Claridad
Las rencillas internas de los partidos políticos de ordinario sólo sirven para entretenernos, sobre todo si la pelea se da entre figuras del gobierno. Pero algunas de esas trifulcas, sin proponérselo, terminan haciéndole bien al país. Eso acaba de ocurrir en Puerto Rico. Gracias a un tirijala interno dentro del gobernante Partido Nuevo Progresista se develó una trama que dramatiza cuán pervertida están algunas instituciones que cumplen funciones indispensables, como la judicatura y el sistema electoral. La perversión les llega de afuera, traída por los partidos que intentan manipularlas.
Fue como resultado de pelea chiquita dentro del PNP que se conoció un largo intercambio de mensajes telefónicos ya bautizado como el “chat del Moca”. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, estaba muy molesto porque no se seleccionó a una protegida suya para la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y se movió para hacer público el intercambio de mensajes que seguramente provocaría la renuncia del recién seleccionado. Esto que acabo de decir nadie lo ha corroborado, pero no hay que saber mucho de la vida para concluirlo. Obviamente fue alguien enviado por Rivera, o él mismo, quien le entregó la impresión de mensajes al senador del PPD que los hizo públicos.
Tal vez Rivera pensó que las consecuencias de su acción no serían tan graves, que el recién nombrado renunciaría quedando otra vez la silla vacante. Con la movida ganaría dos veces –con la vacante y con el cantazo al gobernador que Ricardo Rosselló que lo nombró– y ahí quedaría todo. Sin embargo, por lo conocido hasta ahora, las consecuencias que ha tenido la divulgación del chat van mucho más allá.
Los principales cargos del gabinete de gobierno de Rosselló han tenido que renunciar una vez la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, los colocó en la puerta de una imputación criminal y, como resultado de esas renuncias, otra vez se tambalea el ya debilitado Gobierno. Pero lo más importante no es esta nueva herida a un gobierno que ya estaba maltrecho, sino el golpe infligido a la Rama Judicial y a la CEE.
La Rama Judicial se supone que sea independiente y desvinculada de la política partidista y, supuestamente para garantizar estos principios básicos, ha elaborado una larga lista de cánones que prohíben todo asomo de militancia política entre los miembros de la judicatura. Por otro lado, dado que los jueces se suponen independientes, la Ley Electoral los coloca en la presidencia de las comisiones locales a cargo de supervisar el proceso electoral. Las controversias que surjan en medio de cada evento eleccionario son adjudicadas por esa figura “independiente”. Así, en teoría, se garantiza la pureza del proceso mediante el cual se elige el gobernador, alcaldes y legisladores.
Esa teoría quedó hecha trizas la pasada semana y el origen del mal que decretó su muerte está en la forma en que se nombran y se confirman los jueces y en la desvergüenza de los políticos que luchan por controlar las instituciones públicas y, una vez lo logran, conspiran para desvirtuar los principios que le dan valor a éstas.
Rafael Ramos Sáenz y su socia en un bufete pueblerino simultáneamente fueron nombrados jueces municipales gracias a sus contactos en el PNP. Además de adjudicar controversias judiciales, ambos pasaron a presidir comisiones locales de la CEE. De su exsocia nada se sabe, pero de Ramos sabemos que no abandonó su militancia partidista, más bien la incrementó participando activamente en organismos del PNP y llegando al extremo de consensuar sus resoluciones adjudicativas con sus compañeros militantes. Luego, como las elecciones produjeron el triunfo de su partido y sus compañeros militantes pasaron a dirigir el Gobierno, todos conspiraron para colocar a Ramos a cargo, no ya de una comisión local sino de la propia CEE. A partir de ese momento el control de la institución electoral sería absoluto.
¿La historia de Ramos Sáenz es, acaso, un hecho aislado? Quienes fraguaron y ejecutaron ese esquema han estado durante dos años, al menos, a cargo de tomar casi todas las decisiones importantes del Gobierno y han sido responsables de decenas de otros nombramientos judiciales. Desde la Secretaría de la Gobernación fraguan los nombramientos y desde la Comisión de Nombramientos del Senado (donde trabaja la esposa del Secretario de la Gobernación) manipulan su confirmación.
El grupo que dirigió la campaña electoral del PNP pasó, casi en su totalidad, del partido al gobierno, según la información que ya se conoce. A partir de enero de 2017 comenzaron a controlar las principales instancias del poder colonial que, como dijo una columnista, “es menguado, pero sustancioso”. La desfachatez con que obraron, primero para ascender a Ramos Sáenz a juez superior y luego para colocarlo en la jefatura máxima de la CEE, nos permite concluir que obviamente no estamos ante un caso aislado. Es un grupo que actuaba como tropa de asalto, con la misión de arrasar y controlar. En lugar de un hecho aislado es cumplimiento de una agenda o, como decían entre ellos, de “un plan”.
Ahora, como la agenda desvergonzada ha sido descubierta, los más notorios se han visto obligados a renunciar y el gobernador Rosselló pronto nombrará sustitutos. ¿Pero acaso esto se resuelve con un cambio de nombre? Lo que ha salido a flote evidencia que la voracidad partidista ha sido capaz de trastocar y pervertir instituciones cuya supuesta neutralidad ayuda a garantizar un mínimo de convivencia pacífica. Se trata obviamente de un problema muy serio, que trastoca la esencia del gobierno y que no se resuelve con un cambio de nombres.
