros derechos, sino contra los derechos de todas las personas que defendemos la justicia social. Pero no tenemos suficiente tiempo. Por eso, esta conversación debe continuar y vincularse nuestra lucha con la defensa de todos los derechos que se ven amenazados por los conservadurismos y el autoritarismo fascista que avanza en los espacios de poder.
Los cuerpos de las personas con capacidad de gestar no son territorios de conquista. Son tierra soberana. La autonomía sobre nuestros cuerpos, nuestras decisiones y nuestros futuros se defiende en las clínicas, en las legislaturas, en las calles y en cada conversación como esta.
Ponencia presentada por la autora el 30 de abril en el conversatorio en CLARIDAD, Justicia reproductiva.
Notas
[1] Véase el caso Lozada Tirado v. Tirado Flecha 2010 TSPR 009
[5]El poder de decidir: Derechos reproductivos y transición demográfica, disponible en: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2018_ES_SWP_Estado_de_la_Poblacion_Mundial.pdf
[14] Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Ético, Terapéutico y Eugenésico. (2021). Del hospital a la cárcel: Impactos de la penalización absoluta del aborto en El Salvador. San Salvador.
[15] Amnistía Internacional. (2015). Separadas, aisladas y encarceladas: Mujeres encarceladas por complicaciones relacionadas con el embarazo en El Salvador. Índice: AMR 29/004/2014.
[17] Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2021). Caso Manuela y otros Vs. El Salvador. Sentencia de 2 de noviembre de 2021 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C No. 441.
El 27 de marzo llegué al National Portrait Gallery del Smithsonian con la expectativa habitual de quien entra a un templo de imágenes consagradas. Estoy en Washington, además, por una semana intensa de conferencias sobre ancestralidad y negritud en University of Maryland donde soy Keynote speaker, invitada por el Dr. Miguel Valerio, cuya obra investiga los procesos de la dicha —ese “joy” que él mismo nombra como práctica política y espiritual en sus estudios sobre cultura y literatura afrocentrada. Su libro Sovereign Joy explora la performatividad festiva de reyes y reinas negres en comunidades afro-mexicanas entre 1539 y 1640, proponiendo la alegría como una forma de soberanía y libertad.
El mármol del Smithsonian impone silencio. Las pinturas vigilan. Las esculturas parecen custodiar una historia que, demasiadas veces, nos ha dejado fuera. Camino entre pasillos donde la solemnidad se respira, donde cada retrato parece fijar una versión oficial del mundo.
Entonces ocurre.
Me detengo frente al rostro de la emblemática pintura de Toni Morrison, y en ese gesto íntimo de reconocimiento —de escritora a escritora— algo se abre. Más adelante, aparecen nombres que dialogan con mi memoria cultural: Diógenes Ballester y Tite Curet Alonso. Hay una genealogía dispersa allí, pero presente. Sin embargo, nada me prepara para el choque que viene después.
Doblo una esquina y me topo con el portal de Hebras y Vejigantes.
No es un encuentro leve. Es un golpe de electricidad. Ya lo he dicho, un portal, una simulación cuántica donde les cuerpes negres boricuas se salen con la suya. Es una sacudida que atraviesa la piel y se instala en el pecho. En medio de la institucionalidad del museo, la obra no se acomoda: irrumpe. Reclama. Respira.
La pieza —creada por Gloriann Sacha Antonetty Lebrón y Juan Pablo Vizcaíno Cortijo— forma parte de la exposición Outwin 2025 y ha sido reconocida con el Premio del Público. No es un dato menor. Es una señal de que algo se está cuajando desde la mirada colectiva.
El video, de cinco minutos, entrelaza la poesía de Antonetty Lebrón con la tradición visual del vejigante/vegiganta de Vizcaíno Cortijo. Pero describirlo así es quedarse corta. Lo que sucede en pantalla —monitores gigantes — es otra cosa: una coreografía de identidades negras que se afirman, que se miran, que se saben. Rostros, peinados, máscaras, vestimentas —todo estalla en una paleta de colores que no pide permiso.
Las imágenes no solo muestran: interpelan. Bailan, giran, parpadean.
En ese instante, mi propia trayectoria reciente entra en diálogo con la pieza. Llevo poco tiempo relacionándome, trabajando a la vejiganta como elemento cultural. Durante décadas, el vejigante varón fue la norma, una figura central del imaginario festivo puertorriqueño que reproducía, incluso sin proponérselo, ciertas jerarquías de género. Sin embargo, desde la publicación del “Libro de lasAfrodivinidades Cüiruba”, en 2025 mi curiosidad se ha desplazado hacia otras encarnaciones: vejigantas femmes, femeninas o feminizadas, que ocupan con nuevas narrativas del cuerpo y la máscara.
Pienso, por ejemplo, en la obra de Carely Pizarro Cortés, particularmente en Dolores (2023), una pieza en coco, acrílico y textil (7” × 22” × 6.5”), donde la materialidad misma parece respirar una feminización del mito. Esa línea de trabajo resignifica la máscara no solo como símbolo festivo, sino como territorio de género, como archivo vivo de otras posibilidades identitarias.
Para mí, gestora del proyecto #YoResucitoAncestras y afirmada en un posicionamiento afrofeminista, la existencia de la vejiganta —no del vejigante anclado en la raíz masculina— implica una reconfiguración profunda de la epistemología cultural caribeña. La vejiganta abre una grieta en el archivo colonial del saber y permite la emergencia de epistemes afrocentradas donde los afrosaberes mujeriles, cuirizados y ancestrales no son apéndices, sino núcleos de conocimiento. En ella se conjugan cuerpo, máscara y memoria como tecnologías de resistencia, pero también como portales de re-existencia. Nombrarla, producirla y reconocerla es disputar quién tiene derecho a encarnar la tradición, quién puede habitar el mito y desde qué corporalidades se narra la historia. La vejiganta no es una variación: es una insurgencia epistemológica.
Por eso, al enfrentar Hebras y Vejigantes, no solo observo: reconozco. Hay una continuidad, una conversación abierta entre estas prácticas. La obra no solo visibiliza; también expande.
Recuerdo entonces mi vínculo con la poesía de Sacha. Soy lectora de su poemario Hebras, desde que fuera publicado en 2016. Desde entonces, su palabra ha sido una forma de tejido: memoria, tenacidad, cuerpa y negrura. Escuchar ahora su poesía dentro de esta instalación es como si aquellas hebras iniciales hubieran encontrado una expansión inevitable, — un crecimiento, como el de las pasas en el cabello —una encarnación visual que desborda la página. La página es ahora sonoridad, ruido, tambor y mapa de escape.
“Mirarnos en el espejo y ver lo que fuimos en el pasado. El clan en cimarronaje, la tribu que resiste la colonia, la trata, el racismo y otros ‘ismos’…”, dice su poema.
Y allí, en Washington, ese verso no es metáfora: es presencia.
Ser afroboricua en ese espacio transforma la experiencia. No estoy simplemente observando una instalación; estoy siendo atravesada por ella. Pienso en las conversaciones sostenidas durante la semana en Maryland y en la propuesta de Sovereign Joy: la dicha como práctica insurgente, como archivo vivo, como gesto de poder. Comprendo entonces que Hebras y Vejigantes también encarna esa soberanía: una celebración que no evade la historia, sino que la enfrenta con color, soberanía y victoria, y que abre espacio a estas otras corporalidades —las vejigantas— que hoy reclaman su lugar.
La pieza no está expuesta: está en resistencia.
A mi alrededor, el público se detiene. Observa. Se queda más tiempo del habitual. Hay algo en esa energía que convoca, que no permite la indiferencia. El People’s Choice Award no sorprende; confirma lo evidente: la obra conecta, transforma.
Salgo de la sala con el pulso alterado. La solemnidad del museo ya no pesa igual. Algo ha sido desplazado. Algo ha sido nombrado… mostrado. Visibilizado.
El 27 de marzo, en Washington, las hebras no solo se mostraron: se alzaron. Y en su alzamiento, nos recordaron que el epistemicidio negro quedó en el pasado. Este es un presente que insiste, que exige, que crea, que también goza —como insiste Valerio— y que reclama su lugar, incluso en los espacios donde antes no se le permitía transitar.
—
La autora nació en Guaynabo, Puerto Rico. Dirige el Programa de Escritura Creativa de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales desde 2015. Ha recibido los premios PEN (2006, 2012, 2018, 2024) Instituto de Cultura Puertorriqueña (2012) y Letras Boricuas (2022.) Su publicación más reciente es Las Negras (Penguin Random House, 2025). Su obra se ha traducido al alemán, francés, italiano, inglés, portugués, húngaro y kreyol.
El reconocimiento ocurrió en el Centro Bellas Artes, en Caguas
En Rojo
La verdadera riqueza de una comunidad es su cultura, dice el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. La mejor forma de comprometerse con su futuro –añade frente a una audiencia atenta– es sabiendo escoger las mejores herencias de su pasado. Por eso la organización preserva el legado de poetas y escritores como Federico García Lorca, Miguel de Unamuno, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Y ahora, por primera vez en su historia, preservarán la obra de un autor puertorriqueño: Luis Rafael Sánchez.
Desde el Centro de Bellas Artes de Caguas, el novelista recibió la llave de la Caja de las Letras 1,208. Los rostros ansiosos de los oyentes comparten las más desorbitantes loas. Los rostros se vuelven a la mano que porta la llave, la gracia, el son de hechura casera. Un guau pincha y revienta los silencios descolgados. Hay una ovación que dura once segundos y un poco más.
“La alegría y el honor de ese compromiso con el futuro que es la obra de Luis Rafael se resume en una cita de Angélica Varela Llavona… Desde su icónica novela La guaracha del Macho Camacho hasta sus ensayos, cuentos y obras teatrales, ha construido un universo literario en el que el Caribe no es solo un escenario, sino un personaje vivo que respira, canta y se rebela”, compartió García Montero.
El director continúa diciendo qué bien es entenderse en español desde Bogotá, Buenos Aires, Salamanca y San Juan. Cuenta que los español conforman el 9 % de los hispanohablantes a nivel mundial, y que resulta imprescindible respetar la diversidad de cada manifestación de la lengua. Lo contrario sería imperialista y ridículo, agrega aludiendo a ciertos gobiernos autoritarios de la época corriente. Un aplauso de ocho segundos intenta destronar la ovación del autor.
Fotos por Christian Medina Rosado
“Es un escritor que, como todos los grandes escritores, no solo representa su identidad, el lugar donde aprendió a vivir, sino que representa un diálogo transnacional. Fue a Nueva York muy joven, volvió en 1963. Ha representado un diálogo transnacional donde se aprende a defender lo otro, pero no para negar, sino para entender con lo otro en una conciencia amplia”, continuó el director.
García Montero recuerda a Julio de Burgos cuando lee a Sánchez, cantarte a ti tan solo me despierta; recuerda a Luis Palés Matos, en la clara bahía de tu cuerpo por los soles del trópico bruñido; recuerda el desinglés, desholandés, desfrancés, el sofritado español que condimenta la flor del desfolclor de José Luis Vega.
“Por eso, es un honor para mí traerle aquí, a su tierra, la llave de la Caja de Depósitos 1,208, donde vamos a custodiar y a cultivar su herencia como compromiso para el futuro”, remata el crítico literario. Un último aplauso de dieciséis segundos vence a los demás. El maestro sonríe antes de hablar.
“La palabra puertorriqueñidad invita al debate. Unos detestan su significado por considerarlo fatuo. Otros aplaudimos su significado por considerarlo honroso. Algunos rechazan dicha palabra disque por rotular imprecisiones. Son imprecisas otras palabras con las cuales puertorriqueñidad semánticamente: italianidad, vietnamidad, mexicanidad, ucranianidad, dominicanidad, norteamericanidad. No lo sé. Unas y otras aspiran a precisar las cualidades intrínsecas de un país, de resumirlas en una palabra que satisfaga a cuantas allí vayan y a cuantos de allí proceden. Ni palabreja, ni palabrucha ni palabrota. La palabra puertorriqueñidad sintetiza la emoción saludable y el razonamiento fértil que auspicia el lugar donde se nace, donde se crece, donde se principia la juventud y encarrila la adultez”, declaró Sánchez.
Para el autor de La guagua aérea, La pasión según Antígona Pérez y otras más, la patria es un punto de partida y referencia en toda su obra. «Como si algo nos abrazara con zeta y nos abrazara con ese». Continúa citando a Hostos, a El Topo, Ana Lydia Vega y otros escritores del país y compartió su esperanza en generaciones nuevas de autores como Xavier Valcárcel y Cezanne Cardona. Con diez obras de la literatura local que le agradan, el maestro concluyó el discurso que tituló País mío, país nuestro.
La actividad continuó con una discusión del estado y el quehacer literario en el mundo hispanohablante. Manolo Núñez Negrón moderó la conversación en que ambos autores destacaron los cambios tecnológicos, la producción de obras en países como Colombia y la integración del habla popular en la literatura. Al final, el Municipio de Caguas obsequió a los conferenciantes con canastas y otros detalles.
Desde el Centro de Bellas Artes de Caguas, el novelista recibió la llave de la Caja de las Letras 1,208. Los rostros ansiosos de los oyentes comparten las más desorbitantes loas. Los rostros se vuelven a la mano que porta la llave, la gracia, el son de hechura casera. Un guau pincha y revienta los silencios descolgados. Hay una ovación que dura once segundos y un poco más.
