Entre la batalla de intereses por la privatización, la búsqueda de que se le exima de las Leyes de Cabotaje, la mentira de una baja en la tarifa, la petición de un síndico por parte de un grupo de bonistas y la falta de trabajadores técnicos, la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) parece la de una central hidroeléctrica a punto de coger fuego.

A todo esto se une la nueva advertencia del Instituto para el Análisis Económico y Financiero de la Energía (IEEFA, siglas en inglés) de que la propuesta para el pago de deuda presentada por al AEE el pasado mes de julio a un grupo de sus acreedores no es una solución creíble para el problema de la deuda de la corporación y cuestiona por qué no se consigue un mejor acuerdo.

La propuesta de la AEE es la de pagar a los tenedores de bonos 77 centavos por dólar, de aproximadamente un tercio de la deuda. Hasta el presente, aunque la propuesta se mantiene, esta no ha sido ni aprobada ni rechazada, a pesar de los plazos que se han concedido.

IEEFA expone que se supone que la medida del éxito de una liquidación de deuda es que esta ofrezca pagos realistas a los tenedores de bonos y al mismo tiempo le permita al deudor emerger como una empresa en marcha; pero la propuesta presentada por la AEE no logra este propósito ni mueve a la AEE hacia una solución creíble a sus problemas, por lo que recomienda olvidarse del acuerdo.

El fundamento para su señalamiento es que el futuro de la AEE está estrechamente ligado al futuro de la economía puertorriqueña y que el país necesita energía barata para recuperarse. Es decir, la AEE necesita una economía en crecimiento para tener un mercado para su energía.

No obstante, señala que las perspectivas son oscuras y trae a la atención que la agencia acreditadora Moody’s proyecta una disminución de 17 a 19% en la economía de Puerto Rico entre 2019 a 2028. Mientras, la Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB siglas en inglés) proyecta una disminución en la población de la isla y una reducción en las ventas de energía eléctrica. Para “impulsar” la economía de la isla, la FOMB certificó un plan fiscal para la AEE que respalda un precio de energía a largo plazo de 20 centavos por kilovatio-hora.

IEEFA cuestiona el que no esté claro cómo se logrará el objetivo de poder bajar el precio de la tarifa con las propuestas actuales y expone que el plan fiscal certificado por FOMB está fuera de balance, contiene iniciativas de ahorro mal definidas, costos de combustible crecientes y ningún dinero para el servicio de deuda durante cinco años. Además cuestiona que el plan proyecte tasas de hasta 24 centavos por kilovatio-hora para 2023 sin incluir el servicio de la deuda ni los pagos de pensiones. De incluirse el pago total de la deuda, las tarifas subirían a 30 centavos por kilovatio-hora.

Según IEEFA, las tarifas eléctricas promedio en el año fiscal 2018 fueron de 23 centavos por kilovatio-hora. A ese nivel de tasa, la AEE muestra lo que llama una disminución en su posición neta (una pérdida operativa neta) de $ 393 millones en su estado financiero no auditado para el año fiscal que termina en junio de 2018. En ese sentido, pronostica que una baja en las tarifas como ha anunciado la AEE crearía aún menos posibilidades de recuperación del inversor. Por último, plantea que la AEE también cuenta entre sus gastos con $474 millones para intereses sobre su deuda, monto que supera la disminución en su posición neta.

Señala IEEFA que desde el anuncio de julio los inversionistas aparentan estar seducidos por la promesa de 77 centavos y han subido los precios de los $3 mil millones de la deuda de la AEE que cubre el acuerdo, de 30 a más de 60 centavos por dólar. Mientras, continúan las negociaciones con otros tenedores de bonos, compañías de seguros y acreedores del resto de la deuda pendiente de $ 9 mil millones de la AEE.

Sobre este punto, los analistas Tom Sansillo y Cathy Kundel exponen que aquellos que están negociando el acuerdo sobre la deuda de la AEE y los que hacen una oferta al precio del mercado de bonos han perdido de vista la realidad fundamental de que la AEE no puede pagar su deuda, ni el 30% ni el 40%, mucho menos el 77% de la deuda. Traen a la atención que la FOMB aceptó de manera breve esta realidad en el 2017 cuando determinó que un acuerdo de deuda que requiere un reembolso del 90% no podría ser respaldado por la economía de Puerto Rico antes del huracán. Después del huracán la incapacidad de soportar un nivel similar de reembolso debería ser aún más evidente.

Para concluir, IEEFA denuncia y adelanta que todas las partes involucradas en la negociación pueden acordar otro trato insostenible; pero si no hay una base económica para los pagos, simplemente se enviará a Puerto Rico a otra ronda de quiebra y lo único que se asegurará serán los honorarios de otra ronda de acuerdos para reparar el daño creado.

Uno, inocentemente, podría pensar que un grupo de millonarios se ha reunido en cuartos oscuros para conspirar y concurrir en un mismo fin: quedarse con propiedades, tierras y costas de la isla. A fin de cuentas, conspirar significa “unirse en secreto acuerdo con el fin de efectuar un acto ilícito o impropio o para usar tal medio para llevar a cabo un fin ilícito”. (Traducido de Webster’s New Collegiate Dictionary, p. 243 (8th ed. 1976)).

Hay que ser naive para pensar que esto se trata de una teoría conspirativa. Teoría que en definición “pretende explicar un evento ya acontecido o que está por suceder a base de supuestas circunstancias que son ocultadas a la opinión pública. Por supuesto, las teorías conspirativas son menospreciadas y negadas por quienes son acusados de esconder la verdad, según en el diccionario virtual definicion.de

Hago la aclaración para que no se me acuse de delirio conspirativo: aquí no se ha ocultado nada. Me refiero a la relación entre las políticas públicas y gentrificación (o aburguesamiento).

En el 2012, el gobierno aprobó Ley Núm. 22 para Incentivar el Traslado de Inversionistas a Puerto Rico y ley Núm. 20 para Fomentar la Exportación de Servicios. Las políticas que favorecen estas leyes no tienen de manera expresa esa intención aunque en el fondo producen ese resultado: “gentrificación”.

La “gentrificación”, que es el término común que se usa en Puerto Rico, sucede cuando un espacio en estado de deterioro –mayormente en centros urbanos– es transformado y aumenta su valor, los costos de vida y, en consecuencia, se da el desplazamiento de una población de menos ingresos (gente que posiblemente llevan viviendo ahí años) por otra económicamente superior.

No hay que entrar en teorías de conspiración –dijo el planificador David Carrasquillo en entrevista con CLARIDAD– porque la definición es clara, un transplante de la población. Desde sus orígenes, el concepto establece una diferencia de clase y en Puerto Rico eso es evidente hoy más que nunca.

Carrasquillo, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, recordó que hace poco pasamos de ser el quinto país más desigual al tercero, destacando que hay una diferencia de clase e ingresos bien marcada lo que tiene que ver mucho con el tipo de vivienda y espacio al que la gente tiene acceso.

“Pero esa diferencia no se refleja solamente en los ingresos de la gente, también en lugares específicos que van ganando más valor porque se les puso infraestructura, están en un lugar céntrico o porque alrededor tienen actividades que generan dinero”, añadió.

El deterioro de la infraestructura en las comunidades, así como el de los servicios públicos, como la producción y distribución de energía eléctrica, puede obedecer a una política gubernamental siniestra. Dicho deterioro justificaría una “inyección de capital” y ese capital viene de manos privadas.

Frecuentemente, los planes de un inversionista coinciden con las visiones de desarrollo de algunos políticos de carrera. Estos pueden recibir algún beneficio económico mientras son “hombres públicos”, o pueden convertirse luego en miembros de las juntas administradoras de empresas privadas que ayudan a mejorar la infraestructura, o a delinear planes de desarrollo.

Carrasquillo, criticó que por décadas la visión de desarrollo económico en Puerto Rico ha sido una basada única y exclusivamente en el crecimiento económico. Una visión neoliberal donde el supuesto desarrollo o progreso se mide en dólares y centavos.

“Desde 1950 hasta los 90 hubo un crecimiento económico palpable en Puerto Rico, sin embargo, a la misma vez que se dio este crecimiento económico también creció la brecha entre ricos y pobres. Creció la desigualdad”, dijo.

De toda la vida los lugares que ganan atractivo –esto no es un problema solo en P.R. sino en el mundo entero– y un valor, suben de precio porque tienen mucha demanda. Pero Carrasquillo sostuvo que cuando se trata de lugares residenciales debería ser distinto porque la intención (ya sea de parte del gobierno o algún otro sector) de sacarle un bienestar económico a un espacio no debe ser excusa para desplazar una comunidad.

“Que el interés económico se coma las residencias de la gente es una línea que… si eso pasa se cruzó la línea de ese balance”

Por otra parte el planificador, José Rivera Santana, dijo que es “un riesgo cuando las políticas públicas no incorporan los conceptos de principio, equidad social y redistribución del ingreso”. Eso puede ocurrir en los centros urbanos que se van a rehabilitar, lugares que están experimentando un repoblamiento como es el caso en algunas áreas de Santurce”.

Rivera Santana explicó que el repoblamiento de un espacio que antes estaba abandonado plantea un reto porque no solo empiezan a cambiar, sino que tiene un impacto en el valor de la propiedad en el mercado aumentando su costo y, por tanto, haciéndola menos accesible la posibilidad de vivir en esas áreas o de regresar a sectores de bajos ingresos.

En el caso de los sectores y familias de menos ingresos que todavía viven esas áreas la presión del mercado puede obligar a completar el proceso de desplazamiento, lo que no resuelve el problema de la pobreza sino que lo agudiza a costa de sectores más privilegiados.

“En términos generales, lo que se esta viendo en el país a través del proceso intenso de emigración, producto de la crisis y luego de los huracanes Irma y María, es que hay sectores cada vez mas amplios de las áreas urbanas construídas que experimentan, y visiblemente se nota, un vacío, un desplazamiento de la población. Posibilitando que esos espacios vengan a ser ocupados por personas de altos ingresos”, añadió Rivera Santana.

Los efectos del desarrollo en Puerto Rico son evidentes. Y si esto le parece una teoría de conspiración, revise otra vez las leyes. Mire a su alrededor.

Desde la visita de Trump a la ONU el 25 de septiembre, 2018, donde una vez más amenazó a varios países con sanciones, entre ellos a Venezuela, se ha desatado la quinta fase del plan golpista: el operativo mediático.

EEUU lo ha tratado todo contra Venezuela, sin éxito hasta ahora: (1) Sabotaje económico mediante el acaparamiento y el desabastecimiento de los rublos básicos de alimentos y artículos de primera necesidad del pueblo venezolano, operativo que continua en marcha al día de hoy; (2) intento de deslegitimar los procesos democráticos venezolanos no reconociendo la elección de Nicolás Maduro el pasado 20 de mayo de 2018, utilizando para ello el Ministerio de Colonias que es la OEA y el lacayo de los yanquis Luis Almagro; (3) imposición de sanciones y bloqueo económico a funcionarios y empresas venezolanas; (4) financiamiento de actividades de la oposición con el objetivo de desestabilizar y crear caos social en Venezuela. Ahora está en pleno desarrollo, como dice el amigo Walter Martínez, (5) la fase mediática dura ya que se ha ido creando una opinión pública con artículos sobre la crisis económica en Venezuela, pero ya con el nombre y apellido de ¨crisis humanitaria¨. (6) La sexta fase sería la intervención militar.

EEUU ha ido creando condiciones para la fase sexta militar. Entrenamiento de más de 9,000 militares y policías en el Instituto Hemisférico sucesor de la Escuela de Las Américas; incremento de la presencia militar en América Latina, tanto de bases como de efectivos militares.

En el plano geopolítico, EEUU ha creado la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), ha instigado el rompimiento de la UNASUR, la inmovilización de la CELAC torpedeada desde dentro por los países que componen la Alianza del Pacífico.

El objetivo principal es el de siempre: control geopolítico de la región para el expolio y explotación de los abundantes recursos naturales que tiene el continente latinoamericano. EEUU reacciona con fuerza y hostilidad ante lo que ve ha sido una avanzada que han logrado la Federación Rusa y la República Popular China en la región a través del financiamiento de importantes proyectos de infraestructuras, alianzas económicas, intercambios educativos y culturales, cooperación técnica y colaboración industrial que ha producido transferencia de tecnología hacia América Latina, por mencionar un área, el de los satélites de comunicaciones.

Una intervención de EEUU en Venezuela atenta no solo contra la soberanía de èsta; está en juego la soberanía de toda la región, el derecho que debe tener todo país a escoger su sistema económico y político a base de la voluntad democrática de sus pueblos. Una agresión contra Venezuela es una agresión contra la unidad regional, contra la Patria Grande.

Sin querer sonar alarmista, hay que estar alerta ante lo que parece ser la reacción y activación de un plan hegemónico peligroso, genocida y deshumanizante contra todo lo que representan los gobiernos progresistas de América Latina. Es el momento de cerrar filas no solo con Venezuela, sino que también con Nicaragua, Cuba, El Salvador y podría ser necesario en el futuro con el México que aspira a construir el gobierno de Manuel López Obrador. La derecha cierra fila siempre, la izquierda no puede en este momento histórico hacer otra cosa.

La autora es abogada y copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH-PR)