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Portavoces del Movimiento por la Niñez y la Educación Pública (MPNEP), denunciaron como un retroceso, una ley innecesaria que no añade ningún beneficio a la población con diversidad funcional, por el contrario representa un retroceso que pone en riesgo muchos de los derechos de este sector de la sociedad, el proyecto PC 1484 que pretende sustituir la actual Ley Núm. 51 de 1996.

En conferencia de prensa, el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, la exsenadora del Partido Independentista Puertorriqueno (PIP), licenciada María de Lourdes Santiago, Jinnette Morales, madre de una niña con diversidad funcional y la especialista en educación especial, Jessica Guardiola, denunciaron los peligros que representa el citado proyecto y la obstinación de su proponente el representante, Rivera Ortega de que el proyecto será aprobado.

Burgos Pérez, quien ha intervenido en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez, denunció de manera enfática que el proyecto que pretende resumir las leyes que ya existen relacionadas con los servicios educativos a esta población es uno totalmente innecesario y está relacionado con la llamada reforma educativa y el cierre de escuelas en el país, lo cual tiene un impacto mayor en la población de diversidad funcional en el país.

“No hace falta mayor legislación en términos de los derechos de la población con diversidad funcional en términos educativos. En este país lo que se necesita es que las leyes que existen, que las decisiones que existen estipulaciones que existen en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez se respeten”, exigió.

Al denunciar que los problemas con los servicios educativos a esta población no se resuelven con más legislación, el activista por los derechos humanos, reiteró que no es un asunto de nueva legislación, “sino que se resuelven con un asunto de voluntad, de compromiso con esta población”

En su lugar expuso que el Proyecto lo que hace es añadir riesgos. Por ejemplo: el proyecto pretende segregar a la población de educación especial de los procesos del Departamento de Educación (DE) con una nueva Secretaría. Explicó que esta separación no toma en cuenta que la inmensa mayoría de los estudiantes del Programa de Educación Especial (PEE) ya están dentro de la corriente regular. Por lo tanto si se separan sus asuntos de los procesos del DE se corre el riesgo de que los procesos de los estudiantes del PEE no sean atendidos porque no se atenderían los componentes de la educación regular. A parte de lo que se aspira dentro de la educación especial es que los niños en lugar de ser segregados estén más incluidos en la corriente regular. Otro aspecto del proyecto que dijo es peligroso es el nombramiento de jueces administrativos con el consentimiento del Senado, para resolver las querellas, o casos de incumplimiento con el DE. Advirtió que esto pone en riesgo los fondos de la ley federal IDEA ya que esta ley establece que los jueces administrativos dentro de los procesos de trámite de querellas no pueden ser empleados del gobierno o agencia.

“No vemos cómo lo van a separar porque van a tener un proceso muy parecido al nombramiento de fiscales o jueces del Tribunal de Primera Instancia y eso los va convertir para todos los fines en empleados del gobierno”, reparó en que estos nombramientos se prestan para la politiquería, además de que añade un escalón en el proceso para los padres, los cuales tendrían que acudir al tribunal para exigir los servicios educativos para sus hijos e hijas.

A esto se agrega que la medida incluye aspectos que ya están atendidos en las estipulaciones del pleito de clase que fueron acordadas en el 2002 y que todavía están en el proceso de determinar si el DE esta cumpliendo con esas estipulaciones. Burgos Pérez llamó la atención a que si se eleva a rango legislativos las estipulaciones del pleito de clase se corre el riesgo de que venga otra legislatura y de un tizaso “elimine de golpe y porrazo lo que son 38 años de lucha de la población de educación especial”.

Como si no fuera suficiente el proyecto pretende certificar el mecanismo de intersesoría, el cual al presente se ofrece de manera voluntaria por padres y madres. Es cuando padres y/o madres acompañan a otros en reuniones, vistas con el DE con relación a reclamos de servicios para sus hijos o alguna otra situación. Esto se elimina con la legislación y se establece una estructura para los intercesores y aunque no describe requisitos se les exige una licencia.

En tanto la exsenadora Santiago, reiteró, “todos coincidimos en que la ley no sólo es innecesaria, es un retroceso en la Educación Especial. Lo que ha hecho el representante Rivera Ortega es simplemente recoger y traducir en ocasiones de manera muy imprecisa elementos de legislación federal o incorporar algunas cosas de la legislación vigente, de una forma brusca, muy deficiente en su estructura”.

Para comenzar apuntó que no se provee ninguna transición y la ley comenzaría a aplicar después de su aprobación a pesar de que para ponerla en marcha requeriría importantes ajustes en el DE. Entre los derechos -que indicó- se eliminan está la participación de los padres y maestros en la preparación del programa educativo individualizado (PEI). Ahora en la preparación del PEI los especialistas que atienden al estudiante son los que llevan la voz cantante. La nueva ley establecería que si hay que hacer evaluaciones adicionales las hará el personal del DE y se llevará a votación. “Vas a llevar a votación si un estudiante necesita evaluación adicional cuando el Departamento de Educación es el que se niega a dar el servicio”, cuestionó en tono indignado.

Por otro lado -continuo- en términos fiscales el proyecto pospone la fecha en que tiene que estar listo el PEI. En el presente la ley dice que el PEI tiene que estar listo cinco días antes de que acabe el semestre. La razón para este plazo es que el año fiscal termina el 30 de junio y se supone que el DE reciba todos los PEI para preparar el presupuesto. Santiago levantó el que “si ahora es y es difícil, se podrán imaginar que todo ese proceso se traslade a agosto, va a llegar diciembre, febrero y los niños no van a recibir ningún servicio”.

Más aún el proyecto tampoco habla nada de presupuesto, por lo que tienen la preocupación de que ahora con la Ley 85- no se sabe cómo es qué se va a distribuir el presupuesto del DE con la reforma educativa, tampoco se conoce qué es lo que va a pasar con los fondos del PEE. Levantaron que si se sigue con el principio del DE de que cada estudiante tiene un precio (se habla de alrededor de seis mil dólares por estudiante) los estudiantes del PEE estarán en desventaja porque necesitan más recursos.

Santiago también alertó a que la medida pretende establecer que los servicios se prestarán por encima de lo que diga cualquier otra ley, o convenio colectivo, según lo disponga la secretaría. A su juicio esto significa un “flexitime”, además según el legislador y proyecto se le concede a la secretaría una “autonomía docente”. Para Santiago lo mas preocupante del PC 1484, es que lo que persigue es cerrar el pleito de clase y acabar con la intervención judicial.

En tanto Jinnette Morales, recalcó las denuncias de sus compañeros de que la Ley no atiende los problemas reales que tiene la niñez de EE. “La Ley no parte de los problemas reales que tiene nuestra niñez, los problemas reales están en el incumplimiento, en la falta de voluntad por cumplir, en las malas ubicaciones que tienen nuestros niños en el Departamento, en unos servicios relacionados, de unos contratos que le exige el Departamento que no rehabilitan a nadie. No hay nada en la ley que tenga que ver con los problemas que tiene nuestra niñez”.

Claridad

Las rencillas internas de los partidos políticos de ordinario sólo sirven para entretenernos, sobre todo si la pelea se da entre figuras del gobierno. Pero algunas de esas trifulcas, sin proponérselo, terminan haciéndole bien al país. Eso acaba de ocurrir en Puerto Rico. Gracias a un tirijala interno dentro del gobernante Partido Nuevo Progresista se develó una trama que dramatiza cuán pervertida están algunas instituciones que cumplen funciones indispensables, como la judicatura y el sistema electoral. La perversión les llega de afuera, traída por los partidos que intentan manipularlas.

Fue como resultado de pelea chiquita dentro del PNP que se conoció un largo intercambio de mensajes telefónicos ya bautizado como el “chat del Moca”. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, estaba muy molesto porque no se seleccionó a una protegida suya para la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y se movió para hacer público el intercambio de mensajes que seguramente provocaría la renuncia del recién seleccionado. Esto que acabo de decir nadie lo ha corroborado, pero no hay que saber mucho de la vida para concluirlo. Obviamente fue alguien enviado por Rivera, o él mismo, quien le entregó la impresión de mensajes al senador del PPD que los hizo públicos.

Tal vez Rivera pensó que las consecuencias de su acción no serían tan graves, que el recién nombrado renunciaría quedando otra vez la silla vacante. Con la movida ganaría dos veces –con la vacante y con el cantazo al gobernador que Ricardo Rosselló que lo nombró– y ahí quedaría todo. Sin embargo, por lo conocido hasta ahora, las consecuencias que ha tenido la divulgación del chat van mucho más allá.

Los principales cargos del gabinete de gobierno de Rosselló han tenido que renunciar una vez la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, los colocó en la puerta de una imputación criminal y, como resultado de esas renuncias, otra vez se tambalea el ya debilitado Gobierno. Pero lo más importante no es esta nueva herida a un gobierno que ya estaba maltrecho, sino el golpe infligido a la Rama Judicial y a la CEE.

La Rama Judicial se supone que sea independiente y desvinculada de la política partidista y, supuestamente para garantizar estos principios básicos, ha elaborado una larga lista de cánones que prohíben todo asomo de militancia política entre los miembros de la judicatura. Por otro lado, dado que los jueces se suponen independientes, la Ley Electoral los coloca en la presidencia de las comisiones locales a cargo de supervisar el proceso electoral. Las controversias que surjan en medio de cada evento eleccionario son adjudicadas por esa figura “independiente”. Así, en teoría, se garantiza la pureza del proceso mediante el cual se elige el gobernador, alcaldes y legisladores.

Esa teoría quedó hecha trizas la pasada semana y el origen del mal que decretó su muerte está en la forma en que se nombran y se confirman los jueces y en la desvergüenza de los políticos que luchan por controlar las instituciones públicas y, una vez lo logran, conspiran para desvirtuar los principios que le dan valor a éstas.

Rafael Ramos Sáenz y su socia en un bufete pueblerino simultáneamente fueron nombrados jueces municipales gracias a sus contactos en el PNP. Además de adjudicar controversias judiciales, ambos pasaron a presidir comisiones locales de la CEE. De su exsocia nada se sabe, pero de Ramos sabemos que no abandonó su militancia partidista, más bien la incrementó participando activamente en organismos del PNP y llegando al extremo de consensuar sus resoluciones adjudicativas con sus compañeros militantes. Luego, como las elecciones produjeron el triunfo de su partido y sus compañeros militantes pasaron a dirigir el Gobierno, todos conspiraron para colocar a Ramos a cargo, no ya de una comisión local sino de la propia CEE. A partir de ese momento el control de la institución electoral sería absoluto.

¿La historia de Ramos Sáenz es, acaso, un hecho aislado? Quienes fraguaron y ejecutaron ese esquema han estado durante dos años, al menos, a cargo de tomar casi todas las decisiones importantes del Gobierno y han sido responsables de decenas de otros nombramientos judiciales. Desde la Secretaría de la Gobernación fraguan los nombramientos y desde la Comisión de Nombramientos del Senado (donde trabaja la esposa del Secretario de la Gobernación) manipulan su confirmación.

El grupo que dirigió la campaña electoral del PNP pasó, casi en su totalidad, del partido al gobierno, según la información que ya se conoce. A partir de enero de 2017 comenzaron a controlar las principales instancias del poder colonial que, como dijo una columnista, “es menguado, pero sustancioso”. La desfachatez con que obraron, primero para ascender a Ramos Sáenz a juez superior y luego para colocarlo en la jefatura máxima de la CEE, nos permite concluir que obviamente no estamos ante un caso aislado. Es un grupo que actuaba como tropa de asalto, con la misión de arrasar y controlar. En lugar de un hecho aislado es cumplimiento de una agenda o, como decían entre ellos, de “un plan”.

Ahora, como la agenda desvergonzada ha sido descubierta, los más notorios se han visto obligados a renunciar y el gobernador Rosselló pronto nombrará sustitutos. ¿Pero acaso esto se resuelve con un cambio de nombre? Lo que ha salido a flote evidencia que la voracidad partidista ha sido capaz de trastocar y pervertir instituciones cuya supuesta neutralidad ayuda a garantizar un mínimo de convivencia pacífica. Se trata obviamente de un problema muy serio, que trastoca la esencia del gobierno y que no se resuelve con un cambio de nombres.

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La iniciativa, Pueblo Unido Contra la Venta y Privatización de los Servicios Públicos, desmintió las alegaciones del Secretario de Seguridad Pública (SSP), Héctor Pesquera y del Comisionado de la Policía (CP), Henry Escalera de que se habían reunido con las organizaciones convocantes de la manifestación en la Milla de Oro para llegar a acuerdos sobre las rutas y horarios.

En comunicado de prensa emitido este lunes 7 de mayo, Juan Camacho, portavoz del Pueblo Unido denunció como “un planteamiento falso” la afirmación de Pesquera a través de los medios de comunicación de que la Policía sostuvo reuniones con los convocantes. En el comunicado se reconoce que la actividad de Pueblo Unido constó de las cinco marchas que salieron; una del Parque Hiram Bithorn; una del Departamento del Trabajo (DT); una del Departamento de Educación (DE), la de la Universidad de Puerto Rico, y otra de la Parada 26 (estación del tren urbano del Sagrado Corazón). A la marcha que salió de la UPR no se le permitió transitar por la Milla de Oro y fue la encerrada y atacada por la Policía. Las otras marchas tampoco estuvieron exentas de la intimidación y acoso policíaco.

En sus declaraciones Camacho denunció que el plan para las agresiones contra los manifestantes comenzó días antes con el anuncio de que 1,100 agentes serían asignados a la actividad, dando la impresión que la misma sería violenta y descontrolada. Así, también, visitaron los comercios del área de las marchas que contaban con cámaras de seguridad para orientarlos cómo enfocar sus cámaras contra los manifestantes, tratando de crear miedo entre los comerciantes y ciudadanos cercanos a las rutas.

La organización además envió una carta al comisionado Escalera, en donde también le confronta con que sus declaraciones escritas a la Prensa de que “sostuvo reuniones con siete de los ocho grupos” que convocaron a la Milla de Oro el pasado primero de mayo de 2018. “Ese señalamiento no es cierto. Nunca nos hemos reunido con la Policía, ni entidad parecida, para discutir rutas, accesos, horarios, funcionamiento y mucho menos los perímetros que se establecieron en las rutas de las marchas y en la misma Milla de Oro”.

Además de desmentir a ambos funcionarios, mediante carta, Pueblo Unido le reclamó al gobernador Ricardo Rosselló, que le solicite la inmediata renuncia al Comisionado de la Policía y al Secretario del Departamento de Seguridad.

“Que los jefes máximos de la seguridad pública utilicen información falsa como excusa para impedir un derecho constitucional, más aún para agredir y dispersar una marcha con gases lacrimógenos, más que un error, es una causal para ser despedidos inmediatamente”. Reclaman los portavoces de Pueblo Unido, Ángel Figueroa Jaramillo, Juan Camacho y Eva Ayala Reyes.

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Una violación al derecho a la libre expresión, una agresión planificada, un despliegue de fuerza indiscriminado con el propósito de acorralar a los manifestantes, ése fue el comportamiento de las fuerzas policiacas contra manifestantes de una de las marchas este 1 de mayo. Así se desprende de la versión de los hechos que expuso la Unión Americana de Libertades Civiles, capitulo de Puerto Rico (ACLU, siglas en inglés), la cual mantuvo observadores en todos los puntos de partida y el trayecto de las marchas desde tempranas horas de la mañana.

El director ejecutivo de ACLU, licenciado William Ramírez Hernández, en conferencia de prensa, expresó que ante la conferencia de prensa celebrada por el Gobernador Ricardo Rosselló Neváres, para dar la versión del Gobierno sobre los hechos, la ACLU se vio en la necesidad de exponer lo que ellos –sus observadores– vieron.

Apuntando que el trabajo de ACLU es el de velar por el respeto de los derechos constitucionales fundamentales del pueblo, Ramírez Hernández, defendió; “Nosotros velamos porque el Gobierno de Puerto Rico respete esos derechos, que la Policía de Puerto Rico respete esos derechos, en este caso la Primera Enmienda de la Carta de Derechos de Puerto Rico que garantiza la libertad de expresión”. Señaló que la libertad de expresión no se limita a que se permita llegar a una persona a un lugar, sino que las personas puedan expresarse sin sentirse limitados en su expresión y coartados en alguna forma.

Frente a los acontecimientos el director ejecutivo de ACLU trajo a la atención el que la Policía se encuentra en un proceso de “reforma” mediante un acuerdo firmado entre el Departamento de Justicia de Puerto Rico con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) que tiene el deber de cumplir, por lo que la Policía, “tiene que hacer su trabajo de una forma constitucional y como dice el gobernador ‘somos un país de ley y orden’, y en el país de ley y orden los ciudadanos tienen que respetar la ley, la Policía también tiene que respetar esas leyes y los derechos fundamentales del pueblo porque ésa es la ley suprema”.

En esa línea el licenciado Ramírez Hernández, apuntó de que Puerto Rico es uno de los pocos lugares que carece de cualquier forma de monitoreo civil independiente, de la Policía. Dada esta carencia reclamó que eso hace más importante el trabajo tanto de los observadores de ACLU como el de la Prensa. Esta defensa de la Prensa viene al caso debido a que la Policía agredió no sólo a manifestantes, a los mismos observadores identificados, sino también a periodistas identificados que estaban ejerciendo su oficio.

En una critica al gobernador por sus expresiones en la conferencia de prensa, de que ‘una piedra sirve para construir’, Ramírez Hernández, opinó que el Gobierno no estaba viendo el cuadro completo. “La gente está protestando porque se está desconstruyendo este país, se está derrumbando este país. La gente está protestando porque tenemos un país que se está decayendo y que no le está ofreciendo oportunidad a su pueblo y tenemos muchos de nuestros familiares que tienen que irse, tenemos jóvenes que están protestando todas esas fallas y son personas que no se quieren ir”.

El experto en derechos civiles aclaró que el hecho de que una persona esté incurriendo en una conducta particular, en un acto particular, aun cuando pueda ser una expresión no protegida, no deja de ser expresión. Como es el caso de una acción de desobediencia civil. En tanto el licenciado Josúe González, también de ACLU, y que fue uno de los observadores que estuvo en la Milla de Oro, expuso sobre los acontecimientos; “Estamos viviendo un momento en que el país está acorralado por unas políticas abusivas que ha estado adoptando entiéndase la Junta de Control Fiscal y el Gobierno y se han estado cerrando puertas y a la gente no nos queda otra alternativa que salir a la calle y la reacción del gobierno ha sido de hostilidad y esto lo hemos visto por mucho tiempo”. Insistió que aun en medio de la reforma la Policía no ha cambiado su actitud hostil. Esta actitud dijo se vio en los eventos del año pasado y ahora este 1ero de mayo se vieron con mayor intensidad.

Desde el punto de vista de la ACLU –dijo– no hay duda y así lo pudieron observar desde el principio sus observadores en los distintos puntos, que el propósito del gobierno más que garantizar el derecho de los manifestantes a expresarse con tranquilidad y velar por la seguridad, el propósito era reprimir la expresión. En primer lugar expresó que la Policía manejó toda la actividad como una de confrontación, con una movilización exagerada y desde un principio obstaculizando las vías públicas, las cuales se suponen que son el escenario de expresión protegida, por lo que existe el derecho de las personas a pasar por éstas.

Una vez le cerraron todas las vías a los manifestantes, e impidió el derecho de estos a la libertad de expresión, la Policía ignoró todos los requerimientos de la reforma en términos de lo que tiene que ver con el manejo de multitudes, el uso de fuerza y el despliegue de agentes químicos.

González fue enfático en acusar que la Policía agredió e hizo uso de un despliegue indiscriminado de fuerza contra personas que estaban participando de la manifestación de forma pacífica e ignoró los protocolos básicos que se han acordado como parte del proceso de la reforma. Uno de estos protocolos fue el que la Policía no hizo advertencias de que se proponía desplegar los gases lacrimógenos para notificar a los manifestantes la intención de dispersión.

“Pero ahí no había el interés de dispersión porque no había a donde ir los manifestantes fueron literalmente acorralados en la avenida y hasta los mismos policías fueron afectados por los gases lacrimógenos y eso lo tenemos perfectamente documentado. Fue un operativo disparatado y estamos hablando en el contexto de la reforma de la policía. No se dio oportunidad para vías de escape que es una de las cosas que está incluída en los protocolos establecidos para la reforma”.

A la luz de los acontecimientos González señaló que el país está en una situación bien difícil en términos de los derechos civiles y los derechos humanos y en términos del comportamiento de la Policía. Mientras la coordinadora de los observadores, la licenciada Johana Plinet, comprobó que se tuvieron observadores en todos los puntos de partida de cada marcha, eso incluyó a la que salió del Puente Dos Hermanos para llegar al Capitolio, y de las que llegaban a la Milla de Oro. Todas, dijo, salieron de manera pacífica, incluyendo la que salió de la Universidad de Puerto Rico (UPR), y no hubo eventos en el camino, todo surgió una vez se llegó a la Milla de Oro.

La licenciada Plinet apuntó que desde las 9:00 de la mañana los observadores de ACLU pudieron ver que ya desde esa hora la Policía había creado una línea para impedir el acceso a la Milla de Oro por la Ponce de León. Contó que ella personalmente se acercó al teniente coronel Torres, y le preguntó por qué estaban impidiendo el paso de la marcha que venia del edificio de la Procuradora de la Mujer (Marea Feminista), cuando se había notificado que ésa iba a ser la ruta. La contestación del oficial fue el que ‘estaban allí para proteger al comercio’. Le planteó que las marchas que venían de la UPR y el Departamento del Trabajo, enfrentarían la misma situación a lo que el oficial le contestó ‘que sí iban a mover’. Por lo que los observadores desde temprano temieron que se provocara una confrontación.

El acoso policíaco no se limitó a los manifestantes, la licenciada Plinet, denunció, incluso, que en muchas ocasiones, la Policía, impidió el acceso a los y las observadores, aun cuando se había notificado a la Oficina de la Reforma y se reunieron con la coronel Clementina Vega (supervisora de la Reforma) de que iban a estar presentes e identificados en la actividad.

La conducta de acoso –denunciaron la licenciada Plinet y la licenciada Wilma Valentin Custodio, otra observadora– incluyó comentarios machistas, sonidos inapropiados hacia las observadoras, mujeres por parte de algunos efectivos. Esta conducta llama la atención dado a que éste es uno de los señalamientos en el acuerdo de la reforma de que se tiene que atender la violencia y acoso contra la mujer. En esa misma línea las observadoras levantaron bandera sobre la presencia de un escuadrón integrado sólo por mujeres al mando de un oficial varón.

Otra de las observadoras licenciada Nora Vargas agregó que les llamó la atención el que muchas de las agresiones directas de rociar con gases fueron dirigidas a mujeres que no estaban encapuchadas, algunas estaban solas o conversando. Las observadoras coincidieron en su apreciación de que la Policía las miraban de manera retante con la intención de intimidarlas.

En tanto el observador, licenciado Diego Coral González, quien acompañó a la marcha que salió desde el Hiram Bithron, narró que una vez la marcha llegó a la avenida Muñoz Rivera, intercesión con la Roosevelt, vio hacia atrás que había un contingente de policías pisándole los talones a la marcha. Este contingente se apostó en la avenida Muñoz Rivera (frente a la farmacia Cvs) en dirección hacia Río Piedras. Además, estuvo presente cuando el teniente Santos de Operaciones tácticas hizo un acuerdo con los manifestantes de retirase, pero pasados unos 20 minutos la Policía no se había retirado, poco tiempo después se produjo la agresión contra los manifestantes. Describió la experiencia del comportamiento policíaco como una muy severa comparada con la del año pasado.

Presidente del Colegio de Abogados

Por otra parte consultado por este semanario, el presidente del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico (CAPR), Alejandro Torres Rivera, coincidió en denunciar que la conducta de la Policía fue de un entrampamiento planificado. Como observador del CAPR contó que estuvo desde temprano en la mañana frente al Departamento del Trabajo y cuando apenas había un centenar de personas ya la Policía había hecho un despliegue de fuerza. Sus observaciones sobre la presencia y ubicación de los efectivos policiacos cerrando el paso a la Milla de Oro, a las marchas que transcurrieron por la Ponce de León y la presencia de un fuerte cordón policíaco en la Muñoz Rivera, coinciden con lo descrito por los observadores de ACLU.

Torres Rivera describió que la Policía metió intencionalmente a una marea de gente en un túnel donde no había salidas laterales. Recordó que los hechos se desataron una vez finaliza la actividad en la tarima. Para el presidente del Colegio de Abogados no hay duda de que hubo violaciones constitucionales por parte de la Policía, desde el punto de vista de la supresión adelantada del derecho a la expresión, el cierre de las vías publicas para su libre acceso, como tampoco había manera de justificar la persecución de las personas por toda la avenida Muñoz Rivera hasta Río Piedras y luego el uso de fuerza en la comunidad de Santa Rita. De igual forma confirmó que la Policía violó los protocolos y las guías de la reforma policíaca para el manejo de manifestaciones.

En relación a la presencia de un contingente paramilitar en la manifestación que era evidente no correspondía en relación a su armamento y fisonomía con Puerto Rico, el licenciado Torres Rivera recodó que días previos al 1 de mayo el secretario de Seguridad, Héctor Pesquera a preguntas de la Prensa respecto a la posible participación de de las autoridades declaró que ‘ya estaban en contacto con las autoridades federales’, por lo que no le extrañaría que los hayan traído de “refuerzo”.

“Me parece que este es un país que siempre ha rechazado la teoría de lo que es el entrampamiento y en este caso hay elementos forzados para pensar que hubo entrampamiento”, concluyó.