La economía del país continúa en descenso, mientras el borrador del plan fiscal del gobierno (PFG) exagera el impacto económico que tendrá la reconstrucción del país al estipular que Puerto Rico sería la cuarta economía que más crecería en el 2019 en el mundo.

Estos datos contradictorios se recogen en el informe, Puerto Rico sin recuperarse del huracán, el cual analiza la situación económica del país de enero a marzo de 2018, preparado por el doctor José Caraballo Cueto, del Centro de Información Censal, de la Universidad de Puerto Rico, en Cayey (UPR-C). El documento recoge que el índice de actividad económica (IAC) para diciembre de 2017 se contrajo en un 14,9% con respecto al mes de diciembre de 2016, siendo este el nivel más bajo para cualquier mes de diciembre desde el 1985. Aunque el informe reconoce el paso del huracán hace seis meses y de que hay un consenso generalizado de que el estimado de los daños superan los $60 mil millones, atribuyó que debido al retraso en los pagos de las aseguradoras privadas y públicas, y en el restablecimiento del servicio eléctrico, la recuperación económica no ha llegado.

De acuerdo al informe aun cuando los recaudos del fondo general del gobierno central (FGC) desde el 1 de julio de 2017 hasta el 2 de marzo de 2018 fue de $6,165 miles de millones, esto representa $772.425 menos de lo proyectado para dicho periodo. La diferencia está encabezada por la baja en los recaudos del IVU por una diferencia entre lo recaudado y lo proyectado que asciende a $441,877. El economista describió este aumento de noviembre como uno espurio debido a la falta de electricidad en los meses anteriores lo que dificultó el pago de los impuestos.

En el sector de las exportaciones se indica que aun cuando las exportaciones totales anuales de Puerto Rico han aumentado de manera consistente desde el año 2014, en el 2017 se registró una baja en especial en septiembre cuando impactaron los dos huracanes, cuando se exportó un 46% menos que en septiembre del 2016. Todavía en diciembre 2017 las exportaciones se redujeron en términos nominales en -32,6% cuando se compara con diciembre de 2016.

En el caso de las importaciones a precios corrientes cayeron por -56,6% en septiembre del 2017, en octubre ese número cambió a un -38,9%. Pese a que el balance comercial fue positivo para el mes de diciembre de 2017 –como ha sido históricamente en Puerto Rico– aun así el balance fue el nivel más bajo que se ha experimentado en el país en al menos 113 meses. El informe atribuyó este desbalance comercial a una baja en la producción de las manufactureras multinacionales en la isla y a un aumento en las importaciones.

En cuanto al empleo y el mercado de trabajo -según los datos del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) en diciembre de 2017 hubo 8,000 personas más trabajando que para diciembre del 2016, mientras el empleo por cuenta propia aumentó por 13,000. No obstante el analista cuestionó esta reducción en el desempleo para el mes de diciembre del 2017, cuando se compara con diciembre del 2016.

Caraballo Cueto expuso que el barómetro más puntual de la actividad laboral luego del huracán se percibe en las reclamaciones nuevas al seguro por desempleo para diciembre dado a que las reclamaciones por desempleo para diciembre de 2017 fueron las más altas para cualquier diciembre en 17 años. Las reclamaciones de diciembre de 2017 fueron 151% más altas que en diciembre de 2016, y para el 2016 fueron 2% mayores que para el 2015.

En lo que respecta a la inflación -indica el documento- para todos los meses de 2017 hubo inflación positiva, incluyendo este enero de 2,2% cuando se compara con enero de 2017. La inflación fue atribuida primero a los costos energéticos por el alza en el petróleo y luego el alza en los costos de bienes tanto de consumo como de materiales de construcción, tras el azote de los dos eventos naturales.

El economista denunció la contradicción que existe entre los estimados de cuánto será la caída del Producto Nacional Bruto (PNB) para este año fiscal 2018 y el impacto económico que tendrá la reconstrucción del país. Según expuso si el borrador del PFG reconoce que la caída del PNB para este año fiscal 2018 será de 11% , el cual sería el más grande desde que empezó esta gran depresión en el 2006, cómo es posible que el mismo borrador estime que el impacto económico de la reconstrucción de Puerto Rico en el 2019 haga crecer la economía en un 8,4%.

Caraballo Cueto sennaló en tono irónico que este estimado convertiría a la economía de Puerto Rico, en la cuarta en el mundo que más crecería en el 2019, “superando” a China, India y las Américas. Eso supondría una expansión que duraría hasta el 2023, con $70,1 miles de millones en inversión en reconstrucción de las aseguradoras privadas y públicas.

“Quizás 20 miles de millones de dólares sea más realista y un crecimiento económico real que fluctúe entre el 2 y 3 por ciento por los próximos dos años probablemente será una proyección más puntual”, sentenció.

La política fiscal

En cuanto a la política pública Caraballo Cueto señaló como positivo que en el nuevo borrador del plan fiscal del gobierno (PFG) se haya establecido cero pagos a la deuda por los próximos cinco años, se corrige el estimado de pérdida de población y se reconoce la responsabilidad compartida de Estados Unidos con la crisis de Puerto Rico.

No obstante advirtió que el PFG levanta preocupaciones en cuanto a planes de reorganización del gobierno ejecutados a la ligera y advirtió sobre sus consecuencias. En primera instancia Caraballo Cueto trae a la atención a que hay teorías de administración pública que establecen que los servicios descentralizados pueden ser más efectivos. Según se desprende de los planes de reorganización del gobierno estos no establecen diferencia entre ineficiencia y austeridad. Esto por ejemplo significa el que si una agencia tiene dos empleados para 10 procesos redundantes, si se despide a uno, va aumentar la ineficiencia al tener un empleado menos para los mismos diez procesos.

Otro aspecto que puso en cuestionamiento del PFG es la propuesta de reducir los recaudos con alivios contributivos, descritos como “populistas”, en lugar de proponer una reforma impositiva que reparta de manera equitativa la carga impositiva sin reducir los recaudos. Caraballo Cueto reveló que el PFG ignora una recomendación suya y que le presentó también a la Junta de Control Fiscal (JCF) como una medida de austeridad, el establecer un límite de $100 mil dólares a todos los salarios pagados con fondos públicos. Otra medida de contingencia que dijo se debería adoptar es la de un recorte de 10% a todo contrato de asesoría mayor de $60 mil.

Para los docentes del sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) agrupados en la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) el nuevo plan fiscal “es malo no tan sólo para la Universidad de Puerto Rico, sino para todo el país”, denunció el presidente nacional de la APU, el profesor José Raúl Rivera Caballero.

El nuevo plan fiscal preparado por la administración central de la UPR con “ayuda” de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), según dio a conocer Walter Alomar, presidente de la JG de la UPR le fue entregado a la Junta de Control Fiscal (JCF) el miércoles 21 de marzo.

En tanto miembros de la APPU a nivel nacional al día siguiente llevaron a cabo una manifestación frente a las oficinas de la administración central, en el Jardín Botánico en Río Piedras. En entrevista con CLARIDAD, el presidente de la APPU denunció las varias razones de porqué los docentes se oponen al PF. En primera instancia censuró y denunció que la administración universitaria acepta de manera dócil los recortes impuestos por el gobierno de Puerto Rico (GPR), los cuales describió “son injustos e injustificados en ningún momento se han podido justificar sobre todo con la amplia evidencia que tiene tanto la administración universitaria como el gobierno sobre el impacto tan grande que tendría en el sistema UPR para el desarrollo económico de Puerto Rico”.

El gobierno de la administración de Ricardo Rosselló Nevares se ha allanado a las exigencias de la JCF de disminuir en más de $500 millones el presupuesto de la UPR. El Plan Fiscal (PF) impuesto por AAFAF y la JCF aumenta el crédito a nivel de bachillerato para el próximo año de $57.00 a $115.00, y para el 2023 estaría en $140.00. Se impone además la consolidación de los ahora 11 recintos en cinco recintos.

Al reiterar que una reducción de más de un 50% de la aportación gubernamental al presupuesto de la UPR en estos momentos de coyuntura histórica de crisis económica que atraviesa el país, es una injustificada, el profesor del recinto de Carolina de la UPR, destacó que hay evidencia de que la UPR tiene un efecto multiplicador alto en la economía. Según los datos, los cuales acotó -los tiene también la administración universitaria – por cada dólar que se invierte en la UPR se produce $1.55 centavos a la economía, o lo que es decir que cada empleo que se crea en la UPR tiene ese efecto multiplicador en el resto de la economía.

En esa misma dirección Rivera Caballero dijo que la APPU ha insistido en denunciar que mientras se le reduce la aportación a la UPR el gobierno mantiene exenciones contributivas a empresas del sector privado. “En este momento el gobierno tiene un discurso de dos varas para evaluar por un lado, se habla que la crisis económica trae inevitablemente una reducción de gasto púbico y que ahí está incluida la UPR pero por el otro, hay una serie de empresas del sector privado que disfrutan de exenciones contributivas que tienen muy poco efecto sobre la economía”.

Afirmó que al menos hay tres estudios que reflejan que el costo de estos incentivos para el gobierno es de $553.3 millones al año. “Son incentivos inefectivos y a ese sector no se le va a tocar, de hecho en el plan fiscal del gobierno que se aprobó el 12 de febrero todo parece indicar que no se van a revisar de ninguna manera los incentivos contributivos”, denunció. El profesor reclamó que ese dinero podría destinarse para fortalecer el sector educativo universitario que sí tiene un efecto socio económico. “Por un lado se le exige a la Universidad de Puerto Rico que rinda cuentas para detener la inversión publica en ella y el otro sector no se toca para nada, eso revela que la verdadera intención del gobierno es la intención política de destruir la UPR como un foco de excelencia, un foco de pensamiento critico”, manifestó.

Rivera Caballero confirmó que en ningún momento la administración universitaria le dio paso a las propuestas de los docentes incluyendo el Plan Sos, preparado por profesores del recinto de Mayagüez, los cuales participan del pleito del capítulo III de la Ley Promesa, como acreedores sociales de la UPR.

Ante la entrega del PF el presidente de la APPU resaltó que la organización ha insistido en que el problema principal con los recortes que se le están imponiendo a la UPR van encaminados a eliminar el financiamiento de la universidad pública para su debilitamiento. “No debemos caer en la trampa de justificar los recortes, no cuestionarlos buscando financiamiento privado la Universidad tiene financiamiento a través de propuestas y otro tipo de iniciativas pero para que la Universidad sea pública el financiamiento tiene que ser público porque es la única manera en que se puede defender este proyecto de las necesidades momentáneas de un mercado que es ciego y que no está pensando en construir futuro para la mayoría de este país”, afirmó.

Rivera Caballero resaltó respecto a los objetivos de la manifestación, “Entendemos que la bola está en la cancha del gobierno de Puerto Rico, el gobierno está imponiendo un recorte de más de la mitad de la inversión pública en la UPR sin tomar en cuenta las consecuencias desastrosas que van a tener estos recortes no sólo para el proyecto de educación, sino para el país, entendemos que hay que lograr hacer entender al gobierno que está a tiempo de echar para atrás esto en la medida en que nos movilicemos”.

Mientras el capitulo de Rio Piedras de la APPU también denunció que la administración de dicho recinto se propone llevar la delantera en la implementación de los recortes al reducir la matrícula y cancelar los contratos de docentes sin plazas. El presidente del capítulo de la APR del recinto de Río Piedras, James Seale Collazo, junto a la tesorera nacional de APPU, Yohana De Jesús, dieron a conocer que la administración de Río Piedras, ordenó el cierre de cursos sin esperar a que se completara el proceso de matrícula. Esto provocó que docentes por contrato con carga completa de 12 créditos, sólo tengan ahora 9 créditos. Según explicaron cuando a un profesor a tiempo completo le reducen el 25% de su tarea contratada la administración universitaria le reduce el 75% del salario, lo que deja al docente en una escala salarial de menos de $13 mil anuales. “Le pedimos al Doctor Ferrao que conteste públicamente que si esto no es explotación, entonces, qué es?”, demandó Seale Collazo.

Aunque no se dio el número de cuántos profesores se quedaron sin cursos o sufrieron una reducción, Seale Collazo y De Jesús denunciaron que el número de docentes por contrato es una información que la “administración central es bien dura en compartir”, indicaron que las cifras varían de semestre en semestre. En el Recinto de Río Piedras, nada más dijeron el semestre pasado hubo 300 profesores a tiempo completo y 200 a tiempo parcial.

De Jesús contó que en un foro informativo de la Junta de Retiro de la UPR se presentó un cálculo que se estima que en los últimos 6 a 7 años en la UPR ha habido una pérdida neta de dos mil plazas entre docentes y no docentes, no se tiene la distribución por categoría.

De Jesús, profesora del Recinto de Ciencias Médicas denunció sobre los recortes que se le quieren imponer a la UPR el que están obligando a que los estudiantes se desplacen a las universidades privadas y le están haciendo una falsa representación al país “no podemos permitir que se bloquee el acceso a la universidad hay que conseguir que el gobierno recapacite y le vuelva a acceder los fondos a la UPR para continuar haciendo su trabajo”.

El 21 de octubre de 1967 una multitud de más de cien mil personas, formada en su inmensa por jóvenes estudiantes universitarios, se concentraron frente al monumento a Lincoln en Washington para protestar contra la guerra que entonces desangraba tanto al pueblo indochino como a la juventud estadounidense. Dos años antes, el presidente Lindon B. Johnson había dado un paso significativo en el escalonamiento y la brutalidad de aquella guerra ordenando el bombardeo indiscriminado de Vietnam del Norte y el incremento de tropas de combate en el Sur.

Las cifras negativas se acumulaban para aquel año 1967 a pesar de que las tropas estadounidenses en territorio vietnamita ya llegaban al medio millón, junto a una participación significativa de la Marina y la Fuerza Aérea. El costo de aquella movilización rondaba en los $25 mil millones anuales, cifra enorme en estos momentos y mucho más significativa entonces. La masificación el esfuerzo bélico, sin embargo, no se traducía en éxitos militares, más bien lo contrario. Para 1967 los muertos estadounidenses ya sumaban 15,058, junto a 109,527 heridos, a los que se sumaban otros decenas de miles que regresaban de Indochina con severos trastornos mentales. Por otro lado, el pueblo vietnamita, aun sufriendo pérdidas mayores, no daba visos de amilanarse. Al año siguiente, 1968, respondería con la famosa Ofensiva Tet que echó por tierra la posibilidad de una guerra corta, prometida por Johnson.

La oposición a aquella guerra, que alcanzó enorme masividad en las movilizaciones que impactaron a Estados Unidos entre 1967 y 1970, comenzó en los campus universitarios impulsada por una organización progresista, la Students for a Democratic Society (SDS). Recurriendo a simples medios de divulgación –boletines escritos, actos al aire libre y “teach-in” (charlas informales organizadas por millares en cada campus)– SDS fue impactando a estudiantes y jóvenes trabajadores, logrando una movilización sin precedentes en el país norteño.

Aquellos jóvenes se movilizaban contra el terror desencadenado por los adultos mayores que, apoyados en la lógica torcida de la Guerra Fría, los mandaban a matar y a morir a miles de millas de distancia. La máquina bélica la ponían en función los viejos que controlaban el país desde Washington, pero los que mataban y morían no eran aquellos honorables señores. Eran los jóvenes los que tenían que abandonar sus estudios o su trabajo, cumpliendo con el servicio militar obligatorio decretado por los mayores, para irse a matar o a morir a la lejana Indochina.

El desenlace que tuvo aquel oprobioso conflicto en 1975 fue, sobre todo, producto del heroico esfuerzo del pueblo vietnamita, pero en aquel final también jugó un papel importante la movilización de la juventud estadounidense. Aquella experiencia sirvió, además, para transformar al país en muchos aspectos, haciéndolo más humano e impactando otras luchas como la que también hervía para los mismos años en pro de los derechos civiles de la población negra. Después de la década del ’60, Estados Unidos fue otro país.

La experiencia de la década del ’60 y de las luchas contra la guerra de Vietnam y por los derechos civiles de la población negra, pareció volver a las pantallas de televisión –esta vez a colores, en lugar de blanco y negro– el pasado sábado 24 de marzo de 2018. Ese día, cientos de miles de jóvenes, buena parte de ellos todavía adolescentes, se lanzaron a la calle en numerosas ciudades a exigir que se le pusiera coto al mercado de armas que alimenta la violencia indiscriminada.

Otra vez se trata de una política que perjudican severamente a la juventud y que le es impuesta por los adultos mayores que controlan el gobierno y la economía. Desde hace poco más de una década, cuando el poderoso lobby de los fabricantes de armas se impuso finalmente en el Tribunal Supremo logrando una interpretación constitucional a su medida, toda la legislación que limitaba la tenencia y portación de armas desapareció de los códigos estatales y federales de Estados Unidos. Esa ausencia de regulación creó precisamente lo que querían los fabricantes: un mercado descontrolado que multiplicaba sus ventas y alimentaba una cultura armamentista que antes vivía marginada.

Mientras los fabricantes incrementan sus ganancias y utilizan parte de esa enorme fortuna financiando las campañas de los políticos que les favorecen, en el país se multiplican escenas con características casi idénticas. Una persona enajenada, aprovechando la facilidad que promueven fabricantes y comerciantes, se hace de un pequeño arsenal que luego desata contra grupos desprevenidos, casi siempre jóvenes. La escena se repite mes tras mes en algún lugar de Estados Unidos.

Nadie puede esperar que los políticos de ahora, particularmente los que financian sus campañas con el dinero de los fabricantes, actúen para cambiar el actual estado de desreglamentación absoluta con respecto a la venta de armas que existe en Estados Unidos. Tanto el Ejecutivo, como el Congreso, como el Tribunal Supremo están dominados por la mentalidad retrógrada que favorece el actual estado de cosas. Para que la realidad cambie hay que cambiar primero a los políticos que la hacen posible. Eso es lo que ya saben los jóvenes que se movilizaron el pasado 24 de marzo.

En la década del ’60 la juventud impuso desde la calle cambios importantes en la política estadounidense a fuerza de marchas y desafíos. A juzgar por las movilizaciones del pasado 24 de marzo, la de ahora se dispone a transitar por el mismo camino.