La Fundación Juan Mari Brás, defendió la validez de la ciudadanía puertorriqueña, ante lo que describió como la desesperada gestión de la Cámara de Representantes de aprobar una resolución que ordena al Departamento de Estado de Puerto Rico cesar la expedición de certificados de ciudadanía puertorriqueña.

Según la resolución aprobada en días recientes por los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) la ciudadanía puertorriqueña “es incompatible con el ordenamiento jurídico vigente”. En comunicado de prensa la Fundación Juan Mari Brás recordó que el Certificado de Ciudadanía Puertorriqueña emitido por el Departamento de Estado de Puerto Rico no es un mero papel administrativo ni un capricho identitario. Citó que el propio Juan Mari Brás sostuvo que la ciudadanía de Puerto Rico es “reconocida a los puertorriqueños por la Ley Foraker de 1900 es una de carácter nacional y es la que corresponde a los puertorriqueños tanto bajo el Derecho de Gentes o Natural, como bajo el Derecho Internacional positivo, que incluye -en lo que a Estados Unidos respecta- el Tratado de París de 1898, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención Interamericana de Derechos de los Ciudadanos de este hemisferio”.

La directora de la Fundación JMB, Mari Mari Narváez, indicó que “la defensa de la ciudadanía puertorriqueña y de su correspondiente certificado emitido por el Departamento de Estado de Puerto Rico se fundamenta en nuestra identidad nacional reconocida internacionalmente a través de nuestros representantes en diversos ámbitos culturales, académicos, científicos, deportivos, así como en argumentos jurídicos, constitucionales e internacionales de gran solidez”.

Reclamó que hoy la ciudadanía puertorriqueña posee una base jurídica e implicaciones internacionales pragmáticas que no pueden borrarse de un plumazo por las inseguridades políticas de los políticos del patio, que observan impotentes la fragilidad de la llamada ciudadania estadounidense de las personas en Puerto Rico.

Señaló que las inseguridades por los vaivenes de la política colonial no pueden pretender “destruir la única ciudadanía que tenemos las personas de Puerto Rico por derecho propio y natural y que es a prueba de cualquier desenlace político en nuestro país»

La directora de la FJMB apuntó que los que promueven esa resolución lo hacen ante la evidencia incontestable de la vitalidad y orgullo patrio con que la mayoría de los puertorriqueños celebran su nacionalidad y su cultura.

“No soportan ver cómo el mundo admira, reconoce y celebra la nacionalidad puertorriqueña en todo su esplendor”, dijo la Lcda. Wilma Reverón Collazo, presidenta de la Junta Directiva de la Fundación. . “Podrán aprobar resoluciones en contra del Certificado de Ciudadanía Puertorriqueña pero no podrán borrar el contenido de esa ciudadanía. Esa ciudadanía tiene reconocimiento en organismos internacionales como el Comité de Descolonización de la ONU que año tras año se expresa reconociendo la identidad latinoamericana y caribeña del Pueblo de Puerto Rico”.

CLARIDAD

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La Junta de Control Fiscal (JCF) impuesta por el Congreso de Estados Unidos está diseñada para quedarse, reafirmaron los exponentes del foro Una Junta Diseñada para Quedarse: Poder, Permanencia y condiciones de salida para PROMESA, presentado por la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, en inglés), capítulo de Puerto Rico.

Celebrado en semanas recientes en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y moderado por la directora ejecutiva de ACLU, licenciada Annette Rodríguez Orabona,  en él participaron las licenciadas Jessica Méndez Colberg, Annie Rivera, la profesora María del Mar Rosa Rodríguez, el economista José Caraballo Cueto, el periodista Luis Valentín y el licenciado Fermín Arraiza Navas.

La discusión se enmarcó en lo que ha significado la imposición de la JCF para el país, imposición que en septiembre de este año cumple diez años y  en si de verdad ese ente fiscal tiene fecha de salida.

Para la licenciada Méndez Colberg, el problema con la alegación de que la Junta es temporera es que  cuando se mira la ley PROMESA es difícil concluir que esta tenga fecha de  expiración. Lo que establece la ley, en su Sec. 209, sobre las condiciones bajo las cuales la Junta terminaría sus funciones, es que  Puerto Rico logre acceso a los mercados a corto y largo plazo a tasas razonables y tenga cuatro presupuestos balanceados consecutivos de acuerdo a los estándares de contabilidad de la ley federal.

La experta en la ley PROMESA puntualizó que la parte más importante de esa sección es la que dice que es la Junta misma la que certifica que esas condiciones se han dado, para ellos terminar sus funciones. “Así que el Congreso creó una entidad que no tiene fecha de expiración, que tiene unos poderes extremadamente amplios y que es la que va a decidir cuándo va a terminar sus tareas en Puerto Rico: ese es el diseño de PROMESA”.

Méndez Colberg cuestionó si a 10 años de la aprobación de PROMESA “todavía podemos creer que la JCF viene a salvarnos, a velar por los intereses del pueblo de Puerto Rico, a reestructurar  esa deuda para que Puerto Rico pueda seguir ofreciendo los servicios esenciales a su gente, que es el propósito de una quiebra municipal”.

La respuesta a esta interrogante es que la realidad es que no, contestó.  Señaló que la Junta vino a controlar, dado a que la ley, en la sección 201, dice que la Junta es la que va a certificar el plan fiscal, a hacer el presupuesto.  La sección 204 permite que la Junta pueda  impugnar legislación que entienda que es inconsistente con los propósitos de PROMESA, según interpretado por la misma Junta. Además, la sección  315 dice que es la Junta la que representa exclusivamente al deudor en los procesos de reestructuración de deuda y que ni el ejecutivo ni el legislativo de Puerto Rico pueden establecer ningún tipo de control sobre la JCF.

“Una dictadura  no se impone con una fecha de expiración”, resumió. El problema es que la JCF no necesariamente fiscaliza el cumplimiento de unas condiciones objetivas, sino lo que entiende por  responsabilidad fiscal, establece las reformas institucionales a base de lo que ellos entiendan y cuando se ve el resultado. Es que la excepción hace la norma: lo que se justificó en un momento como una medida extraordinaria para atender la crisis ahora se ha  marcado como el funcionamiento del gobierno.

En tanto, el economista Caraballo Cueto reparó en que a nivel mundial han habido muchísimas crisis de deuda y no ha habido una JCF. Aun dentro de EE. UU. se han resuelto crisis de deuda sin una junta. Señaló que el apoyo del pueblo a la JCF ha bajado de un 72 %  a los dos años de su imposición a un 2 % actualmente.  Coincidió con Méndez Colberg en su señalamiento de que la JCF se ha extendido en su  supervisión al interceder en prácticamente todo el gobierno e incluso  hasta legislado. Como ejemplo  expuso que la Junta rechazó una resolución legislativa  para pagar las acreencias de la Autoridad de Puertos y se fue por encima de la Legislatura para legalizar la privatización de los muelles.

“Diez  años después es que están preparando un plan de crecimiento económico, cuando era por ahí por donde había que empezar, porque no hay crecimiento económico.  No se puede estar en unos Hunger  games a ver quién se va primero”.

Apuntó que la JCF tiene  un conflicto de intereses muy grande al ser esta la que establezca sus propias condiciones para poner fin a su intervención. Hizo alusión a los $300 mil al año, que es el sueldo del director ejecutivo, como un conflicto de intereses.

Por su parte, el periodista Luis Valentín, quien ha realizado extensos reportajes investigativos sobre el ente fiscal, afirmó: “La junta no se quiere ir, no lo digo en un vacío. La Junta asegura que trabaja para Puerto Rico,  pero es todo lo contrario”.

Expuso que ha podido ver las operaciones de la Junta día a día: tiene un espacio grandísimo, más de dos pisos, toda una oficina identificada, alrededor de 10 empleados, aproximadamente $70 millones de presupuesto y, más allá de eso, los correos que ha obtenido entre el gobierno y la Junta reflejan que en el trabajo diario, para que una agencia de gobierno haga una transferencia de $1.50, tiene que iniciar un proceso con un empleado de la Junta.

“Eso está pasando constante, todo el tiempo. El empleado del gobierno tiene que ajustarse a eso”. A lo anterior denunció que existe una  puerta giratoria entre el gobierno y la JCF de personas que han trabajado en el gobierno y luego trabajan en la Junta.

Consecuencias de carácter permanente 

 Mientras, la licenciada Annie Rivera, experta en temas de vivienda, hizo énfasis en que, aunque la Junta no es permanente, sus consecuencias sí son de carácter permanente. Un ejemplo es la creación del  Comité de Evaluación de Disposición de Bienes Inmuebles, cuyas consecuencias son una  violación de derechos humanos a través de la vivienda. Dijo que esto ha pasado por debajo del radar.

Este comité se encarga de revisar todas las disposiciones de bienes inmuebles que hacen todas las agencias administrativas y su artículo 5 deja sin efecto todos los demás reglamentos de disposición. El  comité ha establecido que hay que presentar una serie de documentos para todo tipo de disposición de bienes inmuebles, desde las escuelas en desuso hasta títulos de propiedad de viviendas. Establece, además, que los arrendamientos y los usufructos no se pueden conceder si hay más de una persona o corporación interesada en el inmueble, en ese caso se va a proceso de subastas.

La licenciada Rivera apuntó que los procesos de subastas gubernamentales también tienen una reglamentación a la que las familias y organizaciones no gubernamentales no  pueden acceder. A esto se añade el que la JCF le ha exigido al CRIM emitir 8 mil facturas mensuales, es  decir  96 mil facturas anuales. Denunció que esto tiene impacto en las familias porque ahora la familia que tenga una  deuda con el CRIM se va a someter a subasta de bienes inmuebles. “Eso no es otra cosa que las personas van a perder sus hogares a raíz de la deuda si no tiene acceso. Como podemos ver, los efectos no solo son a nivel de derecho, es que tienen un efecto directo en el día a día de las familias de Puerto Rico”.

La Universidad de Puerto Rico y la Junta

La profesora María del Mar Rosa Rodríguez expresó que desde un campo más discursivo, más ideológico, desde las humanidades y el sindicalismo, ve a la Universidad de Puerto Rico (UPR) como un proyecto social educativo; social y político que  funciona como un microcosmo del país. A su juicio, la política de la JCF  de controlar la UPR, desmantelarla su autonomía, ahogarla con recortes insostenibles y provocar una ruptura de shock  hace a la UPR una metáfora del plan de desmantelar el país entero.

La doctora Rosa Rodríguez planteó que para enfrentarse a la Junta lo primero es presentar  la ingobernabilidad. “A  la Junta no la sacamos diciendo que la Junta no vino a gobernar. Tenemos que salir a denunciarla y desmoralizarla con nuestra ingobernabilidad y estrategias concertadas entre diversos sectores”.

Una de las cosas que dijo es que hay que atacar es lo que se repite en la radio de que la Junta es un mal necesario. La junta tiene demasiado poder y hay que ceder y obedecer para que se vayan más rápido. Reconoció que hay  mucha apatía y mucha resignación,  por lo que exhortó a hacer trabajo organizativo  para transformar esa apatía en acción estratégica y transformar esa resignación en resistencia.

“La Junta no es tan fuerte como se presenta. No son invencibles, está compuesta por seres humanos con nombre y apellido que tienen mucho que perder. Hay que buscar sus debilidades, hay que tomar una ofensiva distinta, creativa, desde las aulas, desde las cortes y desde todos los espacios. Buscar maneras creativas de quitarles el sueño, de quitarles la paz y el poder”.

Los derechos humanos y la Junta

En su turno, el licenciado Arriaza Navas, director legal de ACLU, coincidió con que la Junta es un gobierno superpuesto sobre nuestro gobierno electo, “nos guste o no nos guste’.

Repasó que el ELA (Estado Libre Asociado)  no tiene inmunidad ni tiene soberanía, pero la Junta sí. Para el experto en derechos civiles, cuando se discute el tema sobre la permanencia de la JCF, se tiene que hacer un análisis desde una perspectiva histórica, económica, social y política; pero también se tiene que ver cómo la Junta ha afectado nuestros derechos civiles.

Expuso que desde el 1984, la eliminación de que Puerto Rico tuviese la posibilidad de atender problemas económicos a través de la ley de quiebra abona a la crisis, a que se elimine una deuda. Los especialistas dicen que por ser Puerto Rico un territorio, supervisar la deuda le tocaba a las  organizaciones internacionales encargadas de supervisar cómo se administran las colonias, y eso en Puerto Rico dejó de pasar desde el 1953, cuando se instauró el ELA.

En esa dirección, denunció como mentira el decir que el objetivo de PROMESA es restaurar el crédito contributivo de Puerto Rico. “Eso es una mentira: la Junta se creó para hacer posible el pago de una deuda multimillonaria a los bonistas, la Junta responde a compañías millonarias en Wall Street, la Junta no representa al ELA”.  Denunció, también, que las políticas neoliberales de privatización impuestas por la JCF a los servicios esenciales que son responsabilidad del Estado es una violación a los derechos civiles.

Por último, censuró el que la JCF se haya encargado de atribuirse unos poderes que no tiene en ley, al  paralizar todos los pleitos que había de derechos civiles en Puerto Rico cuando se radicó la quiebra en el 2017, por lo que van casi 10 años en que los pleitos de derechos civiles estén paralizados en la Corte Federal.