Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD
gvazquez@claridadpuertorico.com
El tema de la tenencia de tierras en Puerto Rico ha vuelto a la discusión pública tras el huracán María. Es por esto que la conferencia internacional “Recuperación, titularidad y desplazamientos: Reflexiones desde la gestión comunitaria” tuvo, entre otros objetivos, provocar a las comunidades un sentido de necesidad de acceso a la tenencia de tierras y explorar opciones que se ajusten a su realidad.
En la actividad, realizada el pasado jueves 2 de mayo, en el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR), participaron 16 representantes de organismos y espacios de encuentros de diferentes países, líderes comunitarios que buscan adelantar una agenda incluyente en torno al derecho a la vivienda, a la ciudad y a la tierra. Cabe destacar que el evento se realizó como parte de la Jornada de Intercambio Internacional sobre Gestión Comunitaria y Tenencia de la Tierra.
Lucy Cruz Rivera, presidenta del G-8, dio una cordial bienvenida a todos los presentes luego de repasar su experiencia en el proceso de conformación del grupo, compuesto por las 8 comunidades aledañas al Caño.
Así, dio paso formalmente al compartir de experiencias de líderes de comunidades en Sur África, E.E. U.U., Vietnam, Antigua y Barbuda, Argentina, Bangladesh, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Indonesia, Jamaica, Líbano, México y Puerto Rico.
El primer punto que se trajo a discusión fue el derecho de superficie. La presidenta de la Junta de Fiduciarios del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña Sara Delgado Brayfield explicó que el derecho de superficie es la figura jurídica existente que permite que los residentes tengan título inscrito público y real sobre sus estructuras, mientras que el suelo se conserva como un patrimonio íntegro e independiente de sus superficiarios (habitantes).
Esta criticó que la titularidad se siga viendo como un asunto de regularizar documentos y no como un instrumento para lograr que una comunidad alcance sus metas para el futuro.
“A cada comunidad le toca evaluar cuál es el sistema que más le conviene. No solo se trata de un asunto legal, sino de planificación y organización de base”, abundó.
Los siguientes asuntos fueron lo informal, la regularización de la tenencia y el derecho a la vivienda
Muchas veces, cuando se hace referencia a proyectos comunitarios se habla de lo informal. Por esto, antes de continuar con su presentación, Lorena Zárate, de la Coalición Hábitat Internacional (traducción literal del inglés), advirtió sobre la importancia de quitarnos palabras que tergiversan la realidad y que tienen implicancias muy complicadas.
“Algo que es informal, irregular, marginal, enseguida pasa a ser ilegal y por lo tanto a criminalizarse. Por eso preferimos hablar de la ciudad hecha por la gente”, explicó.
En el sentido económico y de la generación de ingresos, criticó que este es otro gran problema de las políticas de vivienda, puesto que “una cosa es la vivienda, otra el empleo, otra la salud, y todo está disperso y para cada cosa hay que negociar con diferentes funcionarios. Esto no sirve”.
Acto seguido, sugirió que tenemos que verlo todo en el territorio integrado y que las comunidades saben hacer eso. Es un conocimiento que no está ni en la academia, ni en los funcionarios públicos, ni en el sector privado. Lamentó que ello sea algo que no se ve ni se valora.
En cuanto al tema de la tenencia, Erika Fontánez Torres, catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, reflexionó sobre las diferencias cuando se habla de tenencia versus titularidad.
“La tenencia es algo mucho más amplio que la titularidad. Cuando hablamos de titularidad nos referimos solamente a una forma jurídica, y al igual que se diseñan casas y espacios, el derecho también se diseña. La titularidad es algo mucho más restringido que la tenencia y las formas de seguridad de la vivienda.”
Por eso —destacó—, es importante el contexto de Puerto Rico dentro del tema de la regularización de la tenencia. Que no se trata de un asunto a partir del huracán María, ni siquiera de un pasado reciente; sino de le cúmulo de experiencias históricas, sociales y culturales, de decisiones de política jurídica que se han hecho o no a lo largo del tiempo.
Ese contexto mencionado por Fontánez se ubica en 1928, “un escenario muy similar como respuesta, por ejemplo, al huracán San Felipe, que da lugar unas políticas públicas que estuvieron muy presentes en las siguientes décadas”, dijo refiriéndose a la creación de la Puerto Rican Emergency Relief Adminstration (PRERA, 1933) y la Puerto Rican Reconstruction Administration (PRRA, 1935) a partir del Nuevo Trato en 1930.
Estas se enmarcaron dentro una serie de políticas públicas que conformaron la Reforma Agraria y la Ley de Tierras en 1941. A partir de entonces, ocurrió la repartición de de tierras en parcelas, según el Título V de dicha ley; esto luego de que la posesión de terrenos se convirtiera en un problema socioeconómico durante las primeras décadas del siglo 20. La mayor parte de las tierras cultivables habían sido ocupadas por las grandes compañías azucareras.
En el 68, tras el triunfo del PNP, se enmendó la Ley para que aquellas parcelas obtuvieran título de propiedad. “De ahí en adelante, se produce una gran masa aleatoria de entrega de títulos, que no necesariamente tenían que ver con políticas pensadas, de ciudad, de ubicación, ni con necesidades, sino con mucho clientelismo y discriminación política, hasta el día de hoy”.
Esto y mucho más se discutió en las instalaciones del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico.
La conferencia fue organizada por el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña; Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña, Inc. (G-8) y la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña. Fue apoyada por Ford Foundation, Communities Thrive Challenge (Chan Zuckerberg Initiative, The Rockefeller Foundation), Centro para una Nueva Economía (CNE), Para la Naturaleza, Microjuris, Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, Tartak, Rapoport Center for Human Rights and Justice y University of Texas.
Además de las participantes aquí citadas colaboraron Theresa Williamson (Cathalytic Communities, Brasil), Tiffany Ebrahim (Socio Economic Rights Institute, Sudáfrica), María E. Hernández Torrales (Clínica de Asistencia Legal, UPR), Jerry Maldonado (Ford Foundation, Estados Unidos), entre otras y otros.
Para conocer más sobre las experiencias de los invitados, que por razón de tiempo y espacio no podemos reseñar aquí, los invito a visitar el perfil de Microjuris.com en Facebook y ver la transmisión del evento a través de Facebook Live. Al cerrar esta edición el visual figura como el primero en la sección de videos de la página.
