Luisa Rosado Seijo, gerente de reforestación del colectivo Para La Naturaleza (PLN), explicó a este medio que las consecuencias ambientales de la tala de árboles “varían entre erosión de suelos, correntías, mayores niveles de ruido, aumento del calor, entre muchas otras consecuencias. A nivel social, entendemos que hay un impacto emocional pues se nos han acercado personas a llorar por sus árboles caídos, algunos sembrados hace más de 30 años”.

Luego de que recientemente se hiciera pública la denuncia ciudadana de una tala masiva e injustificada de supuestos árboles sanos de caoba que habían retoñado tras el huracán María en un tramo de la carretera PR-30, CLARIDAD contactó a PLN para que explicaran cuáles son las consecuencias ambientales y sociales de la deforestación y en qué condiciones debe encontrarse un árbol para justificar su tala.

Según las denuncias, la compañía que taló los árboles es una de las contratadas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para recoger los escombros que dejó el huracán en carreteras estatales. Una fuente que quiso mantener su anonimato, aseguró a este medio que las instrucciones que supuestamente el Cuerpo de Ingenieros le ha dado a los trabajadores y trabajadoras de la compañía Debris Tech, cuya sede ubica detrás de la Plaza del Mercado de Caguas, son que recojan todo el material vegetativo que pueda representar riesgo en caso de deslizamientos de terreno hacia la carretera.

Los denunciantes, algunos residentes de Gurabo, indicaron que no entendía el porqué de la tala si esa área carecía de tendido eléctrico, una de las razones para cortar árboles en las inmediaciones de las vías públicas. Como parte de la denuncia, la ciudadanía culpabilizó a FEMA por alegadamente querer facturar los rembolsos de recogido de escombros.

A propósito de esta tala indiscriminada, PLN reaccionó comentando que gubernamentalmente existen muchas variantes en cuanto a la justificación de poda de árboles, pues esa acción está regulada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico.

Ahora bien, según Manuel Mercado, coordinador de seguridad de PLN y arborista certificado, “en general, un árbol en su ámbito natural no necesita intervención humana, pero un árbol en un ambiente urbano está sujeto a ser parte de una negociación constante entre el riesgo y el beneficio para los seres humanos”.

Sobre las condiciones en las que se debe encontrar un árbol para justificar su tala, Mercado continuó indicando que “el potencial de riesgo a vidas o propiedad, los beneficios ambientales, el efecto sobre costos y labores de mantenimiento y su apariencia o estética están entre los factores que tomamos en cuenta en PLN al tomar decisiones sobre su manejo”.

“En un ambiente urbano, un árbol puede requerir de distintas medidas de manejo para mitigar los riesgos que pueden presentarse luego de eventos atmosféricos, como tormentas o huracanes. Estás medidas pueden incluir podas remediativas, estaqueados y amarres”, añadió Rosado Seijo.

Parte del reciente reclamo de tala en la PR-30 denunciaba que se les había ofrecido toda la libertad a los trabajadores supuestamente contratados por FEMA para determinar qué árbol representaban un peligro. Los denunciantes criticaron que, al tratarse esto de una decisión subjetiva, talaron árboles que bien podían podarse. A esto, sumó una de las ciudadanas que a lo mejor “quieren cortar más para cobrar por peso”.

“En Puerto Rico hemos observado la resistencia y resiliencia de muchas especies de árboles ante el paso de varios huracanes en las pasadas décadas. También, hemos observado su fragilidad ante medidas de contratación de servicios de acopio de material vegetativo…En aquellos casos donde la presencia de un árbol no presente riesgos significativos a vida o propiedad, la intervención humana podría ser injustificada especialmente si su propósito es la tala”, explicó la gerente de reforestación de PLN.

“El resultado – del manejo que se le aplique a un árbol – es reflejo de las prioridades, los valores y la visión de cultura ambiental de quien toma o apoya la decisión”, remató.

Precisamente, PLN está apoyando varias campañas de reforestación consciente, teniendo en cuenta que, después de los huracanes, hay muchas personas, comunidades y organizaciones que están sembrando o quieren hacerlo. “Queremos asegurarnos de sembrar lo correcto según el área, suelo y entorno para que el árbol tenga el espacio adecuado para un crecimiento saludable y evitar daños luego de un huracán”, comentaron los expertos.

“Antes de realizar una siembra visitamos el área, identificamos las especies existentes, miramos las características comunes de la zona, tomamos en consideración el espacio que tendría de crecimiento, el compromiso de mantenimiento, entonces escogemos las especies a sembrar”, explicó Rosado Seijo.

Por el momento, PLN ha iniciado sus proyectos de siembra con personas y grupos que tienen interés en reforestar sus áreas o comunidades. Este colectivo sin fines de lucro ha establecido alianzas con escuelas, la Oficina de Administración de Tribunales, Coralia y el Coro de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Por eso, recientemente PLN juntó esfuerzos con el Coro y Coralia de la Universidad de Puerto Rico para sembrar árboles endémicos en el casco urbano del pueblo de Morovis en una actividad que pretendió incorporar la música a la reforestación.

“Luego de los huracanes Irma y María, PLN se ha propuesto repoblar nuestros bosques con especies de árboles endémicos y nativos. Nuestra meta general es producir y plantar unos 750,000 árboles en los próximos 7 años”, indicó Luisa Rosado Seijo.

Para La Naturaleza está buscando voluntarios para participar en sus proyectos de siembra. Para más información, puede acceder la página web www.paralanaturaleza.org.

En una misma semana dos informes y el más reciente acto de uso y abuso de fuerza policiaca contra manifestantes que hacen uso de su derecho a la libre expresión, vuelven a dejar en evidencia el uso de la fuerza del estado contra los movimientos sociales que se oponen a las medidas de austeridad, que la Policía enfrenta un problema estructural y una ausencia de mecanismos confiables para la rendición de cuentas.

El primer informe al que hacemos referencia es al más reciente que redactó el asesor técnico de cumplimiento con la reforma de la Policía, Arnaldo Claudio, en el cual entre otros señalamientos indica que durante la manifestación del 1 de mayo de 2017, el nominado al Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, se saltó la cadena de mandos, dio órdenes para que la Policía utilizará prácticas ilegales contra los manifestantes que incluyó el uso de material caducado. La manifestación fue convocada por la Concertación Puertorriqueña Contra la Junta de Control Fiscal (CPCJCF), grupos sindicales y otras organizaciones de la sociedad civil.

A la luz del informe del Monitor en comunicado de prensa la Concertación expresó que éste reafirma la denuncia que hicieran al terminar la actividad del 1 de mayo de que la Policía de Puerto Rico había incumplido los acuerdos con las organizaciones convocantes. “Igualmente expresamos que las actuaciones de la Policía fueron parte, y en algunos momentos iniciaron, la situación violenta que surgió cuando la concentración había terminado”.

La Concertación dio a conocer además de que dos días antes de la manifestación la Policía estuvo anunciando que habría problemas, por lo que no tenían duda de que la propia Policía formó parte de los problemas de manera planificada. “Seguiremos estudiando todos los aspectos de los informes que han salido y advertimos al pueblo puertorriqueño que la libertad de expresión está en peligro por la mentalidad de quienes dirigen la Policía de Puerto Rico”, expresó José Rivera Santana, uno de los portavoces de la Concertación.

Mientras dos días antes de darse a conocer el informe del Monitor federal, este martes 20 de febrero la Policía volvió a desplegar un uso excesivo de fuerza contra personas que realizaban un piquete frente a las oficinas de la Junta de Control Fiscal (JCF), en donde mismo se escenificaron los sucesos del 1 de mayo. En la manifestación la grúa de la Policía atropelló a un manifestante, se arrestó a varias personas, manteniéndolas incomunicadas y desaparecidas por horas.

Antes los acontecimientos el Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía (GRUCORPO), expresó su preocupación por lo sucedido y atribuyó que lo ocurrido fue otra repetición de “una larguísima lista de incidentes nefastos que siguen ocurriendo y que demuestran que, a cuatro años de la reforma, la Policía aún no está preparada para cumplir con sus propias políticas de manejo de multitudes, mucho menos para garantizar los derechos fundamentales”.

La organización civil denunció que los actos de abuso policiaco y el estilo de total impunidad con que actúa la Policía de Puerto Rico no son incidentes aislados, sino que están estrechamente vinculados a un problema estructural y sistémico y a una ausencia de mecanismos confiables y robustos de rendición de cuentas. Además, evidencia la ausencia de una verdadera voluntad para corregir el problema.

Los derechos humanos en Puerto Rico

Mientras Puerto Rico fue incluido en el informe, La situación de los derechos humanos en el mundo 2017/2018 de Amnistía Internacional. El informe dado a conocer la semana pasada bajo la consigna de que “el odio patrocinado por el Estado hace surgir una nueva era de activismo social”, abarca a 159 países.

Respecto a Puerto Rico el informe destaca que ha habido un recrudecimiento de la crisis humanitaria a consecuencia del huracán María que causó daños generalizados en vivienda, estructuras y servicios esenciales y la lenta respuesta de las autoridades- de Puerto Rico y Estados Unidos- para atender la emergencia.

El informe de AI también recoge que 1 de mayo de 2017 la Policía hizo un uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas en el Día Internacional del Trabajo. Hace acopio de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) documentó un uso indiscriminado de gas lacrimógeno, contra laos manifestantes sin antes haber dado una orden de dispersión, lo que es contrario al derecho y las normas internacionales, que este material estaba caducado, que se usaron balas de goma contra manifestantes pacíficos, que la policía no tenía identificación clara y el que hubo policías encubiertos infiltrados en la manifestación que practicaron detenciones ilegales. Todas estas denuncias fueron confirmadas en el informe del Monitor Federal.

Muy particular sobre la libertad de expresión y de reunión el informe denuncia que las enmiendas al Código Penal aprobadas por el gobernador Ricardo Rosselló en mayo 19 que hacen ilegales ciertas conductas como bloquear la entrada a obras en construcción o instituciones educativas y que fueron aprobadas de manera apresurada para entrar en vigor de inmediato “aparecen ser un intento directo por parte del gobierno desalentar la protesta pacifica”.

En esa misma dirección se recoge el que las medidas de austeridad implantadas por la Junta de Control Fiscal (JCF) a lo largo del año podrían tener consecuencias negativas para los derechos humanos, en especial para el acceso a la atención médica, la vivienda, la educación y el empleo. Otros aspectos del informe de AI apunta a que la protección de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero sufrieron un retroceso con la eliminación por el Departamento de Educación (DE) de la perspectiva de género, la eliminación de permitir que los alumnos vistan según su identidad de género.

Transcurridos 43 años, aún recuerda los sucesos como si fuera aquel 22 de febrero de 1974. En entrevista con el maestro retirado de historia, Joaquín Chévere Rivera,` conversó con CLARIDAD sobre la histórica huelga magisterial de 1974, particularmente, sobre los hechos ocurridos ese 22 de febrero en la escuela superior Manuel A. Torro de Caguas.

La idea del encuentro con este semanario fue recordar la historia porque conociéndola, construimos el presente. Esa premisa la estableció Chévere Rivera desde el principio de la entrevista. En ese sentido, es meritorio recordar la huelga magisterial del ’74 justo ahora que se mantiene en el ojo público el anuncio de la posible privatización del sistema de educación pública del país mediante el establecimiento de escuelas chárter y de vales educativos.

Según el maestro retirado, esa huelga magisterial –que se extendió por un mes y que pretendió entre otras cosas mejorar las condiciones laborales de los maestros y maestras, aumentar los salarios y reclamar el derecho legal a la sindicalización– fue el resultado de una época efervescente, en la que había un espíritu, una militancia y un activismo político extraordinario tanto en el independentismo como en el movimiento obrero.

Para continuar contextualizando la huelga, Chévere Rivera relató que en aquellos años era constante la militancia y resistencia con desobediencia civil del movimiento obrero contra el servicio militar obligatorio, la guerra de Vietnam, el ROTC, la expropiación de tierras. “La idea era mover la conciencia con palara y acción”, recordó.

“Con ese trasfondo de agitación y de mucha militancia es que se produce la histórica huelga de la Federación de Maestros (FMPR). En aquel momento solo había un gremio magisterial, puesto que las acciones de la Asociación de Maestros no respondían a los maestros porque según estaba organizada cabía todo el mundo: los maestros del salón de clase, el superintendente, los supervisores. Había un conflicto de intereses porque esos puestos administrativos respondían al sistema y por ende, al Gobierno. Eso provocó la ruptura de la Asociación y el surgimiento de la Federación con una línea totalmente diferente y clara”, explicó Chévere Rivera.

Ese 22 de febrero, a varias semanas de una huelga extendida por todo el país, ocurrió en la escuela superior Manuel A. Toro un acto de represión policiaca mucho más evidente que cualquier otro intento por desintegrar la huelga. “En una manifestación pacífica, mientras hablaba por un altoparlante, algunos de los uniformados me agarraron y sin darme explicaciones sobre por qué me estaban llevando arrestado, me llevaron junto a otros compañeros(as) al cuartel de Caguas”, relató.

Luego, los trasladaron al Tribunal Superior de Puerto Rico, sala de Caguas, en donde les formularon cargos por alteración a la paz y motín. Gracias al abogado defensor, Freddy Méndez Camel, los ocho maestros(as) incriminados salieron absueltos de ambos cargos luego de dos años. Los enjuiciados fueron Carlos LLampier Pérez, Santos Rivera Montero, Antonio Arriaga, Luis Antonio Aguayo Cruz, Gloria Aponte, Edgardo Alvelo Burgos, Jesús Solano y Joaquín Chévere Rivera.

Además de la solidaridad que mostró el magisterio, los estudiantes y la ciudadanía el día de los arrestos y el traslado al cuartel y al Tribunal, con el hecho de que los sentenciados fueron declarados “no culpables” se probó que “los ciudadanos tienen el derecho a la libre expresión, a la libre asociación, al respeto a la dignidad humana. Todo eso se incumplió en aquella ocasión de arrestos”, dijo Chévere.

Asimismo, el magisterio federado pudo probar que “les violaron los derechos a esos maestros, que eran casos fabricados en colaboración con la administración del Departamento de Instrucción Pública y que fue un intento de acabar la huelga por medio del miedo”.

“Logramos derrotar el miedo y resistimos las campañas de terror de la administración, los palos. Nadie se rindió ni se doblegó. Fuimos fieles a las convicciones”, puntualizó el entrevistado.

Defensa de la educación pública en la actualidad

Al igual que en la época del ’70, la FMPR sigue combatiendo los intentos de atropellar la educación pública del país, “institución más valiosa que ha tenido el pueblo puertorriqueño”.

“Hay un plan y propuestas para cerrar escuelas y privatizarlas a través del modelo chárter. Quieren entregar las escuelas públicas. La demagogia es decir que no va a haber escuela pública, pero les vamos a entregar un dinerito en unos vales para que las familias escojan libremente cualquier escuela privada de Puerto Rico. Eso es mentira, primero porque constituye una violación de la Constitución, segundo porque las escuelas privadas tienen unas normas y aceptan a aquellos que cumplen con los requisitos. Además, las tarifas de matrículas y mensualidades las fijan las escuela privada y seguramente el costo de estudio será mayor que lo que le otorguen en el vale a cada familia”, comentó sobre la situación actual.

Recientemente, CLARIDAD acudió a una manifestación convocada por la Federación en los predios del Departamento de Educación (DE) en Hato Rey. Ahora, aunque los reclamos son distintos a los de la huelga del 74, tienen la intención de salvaguardar el sistema de educación pública y de velar por el bienestar de los pilares del DE: el magisterio y el estudiantado.

“El magisterio y las comunidades escolares enfrentamos el más despiadado ataque contra la educación pública y nuestros derechos adquiridos: cierre de cientos de escuelas, un plan fiscal que reduce a 300 millones los servicios directos al estudiantado, y ahora se suma un supuesto Proyecto de Reforma Educativa (P.S. 8250) de Ricardo Rosselló que pretende desmantelar y privatizar el sistema educativo con el fracasado modelo de escuelas chárter y la municipalización de las escuelas”, anota el periódico Acción de la FMPR.

“El reto es enorme, pero venceremos si tú y yo nos unimos para lucha enérgicamente en defensa de la educación pública y de nuestros empleos”, continúa exponiendo el periódico. Sin embargo, “es doloroso que la destrucción que pretenden – el Gobierno – para la escuela puertorriqueña se de en una situación de división en el magisterio con cuatro gremios: Asociación, Federación, Vamos y ÚNETE”, lamentó Chévere Rivera.

“Los representantes de cada gremio tienen que reunirse y llegar a unos consensos”, finalizó el también activista.