Las organizaciones sindicales, tanto del sector público como privado, en conferencia de prensa este martes anunciaron la celebración de la manifestación del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.
Como ha ocurrido en los últimos diez años la clase trabajadora alzara su voz multitudinaria contra el Gobierno de Puerto Rico, los empresarios en sintonía con el Gobierno y contra la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF),
“Esta imposición ha sido provocada por la crisis fiscal y económica que han causado los que han gobernado y los que han impulsado legislación para favorecer al sector empresarial, que se hace más rico a costa de una clase trabajadora más pobre”, denunciaron los portavoces de varias de las organizaciones convocantes.
Los líderes sindicales denunciaron que las administraciones gubernamentales y la Legislatura de Puerto Rico se han caracterizado por someterse a las imposiciones de la Junta y le han delegado sus funciones. Más aun, ni han acudido a Washington, D.C. a impulsar la derogación de la Ley PROMESA o reclamar la salida de la JCF.
“Como personas electas por el pueblo, es su deber defender la democracia, la administración autónoma del presupuesto e impulsar medidas de justicia social y laboral. No lo han hecho porque por décadas han sido los partidos que gobiernan en la colonia parte del problema, aliados de la Junta y de la clase empresarial”.
En una larga lista de las acciones de la JCF contra los trabajadores y trabajadoras del país, enumeraron:
La derogación o el veto de leyes que confieren derechos laborales de trabajadores del servicio público y de la empresa privada, entre ellos, el derecho a lograr aumentos salariales necesarios.
La destitución de los sistemas de retiro de los empleados públicos, reduciendo las pensiones, eliminando aportaciones patronales a planes médicos, eliminando el retiro por incapacidad a sectores docentes y llevando a los jubilados a la indigencia.
El tener el poder del veto en las negociaciones colectivas en las agencias de gobierno, corporaciones públicas y la UPR, el restringir las elecciones sindicales y el impedir la justicia laboral de los trabajadores.
La privatización de servicios esenciales que encarecen el costo de vida (energía eléctrica, escuelas públicas, peajes).
Los recortes de fondos para servicios de educación especial, municipios, UPR, entre otros.
La reducción del 50 % del presupuesto a la Universidad de Puerto Rico y el triplicar el costo de la matrícula.
La imposición de aumentos anuales en tarifas de peajes por los próximos 28 años.
La inercia total ante los aumentos constantes en la tarifa de energía eléctrica, con la amenaza de aprobar un plan de ajuste de deuda que provocaría más aumentos anuales y una crisis económica sin precedentes en Puerto Rico.
La imposición de aumentos anuales en la tarifa de acueductos y alcantarillados por los próximos 15 años.
El obstaculizar la política pública de impulsar la energía renovable para perpetuar la energía fósil. El negar las medidas necesarias para enfrentar los efectos del cambio climático
El resultado de estas políticas de la JCF, destacaron, ha sido un deterioro constante de la calidad de vida del pueblo trabajador y consecuencias severas para nuestra sociedad como la reducción de las oportunidades para la juventud, el déficit de viviendas adecuadas a precios asequibles y un aumento sostenido de la emigración.
Evidentemente, la Junta ha sido un instrumento para proteger los intereses de los bonistas, sin implantar medidas de desarrollo económico. Por lo tanto, ante el fracaso de la Ley PROMESA, hay que detener el continuo castigo al pueblo y abrir el camino para impulsar las medidas y la legislación que permitan retomar el desarrollo económico de Puerto Rico sin que la Junta lo obstaculice.
Esta marcha del 1.0 de mayo incluye también la reafirmación de la clase trabajadora y del pueblo en contra del proyecto Esencia. Esta megadestrucción en el área de Cabo Rojo es inaceptable porque atenta contra el derecho, la justicia ambiental y el desarrollo sustentable que requiere la participación del pueblo.
“La realidad política de Puerto Rico es que vivimos bajo una dictadura colonial. Aquí no gobierna Jenniffer González. Aquí no legislan la Cámara y el Senado. Aquí gobierna Robert Mujica, y legisla con los asesores que en 10 años nos han costado más de $2,000 millones. Los miembros de la Junta que hoy están impugnando su remoción por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no han detenido las medidas gubernamentales y las medidas neoliberales de privatización, recortes y aumento en tarifas que impone el dictador Robert Mujica” manifestaron los portavoces.
La marcha recorrerá la Avenida Chardón desde la entrada de Plaza las Américas hasta llegar al edificio donde se ubican las oficinas de Robert Mujica y de la Junta de Control Fiscal en la avenida Luis Muñoz Rivera. El punto de partida será a las 9:00 am.
