Por Alejandro Schneider
Las movilizaciones del Primero de Mayo en Puerto Rico, al igual que en otras partes del mundo (Francia, Honduras, Perú, etcétera), finalizaron con una fuerte represión policial contra los manifestantes que se desplazaron hacia la Milla de Oro, en Hato Rey, el centro financiero de San Juan.
Esa fecha, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países del mundo, en Puerto Rico, por su condición de colonia yanqui, al igual que en Estados Unidos, ese día no se rememora la masacre de los obreros de Chicago, por lo tanto es un día laborable. Sin embargo, del mismo modo que el año anterior, la jornada estuvo signada por un exitoso paro de trabajadores públicos y estudiantes. De ese manera, diversos colectivos sociales aprovecharon la conmemoración para expresar desde las primeras horas de la mañana el amplio rechazo a la dramática situación que está padeciendo la población boricua.
Recordemos que hace más de ocho meses el archipiélago sufrió dos devastadores huracanes, a pesar del tiempo, sus consecuencias se siguen sintiendo en el presente; tal es así, que hoy en día existen cientos de hogares que carecen de energía eléctrica y de agua potable. Además, de que aún no se conoce la cifra exacta de muertos y heridos por estas inclemencias. Lo que sí se sabe es estos desastres dejaron sin trabajo, sin vivienda y sin seguridad sanitaria a más de medio millón de personas, muchas de las cuales emigraron a Estados Unidos. Todo eso en un contexto donde la mayoría de la población se encuentra atravesando por una grave crisis económica desde el comienzo del nuevo milenio, donde el 46% de las personas y el 43% de las familias se encontraban, antes de las catástrofes naturales, bajo el nivel de pobreza. A eso debe sumar el fuerte desempleo existente, el cual oscila entre un 15 y un 35% en el marco de una tasa de participación laboral de 40%, o sea que el 60% de la población en edad de trabajar se encuentra por fuera del mercado. Frente a ello, la solución brindada por parte del Congreso norteamericano fue la aprobación de un drástico programa de austeridad con el objetivo de pagar la abultada e ilegítima deuda externa, cercana a los 70.000 millones de dólares. Así, en junio de 2016, con el aval del ex presidente Barack Obama, se aprobó la Ley PROMESA, por la cual se impuso una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que se erigió por encima de la constitución boricua y de cualquier legislación nativa. Desde entonces, con el apoyo del gobierno local, de la Legislatura isleña y de los principales partidos políticos, se produjo un empeoramiento de las condiciones laborales (entre ellas, reducciones en los salarios y despidos) junto con un draconiano recorte presupuestario en las áreas de educación, salud, vivienda, etc. En términos cotidianos, esta crisis se expresa en que la actual administración busca privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, al igual que otras veinte corporaciones públicas; no conforme con ello, el gobierno busca clausurar más de trescientas escuelas provocando que una miríada de estudiantes queden sin la posibilidad de estudiar al igual que cientos de docentes permanezcan sin plaza laboral.
Con ese contexto de fondo, la jornada del Primero de Mayo comenzó con distintas manifestaciones en protesta desde temprano en diferentes puntos del país (Mayagüez,Ponce, Arecibo y Caguas, entre otros municipios), cobrando particular protagonismo, la movilización que se concentró en la zona de la Milla de Oro donde confluyeron ocho colectivos sindicales, civiles y estudiantiles provenientes desde distintos puntos de partida: el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Centro Médico, el Departamento de Educación, etcétera. En forma paralela, en el viejo San Juan, frente al Capitolio, se concentraron cerca de una veintena de entidades laborales convocadas por la Central Puertorriqueña de Trabajadores junto con un grupo de alcaldes opositores al gobierno central.
Sin embargo, la jornada de protesta no finalizó en forma pacífica. Desde hacía varios días se percibía que la policía iba a reprimir las movilizaciones, como había ocurrido el Primero de Mayo del año anterior. Esto se evidenció desde las primeras horas del día cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a hostilizar a los manifestantes con diversos provocaciones, tal cual lo expresaron el colectivo de mujeres denominado Marea Feminista.
Al medio día, en el área financiera se hizo más tensa la situación cuando se impidió a una columna de manifestantes alcanzar el punto de encuentro definido con anterioridad. En ese contexto, la policía comenzó a agredir lanzando gases lacrimógenos, golpeando a los trabajadores y estudiantes movilizados y persiguiendo a los mismos por diversas calles de la ciudad. Asimismo, la agresión se dirigió también al interior de las viviendas adyacentes a los puntos de concentración y en las cercanías al recinto de Río Piedras de la UPR. La jornada finalizó con un saldo de varios manifestantes heridos junto con cerca de veinte jóvenes detenidos imputados por delitos “de robo y agresión a la autoridades”, entre otras acusaciones.
En resumen, al igual que el año anterior, la jornada masiva de paro y movilización que finaliza con represión es indicio de que en Puerto Rico asoman nuevos tiempos. Por un lado, es cada vez más evidente el fuerte descontento con la situación económica que existe en la Isla, lo cual se expresa en las diversas protestas que están desarrollando los diferentes colectivos sociales en los lugares de empleo y en las comunidades. Por el otro, el gobierno de Ricardo Rosselló, que responde a la Junta de Supervisión Fiscal, demuestra que para poder gobernar necesita violar en forma permanente los límites de la democracia formal, restringiendo en este caso, las voluntad ciudadana de manifestarse y de movilizarse libremente en defensa de los derechos adquiridos. Asimismo, va quedando cada vez más visible para amplios sectores de la población que las fuerzas de seguridad, sobre todo la policía, son un instrumento que las administraciones emplean para mantener su dominio y control. En otras palabras, el pacto de dominación colonial establecido en 1952, con la conformación del Estado Libre Asociado y el sostén de los grandes partidos electorales (populares y estadistas), se encuentra en este momento dando distintas señales de que está comenzando a resquebrajarse; sin embargo, el futuro dependerá del camino que empiecen a recorrer los propios trabajadores juntos con los estudiantes.
El autor es historiador, Universidad de Buenos Aires, quien ha impartido cursos en la UPR y lleva tiempo investigando el movimiento obrero en AL y Puerto Rico.
