Estamos ante otro posible caso de impunidad,
el vocablo que mejor describe las actuaciones de los organismos responsables de perseguir a los corruptos. Puerto Rico tal vez sea uno de los países que más
leyes y mecanismos tiene para perseguir
la corrupción y el que menos los utiliza. 

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

El 30 de noviembre de 2018 Héctor Díaz Vanga fue despojado de su título de abogado por el Tribunal Supremo, tras de no comparecer a defenderse de tres querellas por violación a los Cánones de Ética de su profesión. Según la resolución, la suspensión dictada tendría efecto de forma “inmediata e indefinida”, por lo que a partir de ese día el sancionado estaba impedido de representar clientes u ofrecer asesoría legal. Gracias a un reportaje de Javier Colón Dávila para el diario El Nuevo Día hoy sabemos que al momento de su desaforo Díaz Vanga tenía un contrato con la Cámara de Representantes que vence el próximo 30 de junio. El contrato no fue cancelado y el otrora abogado siguió ejerciendo y cobrando por sus supuestos servicios. 

¿Qué le puede pasar a Díaz Vanga? El Tribunal Supremo ya no podrá volver a sancionarlo porque dejó de ser abogado en funciones. Sólo si en el futuro solicita reingresar a la profesión se consideraría esta nueva trasgresión. Pero desde el 30 de noviembre del pasado año el individuo está ejerciendo una profesión regulada sin estar autorizado a ello, lo que constituye un delito en Puerto Rico. Le correspondería al Departamento de Justicia radicar denuncia y promover su arresto. 

¿Lo procesará el Departamento de Justicia? ¿Promoverá alguna acción la Cámara de Representantes en su condición de “víctima” del abogado fraudulento? A juzgar por lo que ya se ha convertido en norma para el actual gobierno lo más probable es que, después de algunas declaraciones, todo que en nada. Díaz Vanga es un “amigo”, un “colaborador” y a esos se les protege. En 2016 intentó ser candidato al Senado por Arecibo y quedó descalificado al no presentar los endosos que requiere la Ley Electoral. Entonces pasó a ser, o más bien siguió siendo, “contratista”, el calificativo más atractivo del Gobierno. 

Estamos ante otro posible caso de impunidad, el vocablo que mejor describe las actuaciones de los organismos responsables de perseguir a los corruptos. Puerto Rico tal vez sea uno de los países que más leyes y mecanismos tiene para perseguir la corrupción y el que menos los utiliza. La principal arma debiera ser el Departamento de Justicia que con gran presupuesto y una legión de fiscales tiene la capacidad necesaria para mantener la casa bien limpia. Allí opera hasta una unidad especial llamada de “Integridad Pública”, con fiscales e investigadores, y otra todavía más especializada que se supone atienda los referidos de la Oficina del Contralor. Como este aparato aparentemente no era suficiente hace tiempo crearon la Oficina de Ética Gubernamental, que se supone eduque a los funcionarios, atienda sus consultas, provea dispensas en casos bien especiales y, si todo eso falla, los investigue. Además de la OEG, para el procesamiento judicial de los funcionarios electos y los altos ejecutivos, existe la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Si todo esto falla, para casos que se relacionan con fondos federales, está el Departamento de Justicia de Estados Unidos y su fiscalía local. 

Las primeras tres instancias de este entramado nos cuestan millones de dólares anuales y, si se pusiera en función, buena parte de los corruptos estuviera ahora tras las rejas. En lugar de eso, los promotores, ejecutores y facilitadores del fraude siguen en sus funciones. Sólo una parte mínima de los que caen en desgracia – porque la prensa los investiga o alguien los denuncia – llegan a ser procesados.

La primera razón para ese pobre récord es que, desde hace tiempo, el liderato del PNP se las arregló para controlar todas esas dependencias, colocando al frente de las mismas a cuadros políticos encargados de proteger la imagen del Partido. Zulma Rosario en Ética, Nydia Cotto Vives en la OFEI, Wanda Vázquez en Justicia y la muy selectiva Rosa Emilia Rodríguez en la Fiscalía federal, forman un cuarteto defensor muy efectivo a la hora de decidir a quién y cuándo se acusa. Las cuatro son personas muy cercanas al corazón del rollo partidario y, más que un filtro, lo que manejan es un gran destilador de la corrupción que en cada cuatrienio del PNP apenas gotea. 

Gracias a ese eficiente mecanismo de control la función de investigación se limita a lo poco que pueda hacer la prensa, que dependen de los funcionarios honestos prestos a hablar. Tras las investigaciones y las denuncias, la mayoría de sus hallazgos terminan ignorados. Recientemente el comentarista Jay Fonseca expuso en su programa televisivo un esquema de corrupción en la División de Comedores Escolares del Departamento de Educación. El modus operandi es siempre el mismo: contratos a amigos para defraudar que, en este caso, pudieron afectar la salud de miles de niños. Ninguno de los tres “aparatos de investigación” criollos, ni el Federal, se ha dado por aludido luego de las estas denuncias. 

Lo mismo sucedió con los millones de dólares en contratos que tiene el hijo del actual Secretario de Hacienda Raúl Maldonado, con los otros contratos sospechosos de esa misma dependencia, con las acciones fraudulentas descubiertas en la Autoridad de Trasporte Marítimo, con los abusos y el hostigamiento en la Compañía de Turismo, con los vagones de suministros desaparecidos o desperdiciados, con los que conspiraron para tratar de manipular las elecciones junto al exjuez de Moca, con los mil fantasmas que pululan por el Capitolio, con los responsables de la crisis en Ciencias Forenses, con los cientos de millones de dólares malversados en el contrato de Whitefish y con todos los otros casos que llenarían otra página de este periódico. 

La impunidad sigue siendo la norma y por eso el recién descubierto abogado desaforado que todavía tiene un jugoso guiso en la Cámara de Representantes, debe estar redactando las enmiendas que se le incorporarán al contrato. Seguramente, tras consultar con Zulma Rosario en la Oficina de Ética, lo contratarán como “asesor administrativo” y todo seguirá igual. 

Contrario a la acusación en la que ha insistido la presente administración del gobierno y la gerencia de la Autoridad de atribuirle a la uniones, en particular a la Unión Independiente de Trabajadores de Energía Eléctrica (UTIER), responsabilidad por el estado financiero de esa corporación pública, el análisis de IEEFA lo desmiente y plantea todo lo contrario desde su título: el proceso de privatización del sistema eléctrico de Puerto Rico pasa por alto a los trabajadores sindicalizados, que son el mejor activo de la compañía.

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La afirmación de que las nuevas empresas privadas que ingresen a Puerto Rico para administrar la AEE no aceptarán contratos sindicales es errónea. Así lo establece el más reciente examen del Instituto para el Análisis Económico y Financiero (IEEFA, siglas en inglés), respecto a los planes de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Contrario a la acusación en la que ha insistido la presente administración del gobierno y la gerencia de la Autoridad de atribuirle a la uniones, en particular a la Unión Independiente de Trabajadores de Energía Eléctrica (UTIER), responsabilidad por el estado financiero de esa corporación pública, el análisis de IEEFA lo desmiente y plantea todo lo contrario desde su título: el proceso de privatización del sistema eléctrico de Puerto Rico pasa por alto a los trabajadores sindicalizados, que son el mejor activo de la compañía.

IEEFA favorece que el proyecto de privatización que se discute en el Senado y Cámara de Puerto Rico le requiera a las empresas privadas que honren los acuerdos de negociación colectiva que existen en la AEE. Los analistas basan su defensa en datos del mismo Plan Financiero Certificado de la AEE del año fiscal 2020. Según detallan, los gastos laborales se proyectan en $281 millones (8% de los gastos totales). Estos gastos cubren sueldos, prestaciones y pensiones.

Aun cuando los gastos laborales son la partida más pequeña del presupuesto de Energía Eléctrica, IEEFA defiende que esta implica la mayores consecuencias para los residentes de Puerto Rico, ya que la fuerza laboral de la AEE brinda un apoyo aproximado a 6,000 hogares, lo que representa una fuente importante de empleos en la isla. Mientras, el combustible, los subsidios, los contratos y el mantenimiento cuestan más que la mano de obra. Aun si se incluyera algún nivel de pago de la deuda de la AEE, el porcentaje de dólares requerido para los empleados se reduciría mucho más, indica IEEFA.

Como han defendido la UTIER otros sectores sindicales y varios economistas, IEEFA trae a la atención que los gastos laborales “no son y nunca han sido el principal problema de la AEE”. En términos económicos, cerca de la mitad de los gastos anuales de $ 3.4 mil millones de la AEE se desplazan de la isla para pagar el petróleo, el gas y el carbón. Esta cantidad significativa de los contribuyentes de Puerto Rico siempre se ha destinado a los inversores de la AEE, la mayoría de los cuales no vive en la isla.

Los analistas sugieren a su vez que si la intención de la AEE con el uso del gas natural y la energía renovable es ahorrar $500 millones en costos de combustible, antes debe reducir en cientos de millones de dólares sus pagos anuales de deuda para poder sobrevivir financieramente. Añaden que el plan fiscal de la AEE contiene un conjunto de declaraciones que sugieren que las reglas de la fuerza laboral, los beneficios médicos y los costos de pensión son la raíz de sus problemas financieros. Denuncian que, en cambio, no hay estudios o análisis publicados que evidencien este problema ni soluciones específicas.

“Hacer quejas sin fundamento, con soluciones no especificadas, no equilibra los presupuestos. Sin embargo, sí causa división y frustración en un momento en que las partes interesadas deben unirse”, expresan Tom Sanzillo y Cathy Kunkel, autores del estudio.

Pero ante el análisis de IEEFA, la postura de la gerencia de la AEE está del lado contrario. Los analistas una vez más hacen las mismas denuncias que los sectores sindicales de la corporación. Sanzillo y Kundel plantean que los problemas de trabajo a los que se refiere el Plan Financiero de la AEE no tienen que ver con la falta de trabajadores diestros, sino con la mala gestión política de la agencia, que no es otra cosa que la politización. 

En el caso de la falta de mano de obra diestra, indica que esto se debe a que en el continente estos trabajadores son mejor pagados. Entonces, ante esta falta, la AEE contrata consultores privados a largo y corto plazo, que históricamente han cobrado de más y que tienen un desempeño inferior. Sobre este señalamiento expone que un estudio de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reveló que hay más de 200 empleados políticos en las nóminas de la Autoridad, lo que ha creado caos e ineficiencia. La Comisión de Energía de Puerto Rico también ha encontrado un mal manejo generalizado dentro de la AEE.

IEEFA califica de errónea la postura de la gerencia de la AEE de decir que las empresas privadas interesadas en administrar la AEE no aceptarán contratos sindicales. Presenta como ejemplo que la empresa PSEG, que es una licitante cualificada para operar el sistema de transmisión y distribución de la AEE y que en la actualidad posee un “gran” contrato de operaciones con la Autoridad de Energía de Long Island (LIPA), se presenta como un modelo para el programa de privatización de Puerto Rico.

Los acuerdos de negociación colectiva son, de hecho, parte de operaciones privatizadas de larga existencia en LIPA. Por su parte, la compañía Public Service Enterprise Group (PSEG) asumió las operaciones LIPA en 2013 de la compañía National Grid de Massachusetts. Ambas compañías respetaron los acuerdos de negociación colectiva preexistentes como obligaciones contractuales. PSEG tiene 12,000 empleados en todas las operaciones de la compañía, de los cuales 8,000 son trabajadores sindicales cubiertos por acuerdos de negociación colectiva, un hecho que la compañía destaca con orgullo en sus presentaciones a los inversores.

En su informe, el Instituto para el Análisis Económico y Financiero hace un reconocimiento a los trabajadores sindicalizados de la AEE, que ni la gerencia de la corporación, ni el gobernador Rosselló nunca han hecho. “El trabajo es un activo económico con un rostro muy humano. Después del huracán María, la administración de la AEE no pudo mantener las luces encendidas. Tomaron una decisión equivocada y potencialmente mortal una vez tras otra. El gobernador no estaba por ninguna parte. El equipo no funcionó y la administración quedó paralizada; pero los empleados sindicalizados de la PREPA aparecían todos los días para hacer su trabajo y reconstruir a Puerto Rico”.

Para concluir, este Instituto, especializado en temas de energía, exhorta a los sectores interesados (negocios, política, comunidad, trabajo, académico y finanzas) a trabajar juntos por una solución y advierte de que, mientras los líderes políticos continúen dividiendo la opinión para lograr ganancias políticas a corto plazo, continuarán saboteando la recuperación de Puerto Rico.

Por Cándida Cotto/claridad

ccotto@claridadpuertorico.com 

No había pasado ni un mes tras la visita de varios ejecutivos de compañías de energía nuclear estadounidenses a varios legisladores cuando el legislador Gabriel Rodríguez Aguiló se aprestó a presentar una resolución (el seis de noviembre) para “investigar sobre la conveniencia y necesidad de establecer en Puerto Rico plantas nucleares para producir energía”. 

CLARIDAD confirmó que los ejecutivos de las compañías GE Hitachi, David Sledzik; Holtec International, Myron M Kaezmarsky; NU Scale Power, José Reyes; PAR Systems, Scott Singer; Westinghouse, Abdull Pulloo; X Energy, Jeffrey Hayper fueron quienes, el 30 de octubre pasado, hicieron una ronda de visitas a los legisladores, tras una reunión con el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez. En el grupo participaron además los ingenieros puertorriqueños Ángel Reyes, Jesús Núñez, Olgamarie Toledo y Thommy Santiago. CLARIDAD había dado a conocer sobre la reunión con el alcalde en su edición del 8 al 15 de noviembre de 2018. El grupo de ingenieros puertorriqueños son firmantes de la ponencia The Nuclear Alternative Project, en la que exponen sobre la nueva tecnología de plantas nucleares modulares presentada en vistas públicas de la Comisión de Gobierno el pasado 27 de febrero.

Mientras el legislador Rodríguez Aguiló actúa muy diligentemente para dar paso a investigar la conveniencia del uso de la energía nuclear, atribuyendo su motivación a los daños causados por el huracán María, esto parece ir en contra de los planes trazados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La AEE acaba de presentar su Plan de Recursos Integrados (PRI) ante el Negociado de Energía (NEPR), el cual descansa en el uso del gas natural y el carbón. (Ver edición CLARIDAD del 28 de febrero al 6 de marzo 2019).

En un memorial explicativo sobre la medida, sometido a la Comisión de Gobierno, con fecha del 25 de febrero, la AEE dice de manera explícita que su personal técnico ha estudiado las nuevas tecnologías para producir electricidad mediante plantas nucleares, en específico, las plantas modulares que se interesa introducir al mercado mundial. Describe que estas son más compactas, de menor capacidad de generación, tienen noveles sistemas de enfriamiento, de seguridad en casos de averías y nuevas estructuras para almacenar el combustible, pero repara en que: “A pesar de las ventajas, debemos colegir que en este momento la Autoridad no avala la instalación de plantas nucleares en Puerto Rico”.

La AEE además desmiente el que las plantas nucleares eviten la falta de servicio luego del paso de un huracán. A esos efectos dice: “La imposibilidad de nuestras centrales y unidades remotas de proveer el servicio se debió a los daños que experimentó nuestro sistema de transmisión y distribución. Por lo tanto, ante un evento como el ocurrido con el paso del huracán María, una planta nuclear estaría en la misma situación que el resto de nuestras centrales o peor aun, ya que estas plantas nucleares no deben estar expuestas a grandes fluctuaciones de carga o apagones masivos, producto de un sistema de transmisión y distribución frágil tras un evento atmosférico de la magnitud del huracán María”.

Por su parte, el NEPR, luego de exponer sobre la seguridad, es decir los peligros de la energía nuclear, y lo elevado de su inversión económica, trajo a la atención de la Comisión que antes de que en el país se apruebe cualquier medida relacionada con energía nuclear debe haber una evaluación sobre si esto es viable, tomando en cuenta si nuestra topografía y geografía es la adecuada para ubicar una planta nuclear.

No a la energía nuclear, al carbón y al gas

En entrevista con CLARIDAD, la ingeniera ambiental Ingrid Vila expuso que, tomando como marco el Plan Integrado de Recursos de la AEE, el cual se centra en el uso del gas natural y el carbón, tanto la energía nuclear como el uso del carbón representan riesgos a la salud y a la vida. La generación a base de carbón produce emisiones y cenizas tóxicas que impactan directamente la salud y el medio ambiente. Además, los gases de efecto de invernadero provenientes de la quema de combustibles fósiles, como el carbón, contribuyen a los efectos del cambio climático. La extracción de carbón representa un riesgo a la salud de los trabajadores en las minas y en muchas ocasiones es mortal.

En lo que respecta a la energía nuclear explicó que esta genera desperdicios radioactivos para los cuales todavía no existen métodos de manejo seguros ni sostenibles. Además, representa un riesgo catastrófico a la vida en el caso de un accidente nuclear o mal manejo del material radioactivo. “En el caso de una isla como Puerto Rico, no habría manera de contener el impacto de un accidente nuclear. La minería de uranio expone a los trabajadores a gases y contaminantes radioactivos con consecuencias perniciosas a su salud”.

En relación con el costo que conlleva la construcción de una planta nuclear, Vila, quien participa de la propuesta Queremos Sol, afirmó que sería difícil imaginar que hoy en día se pueda construir una planta nuclear para generar energía en Puerto Rico, debido a que la misma no cumpliría con los rigurosos criterios internacionales y federales de seguridad, dadas nuestras condiciones sísmicas, geológicas, climatológicas y de densidad poblacional. 

Más aun, destacó que, como isla pequeña, Puerto Rico tendría que disponer de los desperdicios radioactivos en el extranjero, lo que aumenta de manera significativa los riesgos y costos asociados con el manejo, transportación y disposición de esos materiales. Advirtió que, al igual que en el caso de las cenizas producto de la generación a base de carbón, la isla podría estar ante la posibilidad de no tener lugar en el extranjero donde disponer del material radioactivo y tendría que acumular o disponer del material localmente, lo que sería inaceptable por el riesgo catastrófico que representa.

A preguntas de CLARIDAD, de si los intereses de la industria de energía nuclear van en contra de los planes de privatización que ya tiene la AEE, la ingeniera expresó: “Desafortunadamente, los intereses pueden encontrar terreno fértil donde sea en nuestra realidad política, y por esto es que tenemos que rechazar enérgicamente estas propuestas, para que quienes gobiernan sepan que no son aceptables para el país”.

En tanto, otro defensor de la propuesta Queremos Sol, el profesor Agustín Irizarry, reiteró su oposición a la energía nuclear. El exrepresentante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE afirmó que la energía nuclear para generar electricidad es mucho más dañina que el carbón. “No hay una solución práctica para disponer de los desperdicios radioactivos. No hay dónde esconderse en Puerto Rico si surge un accidente nuclear. Aun un accidente menor, como derrame de agua contaminada, es un problema muy serio en una isla relativamente pequeña como Puerto Rico”, declaró. En cuanto a los intereses que rondan la privatización de la AEE, Irizarry censuró que la falta de un marco regulatorio claro y estable le va en contra a cualquier intento de venta. “No parece que la Legislatura comprenda esto”.

Se adelantó a la Resolución

El representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Dennis Márquez Lebrón se adelantó a la presentación de la resolución de Rodríguez Aguiló al radicar el proyecto 1878 que busca prohibir la generación de energía nuclear. Además presentó la Resolución Concurrente 90 para que la Asamblea Legislativa exprese su rechazo a las propuestas de establecer una planta de energía nuclear en Puerto Rico. Las medidas fueron radicadas el dos de noviembre, tras Márquez Lebrón denunciar la visita de los ejecutivos de la industria nuclear a los legisladores.