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Editorial:En silla caliente el Secretario de Agricultura

 

El referido para investigación hecho al Departamento de Justicia por la gobernadora Wanda Vázquez del secretario de Agricultura, Carlos Flores, por alegaciones de conducta impropia, parece que pica y se extiende. Fuentes de CLARIDAD han informado que la acción de la Gobernadora fue motivada, entre otras razones, por la manera en que el hasta ahora Secretario ha dispuesto del dinero asignado para subsidios agrícolas del Fondo para el Desarrollo Agrícola. 

Las razones oficiales tras el referido han estado envueltas en un halo de misterio. Ni la mandataria, ni sus secretarias de la Gobernación y de Justicia, han querido ofrecer detalles sobre las razones que dieron base a tan inusitada decisión. Pero, como dice el refrán, “cuando el río suena es porque agua lleva”, por lo cual una fiscal experimentada como Wanda Vázquez, y una abogada y legisladora sagaz como Zoé Laboy deben haber encontrado abundantes fundamentos legales en las querellas presentadas y juramentadas, como para tomar la decisión de referirlo a Justicia. La secretaria de la Gobernación ha lamentado públicamente que el referido se filtrara a la prensa, a pesar de que trataron de manejar el asunto con el mayor sigilo. Laboy debería haber sabido que la información se iba a filtrar rápidamente. No solo porque Puerto Rico es pequeño, y aquí todo se sabe, sino porque el Secretario de Agricultura no es “santo de la devoción” de mucha gente desde hace tiempo, y sus acciones y determinaciones en dicho departamento han sido cuestionadas por importantes sectores de la industria agrícola. 

Las controversias públicas entre el secretario Carlos Flores y sectores medulares de la industria agrícola de Puerto Rico son conocidas. Estas tomaron un giro más enconado a raíz de la decisión del Secretario de destituir de su puesto al administrador de la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), Jorge Campos, destitución que fue revertida por la Gobernadora. Específicamente, la Asociación de Agricultores y la Cooperativa de Productores de Leche (COOPEL) han sido críticos acérrimos del Secretario, y han cuestionado cómo este ha manejado los subsidios e incentivos agrícolas. Máxime, cuando tras el paso del huracán María el sector lechero ha dejado de recibir unos $4.8 millones, y otros $57 millones el sector de café. Además, el sector de café le imputa a Flores negligencia en el manejo de más de 2 millones de semillas para la siembra, lo cual afectaría la producción del grano. 

La Federación de Pescadores Comerciales también se ha manifestado a favor de investigar al Secretario de Agricultura. Su presidente, Miguel Ortiz, denunció la poca ayuda ofrecida y recibida del Departamento de Agricultura por los grupos de pescadores comerciales afectados severamente por el huracán María. Muchas de estas facilidades de pesca fueron destruidas y permanecen en condiciones precarias dos años después del huracán. 

Específicamente, la fuente de CLARIDAD se refirió a la asignación de $30 millones del programa de subsidios agrícolas que hizo el Secretario de Agricultura, para que Suiza Dairy, una empresa privada del sector lechero, establezca una planta procesadora de leche de larga duración (UHT) en Puerto Rico. Esto está en abierta y directa contradicción con la marca puertorriqueña Indulac, líder de leche UHT en este mercado, y propiedad de la Cooperativa de Productores de Leche (COOPEL). A Suiza Dairy, ORIL le había prohibido hace unos meses la importación y venta en Puerto Rico de leche evaporada y condensada, porque esa práctica amenazaba la producción puertorriqueña. Poco tiempo después de la determinación de ORIL, el Secretario Flores destituyó al administrador de dicha oficina, levantando señalamientos de parcialidad y preferencia hacia la susodicha empresa privada. 

Si examinamos las sociedades más sostenibles del mundo, todas- grandes y pequeñas- tienen de común denominador una industria agrícola fuerte y bien dirigida, con políticas públicas y administradores dedicados a estimular y fortalecer la agricultura de cada país. Puerto Rico no podrá superar sus muchos retos si seguimos dependiendo tan abrumadoramente del suministro de productos agrícolas de primera necesidad del extranjero. Al presente, Puerto Rico importa el 85% de lo que consume y es imperativo revertir esa ecuación si queremos aspirar a construir un país sostenible. Por eso, el Secretario y el Departamento de Agricultura son vitales como el brazo activo y entusiasta que impulse y sostenga el despertar agrícola de Puerto Rico. 

Ya Puerto Rico ha pagado un costo muy elevado por privilegiar lo de fuera sobre lo nuestro. Lo hicimos con la industria avícola y Puerto Rico perdió. Se destruyó una industria avícola del país pujante, mientras se permitió la entrada indiscriminada y el “dumping” de excedentes de pollos y huevos del extranjero, en perjuicio de la producción del país. No podemos permitir que ocurra lo mismo con la leche o el café, y que la pesca buena y fresca sea solo para consumirse en ciertos restaurantes exclusivos. La industria agrícola puertorriqueña necesita aliados firmes y valientes que no desalienten a las nuevas cepas de agricultores que apuestan a un futuro distinto en nuestro país. 

La acción de la Gobernadora de referir al Secretario de Agricultura para que sea investigado por el Departamento de Justicia es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. El Secretario de Agricultura debió haber sido relevado de sus funciones hasta tanto concluya la investigación en su contra. Además, es imperativo que nuestro pueblo conozca de primera mano los pormenores de una investigación que ya se ha filtrado, para que no se ponga en entredicho la intención de esta Gobernadora de impedir que en su gobierno haya una doble vara en la aplicación de las reglas del juego. 

Recordando a Enrique Fernández Toledo

 

Por Noel Colón Martínez/Especial para CLARIDAD

Lo nombraré en este escrito póstumo como siempre lo llamé: Quico. Era mi entrañable amigo y podría reducir a horas, antes de su deceso, la última vez que tuvimos una larga conversación. Como resultara normal el tema era Puerto Rico, nuestro derecho a la autodeterminación política y unos esfuerzos en curso, con los cuales él colaboraba, en el Congreso de Estados Unidos. No era desacostumbrada esa conversación pues durante más de veinte años, mientras se desempeñó como asesor en la oficina del amigo congresista Luis Gutiérrez compartíamos nuestras preocupaciones sobre el destino de nuestro país. A Quico le dolía su país, su realidad colonial y ahora el agravamiento de la situación con motivo de los huracanes, la presidencia de Trump y la corrupción pública. Aunque parezca extraño para los que no lo conocieron se mantenía más informado sobre las ambigüedades de nuestro debate político interno que la generalidad de nuestra población. Amaba y respetaba a Puerto Rico hasta el límite. Muchos de nuestros políticos acudían a él para compartir ideas en el entendido de que Quico era una fuente erudita y además profundamente honesta y desinteresada. Su compromiso con un destino de soberanía plena para su país era permanente e inmutable. Esa profunda fe en el destino final de su patria avalada por su incorruptible integridad personal le permitía mantener buenas relaciones con políticos de diversas posturas ideológicas. No hubo problema que apuntara a crisis en nuestro país que no lo hiciera suyo y en lo posible lo moviera a compartirlo acá entre nosotros. 

Vivo ejemplo de lo anterior fue su incorporación a la lucha para expulsar a la Marina de Guerra de Estados Unidos de nuestra isla de Vieques. Tanto Quico como Luis Gutiérrez participaron de manera activa en lo que ya se había convertido en una movilización nacional contra la Marina. Muchas personas tratábamos de mantenerlos al día sobre el desarrollo del conflicto, pero, en un momento, Luis me pidió que les informara cuando a nuestro juicio se iba a producir una acción de desalojo por parte de los militares. Ambos querían estar aquí. En esos días el Congreso Nacional Hostosiano mantenía un campamento permanente en la playa adyacente al campo de tiro de la marina. Cuando tuvimos señales muy persuasivas sobre la inminencia de una acción dirigida a desalojar el área, llamé a Luis y a Quico y les informe que si podían hacerlo debían salir inmediatamente para Puerto Rico; así lo hicieron y menos de cuarenta y ocho horas después entrábamos por la parte este de Vieques y poco tiempo después nos enfrentamos al primer desalojo y el primer arresto de un grupo importante de manifestantes el día 4 de mayo del 2000. Para nosotros la presencia de ellos tenía un significado trascendente y para mí fue otra muestra de un compromiso real con Puerto Rico.

Aunque Luis Gutiérrez ha sido uno de los más leales servidores de los mejores y más patrióticos intereses de nuestro país, la presencia de Quico resultó esencial en las importantes iniciativas legislativas que Luis protagonizó en el Congreso en favor de nuestra descolonización. A mi juicio el entrenamiento de Quico en la oficina de Luis le permitió a éste lograr viabilidad y además el apoyo desbordado de un puertorriqueño coincidiendo y nutriendo sus esfuerzos. Luis ha dicho recientemente: “’Puerto Rico ha perdido una de sus más grandes bendiciones. Todo el mundo lo quería y lo amaba. El amaba a Puerto Rico y Puerto Rico lo amaba a él’’. Su hermana Nydia nos expresa: “Mucha gente nos da fe de como mi hermano los apoyó en todo lo que lo necesitaran. Quien lo llamara tenía su apoyo de manera generosa, de todo corazón y de forma anónima. Un ser humano de oro.” 

Quico estudió en Puerto Rico su primaria, su educación secundaria y la universitaria en la Universidad de Puerto Rico. Realizó estudios en Economía en la Universidad de Madison en Wisconsin. Se instaló en Chicago y cuando Gutiérrez fue electo Congresista por el distrito 4 de Chicago en 1992 se integró a la oficina de su buen amigo Luis Gutiérrez, donde permaneció como su asesor por veinte años. Su relación con el debate de Puerto Rico en diversos momentos lo convirtió “en una de las memorias históricas de los debates sobre la isla en el Congreso en las últimas décadas’’. Recientemente se desempeñaba como Director de la Iniciativa de Política Pública Económica y Alivio para Puerto Rico del Center For American Progress, un grupo de estudio de Washington D. C. Cuando Quico se incorpora a la oficina congresional de Gutiérrez en 1993 está totalmente comprometido con el esfuerzo de casi todos los puertorriqueños por lograr la excarcelación de los prisioneros políticos cumpliendo sentencias en cárceles federales desde la década del cincuenta. En marzo de 2018, tras la devastación de Irma y María, el Center For American Progress lo recluta para atender la grave crisis que vivimos y para hacer todo esfuerzo para que aquella calamidad pudiera ser superada mediante acciones tendientes a normalizar en el más breve tiempo la crisis. En esa faena en favor de su pueblo se encontraba ahora. Entre ambos periodos, 1993 y el presente jamás despegó sus ojos de su País, de su Patria, a la que soñó regresar. En unas faenas u otras siempre con Puerto Rico en su acción y en su corazón.

A Mayra, su viuda, a sus hijos Enrique, Carlos Antonio y Mayra Libertad y a su familia en Puerto Rico vaya el orgullo compartido de haberlo tenido entre nosotros junto al inevitable quebranto y vacío que produce su partida.

Hacia la Tercera República

 

Por Wilma E. Reverón Collazo/Especial para CLARIDAD

El 23 de septiembre de 1868 los revolucionarios de Lares dirigidos por Manuel Rojas, proclamaron la Primera República de Puerto Rico. El 30 de octubre de 1950, Blanca Canales, acompañada del entonces joven Heriberto Marín Torres, proclamaron la Segunda República de Puerto Rico.

Parto de la premisa de que el consenso en el movimiento independentista y mas allá el soberanista, aspiramos a un sistema republicano de gobierno. La primera república del continente americano la fundó Estados Unidos de América tras declarar su independencia del Reino Unido, allá para el 1787. Una república en todo el sentido de la palabra (del latín) “cosa pública”, donde participa toda la ciudadanía y no debe estar dominada por una clase social o unas élites. 

Partiendo del consenso en una forma republicana de gobierno ¿qué aspiramos en la constitución de esa república? Podría seguir el modelo bicameral o el unicameral que fue favorecido en el referéndum del 10 de julio de 2005 y que el bipartidismo corrupto se negó a acatar.

Tendría una Carta de Derechos que podría contener los derechos económicos y sociales que nos removieron de la constitución del ELA de 1952, por ser ideas socialistas,  a pesar de que eran un calco de artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, cuya comisión redactora presidió la viuda de FDR, Eleonor Roosevelt. De hecho el último mensaje televisado de FDR semanas antes de morir, le pedía al Congreso de EEUU que aprobaran una segunda carta de derechos que incluyera los derechos sociales y económicos. Entre los derechos que se debe garantizar a la población deben estar la educación gratuita a todos los niveles, el acceso a un plan de salud universal y el acceso a una vivienda digna.

Además, se le incorporarían los llamados derechos humanos de tercera generación conocidos como Derechos de los Pueblos, como el derecho a la paz y a un ambiente sano y los derechos de cuarta generación que tienen que ver con el acceso a la tecnología, la informática y el ciberespacio.

Las prioridades de la Tercera República debe poner al ser humano como el centro de su política pública. No hay recurso natural mas importante que las mujeres y los hombres. Pero las mujeres y los hombres vivimos en un planeta con una capacidad finita y en una isla pequeña como Puerto Rico esa capacidad y la protección de la misma, es estratégicamente importante. Por lo tanto, el uso inteligente de nuestros mas de 9,000 km, incluyendo Vieques y Culebra, tiene que ser pensado para el desarrollo humano, no para el desarrollismo descontrolado. El turismo es importante, pero no puede ser más importante que el desarrollo agrícola y pesquero, para garantizar la seguridad alimentaria y poder preparar un plan de sustitución de importaciones de alimentos que garantice una dieta básica sana accesible a la población. 

La libertad de comercio y la propiedad privada serían parte la infraestructura económica de esa Tercera República, dentro de una economía mixta, donde el estado tendría un rol como gestor y propietario como custodio del pueblo, de unas empresas que por su importancia como bien social deben ser protegidas, como son los servicios de energía y agua. Las cooperativas o empresas de trabajadores también podrían tener un rol importante en la propiedad de algunos de esos sectores estratégicos de la economía.

Debemos ser conscientes que la inversión extranjera es necesaria pero no puede ser bajo las reglas del neoliberalismo depredador. En última instancia, lo que un inversionista extranjero busca es seguridad jurídica, que tenemos y podemos mejorar significativamente sacando el clientelismo político partidario en el nombramiento de jueces y creando las carreras jurídicas y exámenes de oposición; paz social que garantice la paz industrial, a lo que debemos aspirar; mano de obra diestra e inteligencia empresarial, que tenemos ya y tenemos que seguir desarrollando pensando en las tecnologías del futuro como la robótica. Ya no podemos seguir llorando por las 936. Las industrias de mano de obra intensiva son cada día mas cosa del pasado. Tenemos miles de puertorriqueños desparramados por el mundo con calificaciones en industrias altamente técnicas y científicas. El reto será crear un plan de desarrollo económico que les atraiga a aportar sus conocimientos aquí.

¿Qué hacemos con el 65% de personas viviendo bajo niveles de pobreza y dependientes de ayuda del gobierno? En toda creación de algo nuevo habrá que asignar recursos para las transiciones. El objetivo o la aspiración debe ser que en la medida que esas personas tengan acceso a educación y salud de calidad, se irán formando nuevos trabajadores y profesionales que aportarán al desarrollo del país. Mientras eso pasa, que tomará por lo menos una generación, el presupuesto del gobierno de la República de Puerto Rico necesariamente tiene que tener una asignación para atender esas necesidades humanas de alimentación sobre todo.

Hay 193 países miembros de la ONU y hay otros que no son miembros. Desde la década de los años sesenta sobre 80 países han advenido a su independencia. Ninguno ha pedido volver a ser colonia. Por algo será.

La soberanía nos dará el poder de organizar nuestra vida como pueblo internamente como entre todos y todas decidamos. En lo exterior, nos dará el poder de negociar tratados, acuerdos comerciales, acuerdos de financiamiento, inversión extranjera que aporte a un desarrollo sostenible. Nos incorporaríamos a las discusiones de la Agenda 2030 de la ONU que aspira a eliminar o por lo menos reducir significativamente la pobreza en el mundo para el años 2030. Participaríamos de las convenciones como la de derechos del mar, del cambio climático, de derechos civiles y políticos, de derechos sociales y económicos. Nos nutriríamos de las discusiones que se llevan a nivel internacional y las cooperaciones en el combate del flagelo del narcotráfico.

¿Nos puede ir peor que como estamos ahora, en quiebra y sin poderes soberanos y presos de Wall Street y los fondos buitres? NUNCA. 

Un gran Enrique

Arturo Massol Deyá y Enrique Fernández Toledo. foto: Suministrada

 

Por Arturo Massol Deyá/Especial para Claridad

Otro más, me pregunté al despertar: “Kiko has been upgraded to a Category 3 Hurricane, with sustained winds of 127 MPH”. Con esta notificación amanecí el 15 de septiembre en un bosque de robles por florecer en Adjuntas. Para nuestra fortuna, Kiko andaba por el Pacífico. Con café en mano decidí escribir a las 6:26 de la mañana al amigo Enrique Fernández Toledo a quien conocemos como Kiko. Incluyendo copia de la pantalla del celular le diría “por favor, éstas no son formas de despertar a uno un domingo en El Caribe”. 

Rato después recibiría su contestación: “¡Seguro se convierte en 5! Luego me cuentas lo de Grijalva. Abrazo”. Siempre pendiente a Puerto Rico desde Washington, sus amores tenían latitud y longitud definida. 

Ya olvidado del asunto respondería nueve días después con copia de otra notificación climática: “Kiko has been downgraded to a Tropical Depression. Diablo Kiko, sigues dando candela”. Y aunque todos esperamos la extinción de las tormentas tropicales, unas más destructivas que otras, nada me habría preparado para una notificación más. Esta vez llegaría como llamada al mismo celular: “Arturo, te tengo malas noticias, Kiko ha muerto”.

Pienso y vuelvo a pensar sentado en el balcón de un tercer piso mirando al horizonte. ¿Será que escuché bien? Esa llamada nunca ocurrió, preferí pensar, listo para aceptar faltas de la memoria.

A Kiko lo conocí en tiempos de conflicto cuando el País se jugaba su integridad física ante la perversa propuesta del gobierno de Luis Fortuño de construir un gasoducto y cínicamente llamarle Vía Verde. En el proceso de evaluación, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos expatrió el expediente del proyecto, de San Juan a Jacksonville, en una movida sin precedente. Bajo estas circunstancias conocí a Enrique. 

En el libro Amores que luchan [Ediciones Callejón 2018] narro la lucha exitosa de las comunidades puertorriqueñas aquí y en la Diáspora en contra de aquel gasoducto. Allí escribiría: “La participación acertada del Congresista [Luis Gutiérrez] no sería posible sin el enlace con gente valiosa. Su asesor principal era Enrique Fernández Toledo, quien le acompañó desde sus primeros días en el Congreso, hace décadas atrás. El enlace y manejo de lo cotidiano, correos, intercambio de información, discusión estratégica, análisis, llamadas, peticiones, en fin, todo lo relacionado al Congresista, fue a través de Enrique. Kiko, como le dicen de cariño, merece gran crédito. Otros en su oficina igualmente apoyaron y contribuyeron pero la relación con Enrique fue especial. Los afectos eran reales, su compromiso incuestionable y, además, era una persona que destilaba humilde honestidad. Enrique fue un actor principal, anónimo para muchos, un protagonista [titán] para nosotros”. 

Así como desde Washington fue amigo de Puerto Rico para detener ese proyecto de muerte, igual aportó por la salida de la Marina de Guerra de Vieques, por la excarcelación de los prisioneros políticos y por muchas causas de índole cotidiano para los puertorriqueños. Sabía pulsar el poder político y entender sus dinámicas. Su sabiduría alimentaba a muchos incluyendo a políticos de la Isla que se acercaban a la oficina de Luis Gutiérrez. Aunque lo nieguen algunos políticos acá, si alguien les abrió los ojos sobre la condición colonial del ELA fue Enrique. Algunos podrán confundirse, pero un Puerto Rico nuestro era su gran aspiración. 

Como muchos boricuas que hacen vida en Estados Unidos, tenía en marcha su plan de vuelta a la Isla. Quería retirarse en uno o dos años y vivir por Luquillo, por eso de estar cerca de su siempre amigo Servando. “Después de tantos años podré mirar al mar desde la loma, tengo hasta espacio para sembrar” me diría el día de cumpleaños de Mayra, su esposa, en la sala de su hogar, con sus perros esperando a que les abrieran la puerta para salir a correr. 

“No hay nadie como Enrique en DC, ¿qué haremos?”, me preguntaba alguien esta mañana. “No hay nadie como Kiko en Luquillo, ¿cómo haremos?”, me respondí en silencio. 

Esta columna se publica simultáneamente en 80grados y la Perla del Sur.

Un proyecto nefasto para el estudiantado con necesidades especiale

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Mientras la Junta de Control Fiscal (JCF) y el secretario del Departamento de Educación (DE) mantienen una controversia pública sobre a quién corresponde buscar el dinero que requiere la Secretaría de Servicios Integrales para Personas con Impedimentos (SAEE), lo que se conoce como la Secretaría de Educación Especial, la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico se empecinan en aprobar un proyecto para una nueva ley que afectaría de manera directa las estipulaciones en el caso Rosa Lydia Vélez vs. Departamento de Educación. 

El PC 1945 pasó al Senado luego de haber sido aprobado en la Cámara de Representantes esta semana pasada. Jeanette Morales, portavoz del Comité de la Niñez y Educación Pública (CNEP), denunció a CLARIDAD que el proyecto fue aprobado sin vistas públicas, bajo el argumento de que ya se ha habían celebrado vistas públicas en el proyecto anterior. Y en efecto, en la sesión pasada, la Legislatura aprobó este mismo proyecto bajo el número PC 1484, el cual fue vetado por el entonces gobernador Ricardo Rosselló.

“Todas las organizaciones de padres y madres de esta población de estudiantes, están opuestos al proyecto”, expresó Morales, por lo que una vez más están solicitando una reunión con la actual gobernadora para presentarle sus argumentos.

Morales atribuyó la insistencia en volver a presentar y aprobar el proyecto a que este responde a los intereses de la contratista Martha Díaz, dueña de Complain & Rsearch, quien al ganar el PNP presentó una propuesta al DE de un millón de dólares y no se la aprobaron. “Entiendo que hay unos intereses económicos y de control de los fondos de Educación Especial”. 

Agregó que el representante Rafael June Rivera, impulsor de la medida lo que tiene es “un interés político donde él quedaría como el superhéroe de la educación especial”. Respecto a la postura del secretario del DE, Eligio Hernández, la activista censuró que el secretario lo que haya hecho es decirle a los padres que no hay dinero para la educación especial.

El proyecto

La insistencia de la Legislatura por aprobar la medida va en contra hasta de la postura de la JCF y la Oficina de Gerencia Presupuesto (OGP), quienes se opusieron al proyecto la primera vez que fue presentado bajo el preciso argumento de que no hay dinero para sufragarlo.

Se afirma el hecho, además, de que todas las organizaciones de padres y madres de los estudiantes de diversidad funcional o necesidad de educación especial se oponen a la medida. Entidades como la Alianza de Autismo de Puerto Rico (AAPR), abogados que prestan servicios a esta población de manera reiterada, se han expresado en contra del proyecto. 

Entre las muchas fallas que han denunciado presenta la medida destacaron el que excluye a los recién nacidos e infantes entre las edades de 0 a 3 años de vida. Es decir, que de aprobarse la medida, los infantes quedarían desprovistos de los servicios de intervención temprana, debido a que el proyecto de ley los excluye. En su lugar, se propone que la Asamblea Legislativa legisle de manera separada para ese grupo de edad, lo cual arriesgaría los servicios que recibe dicha población tan pronto se apruebe el proyecto.

La medida además incorpora plazos que afectan términos de la Sentencia por Estipulación en el caso Rosa Lydia Vélez vs. DE, que resultan más beneficiosos para los estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial. También perjudica el acceso a la justicia, ya que prohíbe a los padres la solicitud de reconsideración de las decisiones que toman los jueces administrativos. 

Según expusieron las organizaciones, el Artículo 11(6) del P. de la C. 1945 impide la solicitud de reconsideración en el Foro Administrativo, por lo cual la parte querellante, de perder el caso, tendría que recurrir a un nuevo juicio en el tribunal federal o estatal. Ello encarecerá los procesos de litigación y le pone trabas al acceso a la justicia.

Entre otros señalamientos, denunciaron que el proyecto politiza la designación de jueces administrativos al establecer que serían designados por el gobernador. En la actualidad, los jueces y juezas son designados por el DE, mediante contrato. Esto representa un riesgo de incremento en los costos.

Reclaman atención las Escuelas Montessori

La comunidad de estudiantes del Programa de las Escuelas Montessori también denunció la falta de atención por parte del secretario, Eligio Hernández, a la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori (SAEM). Un nutrido grupo de padres, madres y estudiantes de las escuelas Montessori llevó a cabo una manifestación la semana pasada frente a la Fortaleza en reclamo de atención por parte de la gobernadora.

Daliana Suárez, una de las portavoces, indicó a CLARIDAD que lograron reunirse con la ayudante de la gobernadora Maricarmen Bosh. En la reunión el grupo fue muy enfático en presentar el destacado rol que tuvo la SAEM desde que se creó mediante carta circular en el 2014, que aumentó de 25 a 53 escuelas en la actualidad bajo este modelo educativo. 

Hasta la llegada de Hernández como secretario del DE, contaban con una directora en propiedad y cuatro maestros en destaque, cada uno especialista en los distintos niveles del modelo Montessori. Este verano el Secretario envió de vuelta a las escuelas a las cuatro maestras y desde entonces está sólo la secretaria.

La portavoz añadió que los padres y madres atendieron primero la necesidad de la falta de contratos de maestros de los salones de clases y luego estuvieron agotando la diplomacia, solicitando una reunión al Secretario para atender la falta de su equipo de trabajo de la Secretaría. “Esa reunión nunca se ha dado. En ningún momento ha accedido a reunirse con nosotros. Le escribimos una carta pública dándole un plazo de dos semanas para que revirtiera la decisión de devolver a los maestros”.

Suárez dijo que el grupo no recibió ninguna contestación, ni explicación por parte del secretario respecto a su determinación y no fue hasta la manifestación frente a la Fortaleza que Hernández les contestó. En tono indignado Suárez reveló que la reacción del Secretario fue decir que fue una “imprudencia” la manifestación, que había que celebrar que por primera vez se tenían todos los maestros en sus puestos y que dado a que las escuelas Montessori tienen una población alta de estudiantes de Educación Especial iba atender las necesidades de EE y que todo lo que era administrativo pasaba a un segundo plano y se atendería en una segunda fase. 

La educadora ereconoció que sí es correcto que las escuelas Montessori tienen una población alta de estudiantes de EE: “Es por una razón: porque les va muy bien ahí”. Añadió que las escuelas Montessori “no corren con piloto automático, no se convierten en Montessori de un día para otro, cada una está en un momento distinto de su transición, es un proceso paulatino que requiere que se vayan formando a los maestros, preparando los salones, adiestrando el personal administrativo, y eso es parte primordial del equipo de la Secretaría, que es adiestrar desde directores hasta el personal de la escuela, velar porque se cumpla el currículo, que estén los materiales en su lugar para atender las situaciones de día a día de las escuelas”.

Ante la falta del equipo de trabajo denunció que ahora la Secretaría está sumida en las capas de la burocracia del Departamento que no conoce el método y apuntó que por eso fue que se creó la SAEM, porque se vio que era más efectivo que el programa se coordinara desde una secretaría aparte.

Suárez, quien tiene tres hijos en la Escuela Juan Ponce de León, en la comunidad Juan Domingo, en Guaynabo, indicó que las 53 escuelas Montessori se reparten en 28 municipios con 15 mil estudiantes. “Somos una comunidad sumamente activa y militante que no vamos aceptar ese retroceso en el funcionamiento de nuestro proyecto”, afirmó.

El año pasado las comunidades de las escuelas Montessori lograron detener el cierre de 15 de sus escuelas que el DE pretendía convertir en escuelas chárter. “Yo quisiera pensar que esa batalla ya la ganamos. Tuvimos que luchar como comunidad, lanzarnos a la calle cuando la Secretaría se rehusaba a reabrir las escuelas que ya estaban rehabilitadas, y que estuvieron un mes cerradas”, reclamó Suárez.