El próximo 15 de agosto se cumplirán 29 años desde que el gobierno de Puerto Rico adoptó como política pública el rechazo a la violencia contra las mujeres mediante la aprobación de la Ley 54, para la “Prevención e Intervención Contra la Violencia Doméstica”. Durante muchos años las organizaciones de mujeres, sectores aliados, la Comisión para los Asuntos de la Mujer y Legisladoras de gran calidad, como la Senadora Velda González, promovieron la legislación que finalmente fue aprobada, a pesar de todos los obstáculos de índole machista que se interpusieron. No hay duda de que legislar para atender un problema no basta para eliminarlo, menos cuando su base es ideológica, está centrado en el ejercicio del poder de unos sobre otras y la ley tiene el propósito de revertir mitos y estereotipos, como es el caso de la violencia contra las mujeres. Es por esta razón que la Ley 54 no puso fin al abuso doméstico y la Ley 17 Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo no ha exterminado el acoso en los talleres de trabajo. La educación y formación con perspectiva de género de las niñas y niños desde las edades más tempranas es indispensable para que los cambios se hagan realidad. En Puerto Rico esta estrategia no ha sido acogida por los gobiernos de turno y si alguno hizo algún intento lento y tímido, los vestidos de azul que les sucedieron lo eliminaron de un plumazo, azuzados por sectores fundamentalistas y religiosos que con votos y aportaciones económicas respaldan sus campañas.
Sin embargo, contar con leyes como las antes señaladas les ha provisto herramientas a las víctimas sobrevivientes para protegerse. Viabilizan que las organizaciones de servicios, como los hogares albergues tengan una mejor plataforma de trabajo, ha abierto las puertas de los Tribunales para atender de forma especializada los asuntos y sobretodo, permiten ventilar el problema social como un asunto público que afecta a toda la población y ante el cual nadie debe permanecer de brazos cruzados. Inclusive, la prensa ha ido mejorando el manejo del tema, lo que contribuye a la educación de la población, así como al repudio y denuncia de la violencia por género. Lograrlo no ha sido fácil y aun quedan irredentos como el periodista de deportes, Héctor Vázquez Muñiz del Canal 2, quien recientemente hizo expresiones sexistas y racistas sobre una atleta cubana en la transmisión de los Juegos Centroamericanos. Su macharranería le valió un amplio repudio que incluyó a las organizaciones feministas y sanciones solicitadas por el Comité Olímpico de Puerto Rico.
Aprovechando el periodo de vacaciones, he estado revisando expedientes de décadas atrás, mirando recortes de prensa, fotos e historias y hay una gran diferencia que se acentúa para bien a través de los años. Salvando las distancias, hemos caminado mucho desde el caso del baloncelista Richie Pietri, quien antes de la aprobación de la Ley 54 asesinó a su esposa mientras dormía con incontables martillazos e inicialmente fue dejado en probatoria con la condición de darle clínicas deportivas a niños y adolescentes, hasta el caso del ex alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill. Hay mayor conciencia del problema y más acogida de nuestros planteamientos. Lo que no ha variado es el papel que ha jugado el activismo de las mujeres y sus organizaciones en la denuncia pública y el reclamo de justicia y equidad de género. En el proceso de avanzar son muchos los obstáculos.
Entre todos los males que la población ha enfrentado tras el paso inclemente de los huracanes Irma y María, está el notable aumento en los casos de violencia de género en sus distintas manifestaciones. Las organizaciones que ofrecen servicios y que integran la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM), lo notaron de inmediato y lo documentaron. El Centro de Ayuda a Víçtimas de Violación (CAVV), el Centro Salud y Justicia de Puerto Rico (CSJPR) y otras entidades no gubernamentales que apoyan a las sobrevivientes de agresión sexual también han observado el incremento. En lo que va de año 12 mujeres no han sobrevivido la violencia machista y se investigan otras cuatro muertes cuya causa se sospecha es la misma. Sabemos que es mínimo el número de agresiones sexuales que se informa e investiga por la naturaleza del crimen, pero también son evidentes los estragos emocionales y de salud que causa en las mujeres y en las niñas y niños que lo sufren.
Las secuelas de los huracanes dejaron más vulnerables a las mujeres por múltiples causas: hacinamiento en refugios y casas de familiares; las necesidades económicas, de alimentos y agua dieron espacio a que se postergaran decisiones para terminar relaciones violentas; la oscuridad y el aislamiento por daños en la infraestructura y vías de acceso promovieron la impunidad; oficinas de servicios, cuarteles y los tribunales estuvieron cerrados por falta de electricidad y los daños que tuvieron; con la excusa de ayudar y proteger no fueron pocos los agresores que volvieron por sus fueros. Si malas y tardías fueron las atenciones gubernamentales para problemas relacionados con la salud, servicios básicos, transportación, alimentación, para las sobrevivientes de violencia no hubo ninguna. Las organizaciones no gubernamentales que trabajan para erradicar la violencia de género lograron levantarse con bastante rapidez, a pesar de que también fueron afectadas, y con el apoyo de las comunidades jugaron un papel crucial en enfrentar la crisis.
Ante la magnitud de la violencia de género que se ha desatado, el incremento en los feminicidios, los ataques físicos, emocionales y verbales que las mujeres enfrentan por sus parejas y ex parejas, incluyendo legisladores; las agresiones sexuales y el acoso sexual en el empleo entronizado de forma alarmante en la actual administración gubernamental, la cual se destapó con el caso O’Neill y siguió con jefes de agencias y dirigentes en las altas esferas del ejecutivo, sin olvidar un juez que fue legislador del Partido Nuevo Progresista y esta siendo investigado por hostigamiento a una empleada; la CPM, sus integrantes y las organizaciones no gubernamentales han decretado un estado de emergencia nacional que amenaza la paz de las mujeres, sus vidas y seguridad. Desafortunadamente, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) ha estado al margen de esta dramática situación. Desde que el puesto fue ocupado por la Lic. Ivonne Feliciano y luego por la actual secretaria de Justicia, Lic. Wanda Vázquez, el partidismo político se ha entronizado en la agencia. Las designaciones son inconsultas con las organizaciones de mujeres, la ley orgánica está siendo violentada respecto a ese aspecto y otros que establecen deberes ministeriales a la incumbente. La persona que recientemente fue designada y confirmada por el Senado es una desconocida en los espacios donde se trabajan los muchos temas con los que la OPM debe involucrarse para lograr equidad para las mujeres.
Como no podemos contar con el organismo que nosotras mismas propusimos y por el cual luchamos para que se estableciera por ley, es nuestra obligación exigir acciones por parte del gobierno y sus agencias, de la sociedad civil, de las entidades no gubernamentales, de las comunidades, de las mujeres y hombres de nuestro país para denunciar y combatir la violencia de género que incluye la que enfrentan integrantes de la comunidad LGBTTQ por su orientación e identidad sexual. Acojamos los llamados a la acción que nos están haciendo las organizaciones. Denunciando, educando, cabildeando en la legislatura, haciendo actos pacíficos de desobediencia civil, apoyando a los albergues de forma material y con trabajo voluntario, manteniendo como bandera la educación con perspectiva de género, desenmascarando a los agresores sin importar los puestos que ocupen. Mientras no se respete nuestra dignidad y el derecho que tenemos a vivir en paz, la sociedad puertorriqueña no podrá mirarse a sí misma sin sentir vergüenza.
