Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Con visitas inesperadas, distribución de cuestionarios sin orientación ni aviso previo; en un proceso a espaldas de los mismos directores escolares, maestros, padres, madres y estudiantes, a los que se les mantiene al margen, y contrario a lo dispuesto en la Ley 85, es como el Departamento de Educación (DE) está implantando las escuelas chárter. 

Tanto las comunidades escolares, como el Comité Timón de Padres y Madres de Educación Especial han denunciado que el proceso de privatización que el gobierno llama “escuelas alianzas”, atenta contra el derecho a la educación de todos los estudiantes, pero en particular contra los estudiantes del Programa de Educación Especial (PEE). 

Tanto las comunidades escolares, como el
Comité Timón de Padres y Madres de Educación Especial han denunciado que el proceso de privatización que el gobierno llama “escuelas alianzas”, atenta contra el derecho a la educación de todos los estudiantes,
pero en particular contra los estudiantes del
Programa de Educación Especial (PEE). 

La situación más reciente surge en la Escuela Ramón Marín Solá, de la urbanización Muñoz Rivera, en Guaynabo. La escuela de kinder a quinto grado tiene 300 estudiantes, de los cuales 134 están en el PEE y en Salón Contenido. En entrevista con este semanario, la portavoz del Comité de Padres y Madres de la escuela, María Rivera, denunció que se enteraron en el mes de octubre de que la escuela está en la lista de posibles escuelas chárter, cuando de manera inesperada, se presentó al plantel un grupo de personas repartiendo un cuestionario con preguntas tales como si estarían de acuerdo con un programa de robótica en la escuela, y otra serie de preguntas sesgadas a favor del sí. La última de las preguntas era si estaban de acuerdo con las escuelas chárter.

Las chárter la orden del día

Fue un grupo de maestras desplazadas de la Escuela Juan Domingo en Guaynabo tras ser cerrada las que dieron la voz de alerta de que la visita tenía el propósito de una supuesta consulta sobre escuelas chárter. El grupo fue identificado como personal de Techno Inventors, del privatizador César Cabrera, quien precisamente ha procurado el cierre de la Escuela de Juan Domingo. “Se empezó a correr la voz y se sacaron de la escuela”.

Rivera expresó que una de las luchas que tienen los padres y madres es que la escuela tiene “todo para ofrecerle a un niño de Educación Especial. Tenemos programas de tecnologías, salones de terapias para que los niños y sus padres no tengan que salir de la escuela, en fin, tenemos un programa completo”. Al igual que ha sucedido en otros planteles escolares, cuando los padres y madres de los estudiantes del Programa de Educación Especial de la Escuela Muñoz Solá intentaron hacer la matrícula en línea como exige el DE, el sistema los rechazó porque la escuela está bajo la lista de escuela alianza, lo que ha provocado una baja en la matrícula, denunció la portavoz del Comité de Padres y Madres.

En un esfuerzo por defender su escuela, conocida también como Escuela Urbana de Guaynabo, Rivera reveló que un grupo de padres sostuvo una reunión en su oficina con el representante Antonio Soto, a raíz de comentarios de que este estaba de acuerdo con la privatización de la escuela. “Soto nos aceptó que él tiene que ver con todo esto, que él está de acuerdo con las escuelas chárter y que va pa’ lante”, según las propias expresiones del legislador. Agregó que por su parte, César Cabrera, presidente de Techno Inventors — organización sin fines de lucro—, les dijo en una reunión que a él no le importaba si los papás querían o no una escuela chárter, no le importaban los maestros, no le importaba nada; que él iba “a conseguir esa escuela y punto”.

Los padres y madres también se reunieron el reciente 5 de marzo con el alcalde Ángel Pérez. De acuerdo con Rivera, la percepción de los padres es que el alcalde está enajenado de la situación. Este les pidió detalles, les indicó que iba a tomar cartas en el asunto y que estaba de parte de los padres que entienden que la escuela no debe convertirse en una chárter. La portavoz del Comité de Padres defendió que la escuela no necesita ser una escuela chárter, ya que uno de los requisitos para serlo es que la escuela necesite planta física. “Nuestra escuela tiene todo bien puesto. El privatizador no tiene que hacer ningún tipo de inversión”. En la reunión con el alcalde se reveló que otra escuela en la lista de las chárter: es la nueva escuela superior en el pueblo de Guaynabo.

Maestras(os) y estudiantes a la deriva

Mientras, la maestra Yariela Montes, representante de la Asociación de Maestros de la escuela Juan Domingo, señaló a CLARIDAD que para efectos del DE los maestros no tienen ninguna participación en el proceso, no se les ha consultado nada y las veces que han intentado acercarse al Departamento para conseguir alguna cita con la secretaria o con algún otro personal no lo han logrado. La única contestación que han recibido a sus peticiones fue un correo electrónico de la oficina de las Escuelas Alianza que les dice que la escuela está en proceso de convertirse en una de alianza, que no les pueden dar información adicional y que si la compañía llega a la escuela tienen que darle acceso. Montes confirmó que el sistema no estaba permitiendo que los estudiantes del PEE se matricularan y que no fue hasta el 1 de marzo, último día de matrícula, que uno que otro padre pudo matricular a su hijo.

Sobre la facultad de la escuela dijo que es de 30 maestros, todos permanentes. Hasta el presente, la única información que han recibido es un documento que les entregó su directora respecto a la licencia de dos años que el Departamento les dará a los maestros interesados en pertenecer a una escuela chárter. Montes narró que el documento les fue entregado luego de que la directora asistiera a una reunión informativa en el DE. Denunció que de parte del privatizador tampoco han recibido ninguna propuesta o información oficial, ya sea sobre la escuela o sobre empleo. “La escuela salió del plan de mejoramiento. Así es bien fácil demostrar que va a funcionar. Llevamos una lucha desde que nos enteramos. Nadie nos abre acceso al Departamento de Educación. Fuimos personalmente a entregarle una carta a la secretaria Keleher y los policías fueron quienes nos recibieron”, declaró Montes.

La comunidad de la Escuela Juan Ponce de León, en la avenida Barbosa de Río Piedras, enfrenta una situación similar. La maestra de Educación Especial Migdalia Santiago denuncia que en algún momento del mes de enero comenzó a circular en las redes una lista de las escuelas que el DE pensaba convertir en escuelas chárter. De ahí comenzaron a investigar. En la lista estaba, además de su escuela, la Marín Solá, la Miguel Such y la Escuela Barbosa. Al igual que se ha denunciado sobre la Miguel Such, el privatizador interesado en la Escuela Juan Ponce de León es la Universidad John Dewey (JD).

Del mismo modo que le sucedió a la comunidad escolar de la Marín Solá y a la Escuela Ramón García en Bayamón, representantes del privatizador aparecieron sin previo aviso a la escuela Ponce de León. Santiago denunció que hace dos semanas se presentaron a la escuela tres personas identificadas como de JD, “y sin un papel en las manos”, que pretendieron hacerles una presentación. 

A preguntas de los maestros sobre los planes educativos y financieros respecto a la escuela, la respuesta fue que no les podían contestar y que, según la Ley 85, la visita era para consultar el sentir de la comunidad. Ante la postura del privatizador, la reacción de los maestros fue: “No hay documentos que pueda leer, no me das una explicación de la escuela que tú quieres, el modelo que tú tienes para los estudiantes. No me puedes contestar nada. Terminamos diciéndoles que nos están faltando el respeto. Se fueron bien molestos”, narró Santiago. 

Según han podido investigar, la persona de John Dewey interesada, tanto en la Juan Ponce, como en la Miguel Such, es un tal Carlos Hernández. Agregó que el grupo le dijo que todavía no habían presentado una propuesta. Santiago trajo a la atención que se supone que los interesados en una escuela chárter tenían hasta el 9 de marzo para presentar su propuesta. Mientras, reveló que una persona del DE les dijo que sí habían visto la propuesta de JD. Hasta ahora, la facultad de la Juan Ponce tampoco ha recibido ninguna comunicación de parte del DE. 

Los estudiantes del PEE de la escuela Juan Ponce también confrontaron problemas al momento de su matrícula en línea. Santiago trajo el ejemplo de que el mismo día de la entrevista con CLARIDAD, a una madre que acababa de matricular a su hijo, la verificación del sistema le notificó que había matriculado a su hijo en una escuela alianza. Santiago afirmó que el sistema no informa de antemano que la matrícula es para una escuela alianza ni ofrece ninguna opción. “Nos preguntamos si eso es lo que van usar como supuesta consulta”, se cuestionó.

La Escuela Juan Ponce de León, que atiende los grados de noveno a décimo, tiene una matrícula de alrededor de 410 estudiantes. Entre ellos, seis grupos de cerca de 50 estudiantes con autismo, para los cuales hay seis salones especiales, además de seis grupos integrados. La maestra comentó que el promedio más alto de la escuela este año en el examen del College Board fue de un estudiante con autismo de los grupos integrados. El 98 por ciento de esta población escolar se encuentra bajo los niveles de pobreza y la mayoría de ellos son de origen dominicano. En cuanto a la facultad de 59 maestros, la mayoría son transitorios.

En reunión del día 7 de marzo, el Consejo Escolar de la Escuela JPL, integrado por maestros, padres y estudiantes, aprobó una resolución en la que expresan su patente rechazo a la solicitud de Jhon Dewey University de convertir su escuela y la Miguel Such en “escuelas chárter o escuelas alianza”. A esos efectos, se organizó el Comité Timón en Defensa de la Escuela Pública Juan Ponce de León, con representación de toda la comunidad escolar, así como de la comunidad en la que radica.

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquezlopez@claridadpuertorico.com 

Los servicios de la Autoridad de Transporte Marítimo nunca han sido del todo eficientes en lo que respecta a las necesidades de Viequenses y Culebrenses. Sin embargo, es importante reconocer que estos nunca habían llegado a los niveles de emergencia en los que se encuentran actualmente. 

En términos generales esto ha sido así por falta de mantenimiento, visión y compromiso de parte de las distintas administraciones gubernamentales a través de los años. También, porque se ha perdido el respeto a la importancia que tienen algunos servicios públicos (los más esenciales) para la población. 

A lo anterior se añade que cuando se hacen nombramientos para dirigir una agencia pública (en este caso la ATM) estos responden principalmente a intereses político/partidistas y no a la capacidad de la persona que se selecciona para ese cargo. 

Dice el Dr. Juan R. Fernández, excomisionado para Vieques y Culebra del 2001 al 2004, que si no hay respeto por el servicio público y se menoscaba con intereses político/partidistas “ninguna instrumentalidad te va a funcionar porque no funcionan solas, necesitan de personas sepan utilizarlas y hacerlas accesibles a otros funcionarios igualmente capacitados para administrar los servicios efectivamente”. 

“En el caso del transporte marítimo para Vieques y Culebra, también para Cataño, usted le puede dar las lanchas que desee para poner el sistema al día hablando en términos de equipo, pero si no tienes el personal capacitado para prestar el servicio va a tener el mismo problema o peor”, añadió el excomisionado. 

Por otra parte, Carlos Severino, también excomisionado por Vieques y Culebra del 2013 al 2014, señaló que lo que está sucediendo con la ATM es la conclusión de años de negligencia gubernamental. 

Además, sostuvo que los servicios de transporte marítimo para los residentes de las Islas muchas veces no requerían tanto de dinero como de una mejor coordinación, servicios que –subrayó– deben ser coordinados de una forma distinta. 

La decadencia de la ATM 

El Dr. Fernández señaló que ya durante su periodo como comisionado residente (2001-2004), incluso desde antes, el servicio de transporte marítimo para los residentes de Vieques y Culebra era un problema. Fue en ese entonces cuando se creó la ATM. 

No obstante, Fernández, mencionó que el servicio ha decaído desde un inicio cuando quedó en manos del gobierno bajo la jurisdicción de la Autoridad de Puertos; que nunca se le ha dado la atención que amerita aun siendo una situación de la más alta prioridad, pues esa es la vía principal de comunicación entre los residentes de las islas municipio y la Isla Grande. 

“Es una situación que teniendo todas las razones para ser prioritaria y de la máxima atención de los distintos gobiernos en Puerto Rico, no se le ha dado” 

Las deficiencias del servicio bajo la jurisdicción de la Autoridad de Puertos justificaron la creación de la ATM. La idea –cuenta Fernández– era darle al servicio de transporte para los residentes de las islas municipio más autonomía de la Autoridad de Puertos pues esta agencia prestaba atención principalmente a los aeropuertos, para lo que fue creada originalmente. Por tal razón, la atención que se le daba al sistema de transportación para viequenses y culebrenses era relegada a un segundo plano.

Pero una vez creada la ATM continuaron las inconsistencias y, según manifestó Severino, “en aquel momento (cuando fue comisionado) ya había una crisis, nuestro trabajo fue muy intenso en el ámbito de fiscalizar con las agencias de gobierno que los servicios a los municipios de Vieques y Culebra fueran servicios especialmente dirigidos a atender las necesidades de sus residentes”.

“Pero uno se topa con el problema de que los jefes de agencia y los funcionarios que están a cargo de servir a las islas no entienden la naturaleza de las islas ni sus necesidades, hay un desfase”, añadió. 

En cambio, el Dr. Jorge Fernández Porto, director de la Comisión para iniciativas comunitarias del Senado que preside el senador Dr. José Vargas Vidot, opinó: “[Y]o creo que la ATM es una creación ficticia para hacer una entidad que asumiera las deudas de la Autoridad de Puertos, y claro, el transporte marítimo que fue el propósito que tuvo”. 

“Nunca se le ha prestado la seriedad y los recursos para hacer su trabajo adecuadamente. ¿Si ese es el comienzo que se puede esperar de su desempeño? Pero el hecho es que lo que ocurrió hace una semana atrás, cuando la ATM quedó inoperante (de las 11 embarcaciones que posee nominalmente, solo 1 está operando) se pudo haber evitado con una mejor coordinación”.

Por otra parte, de las cuatro embarcaciones de la Puerto Rico Fast Ferries (PRFF) dos son de carga y hasta el momento, excepto por el suceso de la boda, ninguna de ellas había transportado vehículos. El gobierno paga por cada unidad $10,000; el contrato que obtuvo PRFF y que vence el próximo 31 de mayo es de $15 millones. 

La razón dada por la ATM para justificar la inmovilización de ambas embarcaciones fue que la Guardia Costanera no había certificado que podían mover vehículos con las rampas existentes. Pero la Guardia Costanera desmintió esas alegaciones diciendo que eso era un problema operacional de la ATM. 

“Me parece que era el desenlace inevitable de la crónica de una muerte anunciada con la consecuencia de que no le afecta a ellos exclusivamente, sino que afecta un servicio para dos islas y las necesidades de sus habitantes”.

En cuanto a la activación de la Guardia Nacional y la utilización de sus buques –dijo Fernández Porto– un problema es que estos son bastante primitivos, como para transporte y desembarco de anfibios. De hecho cabe un solo camión a la vez y, además, no tienen cabinas. “Eso es más que nada, pero así no se va a resolver el problema a largo plazo”. 

Por Cándida Cotto/ CLARIDAD

ccotto@clarriadpuertorico.com

Organizaciones de derechos humanos, académicas, magisteriales, de abogadas y abogados denunciaron la acusación contra la joven maestra Elimar Alicia Chardón Sierra, por parte del gobierno de Estados Unidos, como un acto de coerción e intimidación, dirigido a desalentar el ejercicio del derecho a la protesta del pueblo puertorriqueño

En conferencia de prensa en la sede del Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR), una amplia representación de organizaciones examinó detalladamente el derecho a la libertad de expresión que protege la acción de Chardón Sierra, de haber hecho tres llamadas telefónicas a la oficina de la juez Laura Taylor Swain, manifestando su rechazo a la aprobación del Plan de Ajuste de Deuda de COFINA, así como su desprecio a la juez, acción tras la cual enfrenta un proceso criminal por el supuesto “delito de acoso en el comercio interestatal”.

A preguntas de CLARIDAD de por qué las llamadas telefónicas que hizo la maestra de música se consideran delito de acoso en el comercio interestatal, el profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA), Luis José Torres Asencio, explicó que la interpretación que hace la fiscalía federal es que la llamada se generó de un teléfono de Puerto Rico a un teléfono de Nueva York, y eso es suficiente desde la perspectiva del FBI (Buró Federal de Investigaciones) para activar ese delito.

Su posición es que hacer tres llamadas al día siguiente de la juez Taylor Swain haber tomado su decisión, para manifestar rechazo, repudio y desprecio a la juez, sin que exista alegación alguna de que haya habido otra interacción, no puede ser constitutivo de ese delito, menos aun cuando las expresiones que se alega que hizo Chardón Sierra en el mensaje están claramente protegidas por su derecho a manifestar su desaprobación a la decisión.

Torres Asencio denunció que la acusación contra la maestra es un acto de coerción e intimidación de parte de las autoridades federales para desalentar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la protesta en Puerto Rico, en particular en temas relacionados con la deuda del país. A la vez que expresó su solidaridad con ella, el profesor de Derecho Constitucional dijo estar convencido de que la conducta que se le imputa a Elimar Alicia está más que protegida por la Constitución y por el derecho a la libertad de expresión.

Expuso que, en primer lugar, se trata de una expresión política, en particular de una expresión política de una de las poblaciones más vulnerables, como lo son las maestras del sistema público, quienes no cuentan, a diferencia de otros grupos políticos y económicos del país, con medios alternativos para ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Destacó que, en segundo lugar, el derecho a la libertad de expresión no impone normas de conducta y decoro y buenos modales, así que las expresiones de una manifestante no tienen que ser respetuosas, no tienen que ser cariñosas, no tienen que ser amables, en particular cuando se dirigen contra una funcionaria y dentro del contexto de una decisión de una funcionaria que “condena a este país a 40 años de dolor y atenta contra la dignidad de los puertorriqueños y puertorriqueñas y de todas las personas que residimos en este país por ese periodo. Esperamos que estos cargos sean archivados y que no sea una represión más a la que se tiene sometido a nuestro pueblo y a los múltiples intentos de manifestación que continuarán contra este tema de la deuda”.

Sobre este particular, el presidente del CAPR Edgardo Román Espada destacó que la juez no se quejó y ni siquiera se enteró de las llamadas, ya que no hubo una comunicación directa con ella. “Hemos notado que históricamente en la Corte Federal, en particular en la conducta de la Fiscalía Federal, hay una interpretación extremadamente amplia de lo que son los asuntos federales y de los asuntos que le competen al Gobierno de Puerto Rico”. Señaló que este caso no debió haber sido atendido en el ámbito federal ni en el ámbito local.

En cuanto a la formación del mecanismo de un Gran Jurado, el director de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana Rafael Rodríguez explicó que la práctica de la Fiscalía Federal es que somete una denuncia contra la persona y acude ante un gran jurado para obtener una acusación y llevarle directo a juicio.

En tanto, el miembro de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), capítulo de Puerto Rico, licenciado Fermín Arraiza expresó que esa organización se estaba uniendo al apoyo a la maestra para denunciar también las actuaciones del gobierno de E.E. U.U. en Puerto Rico de “tratar de reprimir a todo aquel que trate de expresarse en contra a la opresión a la que está siendo sometido nuestro pueblo”.

La directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos licenciada Annette M. Martínez Orabona, directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos, calificó el proceso de uno más entre la serie de atropellos de la que está siendo objeto nuestra población. “Elimar es una maestra, mujer joven, y como ella, las mujeres en Puerto Rico que se atreven a protestar y a disentir son perseguidas, y perseguidas de manera particular”. Llamó a la atención que este no es el primer caso que se ha visto en referencia a otras acusaciones contra manifestantes. Al apelar al pueblo a solidarizarse, Martínez Orabona señaló que el caso de Chardón Alicea, “nos tiene que mover a todos porque en Puerto Rico, a la población ya no nos quedan herramientas para expresar nuestro coraje, y si lo que nos queda, que es la libertad de expresión, la libertad de comunicar cómo nos sentimos, es criminalizada, entonces la libertad de expresión no vale más que un papel”. Declaró que el proceso que se lleva a cabo en el llamado Tribunal Federal es también una expresión más de la opresión de nuestra situación colonial: “Una más dentro de un cúmulo de expresiones que se llevan contra aquellos en Puerto Rico que se atreven a disentir”.

Por parte del Frente Ciudadano por la Auditoria de la Deuda (FCAD), una de las organizaciones que llamó al pueblo a expresar su rechazo a la aprobación del acuerdo de COFINA, la licenciada Eva Prados defendió el que Elimar Alicia no hiciera otra cosa que participar de esa convocatoria amplia a la que se llamó y, precisamente, utilizar las herramientas que quedaban para manifestar el descontento con la decisión de la juez. “Como bien decía Elimar en sus expresiones a la juez Swain, ella, la Juez, no va a sentir las repercusiones del acuerdo de COFINA, pero Elimar sí y nosotros sí. Elimar es una muchacha valiente reconocida entre sus compañeras como una gran persona. No permitamos que ella sea perseguida ni afectada por ejercer su derecho y por ser una voz del pueblo de Puerto Rico”. 

Al profesor de Derecho Juan Correa Luna, portavoz de la organización Somos Dignos, que se dedica a educar sobre los derechos civiles, se le formuló la pregunta hipotética de si una persona que asista a una manifestación con un cartel que diga por ejemplo, Jaresko, deseo que te quemes en las pailas del infierno, puede también se arrestada y acusada. Este expuso que en efecto, cercano a las fechas en las que suele haber manifestaciones de parte del pueblo para mostrar su indignación ante los problemas que están ocurriendo, mucha gente se hace la pregunta de y ahora qué me puede pasar si yo me presento.

Correa Luna advirtió de que, en efecto, lo que pretende el gobierno es intimidar y crear un efecto paralizante. “Así que hay que hacer bien claro a la gente que no se deje intimidar por estas patrañas, acciones que lo que persiguen es precisamente ese efecto paralizante. Al contrario, hoy más que nunca, no solo hay que apoyar a esta digna maestra —mujer puertorriqueña—, sino a este pueblo en todas las manifestaciones”. 

En la conferencia de prensa las compañeras y compañeros de trabajo de la Escuela Loaíza Cordero, hicieron llegar una carta en la que también expresan su solidaridad con la profesora Elimar Chardón Sierra.