Muchas personas pensábamos que difícilmente el 2017 podría ser superado en términos de golpes y malas noticias para Puerto Rico y nuestras vidas particulares. Nos equivocamos. Tres meses completos han transcurrido desde que botamos el mal recordado viejo año y rara vez pasa un día sin que una nueva carga sea añadida a nuestras espaldas, se vacíen más los bolsillos y carteras, nos arranquen de un zarpazo derechos que con luchas hemos alcanzado, sea más descarnado el coloniaje en Puerto Rico y aumente el riesgo para el bienestar de las futuras generaciones boricuas. Para comenzar, no tenemos ni pizca de confianza en la información que ofrece el gobierno sobre las negociaciones que lleva a cabo con la Junta de Control Fiscal (JCF), con Estados Unidos o con entidades privadas. El gobernador cambia de discurso, de compromisos, de decisiones, de acuerdo a lo que mejor le convenga, ya sea para salir de una metida de pata suya o de los funcionarios que ha nombrado o porque quiere tener la mejor proyección posible para las elecciones del 2020.

Tres puñaladas nos han sido clavadas recientemente, una tras otra. En primer lugar, la nueva legislación sobre la Educación en Puerto Rico, cuyo objetivo principal es introducir la privatización en el sistema, a pesar del carácter constitucional que ésta tiene y por el cual siempre hemos tenido tanto orgullo. Para manejar la aplanadora que allanará el camino llegó a Puerto Rico la Sra. Julia Keleher, con un salario repulsivo por su cuantía si se compara con el que recibe el magisterio y la precariedad material en el sistema de enseñanza. Llegó el cuco de las escuelas “Charter”, eufemísticamente llamadas ahora “aliadas”, para mitigar su carga negativa y se revivió el fantasma de los vales educativos. Sin embargo, esa misma Secretaria de Educación litiga sin tregua la ubicación de un estudiante con diversidad funcional en una institución privada cuando ha estado fuera de la escuela por meses debido a que el Departamento no tiene el servicio disponible.

La clase trabajadora también ha sido apuñalada nuevamente con legislación laboral anunciada para el sector privado. Sumado a los muchos empleos que se han perdido, se propone eliminarles el bono de Navidad y limitar a siete días las licencias por enfermedad y vacaciones. ¿Qué va a pasar cuando ese tiempo tan corto termine, pero la trabajadora no haya terminado sus quimioterapias; o cuando la madre trabajadora tenga que hacer gestiones de su hija o hijo en la escuela o cuidar al padre enfermo que está hospitalizado? Pero, lo más despreciable es la eliminación de la Ley 80 sobre Despido Injustificado porque le da al patrono una licencia para botar gente, especialmente los de más antigüedad y por lo tanto, con salarios más altos. Las enmiendas deberían ser para viabilizar la reposición en el empleo cuando el despido es injusto, pero la revocación de esta medida de justicia social despojará a la persona perjudicada de tener acceso a representación legal que con la ley pagaba el empleador. Tan nefastos cambios fueron justificados con un aumento en el salario mínimo que añade sal a la herida pues se trata de un peseteo bochornoso. Sobre todo, cuando se anunció coetáneamente con lo que se le pagará a Walter Higgins en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el nuevo gringo que trae la antorcha en la mano para iluminar a Puerto Rico por una compensación que casi alcanza el medio millón de dólares.

El supuesto enfrentamiento entre la JCF y el gobernador por el “extraordinario” propuesto incremento en el mínimo salarial, provocó la virazón del ejecutivo, quien dejó sin efecto los cambios anunciados para el sector privado. Sin embargo, no creo que debamos poner ni un huevo en esa canasta. La intención está sembrada. El trío de puñaladas se completa con la anunciada privatización de la AEE, la presa que tantos están buscando. Las heridas de la más importante industria nacional que tiene Puerto Rico son muchas. Una de las más profundas, al igual que ocurre en el Departamento de Educación, se la ha inferido la ambición de las dos partidos que han gobernado al país, pero hablan y critican como si nunca hubiesen metido la mano y tomado decisiones. Tienen sembradas allí sus claques. Ciertamente se necesitan cambios, pero la solución no es poner la AEE en manos de especuladores. No recuerdo ninguna privatización que nos haya beneficiado. La empresa privada tiene como norte las ganancias. Para muestra cuatro botones: la Telefónica, el aeropuerto, las autopistas, incluyendo el puente Teodoro Moscoso y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, cuyos malos frutos hicieron necesario revertirla al estado.

Las listas más recientes plantean colocar en manos privadas corporaciones públicas que no tienen dificultades económicas, como el Fondo del Seguro del Estado, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Autos, el edificio del Conservatorio de Música de Puerto Rico, el Centro de Bellas Artes, entre otras. Es decir, que también quieren quitarnos de las manos lo que ha sido exitoso o lo que nos identifica como Pueblo. La Universidad de Puerto Rico está en alto riesgo y la Junta Universitaria, cuya composición actual responde a los nombramientos del actual gobierno ya ha tomado decisiones preocupantes sobre el destino que espera a nuestro primer centro docente.

Por otro lado y a pesar de toda la retórica del gobierno con el estribillo de que “Puerto Rico se levanta”, sus agencias no son capaces de hacer bien el trabajo que les corresponde y que pondría a las organizaciones no gubernamentales (ONGs) sin fines de lucro, que sí han demostrado su capacidad para atender a las poblaciones vulnerables, empobrecidas, golpeadas por la violencia y las secuelas de los huracanes, en condiciones de fortalecer sus servicios. Por ejemplo, el Departamento de la Familia, no ha firmado los contratos con los albergues y otras entidades para sobrevivientes de violencia de género de forma que puedan continuar operaciones sin interrupciones. Esperan por ello desde hace meses. Por otro lado, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Departamento de Justicia y otras, han cambiado criterios para asignar algunos fondos provenientes de propuestas, por el mecanismo de reembolso y no de pago adelantado. La mayoría de las ONGs no cuenta con dinero para funcionar de esa manera y esperar largo tiempo y la compleja burocracia que tienen las agencias para devolvérselo. El gobierno se las arregla para vender lo mejor que tenemos, pero no es capaz de mostrar sensibilidad y atender con eficacia asuntos más simples.

Porque no estamos para poner la otra mejilla, nos toca decidir desde nuestras organizaciones pequeñas o grandes, de servicios o activistas, como comunidad o barrio, como familia o persona individual qué vamos a hacer para resistir los golpes, las puñaladas, la falta de transparencia, las mentiras y contradicciones. Creo que debemos unirnos a todos los esfuerzos que surjan; de los sindicatos del sector público o privado, de las diferentes alianzas que se han ido formando; de estudiantes, de las organizaciones de mujeres. Por supuesto que siempre va a haber diferencias y estrategias en las cuales por razones múltiples no podremos involucrarnos, pero más serán aquellas a las que contribuiremos con nuestra presencia. No puede ser sólo a través de las redes sociales que tan importantes son. La presencia física es indispensable. Que nos cuenten y sepan que no somos indiferentes. A falta de un frente lo suficientemente amplio que con gran poder de convocatoria nos junte, dependerá de nuestra buena voluntad, amor por Puerto Rico, apego a los valores de justicia y solidaridad, participar en todo aquello que nos represente como Nación y que nos ayude a salvar esta Patria para el futuro. Es hora de que líderes y lideresas depongan diferencias por el bien común.

Para el 22 de marzo de 2018, día oficial de conmemorar la Abolición de la Esclavitud, el gobernador colonial, Ricardo Rosselló Nevares anunció al país lo que llamó una reforma histórica, el continuar trastocando los derechos y condiciones de la clase trabajadora del país. Tras el infame anuncio, quien tiene el deber ministerial de defender los derechos de la clase trabajadora, el Secretario del Trabajo, Lic. Carlos Saavedra, se alineó con el gobernador acudiendo a los medios de comunicación para defender estas propuestas bajo la categorización de “reforma histórica”.

Una semana más tarde, la Junta de Control Fiscal le exigió al gobernador medidas más fuertes contra la clase trabajadora. Quieren despidos, eliminar la licencia de maternidad y reducir las pensiones, entre otras. El gobernador fingió indignación y alega que retirará la llamada por él, “reforma histórica”. De esta manera responde a la presión de la opinión pública, especialmente sus electores, quienes han inundado los medios de comunicación en contra de las medidas propuestas.

Veamos qué implican estas medidas históricas. Las propuestas de reducir licencias, eliminar el bono de Navidad y la indemnización por despidos injustificado tiene el efecto inmediato de reducir el costo del trabajo en favor de los patronos y en perjuicio de la clase trabajadora y el recaudo de ingresos al gobierno. Los anuncios de elevar el salario mínimo es una vil mentira ya que lo que se propone es trasladar el costo de beneficios económicos que se eliminan para traspasarlos al pago de salarios por hora. Al final, el salario real se reduce y las ganancias del patrono aumentan.

La conducta del gobierno es contraria a los derechos constitucionales de promover la organización sindical y la negociación colectiva para mejorar las condiciones de trabajo, fortalecer la economía del país y el bienestar general. El deber ministerial de un Secretario del Trabajo se reduce a la función de monigote del capital y los patronos, violando así las disposiciones constitucionales del poder ejecutivo.

Las medidas del gobierno responden a la receta dictada por los intereses económicos que han promovido la deuda, la privatización de empresas gubernamentales, la destrucción del sistema de retiro, despidos de empleados, congelación de convenios colectivos y el desmantelamiento del derecho laboral en Puerto Rico. Hoy, estos intereses se reiteran y concretizan en la Ley PROMESA ya que controlan el poder económico y político mediante la condición colonial que impone Estados Unidos desde 1898.

El efecto de estas medidas será la de agudizar la desigualdad, llevar a la población hacia la pobreza económica y social y violentar los derechos humanos. Auguramos perdida de servicios en las áreas de educación, salud y protección social de infantes y envejecientes. El trabajo no será atractivo y como efecto directo aumentara el nivel de explotación de la clase obrera.

En lo inmediato, se impone el rechazo a estas medidas en conjunto al repudio de la venta y privatización de los servicios públicos. La concientización y movilización de los amplios sectores del pueblo urge. Ha mediado y más largo plazo, el movimiento sindical se tiene que mover hacia la organización sindical de los miles de trabajadores del sector privado que hoy son los grandes perjudicados por estas medidas trogloditas y motivadas ideológicamente. El sindicalismo tiene que profundizar en su visión de mundo, es decir, armarse de ideología política para poder avanzar en su lucha contra el capital. Tenemos que trascender del taller de trabajo y juntarnos con otros sectores sociales que reclaman justicia social.

Se impone una agenda y jornada de educación, organización y movilización de nuestro pueblo. Educar contra el colonialismo y para que entendamos que es el capitalismo. Organizarnos para construir poder político que permita al pueblo actuar y exigir medidas reivindicativas sin esperar por procesos de elecciones coloniales que no conducen a nada. Movilizarnos para luchar en contra de la desigualdad y reafirmar los derechos humanos que nos violentan y pretenden borrar.

Es entender la razón de PROMESA. Es saber por qué es necesaria la descolonización. Es conocer la fuerza que tenemos como pueblo organizado para transformar una sociedad de consumo en una sociedad de igualdad y justicia social, sin explotación, sin explotadores, sin explotados.

La clase patronal ha decidido tensar la cuerda de la lucha de clases y pretende aumentar su riqueza a costa de reducir el nivel de vida de nuestro pueblo. Estamos seguros y confiados en la capacidad de rebeldía, resistencia y fortaleza moral de nuestra gente para en esta lucha, vencer.