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Más de 70 organizaciones respondieron a la convocatoria de la Coalición Defiende Cabo Rojo

 La marcha comenzaba el jueves a las 11:00 de la mañana. Desde las 10, miles de personas circulaban por la isleta de San Juan y los predios del Escambrón, en filas de piquetes o buscando un espacio para estacionarse. El sol repartía un calor indiscriminado, y muchos se untaban bloqueador solar, acomodaban gafas y ajustaban sombreros en preparación de la jornada de siete horas.

A las 10:25, 17 motoras y una patrulla de la Policía transitaban por la avenida Constitución. El primer oficial de la fila hizo señas para que todos giraran a la izquierda, en dirección a la playa donde estaban los manifestantes. En las aceras, parejas, grupos y mascotas afluían a las inmediaciones del Coliseo Sixto Escobar.

«Esencialmente, el peor proyecto», leía un muro del parque Luis Muñoz Rivera. Al fondo, de donde mismo soplaba el viento, el gentío y su bullicio. Entre miles de personas pululando, aparecían portavoces y líderes de Taller Salud, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, el Partido Independentista Puertorriqueño, las Jornadas se Acabaron las Promesas, la Mesa de Diálogo Martin Luther King y la Federación de Trabajadores de Puerto Rico. Cargaban pancartas, carteles y banderas.

Cada una respondió al llamado de la coalición Defiende Cabo Rojo. Formada hace dos años, la colectividad busca aunar esfuerzos entre la ciudadanía para rechazar el desarrollo multimillonario de Esencia, que pretende asentar casas de lujo, hoteles, un aeropuerto y una escuela sobre 1,549 cuerdas del suroeste del país. Se estima, al cierre de esta edición, que cerca de 50,000 personas se dieron cita.

También, la protesta coincidió con el No Kings Day que realizaron, a través de todos los Estados Unidos, miles de personas que repudian las políticas implementadas por el Gobierno de Donald Trump. Varias pancartas lucían el rostro de Donald Trump, coronas y otras artes que criticaban las políticas al estilo de reyes.

“Esperamos que el Gobierno escuche al pueblo porque el pueblo se está expresando. Nosotros estamos planificando un bosque estatal para esa área. Que la gente pueda disfrutar de todo el uso que se le pueda dar al área. No queremos un turismo exclusivo para millonarios. Ellos (los desarrolladores) dicen que eso va a ser de acceso público, eso es falso. Eso va a estar cerrado, va a ser como Dorado”, expresó el doctor en Ecología Héctor Quintero.

Quintero, integrante de Defiende Cabo Rojo, destacó por igual la precarización del recurso del agua. Hasta el momento, contó, los impulsores de Esencia “identificaron un pozo, ¡un solo pozo!” con el que justifican la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

“Esa DIA es ilegal porque ellos tienen que aprobar el abasto total. Ahora hay un acuífero que no  se sabe el tamaño, que no se sabe cuánta agua hay. Ellos ponen la opción que, si no encuentran suficiente agua, se podrían conectar a la Autoridad de Acueductos, y la Autoridad de Acueductos ya les dijo que no tienen agua”, aseguró.

El profesor compartió estar, junto a sus compañeros de causa, dispuesto “a todo” para detener el desarrollo de Esencia. Entre las personas presentes, figuraba la escritora Magali García Ramis, el salsero Pirulo, el actor René Monclova y líderes como Pedro Cardona Roig. Por encima de todos, los zanqueros de Agua, Sol y Sereno reían y saludaban a cuantos podían.

Al filo del mediodía, miles de ciudadanos dirigidos por banderas inmensas de Cabo Rojo y Puerto Rico se abrían paso por el paseo lineal de Puerta de Tierra. Más atrás, y más pequeñas, cientos de banderas de Palestina, Puerto Rico, la comunidad LGBTT+, macheteras, comunistas, feministas y de toda índole ondeaban bajo el calor sofocante. El gentío desembocó frente al capitolio.

Desde allí, un rumor sordo ocupaba el aire. Frente al edificio, dos patinaban en círculos mientras miles más abarrotaban la entrada de la ‘Casa de las Leyes’. Al centro, una ingente pancarta leía «Schatz, Jenniffer y Johnny: corruptos». Otra pancarta reveló el apoyo de la comunidad Carrasquillo, en Cayey, y su líder don Miguel Rivera Luna. Más abajo, un grupo practicaba un areyto con piezas indígenas, recordando todos los yacimientos arqueológicos que permanecen en donde se quiere construir Esencia.

“Aquí yo veo que Esencia quiere todo o nada, y no puede ser. Esto no es algo que solo afecta a Cabo Rojo, afecta a todo Puerto Rico. Ni mucho menos es algo que solo le compete al alcalde de Cabo Rojo, como dijo el comisionado residente Pablo José Hernández”, comentó la licenciada Rosa Seguí, integrante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Días antes de la marcha, el periódico Metro publicó y retiró una columna de la Lcda. Seguí que denunció los efectos ecológicos, económicos y sociales de Esencia. “Es muy peligroso que nos hayan censurado. La columna era una forma de libertad de expresión y estaba basada en investigaciones del Centro de Periodismo Investigativo, estudios extensos de la tierra, y buscaba exponer la situación con un fundamento científico… Además de que representa una censura para el partido. La única columna censurada pertenecía a una portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana”, agregó.

Antes de continuar a La Fortaleza, Defiende a Cabo Rojo conmemoró la figura recién fallecida de Sandra Pagán Gallardo. Reconocieron su legado como activista de la zona oeste del país y como la autora de la frase “¡Esencia no va!”. Por su parte, Beatriz Llenín Figueroa ofreció un marco general de los efectos que traería Esencia.

“El gobierno de la gente, en el futuro, no entregó la dignidad, la libertad y el respeto propio por una vaquita de chavos, ni por unos cuantos contratos, ni por un puestito en edificios como ese. En ese futuro, el gobierno de la gente protegió las 1,549 cuerdas esenciales en Cabo Rojo, interconectada con las Sierra Bermeja, el Bosque Seco de Guánica y más allá. Esa decisión, que es la única posible, la haremos prevalecer cueste lo que cueste”, declaró la escritora en su discurso frente al capitolio.

En ese futuro, continuó Llenín Figueroa, hay sombra de árboles que jamás se cortaron, aguas frescas que jamás se intoxicaron, aire despejado que jamás contaminaron, ríos y playas que se mantuvieron públicas, acuíferos subterráneos que nunca se explotaron, ni campos aplanados en pro de juegos de “bolita y hoyo”.

Los miles de manifestantes se agolparon en la calle Resistencia, donde distintas colectividades continuaron hablando de los riesgos del proyecto y de la oposición popular a su desarrollo. Amigxs del Mar, la Federación de Maestros, Amnistía Internacional, Campamento Pelícano, el Colectivo Ilé y muchos más se unieron a las denuncias de la tarde.

La artista Lizbeth Román interpretó varias de sus piezas conocidas, intercambiando la lírica por las consignas de la tarde. Seguido a la cantante, Les Pleneres de La Goyco. Todas advirtieron sobre el riesgo que supone el Proyecto de la Cámara 25 (PC25), que busca reducir la Zona Marítimo Terrestre de 50 metros a 20 metros del mar. Para oponerse, las organizaciones convocaron a otra manifestación para el 15 de abril, frente al Capitolio.

“Nuestras manos seguirán siendo custodias de la tierra”, afirmó Llenín Figueroa, poco antes de concluirse la manifestación.

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La  situación de falta de presupuesto que enfrentan los albergues que atienden a víctimas de violencia de género es histórica. En las recientes décadas, esta falta ha sido un problema consistente hasta llegar al año pasado, en el cual se aplicaron unos recortes sistemáticos en todas las fuentes de fondos que ascienden a sobre a $850 mil.

La presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, Coralys León Morales, a preguntas de CLARIDAD,  indicó que los fondos que suelen recibir los albergues se otorgan, unos, en el caso de fondos federales, por medio del Departamento de Justicia de Puerto Rico, por el Departamento de la Familia y por la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM), y otros son los llamados donativos de la Legislatura de Puerto Rico. En el caso de los donativos legislativos, los albergues y sus organizaciones tienen que competir con organizaciones de otras características, por lo que no hay una partida garantizada.

La Red Nacional acoge a 50 organizaciones no gubernamentales (ONG), que a su vez administran  nueve albergues especializados en atender víctimas de violencia de género, los únicos que existen en el país que ofrecen servicios. De parte del Estado no ofrece este servicio. De acuerdo con la presidenta de la Red,  los albergues necesitan un presupuesto de entre $3 a $2 millones anuales, cifra que no tiene ninguno en su presupuesto.

León Morales aclaró que hubo un error en lo divulgado al decir que la OPM recibió la asignación de $1.6 millones para los albergues. En la reunión el 16 de marzo entre miembros de la Red y la procuradora Astrid Piñeiro Vázquez,  esta aclaró que no todo el dinero era para los albergues. Según se les informó, solo  la cantidad de $ 120 mil van a ser otorgados a tres albergues que ya  tenían los fondos asignados. El otro millón será asignado  mediante convocatoria. León Morales afirmó que al presente  los albergues están manejando la reducción de los fondos VOCA (siglas en inglés de Victims of Crime Act), que son la principal fuente de presupuesto.

La presidenta de la Red dio a conocer que, además de reunirse con la procuradora, se han reunido con  una asesora de la gobernadora, la secretaria de Estado y con Justicia. En el caso de la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, hubo una conversación franca y se le presentó la propuesta de establecer un impuesto a la venta de armas y sus aditamentos. Aunque dijo que todavía no han tenido la oportunidad de presentar la propuesta a la Legislatura, sí se incluyó en un memorial explicativo de una resolución presentada por la senadora Álvarez Conde, pero la Comisión de Hacienda del Senado que preside la senadora  Migdalia Padilla le emitió un informe negativo a la resolución.

León Morales defendió que todas las áreas geográficas del país tienen albergues y que no hacen falta más, sino que hace falta más recursos para poder sostener y ampliar los servicios. Aseguró que nunca ha habido una partida en el presupuesto del gobierno para estas organizaciones y que es la primera vez en la última década que se presenta una propuesta para fondos recurrentes. El pasado año, los albergues atendieron a 570 féminas víctimas de violencia de género.

En una reciente gestión, los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Domingo Torres García y Estrella Martínez Soto anunciaron en comunicado de prensa la radicación  de la Resolución Conjunta de la Cámara 322 para asignar $1.5 millones a organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios directos a sobrevivientes.

«Reconocemos que, aunque el Estado tiene una responsabilidad, son las organizaciones sin fines de lucro y los refugios quienes brindan el apoyo incondicional y directo en el momento de mayor vulnerabilidad. No podemos permitir que la falta de recursos burocráticos limite su capacidad de salvar vidas», expresó el representante Torres García.

Por su parte, la representante Martínez Soto enfatizó que esta asignación presupuestaria responde a la persistencia de un problema que, a pesar de los estados de emergencia previos, sigue reflejando cifras alarmantes. En Puerto Rico, se procesaron más de 9,000 órdenes de protección anuales entre 2022 y 2023.

«La violencia de género se combate con determinación y recursos. Con esta resolución, buscamos que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) distribuya estos fondos de manera estratégica, asegurando que el dinero llegue a donde realmente se necesita: a la operación diaria de quienes atienden a las sobrevivientes», añadió la Representante.

La medida fue avalada por la Red Nacional de Albergues.

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La presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Dra. Zayira Jordán Conde, destituyó, el pasado 24 de marzo, a los rectores de las unidades de Río Piedras, Ponce, Mayagüez, Bayamón y Aguadilla, en medio de lo que muchas figuras consideran una guerra interna del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La jefa del sistema universitario argumentó que su determinación está justificada puesto que las rectorías son “puestos de confianza”. Con relación a los motivos de estas destituciones, Jordán Conde se limitó a responder que estos funcionarios “no estaban alineados” con la visión de futuro de la institución centenaria.

“A través del tiempo, lo que se puede percibir con respecto al alineamiento y la confianza que se le atribuye a un puesto de esta naturaleza… Tomé la decisión de remover a los rectores que no se alineaban con la visión de futuro para la universidad… La universidad tiene que crecer en muchas áreas y tiene que ajustar otras áreas. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que crecer nuestra oferta virtual, ofrecer cursos que estén de acuerdo con lo que la industria necesita”, compartió expresidenta de Atlantic University a distintos medios.

Para Edward Maldonado Rosa y Dyamar Rivera Cruz, representantes estudiantiles del Recinto de Río Piedras, la situación actual responde a una guerra interna del PNP. Ambos recordaron la llamada que hiciera el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, junto al senador Ángel Cintrón para designar a Jordán Conde como presidenta de la UPR.

A juicio de Maldonado Rosa, integrante de la Junta Universitaria (JU), el control del PNP sobre la gerencia de la UPR ha afectado los procesos parlamentarios, los reglamentos de comunicación y la forma en que se gobierna la universidad pública. El estudiante también destacó la audiencia que solicitaron la Dra. Angélica Varela Llavona y el Dr. Agustín Rullán, rectores de Río Piedras y Mayagüez, respectivamente.

La audiencia quedó pautada para el jueves, 26 de marzo, a la 1:00 p.m. Allí la Junta de Gobierno (JG) confirmó la destitución de las cinco rectorías y rechazó las audiencias solicitadas. A modo de sustitución, Jordán Conde designó al Dr. Miguel Muñoz Muñoz –expresidente interino de toda la UPR– como rector interino del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).

Rivera Cruz, por su parte, destacó que la evaluación de la Junta de Gobierno en esta audiencia resulta clave para futuras decisiones del movimiento estudiantil. Como presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) de Río Piedras, aseguró que se contemplan respuestas “dentro y fuera del marco legal”.

“El Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras repudia enérgicamente las tácticas de coerción y arbitrariedad en la gobernanza de la Universidad de Puerto Rico. La doctora Angélica Varela Llavona cuenta con el apoyo de los tres sectores que conforman la comunidad universitaria… Su estilo de liderazgo (de Jordán Conde) ha convertido a la gobernanza universitaria en un ambiente hostil donde perpetúan las peleas personales de la presidenta”, escribió el CGE del recinto más grande.

Además, la organización estudiantil exigió que la JG destituyera a Jordán Conde en lugar de a las cinco rectorías.

Por otro lado, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) decidió denunciar estas destituciones con una valla publicitaria que presentaba la polémica como parte de los conflictos librados dentro del PNP. BMedia, empresa contratada para el anuncio,  removió las imágenes que deploraban la intromisión partidista e invitaban al diálogo.

“Hoy (26 de marzo) en la mañana, la agencia mediática nos indica que se reserva el derecho de publicar el anuncio, que lo retiran de sus medios y que nos devolverán el dinero. No cabe duda de que hubo presión política y económica que llevó a este acto de censura. La APPU sigue firme en defensa de la UPR y de camino a firmar su primer convenio colectivo”, divulgó la colectividad de docentes.

El profesor Jorge Lefevre Tavárez, vicepresidente de la APPU, igualmente resaltó la correlación entre las vistas del Senado que evalúan el desempeño de Domenech y la determinación de las rectorías. En el programa Última Palabra, Lefevre Tavárez vinculó ambas situaciones como forma de proteger al secretario de la Gobernación.

En respuesta a estas tensiones, el Partido Independentista Puertorriqueño presentó una enmienda a la Ley 53 del 2021 para aumentar escalonadamente el presupuesto de la UPR. El proyecto, presentado por los representantes Denis Lebrón Márquez, Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles, busca devolver el 9.6 % del fondo general a la institución.

Al cierre de esta edición, el estudiantado del Recinto de Río Piedras espera por una asamblea general virtual, a las 11:00 a. m.

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Si algo quedó evidenciado en la vista del pleno del Senado al secretario de la gobernación, Francisco Domenech, es que existen banderas rojas que indican la necesidad de una investigación para documentar si hubo un ejercicio de corrupción.

La experta de Administración Pública, doctora Palmira Ríos, planteó a CLARIDAD que cuando se han estudiado y leído informes y recomendaciones de organizaciones que se han dedicado a estudiar la corrupción sobre todo en el sector público, como por ejemplo, Transparencia Internacional (TI), de la vista  surgieron banderas rojas que indican la necesidad de investigar si en efecto hubo ejercicios de corrupción.

Ríos describió que al escuchar cómo  las contestaciones a las preguntas se iban en otra dirección, es preocupante observar esas banderas rojas, que en cualquier informe de TI serían señaladas. Sobre todo, lo  que se llama ‘la puerta giratoria’, un movimiento constante de reclutar personas del sector privado, tener nombramientos y/o  ser asesores en el sector público.

“Esa es la primera bandera de posible conflictos de intereses de personas que tenían contacto con algún beneficio de actividad privada, que pasaban a tomar decisiones en el sector público. Y nada de eso ha estado controlado y lo describieron como algo muy normal”.

El hecho de que no hubiese una normativa para garantizar o prohibir la intervención del secretario de la gobernación en asuntos en donde  ni hace dos años él era presidente, y que no han pasado ni los dos años mínimos que exige Ética Gubernamental para él ser secretario de la gobernación, es otra bandera roja,  prosiguió en referencia a la relación de Domenech con la empresa de cabilderos de Politank.

Sobre ello apuntó  que se supone que debería haber una dispensa por escrito, no verbal como alegó el secretario. Según Domenech la instrucción, “era algo verbal, quizás en su cabeza, pero tampoco se puede validar cuáles fueron las instrucciones. Eso realmente es increíble. Ya eso levanta una bandera de violación crasa a los procesos. Se pretendió vender así una exención que le da Ética a su esposa. Extenderla a él es increíble también”.

La profesora de Administración Pública censuró el que un abogado  con toda la experiencia que tiene Domenech  pretenda presentar esa justificación. Señaló que, una de las primeras medidas y de las pocas sometidas a la Legislatura por la Fortaleza fue una enmienda a las leyes de corporaciones que elimina la necesidad de radicar informes anuales  en el Departamento de Estado. Esto convierte dicha información en asunto privado, por lo que no hay acceso a mayor información para conocer  cómo están funcionando las corporaciones en Puerto Rico.

“Eso fue bandera roja tras bandera roja. Yo me hacía la pregunta de si este ejercicio se va a quedar en un ejercicio de espectáculo político o si se va a traducir en medidas legislativas efectivas para combatir la corrupción. Porque si no, perdemos el tiempo”, manifestó Ríos sobre la vista senatorial.

En esa dirección, insistió en que la venta de Politank es un caso de bandera roja que amerita una investigación de si pudo haber corrupción y faltas éticas. Inclusive, que debe haber una investigación para saber hasta qué punto Puerto Rico debe revisar sus procedimientos y normas de fiscalización.

Otro aspecto que apuntó de la vista fue la participación de la esposa de Domenech, Verónica Ferraiuoli, lo cual, describió, ha sido parte del problema todo el tiempo.  Durante la vista, Ferraiuoli estuvo pasando papeles y asesorando al oído a Domenech, quien dijo que ella estaba allí en calidad de esposa. “¿Cómo se controla un conflicto de interés cuando tu pareja te está asesorando? Si eso es en público, ¿cómo será en privado? La expectativa de ellos, parece ser, era que eso iba a pasar desapercibido”.

Ríos cuestionó hasta qué punto las leyes en Puerto Rico permiten un acto tan poco transparente como fue la venta de Politank  y la aprobación de leyes como la 25. Citó que estudios de corrupción han señalado que cuando un Estado se encamina a legalizar las irregularidades y a normalizarlas, se permite el mal uso de los fondos públicos, se normaliza, se institucionaliza  la corrupción en lo que es la toma de decisiones del Estado.

En entrevista por separado, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciada María de Lourdes Santiago, expuso que consideró  que  lo más grave que salió a relucir en la vista fue el que no exista un mecanismo formal de inhibición para evitar que asuntos relacionados con Politank  lleguen a la atención de Domenech.

“Una  instrucción verbal a una empleada no es un mecanismo suficiente. Correspondía un proceso instituido.  Él habla de un proceso instituido, pero no existe tal proceso instituido. Una orden  verbal de ninguna manera es un proceso instituido”.

Resaltó que en la Orden Ejecutiva que le concedió facultades extensas a Domenech como secretario de la gobernación también se establece que tiene que haber una normativa aprobada y publicada para que él ejerza sus funciones de revisión de contratos, licitaciones. Pero que esa fue una pregunta que no se llegó hacer.

Confirmó que la Orden Ejecutiva se aparta de lo que tradicionalmente hace un secretario de la gobernación y, aunque algunas de sus facultades ya se contemplaban en la ley que crea la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), representa una conjunción de funciones que ha demostrado no ser la estrategia más sabia. A juicio de la senadora del PIP, en la vista habría hecho falta más tiempo para plantear otras interrogantes sobre el desempeño de Domenech en esa función de director de AAFAF. Reveló que  algunas de esas preguntas estaban en el interrogatorio que se le había sometido por escrito días antes, por lo que dijo no entender por qué no se le cuestionó.

La senadora del PIP indicó que Domenech debe volver a ser citado por el Senado, además de otras personas, entre ellas, Manuel Torres, para aclarar pormenores de la venta de Politankl, al igual que  Ana Delgado, la persona que según Domenech es la encargada de atender todo lo relacionado a Politank y otros asuntos. Esta  no fue citada.

El PIP también elevó a la atención  la participación de Ferraiuoli en la vista. Santiago comentó que resulta poco creíble que ella estuviese en la vista en su carácter de esposa. “Muchas veces se acompaña, pero no dando asesoramiento y dando papeles”.

La senadora Santiago resumió que, en términos de lo que es política pública y una buena administración, es evidente que hay una falta de un procedimiento administrativo y de la creación de un mecanismo formal de inhibición,  “pero me parece que todavía hace falta una investigación más profunda para poder decir en qué instancias Domenech intervino para privilegiar a gente de Politank”.