Los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) están en veremos. El proceso que se utilizó para su nombramiento, distinto al que establece la Constitución de Estados Unidos en casos similares, provocó que el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston determinara que los mismos no se hicieron conforme a dicha constitución federal. Tras la determinación, el presidente Trump tendría que someter nuevos nombres o nominar nuevamente a los incumbentes, cosa que hizo el mismo día en que se vencía el plazo dado por el Tribunal para hacerlo. El Senado todavía no había iniciado el proceso de confirmación cuando se fue de receso de verano, y la semana pasada venció el término estipulado por el Tribunal para la confirmación.

Por qué el arrastre de pies de las ramas Ejecutiva y Legislativa en este asunto no lo sabemos a ciencia cierta. Intuimos que se trata de la misma dejadez e indiferencia con que dichas instancias atienden cualquier asunto relacionado con Puerto Rico. Nuestro país se ha convertido en una piedra de tropiezo para el gobierno estadounidense, y todas sus ramas y principales funcionarios, especialmente el presidente Donald Trump, no pueden esconder su frustración y desdén hacia nosotros. Cualquiera pensaría que la impaciencia que demuestran hacia Puerto Rico debía moverlos a actuar con mayor rapidez en los asuntos que tienen que ver con nuestro país. Pero no es así, y aún ellos teniendo el poder absoluto de tomar decisiones sobre nuestros asuntos fiscales, financieros y de gobierno más importantes, nadie en la cúpula federal parece tener prisa alguna para actuar sobre Puerto Rico.

La JCF es un cuerpo que les pertenece. Sus miembros fueron propuestos por los entonces líderes del Congreso, y nombrados por el entonces presidente Barack Obama, a raíz de la aprobación de la Ley PROMESA aquel nefasto 30 de junio de 2016. En el Congreso recae la potestad de supervisar su trabajo y de pedirles cuentas sobre la puesta en marcha de su agenda. Por eso, desconcierta la dejadez del Senado ante la confirmación de estos nombramientos que son hechura del Congreso, y cuya responsabilidad recae específicamente en los Comités de Recursos Naturales de Cámara y Senado.

Quizá la dejadez obedezca a que la decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston no le restó poder ni autoridad a las acciones realizadas por la JCF. Ni las determinaciones tomadas, ni las negociaciones realizadas, ni los acuerdos alcanzados- ni siquiera en este momento cuando su ratificación está en el limbo- están en entredicho. Para efectos del funcionamiento, la autoridad y los poderes delegados a la JCF por el Congreso, la decisión del Tribunal de Circuito no tiene garras. Tal pareciera que su solo propósito fue poner a prueba, una vez más, frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos, el alcance de la Cláusula Territorial de la constitución federal como poder último y definitivo sobre los asuntos de Puerto Rico.

Por eso, los miembros de la JCF, y su Directora Ejecutiva, Natalie Jaresko, han seguido muy campantes, ejecutando fríamente su agenda de negociaciones favorables a los grandes bonistas. Para garantizar el pago de la deuda, insisten en las extremas restricciones presupuestarias, el recorte de las pensiones de nuestros servidores públicos, y demás medidas de austeridad que tienen como resultado el racionamiento del acceso de nuestra gente más necesitada a los servicios de salud, educación y demás servicios esenciales.

Mientras, el Tribunal de Circuito y el Tribunal Supremo federal seguirán jugando con el destino político de Puerto Rico en la vista pautada para el próximo 8 de octubre sobre los nombramientos de los miembros de la JCF. Del otro lado de la moneda, el pueblo puertorriqueño sigue asediado por la JCF y su ejército de asesores, consultores y abogados que exprimen los haberes del País para satisfacer la codicia de los grandes conglomerados financieros de Estados Unidos.

Esta edición de CLARIDAD publica un extenso reportaje de la compañera Cándida Cotto que detalla los pasos que sigilosamente ha dado la JCF para adelantar sus negociaciones sobre la deuda de Puerto Rico, y así anular cualquier intención que pueda tener el Tribunal de Quiebras de permitir la auditoría de la deuda. El cierre súbito de las negociaciones haría académico el reclamo por la auditoría y nuestro pueblo se vería obligado a pagar por una deuda emitida ilegalmente. Además, jamás llegaríamos a saber el monto de dicha deuda ilegal, ni los nombres de las personas y entidades que violaron la ley, un mínimo de transparencia necesario para que nuestro pueblo conozca la identidad de quienes lo desfalcaron.

El pueblo puertorriqueño conoce quién le sirve bien y quién no. Y conoce muy bien para quienes trabaja la JCF. Por eso, rechaza su presencia y su poder, y no le otorga confianza ni legitimidad a sus acciones. Así lo expresó miles de veces la multitud que se reunió para protestar durante la histórica jornada del Verano 2019, voceando la consigna: “Ricky renuncia, y llévate a la Junta”.

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Cuando en marzo 1917 Estados Unidos compró las Islas Vírgenes, entonces conocidas como Indias Occidentales Danesas, cuatro meses antes se celebró un referéndum. Pero aquella consulta no fue para que los habitantes de la isla decidieran, ellos solos, de si querían ser vendidos. La votación fue para preguntarle a los dueños, los daneses, si querían vender. La opinión de los más de cien mil habitantes de las islas caribeñas importaba poco. Dinamarca, un imperio que, aunque nunca fue grande, entonces estaba en plena decadencia, aceptó vender sus posesiones antes de que alguna de las potencias beligerantes de la Primera Gran Guerra se apoderara de ellas.

Cincuenta años antes, en 1867, Estados Unidos había comprado la enorme península que pasó a llamarse Alaska a otro imperio que ya declinaba, el ruso. Entonces tampoco importó la opinión de los aproximadamente 50 mil indígenas esquimales (realmente nadie sabía cuántos de verdad eran) que la habitaban, ni siquiera la de los descendientes rusos que se habían asentado en el territorio. Igual que Dinamarca, Rusia se apresuró a disponer de su posesión porque temía perderlo ante su enemigo del momento, los británicos.

Poco más de seis décadas antes de adquirir Alaska, en 1803, la joven república estadounidense (que ya soñaba con un futuro imperial) había dado un gran palo adquiriendo una enorme extensión de terreno conocida como la Luisiana, a otro imperio que muy pronto sería decadente: la Francia napoleónica. Napoleón realmente no quería vender su gigantesca posesión porque estaba en la plenitud de su sueño imperial, pero otra vez intervino el miedo a los británicos que ya se asomaban por Nueva Orleáns. Además, quince millones de dólares en monedas de oro no vendrían mal para equipar el gran ejército que durante la próxima década marcharía por Europa.

En los tres casos antes mencionados, igual que en otras transacciones similares que registra la historia, tanto para el vendedor como para el comprador fue una mera operación inmobiliaria. La compraventa de países se hacía como cuando se vende una finca. De hecho, ninguno de los ejecutores de las transacciones se detenía a considerar que se estaba vendiendo a un país o un pueblo, sino simplemente un “territorio”. Quienes lo habitaban no contaban. En la llamada Luisiana –que se extendía desde el Golfo de México hasta los Grandes Lagos y de donde eventualmente saldrían 10 de los estados que ahora forman parte de Estados Unidos– vivían cientos de miles o tal vez millones (otra vez, nadie sabe cuántos eran) de personas que para los ejecutores de la compraventa no eran tales. Para quienes firmaron el contrato eran “salvajes” incapaces de siquiera forjar alguna opinión, población sin futuro a los que no había que tener en cuenta.

La última de las transacciones que menciono, la de las Islas Vírgenes, ocurrió hace 102 años y en medio de la Primera Gran Guerra, cuando las preocupaciones estratégicas de los países se vuelven apremiantes. Entonces pocos protestaron, pero ¿qué tal si ese tipo de compraventa se produce ahora, en pleno siglo XXI?

En esos 102 años han ocurrido muchas cosas. La Primera Gran Guerra, que se peleó luego de que los países de Europa pretendieran dividirse el mundo entre ellos, como un bizcocho, representó el fin de varios de los imperios beligerantes: el ruso, el turco, el alemán y el austriaco. También produjo el primer intento de crear una organización internacional que promoviera la colaboración y el respeto entre los pueblos.

Luego, tras la Segunda Gran Guerra, la llama descolonizadora fue creciendo por todo el mundo acabando con los imperios europeos que quedaban. Gran Bretaña dejó de ser el imperio donde nunca se ponía el sol y se redujo a sus islas y Francia fue expulsada de Indochina y África, pagándose a cambio un alto precio en sangre. En el proceso se fortalecieron entidades como Naciones Unidas y se aprobaron tratados y declaraciones sobre derechos humanos donde se privilegia el derecho de los pueblos a autodeterminarse.

Luego de estos desarrollos, y a 102 años de la última transacción “inmobiliaria” en el Caribe, un presidente de Estados Unidos en funciones plantea de lo más campechano, como si estuviera diciendo cualquier cosa normal, que su país adquiera mediante compra lo que él considera otro “territorio” llamado Groenlandia y, a modo de “broma” propone intercambiar el “territorio” pretendido por otro, Puerto Rico, que su país adquirió hace más de un siglo como despojo de guerra.

Cuando Donald Trump propuso su nueva transacción inmobiliaria hace algunas semanas sus seguidores, que participan de su misma mentalidad, la tomaron en serio y la celebraron. Otros, incluyendo a la mayoría de los puertorriqueños, la tomaron a broma. Luego nos percatamos que, para su propulsor, un presidente en funciones, se trataba de una propuesta oficial, de tanta importancia que canceló un viaje oficial a Dinamarca cuando la ejecutiva principal de ese país la descartó como algo poco serio.

Esta propuesta, y la misma existencia de personas como Donal Trump al frente de un gobierno, es un ejemplo más de lo equivocados que estamos quienes creímos que, superado el siglo XX –con sus guerras, el apartheid y la violación flagrante de los derechos humanos– la humanidad podía entrar en una era donde privarían la razón y los sentimientos humanos. Luego del estadounidense apareció Bolsonaro en Brasil, Salvini en Italia y ahora Boris Johnson en el Reino Unido, todos cortados con la misma tijera. Si son capaces de volverse a plantear la compraventa de países y pueblos como si fuera ganado, de nuevo todo será posible y el siglo XXI no superará los cataclismos del XX.

Por Gabriela Ortiz Díaz/Especial para CLARIDAD

En los próximos días se cumplirán dos años del embate del huracán María y todavía unas 20 mil viviendas a través de toda la isla permanecen cubiertas con toldos azules, según información de Apoyo Legal Puerto Rico.

A inicios de septiembre, mes con más incidencia de huracanes, organizaciones vinculadas a las luchas comunitarias del país esperan por que esta semana se emita una respuesta a un recurso legal que sometieron al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el pasado 15 de julio, solicitándole que declare nulas e ineficaces las normas (guías) que el Departamento de la Vivienda ha establecido para la recuperación de las casas de las familias que sufrieron daños tras el paso del huracán.

Al igual que el reclamo que hacen por medio de la acción legal, colectivos como Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos (Idebajo), Taller Salud y Ayuda Legal Puerto Rico advierten sobre el desconocimiento que tienen las personas más afectadas por el huracán sobre el Programa R3 (Reparación, Reconstrucción, Reubicación), subvencionado con fondos federales CDBG-DR.

Estos fondos constituyen una asignación de $9.7 mil millones para la recuperación a largo plazo de las comunidades. De esa cantidad, Puerto Rico cuenta en estos momentos con una primera partida de 1.5 mil millones porque todavía no se ha firmado el acuerdo para disponer de la segunda partida de 8.2 mil millones.

En una denuncia contundente para lograr la recuperación plena y justa en el área de vivienda, estas organizaciones han articulado varias exigencias al Gobierno de Puerto Rico y al Departamento de la Vivienda entre las que figura que el Plan de Acción y las guías de implementación del Programa R3 incluyan una política pública de minimización de desplazamientos y que la relocalización sea la última alternativa.

Otros reclamos han sido que el Gobierno se comprometa con que no habrá desplazamientos forzosos, y que garantice la participación real y efectiva de las comunidades afectadas mediante un consejo comunitario que asesore y fiscalice el manejo de los fondos de recuperación de viviendas. Asimismo, exigieron una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez para que obligue al Departamento de la Vivienda a implementar estas medidas.

Partiendo de que el 62% de las solicitudes de asistencia que le sometieron las personas a FEMA justo después de María fueron rechazadas por esa agencia, en la mayoría de los casos por carecer las personas del título formal de sus viviendas, lo preocupante para estas organizaciones es que pase lo mismo con la otorgación de estos fondos del programa R3.

Según la licenciada Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal, lo que también preocupa es que se esté utilizando el pretexto de la falta de título de propiedad para desviar los fondos y que no lleguen a quienes los necesitan para reparar sus techos. “Lo preocupante es que, de esa primera partida de la asignación, no ha llegado ni un dólar a las comunidades pobres del país”, señaló.

Los portavoces de las organizaciones advirtieron de que las normas actuales –establecidas por el Departamento de la Vivienda sin consultar con las comunidades– además de excluir a quienes carecen de título de propiedad, no cobijan a aquellas personas cuyos hogares ubican en las zonas inundables delimitadas por FEMA, agencia que amplió los mapas de inundación después del paso de María, acción que afectó a más de 200 mil viviendas.

“Sin los cambios exigidos, que incluyen considerar la mitigación antes de relocalizar, se permitirán los desplazamientos de familias pobres y la desarticulación de comunidades”, advirtió Godreau Aubert.

Desconocimiento sobre

el programa R3

El programa principal para reparación de vivienda dentro de los fondos CDBG-DR es el R3, que actualmente tiene más de $825 mil millones asignados.

Para efectos del programa, los términos se definen como: reparación, el arreglo de la casa no puede sobrepasar el 50% de su valor o $60 mil; reconstrucción, se hará si el arreglo se excede de los valores anteriores, pero no se podrá realizar en zonas inundables; relocalización, se realizará en caso de que la vivienda esté en zona inundable o de que la persona no tenga título de propiedad.

“Lo que se está haciendo con los fondos CDBG-DR es prohibir la reconstrucción de viviendas en zonas inundables, a la misma vez que esas zonas se convierten en lugares atractivos para atraer invenciones de oportunity zone”, comentó la directora de Ayuda Legal.

“Nos preocupa esta política de oportunity zone, en la que se les da incentivos para construir a fondos que no tienen ninguna evidencia de que la construcción a desarrollar beneficiará a la comunidad en donde se encuentra localizada”, continuó la licenciada.

Advirtieron que en esta situación también está envuelto el nuevo mapa de calificación. “La amenaza de desplazamiento no es hipotética. Concertadamente, hay muchas piezas en la mesa que, en última instancia, obligan a la gente del país a permanecer en ciertas zonas mientras otros pueden venir y ocupar áreas porque puede pagar”, dijeron.

Los portavoces denunciaron también que el Departamento de la Vivienda no ha dado ninguna información sobre el programa R3, aunque ya se puede solicitar desde el 31 de julio (los primeros 90 días se supone que la atención esté dirigida a los sectores poblacionales más vulnerables). Según Godreau Aubert, “Vivienda anunció que ya solicitaron 8,900 personas de un tope de 20 mil. Aún hay municipios sin información sobre el programa, faltan centros para llenar solicitudes, no es suficiente decirle a la gente que solicite usando una app o el teléfono”.

Por su parte, la licenciada Nicole Díaz afirmó que “no tenemos información sobre el término que tiene Vivienda para contestarle la solicitud a las personas, para que les inspeccionen las casas o para que les entreguen la ayuda. No sabemos nada. Se queda en el limbo la gente con mayor necesidad”.

Otra preocupación es que no hay centros para llenar solicitudes a través de toda la isla, por lo que no todo el mundo puede llegar hasta ellos.

¿Tu hogar renace 2?

Se sabe que con el dinero asignado, específicamente para el programa R3, Vivienda contrató cuatro compañías extranjeras –AECOM Thechnical Services, Alliance for the Recovery of Puerto Rico, ICF Inc e Innovative Emergency Management– para que se encarguen de gestionarlo. Pero resulta que las primeras dos de esas compañías participaron en el programa Tu hogar renace, que en su momento significó el mal gasto institucional de 1.2mil millones.

“La mayor preocupación es que esto se convierta en Tu hogar renace 2 y que el dinero vaya a donde no tiene que ir”, dijeron.

“Como no hay un mecanismo de transparencia ni de rendición de cuentas, la preocupación es el desconocimiento de quiénes se están enriqueciendo y de a quiénes no está llegando el dinero”, recalcó Godreau Aubert.

Salinas y Loíza entre los afectados

Según Roberto Thomas, portavoz de Idebajo, organización de base comunitaria de la región sureste, el 24% de las viviendas de Salinas, unas 3,184 familias, fueron afectadas. El líder informó que más del 60% de las solicitudes a FEMA fueron denegadas, por lo que más de 2 mil familias no recibieron la indemnización de la agencia federal, y actualmente 400 familias todavía viven bajo toldos azules.

Idebajo se unió a los reclamos porque, a juzgar por Thomas, “se están generando las condiciones para expulsar a cientos de familias de sus comunidades para permitir el acceso de las oportunity zones y de inversiones privadas que se queden con los terrenos y territorios donde viven ahora mismo esas familias pobres”.

De igual forma, Jennifer de Jesús, de Taller Salud en Loíza, expresó que se unía a las denuncias porque “las guías del programa R3 están llevando a volver a discriminar sobre las personas que ya fueron discriminadas por FEMA cuando se les denegaron las ayudas”.

Según explicó, el 49.6% de la población actual de Loíza vive bajo los niveles de pobreza. “Esas personas seguramente son las que no tienen títulos de propiedad y a los que se les denegaron ayudas de FEMA. Volverían a quedar excluidos”, puntualizó.