Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD 

gvazquezlopez@claridadpuertorico.com

Los fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación tras Desastres (CDBG-DR), aun no se han desembolsado. Al día de hoy el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés) está auditando los $18 mil millones asignados en febrero de 2018. Se desconoce cuanto más tardará este proceso. 

Peor aun, no hay garantía de que los fondos llegarán a las comunidades.
Por ejemplo, hace once años, luego de unas fuertes lluvias, el HUD asignó a Puerto Rico una subvención total de $30 millones para atender los desastres causados. De los 25 municipios declarados Zona de Desastre, nueve esperan porque el Departamento de Vivienda de Puerto Rico (DV) gestione contratos y desembolse un balance de $7 millones. Por otra parte, los proyectos de mitigación de inundaciones provocados por las lluvias y para los cuales el HUD asignó unos $3 millones todavía no se han completado.

Las dudas sobre el futuro de los fondos CDBG-DR asignados tras el impacto de los huracanes Irma y María prevalecen y no es para menos. Preocupa que, como en tantas otras ocasiones, el dinero que le corresponde el pueblo termine beneficiando a sectores particulares. Es por esto que Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), corporación sin fines de lucro cuyo propósito es proveer educación y apoyo legal gratuito y accesible a personas y comunidades de bajos y medianos recursos, ha reclamado que “en un contexto de crisis económica extendida y ante el aumento de la desigualdad tras los desastres, urge canalizar estos recursos de forma efectiva y con miras a la recuperación sostenible de Puerto Rico”.

Mal utilizados, los fondos no llegarán a las comunidades que más lo necesitan. La mala gestión de las políticas públicas en el Plan de Acción podrían tener como consecuencia el desplazamiento de los sectores menos aventajados del país.

Plan de Acción y desplazamientos forzosos

Según la reglamentación federal, el documento en el cual el gobierno establece la forma en que se van a administrar los fondos CDBG-DR debe tener unos componentes mínimos que incluyen participación de la comunidad, que los programas entre los que se distribuirá el dinero estén destinados a personas de ingresos bajos y moderados y parámetros de elegibilidad específicos, entre otros.

Ayuda Legal sostiene que el Plan de Acción no cumple con estos requisitos y que en primer lugar el gobierno ha fallado en establecer dichos parámetros los cuales deben ser claros, transparentes y participativos.
También, que existe un riesgo de desplazamientos forzosos cuando el Estado no considera la mitigación y opta por prohibir las viviendas. El programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3), de la guía para el manejo de los fondos, prohíbe la reparación o reconstrucción de viviendas en zonas inundables o susceptibles a deslizamientos.

Otras de las restricciones que pudieran favorecer los desplazamientos forzosos son la falta de mecanismos uniformes para que personas sin título de propiedad formal sean elegibles a los fondos y las barreras para que organizaciones de base y comunidades puedan administrar los programas.
Cabe aclarar que ALPR no promueve que las personas vivan en espacios inseguros. En general, ante tales restricciones la organización exige que se promueva la participación de las comunidades en los planes de relozalización, que se proteja su integridad y se garanticen sus derechos.
Zonas de oportunidad y austeridad

El desplazamiento de las comunidades se puede dar de varias formas pero la soga siempre parte por lo más finito. Por eso la reducción de gastos públicos y los recortes en servicios esenciales como la educación, energía eléctrica, agua potable y salud.
Este fatídico fenómeno, también conocido en economía como austeridad, promueve que inversores atraídos por las exenciones contributivas y la economía del visitante se apropien de los espacios que solían ser de gente empobrecida.

Las zonas de oportunidad son un esquema de exención contributiva que promueve la inversión en estas zonas desaventajadas. El 98% de Puerto Rico es considerado como zonas de oportunidad, mientras que en Estados Unidos estas zonas se pueden extender en un 25% de una zona geográfica.

Según concluye ALPR en su informe para la recuperación justa, las cumbres celebradas por el gobierno, así como el tipo de inversor extranjero que se desea atraer a través de la economía del visitante, levanta sospechas sobre quiénes se beneficiarán de este esquema. Sin parámetros claros o exigencias de rendición de cuentas, este beneficio puede ser otra herramienta para establecer proyectos gentrificadores y desplazar comunidades.

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

En medio de tanto escándalo de corrupción en el actual gobierno de Ricardo Rosselló muchos miran con alivio las investigaciones que conducen las “tropas federales” del FBI. En medio del alivio colectivo se impone esta pregunta: ¿se han fijado bien en quiénes son los salvadores? Porque si el FBI y las otras entidades investigadoras del gobierno estadounidense dirigieran hacia su propio país el mismo esfuerzo que ejecutan aquí, tendrían que multiplicarse para ser efectivos. Lo que está ocurriendo allá bajo el gobierno de Donald Trump hace palidecer la peor corrupción de cualquier otro lugar, incluyendo la nuestra. 

Desde que comenzó a morar en la Casa Blanca la norma del actual presidente ha sido poner cabros a velar por el buen desarrollo de las lechugas. En casi todas las agencias claves le ha entregado la dirección a individuos que antes trabajaban para las grandes empresas que la agencia se supone vigile o controle. El objetivo primordial del nuevo jefe no es otro que desmantelar el poder controlador de la entidad y, de paso, detener todo lo que antes podía afectar los intereses de las empresas que antes estuvieron vigiladas. Los conflictos de intereses resulta obvios, pero como se trata de la nueva “política pública”, quienes antes vigilaban la corrupción se han puesto a mirar para otro lado. Tal vez por eso el FBI tiene tanto tiempo para dedicarlo a la corrupción que mina el gobierno puertorriqueño.

Al frente del Departamento del Interior, que en Estados Unidos está a cargo de los terrenos y aguas del Estado, siempre codiciados por desarrolladores y petroleras, está ahora al mando un tal David Bernhardt, quien antes de llegar a la agencia había hecho carrera como cabildero de las empresas interesadas. En lo que ya parece ser un patrón del gobierno de Trump, Bernhardt comenzó como subsecretario para no llamar mucho la atención. El secretario en propiedad era Ryan Zinke, a quien en Puerto Rico conocemos bien porque fue quien impulsó la contratación de la antes desconocida y ahora notoria Whitefish para que fuera contratada por la Autoridad de Energía Eléctrica luego del huracán María. Cuando Zinke se vio obligado a renunciar en medio de múltiples cuestionamientos éticos divulgados en la prensa, Bernhardt asumió el mando. A pesar de su vinculación directa a los buitres que están buscando permisos para efectuar exploraciones petroleras en los terreros y aguas que controla el Departamento del Interior, el designado fue inmediatamente confirmado por el Senado que controla el Partido Republicano. Ahora está en mejor posición para ayudar a sus clientes.

Algo similar o peor ocurre en la Agencia de Protección Ambiental (EPA). El primer seleccionado para dirigir esa importante agencia, responsable de proteger el ambiente, fue Scott Pruitt, quien había ganado cierta notoriedad en Estados Unidos litigando contra la propia entidad gubernamental como abogado y como procurador de Oklahoma. Casi todos los litigios se dirigían a tratar de desmantelar o impedir que entraran en vigor reglamentos que afectaban la exploración de gas natural y petróleo, o que imponían controles a descargas químicas. Pruitt estuvo poco tiempo también debido a señalamientos éticos. Estos señalamientos no se dirigían, sin embargo, a sus conflictos de intereses entre funciones anteriores y presentes, sino a pequeños actos de ratería y claros derroches de fondos públicos Una vez renunció en medio de estas imputaciones entró en función el que era segundo en mando, Andrew Wheeler. La vinculación directa de Wheeler es con un sector empresarial que había estado en conflicto permanente con la EPA, el del carbón. Buena parte del trabajo de la agencia en Estados Unidos se dirige (o se dirigía) a tratar de limitar el efecto que genera el carbón como fuente de energía y el trabajo de Wheeler antes de llegar a la entidad era en representación de los investigados. Ahora puede dispensarle a sus clientes todos los favores que quiera, empezando por convertir en letra muerte la reglamentación contra la cuál él cabildeaba. 

Otro caso idéntico es el del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Como sabemos esta es la entidad que controla la telefonía y, más importante aún, la ahora poderosa y altamente lucrativa comunicación electrónica vía internet. La FCC establece normas, supervisa y a veces está en conflicto con las grandes empresas del sector, como AT&T y Verizon. Pues como era lógico suponer la persona que está ahora al mando de la FCC viene directamente ese sector, otro cabro velando por el bienestar de las lechugas. Se trata de Ajit Varadaraj Pai, un estadounidense de origen indio quien antes de asumir el cargo trabajaba en el bufete Jenner & Block, especializado en atender a las empresas de comunicaciones. Allí actuaba como cabildero en pro de sus negocios. Otro de los trabajos anteriores del actual presidente de la FCC fue como abogado interno (Associate General Counsel) de Verizon. Una vez llegó a la agencia comenzó a desmantelar la reglamentación que afectaba a sus antiguos clientes y, en particular, detuvo investigaciones que afectaban a T-Mobile y a Verizon. 

La lista es más larga, pero el espacio se acaba. Queda en el tintero el caso del Departamento de Defensa donde está al mando (dispensando contratos billonarios) un ejecutivo de Boing. También queda pendiente el Departamento de Salud, dirigido por un socio de las empresas farmacéuticas, y el Departamento del Tesoro que siempre ha estado en poder de los ejecutivos de la banca. Pero lo escrito me parece suficiente para exponer la corrupción que permea el gobierno que manda sus tropas a perseguir la que se da en Puerto Rico.

Lo de aquí es grave y debe perseguirse, pero cuidado con aplaudir a los salvadores. 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com 

La administración de Ricardo Rosselló Nevares, que ya le entregó a una empresa privada, Puerto Rico Destination Marketing (DMO), sufragada con gastos públicos, la tarea de atraer inversión al país, ahora se dispone a entregar también a manos privadas, el 92% de las propiedades de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, siglas en inglés), lo que representa $31 millones de dólares anuales en ingresos. 

Según anunció en las pasadas semanas Christian Sobrino, el director ejecutivo de AAFAF, y representante del Gobernador ante la Junta de Control Fiscal (JCF), PRIDCO pasará a ser una estructura legal adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercial (DDEC) y se creará una subsidiaria que actuará como un nuevo emisor para el intercambio de los bonos actuales. Además se creará un fideicomiso al cual se le transferirá el 92% de la cartera de propiedades de PRIDCO para garantizar el pago de la deuda. 

Este anuncio tomó por sorpresa a los trabajadores, reconoció Fidel Cordobés Concepción, presidente interino de la Unión Independiente de Trabajadores de PRIDCO. Esto, aclaró, porque desde los estatutos que creó el DDEC en el 1994, PRIDCO ya ha estado bajo esa sombrilla. “En eso nosotros hemos trabajado toda la vida dándole servicio a la sombrilla entiéndase que nosotros no hemos dejado de darle servicio a Desarrollo Económico”. Atribuyó que el DDEC se siente como el dueño de la “joya de la corona” que es PRIDCO y además de crear desasosiego entre los trabajadores pretenden regalar sus propiedades, las cuales representan un caudal de $1.5. billones. 

El presidente interino de la Unión, junto a las miembros Iradia Delgado Méndez, secretaria y Enid Castro Rodríguez, denunciaron como “una gran mentira”, el decir que PRIDCO no tiene dinero para pagar su deuda. 

Aunque Cordobés Concepción reconoció la injerencia de la Ley Promesa, observó que la JCF no ha abordado esa deuda porque sabe que en realidad PRIDCO tiene los chavos. “Pero esta administración lo que está haciendo es creando la base para dar la impresión de que Fomento Industrial está inactiva para decirle al país y a los bonistas y al mundo de que PRIDCO también ha caído y no puede pagar”. Acotó que PRIDCO nunca ha dejado de recibir el pago de sus alquileres.

Contrario a las alegaciones de la administración gubernamental de que PRIDCO no puede pagar su deuda, la Unión ha divulgado los datos de que desde el 2016 cuando la Ley Promesa le ordenó a la compañía detener el pago de los bonos, desde entonces PRIDCO ha reservado la cantidad equivalente a su compromiso de pago por lo que tiene una cuenta que llega a los $41 millones. Mientras el total del servicio a la deuda es $199 millones, el principal más intereses, correspondientes a dos emisiones de los años, 1997 y 2003. Esta deuda tiene plazos semestrales que vencen en enero y junio de cada año por cerca de $9 millones por semestre. Tan reciente como este 30 de junio (2019) la deuda en atraso sería de $35 millones y el resto de la deuda vence en el 2028. Los trabajadores defienden que esto demuestra que “PRIDCO tiene la capacidad de administrar sus propiedades y de cumplir con el servicio a la deuda”. 

Otra reestructuración 

Cordobés Concepción trajo a la atención que las reestructuraciones han sido una constante en PRIDCO. En el 1997 bajo la dirección de Stanley Morgan se hizo una reorganización y se creó la sombrilla del DDEC, “dicen que iba a ser más eficiente y eso no ha sido así, prácticamente Fomento Industrial asumió el rol de pagarle la nómina de 300 personas mas al DDEC. Luego vino una segunda reorganización bajo la administración de Acevedo Vilá, y no pararon de seguir aumentando las plazas a nivel gerencial y altos salarios”. La siguiente fue la de Silva Puras, bajo la administración de Luis Fortuño, que lo que hizo fue bajar la plantilla a 300 trabajadores y aun así en el 2006 dejó una deuda de pensión. 

Reveló además, que la administración pasada tenía depositado en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) la cantidad de $25 millones para renegociar la deuda y dejarla salda y la actual administración lo que hizo fue que tiró esta cuenta a pérdida. El presidente de la Unión planteó que hay que preguntarle a la actual administración qué hizo con esos $25 millones. 

Bajo la presente administración este 1ro. de julio 106 empleados y otros puestos vacantes de PRIDCO serían traspasados al DDEC. Los transferidos corresponden a las áreas de Capital humano, Asuntos laborales, Finanzas, Mercadeo y Comunicaciones, Rones de Puerto Rico, Servicios Administrativos, Secretaria y Asesoría Legal General y Asuntos legislativos, tecnología de Informática, Auditoría General y Servicios Especializados a la Industria. En noviembre del 2018 cuando comenzó la actual reestructuración se trasladaron 43 empleados a la Oficina de Servicios Especializados a la Industria. Mientras la nómina de todos estos puestos sigue saliendo de los ingresos de PRIDCO. 

Esto es una olla de corrupción

Como una “olla de corrupción”, describió Cordobés Concepción la actual administración del DDEC. Como ejemplo delató que el “fideicomiso” Puerto Rico Destination Marketing (DMO) creado hace dos años y al cual se le han dado ya $ 4.5 millones, no ha promocionado ni una sola empresa. Afirmó que “peor aún” la licenciada Adriana Ramírez, ocupa un puesto de dirección en la Junta del DMO y también pertenece a la junta de PRIDCO y del DDEC. 

“Cómo se explica eso, el cabro velando las lechugas, cuando esa compañía (se refiere al DMO), sale a una exhibición todos los empleados que usa son los de PRIDCO, son los de PRIDCO los que van, esto es una olla de corrupción, negligencia crasa y nosotros –la Unión– no nos vamos a quedar con las manos cruzadas”, manifestó Cordobés Cardona. 

Más aún, atribuyó que el exdirector del DDEC bajo el exgobernador Fortuño, José Perez Riera, es quien prácticamente está dirigiendo al secretario Manuel Laboy. CLARIDAD confirmó en la página de contratos de la Oficina del Contralor (OC) que Pérez Riera tenía un contrato de servicios con el DDEC desde junio del 2017 hasta el 30 de junio del 2018 por la cantidad de $500 mil dólares. El líder sindical no dudó en que este contrato se haya extendido. 

“El librito que se está corriendo aquí es el de Pérez Riera, es el asesor directo del Secretario, de lo que no pudo hacer la administración Fortuño, a conciencia de que sabe que hay unos trabajadores comprometidos, hay presiones de fuera para dividirse esto, no van a entrar a un sitio donde no hay chavos, van a entrar a un sitio donde la gente paga”. 

La Unión además desmintió declaraciones de Laboy de que PRIDCO manejara el 40% de la cartera de propiedades que no son colaterales de la deuda, lo que equivale a 1,500 propiedades, las cuales generarían ingresos netos a partir del 2023 cercanos a los $5 millones mensuales. La cifra correcta-afirma la Unión- es el 8%, lo que representa 66 propiedades y 75 parques industriales, las cuales generarían tan solo $2 millones mensuales. Mientras las 1,367 unidades rentables pignoradas que pasaran al fideicomiso generan un total de $3 millones mensuales. 

“Lo que quieren es regalarle a los amigos del alma las propiedades, a un fideicomiso para que lo que ha estado haciendo PRIDCO por años lo haga un ente privado, eso no tiene sentido, al cabo de dos años desaparece la creación de 1942, la gente debe conocer que PRIDCO ha sido el desarrollador desde el 1942. Eso pasa por desapercibido porque todo el tiempo los gobiernos lo usan para el mercadeo, pero no conocen que es Fomento Industrial, el creador de todas las facilidades multifabril que hay en el país”, reclamó Cordobés Concepción. 

Gobierno abandona su función de promover el desarrollo

Para el economista Francisco Catalá, con la creación del llamado Puerto Rico Destination Markentig (DMO) y ahora un fideicomiso para las propiedades de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, siglas en inglés) el gobierno está cediendo sus funciones tradicionales de ser el promotor de la inversión en Puerto Rico, y por otro lado está trasladando al circuito privado lo que quedaba de PRIDCO. 

Catalá, quien es un conocedor de la política económica desarrollada por el gobernador estadounidense en Puerto Rico Rex Tugwell, creador de PRIDCO -consultado por CLARIDAD- relató que la creación de PRIDCO en el 1942 tuvo el propósito de promover la inversión externa en la isla y también ser promotor e incubadora de empresas. Poco a poco estas funciones fueron desapareciendo y para los fines del 40 ya en la práctica PRIDCO se convirtió en una empresa de bienes raíces. 

Se supone que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercial (DDEC) asumiera esa función de promotor. No obstante destacó que la actual administración gubernamental con la creación del DMO, que se supone es una organización privada sin fines de lucro pero sufragada por el DDEC y cuya junta de directores está compuesta por inversionistas privados- su director ejecutivo es un estadounidense- y la creación ahora de un fideicomiso para traspasar las propiedades de PRIDCO es el “colmo”. Censuró que con esta movida en la práctica PRIDCO desaparece y se queda como una estructura nominal legal como lo es COFINA que es como una corporación virtual, mientras el fideicomiso se convertirá en un negocio de bienes raíces que en última instancia va a facilitar la privatización y las ganancias de entes privados. Según lo divulgado hasta el momento no se ha dicho si el fideicomiso le dará parte de sus ganancias al gobierno.

 Señaló, además que en el caso del DMO tiene un brazo publicitario que se llama “Discover Puerto Rico”, que es igual una entidad “privada sin fines de lucro” financiada por la Compañía de Turismo (CT); “es decir fondos públicos en entidades privadas, es como si pusiéramos a los cabros a velar las lechugas”. En tono censurable, Catalá cuestionó cuáles son los fines públicos de estas iniciativas, si es legítimo que existan, y si es posible que se tenga una política de inversión privada en función de fines públicos estipulados en la política de desarrollo del país. “Eso ha desaparecido, esto es realmente una privatización”, denunció. 

Catalá hizo la observación de que con este fideicomiso de bienes raíces como quiera el país se va a quedar con la deuda, se venderán los activos del país, con lo que los intermediarios también saldrán ganando. “Cada vez somos menos dueños de este País”.