Por Cándida Cotto/CLARIDAD
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Un estudio que compara la respuesta del gobierno de Estados Unidos (E.E. U.U.) a los huracanes Harvey, Irma y María confirma las denuncias de que el pueblo de Puerto Rico recibió un trato desigual de parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) tras el azote a la isla por los huracanes Irma y María en septiembre de 2017.
La investigación titulada The United States actions after Hurricanes Harvey, Irma and Maria, preparada por la empresa Econometrika, Corp., indica que FEMA respondió de manera diferente a los desastres ocasionados por el paso del huracán Harvey por Texas, en agosto de 2017 y de Irma por la Florida, un mes más tarde, en comparación con lo que hizo por las posesiones de Puerto Rico e Islas Vírgenes al paso de Irma y María. También compara la acción de FEMA ante paso del huracán Katrina por Louisiana, en el 2005.
El estudio destaca que la respuesta de FEMA a los desastres causados por los huracanes en Puerto Rico no pareció tomar en cuenta las características socioeconómicas de nuestros habitantes: por ejemplo, que las personas de 65 años o más son muy susceptibles a los efectos de los eventos naturales y que para el 2016 el país tenía una población aproximada de 600,000 ancianos. Además, que cinco de cada diez personas vivían por debajo del nivel de pobreza, que el 18% estaba desempleado y que el 86% de toda la infraestructura en la isla se construyó en o antes 1999. De acuerdo con los investigadores, estos datos demuestran que Puerto Rico era de mayor vulnerabilidad que otros territorios de los Estados Unidos.
Estas circunstancias socioeconómicas fueron consistentes con el hecho de que Puerto Rico solicitó de manera proporcional más ayuda de FEMA que los otros dos estados afectados por los huracanes. Según recoge la investigación, después del huracán María, el 73% de las solicitudes a FEMA se referían a la necesidad de alimentos, el 95% a la falta de servicios públicos y el 64% a daños al hogar. En contraste con estados como Florida, los solicitantes puertorriqueños dijeron que sus circunstancias eran extremadamente graves.
Para Puerto Rico, FEMA determinó que solo el 41% de las solicitudes para asistencia eran elegibles, mientras que para Luisiana, tras el paso del huracán Katrina, FEMA aprobó el 68% de las solicitudes. Después de María, los puertorriqueños recibieron en promedio $2,608.28; sin embargo, las personas recibieron más dinero en Louisiana ($7,129.36) y en Nueva Orleans ($10,389.29). Ante estos hechos la investigación afirma que la Ley de Asistencia de Emergencia (Ley Stafford 1993-288) establece que el propósito de cualquier acción debe ser “salvar vidas y prevenir el sufrimiento humano”, y que las disparidad entre Puerto Rico y esos estados es evidente.
En cuanto a la vivienda, los datos presentados validan las quejas que han hecho organizaciones no gubernamentales, así como comunidades y personas en su carácter individual, de que han recibido poca ayuda de FEMA por daños o pérdidas de sus casas. La investigación denuncia que aunque el 2.7% de las casas de alquiler inspeccionadas en Puerto Rico tuvieron daños mayores después de María, a otros territorios que tuvieron menores porcentajes de daños en la categoría de la vivienda, FEMA les aprobó la otorgación del máximo a 19 inquilinos en Texas, a 8 en Florida, a 14,634 en Luisiana, a 11,747 en Nueva Orleans y solo a 1(uno) en Puerto Rico.
Del mismo modo, la agencia federal aprobó subvenciones máximas para 5,240 propietarios en Texas (1.2% de casos), y para 3,364 en Puerto Rico (0.4% de los casos). En las Islas Vírgenes, Luisiana y Nueva Orleans, los porcentajes de aprobaciones de subvenciones fueron más favorables que en Puerto Rico.
Este patrón se repitió en las solicitudes de asistencia de otras necesidades. Mientras FEMA solo aprobó el 34% de las solicitudes de asistencia en la isla después de María, en Texas, tras el paso de Harvey, aprobó el 35%. Las Islas Vírgenes tuvieron porcentajes más altos que Puerto Rico. El monto promedio aprobado fue mayor para Nueva Orleans después del huracán Katrina ($9,859.61) que en Puerto Rico después de María ($3,149.45).
Ecométrika trae a la atención que según la ley federal, FEMA puede cubrir el 75% del costo total de un proyecto; sin embargo, “la agencia federal puede recomendar un aumento de hasta el 90%”. Compara que el porcentaje de costo compartido en Luisiana fue del 99%, mientras que en Puerto Rico después del huracán Irma fue del 80%. FEMA aprobó $3,074 mil millones para asistencia pública en la isla, en tanto que en Luisiana aprobó $ 13,274 billones después del huracán Katrina.
Los pequeños negocios
También los pequeños comerciantes de Puerto Rico recibieron un trato discriminatorio. La investigación expresa que “sin lugar a dudas” las necesidades materiales en Puerto Rico después de los huracanes Irma y María fueron más altas que en otros territorios en Estados Unidos. La Administración de Pequeños Negocios (SBA, siglas en inglés) aprobó $ 1.3 mil millones en préstamos en Puerto Rico; en cambio, a Texas y Luisiana les aprobó una cantidad mayor que a la isla, de $2.9 mil millones y $6.4 mil millones, respectivamente.
La declaración de emergencia y el estimado de daños
Otro aspecto que demuestra la política discriminatoria de FEMA hacia Puerto Rico fue el tiempo que se tardó en estimar los daños, los criterios que utilizó y la declaración de emergencia. Se supone que para hacer una declaración de emergencia y desastre mayor, FEMA tome en consideración el informe HAZUS (Hazards US). Esto es una herramienta de análisis de peligros naturales basada en un sistema de información geográfica. Aun cuando Puerto Rico tuvo mayores daños, el informe sobre los estimados de daños se completó más de dos meses después de María (noviembre 27, 2017), mientras que en otros territorios, FEMA completó sus informes en unas pocas semanas o días después de los eventos.
El informe oficial de daños estimó que las pérdidas totales en Puerto Rico fueron mayores que en Florida y Texas. Los daños de Puerto Rico se estimaron en $31.4 mil millones, los de Florida, en 14.2mil millones, y los de Texas, en 2.5 millones. Estas estadísticas –destaca el estudio– muestran una discrepancia respecto a la distribución de la asistencia a la isla, que no corresponde a sus necesidades reales.
De hecho, FEMA utilizó un programa piloto en Puerto Rico sin conocer el verdadero estado de los residentes. En Luisiana, por ejemplo, la declaración de emergencia y desastre natural fue emitida el mismo día que ocurrió el evento; pero la declaración sobre Puerto Rico se emitió tres días después de María y cinco días después del huracán Irma.
La investigación incluso toma nota de declaraciones de un portavoz de FEMA de que “la asistencia de Puerto Rico no es comparable con los estados de los Estados Unidos, porque en el continente el costo de vida es más alto”. El informe de Ecométrika hace la distinción de que a base de una comparación de precios de productos de Home Depot, los materiales de construcción son más costosos en Puerto Rico que en Texas y en Florida.
El estudio destaca que un informe preparado por el mismo FEMA, con el cual pretende justificar sus razones para la disparidad en la atención a Puerto Rico, evidencia el carácter de la emergencia sufrida en la isla. Entre las razones dadas por el administrador de FEMA en su informe están que: el entorno de las telecomunicaciones en Puerto Rico era inoperable y que los teléfonos satelitales de FEMA no funcionaron correctamente en El Caribe; que FEMA no tenía un plan proactivo para abordar la emergencia en la Isla el 21 de septiembre de 2017 (un día después del huracán María) ni durante 72 horas después de tocar tierra; que FEMA tenía poca información sobre el estado de la infraestructura, incluidos los hospitales, las carreteras y las instalaciones de agua; que no se había considerado la distancia desde el continente de Estados Unidos y las condiciones desafiantes del terreno.
