Ensayo sobre la impunidad

Estamos ante otro posible caso de impunidad,
el vocablo que mejor describe las actuaciones de los organismos responsables de perseguir a los corruptos. Puerto Rico tal vez sea uno de los países que más
leyes y mecanismos tiene para perseguir
la corrupción y el que menos los utiliza. 

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

El 30 de noviembre de 2018 Héctor Díaz Vanga fue despojado de su título de abogado por el Tribunal Supremo, tras de no comparecer a defenderse de tres querellas por violación a los Cánones de Ética de su profesión. Según la resolución, la suspensión dictada tendría efecto de forma “inmediata e indefinida”, por lo que a partir de ese día el sancionado estaba impedido de representar clientes u ofrecer asesoría legal. Gracias a un reportaje de Javier Colón Dávila para el diario El Nuevo Día hoy sabemos que al momento de su desaforo Díaz Vanga tenía un contrato con la Cámara de Representantes que vence el próximo 30 de junio. El contrato no fue cancelado y el otrora abogado siguió ejerciendo y cobrando por sus supuestos servicios. 

¿Qué le puede pasar a Díaz Vanga? El Tribunal Supremo ya no podrá volver a sancionarlo porque dejó de ser abogado en funciones. Sólo si en el futuro solicita reingresar a la profesión se consideraría esta nueva trasgresión. Pero desde el 30 de noviembre del pasado año el individuo está ejerciendo una profesión regulada sin estar autorizado a ello, lo que constituye un delito en Puerto Rico. Le correspondería al Departamento de Justicia radicar denuncia y promover su arresto. 

¿Lo procesará el Departamento de Justicia? ¿Promoverá alguna acción la Cámara de Representantes en su condición de “víctima” del abogado fraudulento? A juzgar por lo que ya se ha convertido en norma para el actual gobierno lo más probable es que, después de algunas declaraciones, todo que en nada. Díaz Vanga es un “amigo”, un “colaborador” y a esos se les protege. En 2016 intentó ser candidato al Senado por Arecibo y quedó descalificado al no presentar los endosos que requiere la Ley Electoral. Entonces pasó a ser, o más bien siguió siendo, “contratista”, el calificativo más atractivo del Gobierno. 

Estamos ante otro posible caso de impunidad, el vocablo que mejor describe las actuaciones de los organismos responsables de perseguir a los corruptos. Puerto Rico tal vez sea uno de los países que más leyes y mecanismos tiene para perseguir la corrupción y el que menos los utiliza. La principal arma debiera ser el Departamento de Justicia que con gran presupuesto y una legión de fiscales tiene la capacidad necesaria para mantener la casa bien limpia. Allí opera hasta una unidad especial llamada de “Integridad Pública”, con fiscales e investigadores, y otra todavía más especializada que se supone atienda los referidos de la Oficina del Contralor. Como este aparato aparentemente no era suficiente hace tiempo crearon la Oficina de Ética Gubernamental, que se supone eduque a los funcionarios, atienda sus consultas, provea dispensas en casos bien especiales y, si todo eso falla, los investigue. Además de la OEG, para el procesamiento judicial de los funcionarios electos y los altos ejecutivos, existe la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Si todo esto falla, para casos que se relacionan con fondos federales, está el Departamento de Justicia de Estados Unidos y su fiscalía local. 

Las primeras tres instancias de este entramado nos cuestan millones de dólares anuales y, si se pusiera en función, buena parte de los corruptos estuviera ahora tras las rejas. En lugar de eso, los promotores, ejecutores y facilitadores del fraude siguen en sus funciones. Sólo una parte mínima de los que caen en desgracia – porque la prensa los investiga o alguien los denuncia – llegan a ser procesados.

La primera razón para ese pobre récord es que, desde hace tiempo, el liderato del PNP se las arregló para controlar todas esas dependencias, colocando al frente de las mismas a cuadros políticos encargados de proteger la imagen del Partido. Zulma Rosario en Ética, Nydia Cotto Vives en la OFEI, Wanda Vázquez en Justicia y la muy selectiva Rosa Emilia Rodríguez en la Fiscalía federal, forman un cuarteto defensor muy efectivo a la hora de decidir a quién y cuándo se acusa. Las cuatro son personas muy cercanas al corazón del rollo partidario y, más que un filtro, lo que manejan es un gran destilador de la corrupción que en cada cuatrienio del PNP apenas gotea. 

Gracias a ese eficiente mecanismo de control la función de investigación se limita a lo poco que pueda hacer la prensa, que dependen de los funcionarios honestos prestos a hablar. Tras las investigaciones y las denuncias, la mayoría de sus hallazgos terminan ignorados. Recientemente el comentarista Jay Fonseca expuso en su programa televisivo un esquema de corrupción en la División de Comedores Escolares del Departamento de Educación. El modus operandi es siempre el mismo: contratos a amigos para defraudar que, en este caso, pudieron afectar la salud de miles de niños. Ninguno de los tres “aparatos de investigación” criollos, ni el Federal, se ha dado por aludido luego de las estas denuncias. 

Lo mismo sucedió con los millones de dólares en contratos que tiene el hijo del actual Secretario de Hacienda Raúl Maldonado, con los otros contratos sospechosos de esa misma dependencia, con las acciones fraudulentas descubiertas en la Autoridad de Trasporte Marítimo, con los abusos y el hostigamiento en la Compañía de Turismo, con los vagones de suministros desaparecidos o desperdiciados, con los que conspiraron para tratar de manipular las elecciones junto al exjuez de Moca, con los mil fantasmas que pululan por el Capitolio, con los responsables de la crisis en Ciencias Forenses, con los cientos de millones de dólares malversados en el contrato de Whitefish y con todos los otros casos que llenarían otra página de este periódico. 

La impunidad sigue siendo la norma y por eso el recién descubierto abogado desaforado que todavía tiene un jugoso guiso en la Cámara de Representantes, debe estar redactando las enmiendas que se le incorporarán al contrato. Seguramente, tras consultar con Zulma Rosario en la Oficina de Ética, lo contratarán como “asesor administrativo” y todo seguirá igual. 

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