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Habla Raúl Álzaga: El juego del “gato y el ratón”

Por
candida-cotto
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Como jugar al “gato y al ratón”, así describió Raúl Álzaga Manresa, la petición que han hecho las congresistas demócratas por Nueva York, Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio, a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, siglas en inglés) y al Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) para que desclasifiquen toda la información relacionada a los asesinatos de los jóvenes Carlos Muñiz Varela y Santiago Mari Pesquera, en los 1979 y 1976 respectivamente.

La petición de las congresistas fue dada a conocer este 13 de febrero. Entre otros señalamientos, la carta establece que «Resolver casos como los de Carlos y Santiago es esencial para que Estados Unidos se enfrente y cierre un capítulo dañino en su historia.  Sus agencias deben apoyar activamente la recopilación de evidencia que ayude a identificar y procesar a los responsables de estos delitos. Solo este curso de acción traerá verdad y justicia a las familias de estos jóvenes cuyas vidas fueron robadas trágicamente por razones políticas.” Además, de la desclasificación se solicita que se autorice al Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJ) a entrevistar a los agentes federales que operaban en la isla en el momento de los asesinatos.

El joven Santiago Mari Pesquera-hijo del líder independentista licenciado Juan Mari Brás fue asesinado el 24 de marzo del 1976 a los 23 años. Muñiz Varela, hijo de padres cubanos fundó junto a Álzaga Manresa la agencia de viajes Varadero, para promover la relación de las familias cubanas en Puerto Rico con sus familiares en Cuba, fue asesinado el 28 de abril de 1979.

En entrevista con este medio, Álzaga Manresa narró que el Comité de Amigos de Muñiz Varela ha hecho varias gestiones para reclamar la desclasificación desde el 1983, 1995, hasta el 2010, siendo hasta el presente la del 2010 la más fructífera. Luego, desde hace más de año y medio han reanudado sus esfuerzos por diversas vías incluyendo las de las congresistas para solicitar la desclasificación de los documentos, dado a que ya se han ido muriendo algunos de los sospechosos. Esta petición, ya en la cuarta etapa de estas solicitudes, la cataloga como la de jugar al gato y al ratón.

“La catalogo como la de jugar al gato y al ratón entre el Comité y el FBI ya que, aunque hemos podido arañar algunas informaciones valiosas que confirman muchas cosas, no estamos satisfechos con los resultados. Sobre todo, porque nosotros tenemos una idea de lo que ellos tienen, por lo tanto, cuando pedimos información podemos comparar lo que nos dicen o nos dan versus lo que ya nosotros sabemos”. Indicó que por previas desclasificaciones, y por información que han logrado obtener por diferentes vías, es que dice que esta cuarta etapa “es el juego del gato y el ratón”, reiteró.

En el 2005, a través del Center for National Security de la Universidad de Georgetwon, se solicitó la desclasificación de información que tiene que ver con Cuba, y en estos momentos también les ayudan en otra serie de peticiones.

El compañero de Muñiz Varela no dejo pasar por alto que también los ex congresistas boricuas, Luis Gutiérrez y José Serrano hicieron manifestaciones públicas con la misma petición.

A la luz de los documentos ya entregados, Álzaga Manresa entiende que todavía queda muchísima información por descubrir. De hecho, afirmó que en esta etapa hay información que ya tenían desde el 1979, como informes escritos por el FBI de Puerto Rico. Igual que información de ese tiempo que ya tenía el DJ de Puerto Rico. Al respecto denunció que en las primeras cuatro peticiones. el DJ no hizo nada ya que estaba encubriendo los asesinatos del Cerro Maravilla (25 de julio 1978), por lo que contar con alguna atención para el caso de Muñiz Varela, hasta el año 1984 con el DJ era infructuoso.

“Hay elementos para sospechar que el DJ lo que hizo fue arrastrar los pies y que la gente se olvidara del caso en esos cuatro años del 79 al 84”, afirmó.

No obstante, reconoció que ha habido secretarios que le pusieron empeño a la investigación, como César Miranda y Roberto Sánchez Ramos, aunque sus actuaciones fueron producto de la información que les llevó el Comité. Con el recién salido Domingo Emmanuelli, dijo que la última reunión fue en abril del 2024, quien les planteó que no se tenía evidencia para acusar a nadie. Según Álzaga Manresa, el DJ no quiso presionar al FBI para que les diera información, e incluso reveló que el departamento envió una carta solicitando la desclasificación de alguna información y que el director del FBI, hoy el comisionado de la Policía, Joseph González, se negó a entregar la misma.

En todas las ocasiones en que se ha solicitado información a todos los niveles -reparó Álzaga Manresa- la primera reacción del FBI ha sido negar la información. El primer argumento es que se necesita una orden ejecutiva -en otras palabras, que se reciba una orden del Presidente- para poder divulgar esos asuntos, y otras excusas como que no pueden revelar sus fuentes o informantes.

Según Álzaga, esa es una de las cosas que se le está pidiendo al FBI y la CIA porque ya se tiene información de que había unos cuatro informantes en los grupos terrorista que operaban en Puerto Rico. Incluso reveló que el FBI en Puerto Rico llegó a hacer un informe, el cual se repartió a otras agencias federales, lo que ocasionó “una bronca grande”, porque el FBI en EE UU entendió que estaban poniendo en riesgo a los informantes. Incluso se llegó a sancionar al personal que hizo el informe. “Ese documento lo tiene el Comité y de ahí es que sabemos que existían esos informantes. Además, en otros documentos aparece la cantidad de informantes con que contaba el FBI”.

Dice que lo que ha hecho el FBI en San Juan con esos grupos terroristas de derecha, sobre todo cubanos, ha sido controlarlos, no procesarlos ni acusarlos. Sin embargo, eso mismos terroristas también han actuado en territorio americano, como fue el caso del asesinato del embajador chileno Orlando Letelier y otros.

Más allá de la identificación de los responsables de los asesinatos de Muñiz Varela y Mari Pesquera, comentó que de los documentos que se han logrado obtener se sabe que el FBI tenía tan temprano como a finales de enero de 1975, tres nombres de sospechosos de los responsables del atentado en Mayagüez. Se refiere al atentado del 11 de enero de 1975 contra un acto público del Partido Socialista Puertorriqueño en donde murieron dos personas y cerca de diez heridos. Ni el FBI ni el DJ hicieron nada por investigar este acto.

Sobre la petición de las congresistas, Álzaga Manresa puso en contexto que se están dando una serie de situaciones interesantes en los últimos meses que pueden contribuir a crear una opinión favorable sobre este tema. Señaló el hecho de que la familia de Malcolm X radicó una demanda el pasado mes de noviembre contra el FBI y a la Policía de Nueva York, ya que plantean sus dudas sobre la participación de ambas agencias en permitir el asesinato, encubrir la investigación y acusar a personas que no fueron los asesinos. Consideró que el curso y el resultado de dicha demanda van a ser importantes. En caso de que triunfe, considera que puede ser una vía para los casos de Muñiz Varela y Mari Pesquera de cara al futuro, ante una posible negativa de  la presente  petición.

Otro hecho relevante es la orden del presidente Trump este mes de enero para que la CIA desclasifique los documentos relacionados al asesinato del presidente Kennedy (noviembre de 1965). “Ese es otro asunto importante, independiente de que no estamos seguros de qué van a desclasificar, cuántos documentos destruyeron o cuántos todavía guardan el secreto, de todas maneras es positivo porque si se suma a la demanda de Malcolm X y a las gestiones de los congresistas de Texas y California  donde hablan de la CIA y el FBI  de perseguir  personas en Puerto Rico  hasta los años 50 y ahora se están dando toda una serie de hechos que me gustaría pensar contribuyen a crear una opinión favorable sobre ese tema”.

A la luz de lo anterior Álzaga Manresa, considera que se está en una etapa superior con mayores posibilidades sobre todo el caso de Mari Pesquera, dijo tiene una ventaja sobre el de Muñiz Varela, porque este ya está próximo a cumplir 50 años de su asesinato, y se supone que una situación que se esté investigando y pasan más de 50 años, la selectividad ya no existe. En el caso de Muñiz Varela, habría que esperar hasta el 2029. “Esperamos que no tengamos que llegar a esa fecha, esa sería la peor opción”. Señaló que existe un nudo, referente al DJ porque si en realidad quisiera profundizar en su investigación tiene que tener acceso a la información que tiene el FBI y que se le permita entrevistar a los agentes del FBI en Puerto Rico, para ese periodo.

Por su parte Mari Mari Narváez, hermana de Mari Pesquera, en declaraciones escritas expresó que a 49 años del asesinato de su hermano todavía hay innumerables preguntas que siguen sin respuesta. “La violencia de ese crimen persiste, reforzada por la impunidad que ha protegido a los responsables. ¿Por qué, en noviembre de 1975, el FBI sabía de un complot para asesinar a Juan Mari Brás, y solo cuatro meses después, su hijo fue ejecutado? ¿Qué conexión existe entre estas dos conspiraciones y qué papel desempeñaron el FBI y la CIA en ellas? ¿Por qué, después de casi 50 años, todavía no se han publicado documentos clasificados? ¿Por qué los autores intelectuales detrás de este crimen nunca han sido llevados ante la justicia?. Nuestro padre a menudo hablaba de la represión implacable y brutal que enfrentaba a manos del gobierno de los Estados Unidos y sus representantes en Puerto Rico. Pero la gente de Puerto Rico merece saber la verdad. Merecen reconocer el inmenso daño que el colonialismo ha infligido, y continúa infligiendo. El asesinato de nuestro hermano Chagui, y el encubrimiento de medio siglo que siguió, son una prueba innegable”.

En tanto, el mismo día que se dio a conocer la carta de las congresistas Velázquez y Ocasio, el Senado de Puerto Rico aprobó una resolución presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, con la misma petición.

Puerto Rico no puede pagar y la Junta malgastando

Por
candida-cotto
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“Uno no puede ahorrar de algo que nunca puede pagar”.

Es cuestionable el argumento de la  Junta de Control fiscal (JCF), de que le ha ahorrado al pueblo de Puerto Rico el pago de $70 mil millones de dólares de deuda y que  ahora solo le resta pagar un poco más de la mitad cuando el gasto en pagos a consultores, asesores y abogados que ha contratado  la Junta y el gobierno  suman más de $2,000 millones. Esa cantidad  es seis veces mayor  al estimado original de  $370 millones que hizo el Congreso de Estados Unidos  2016, al calcular el costo que tendría la ley PROMESA para Puerto Rico.

Para el director de Investigación de  Espacios Abiertos (EA), Daniel Santamaria Ots, ese argumento de la Junta es cuestionable y muy dudoso porque  no se puede ahorra de algo que no se puede pagar. En un recién presentado informe  a la prensa del país,  EA trajo a la luz  que hasta el presente la Junta ha  gastado -y los puertorriqueños hemos pagado-:  $308,111,005 para aquellos consultores  y representación legal contratados fuera del proceso de Título III, $11,329,555 para el Oficial Examinador y $1,702,517,144 para aquellos consultores contratados dentro de los procesos de Título III en el tribunal federal (Tribunal de EE UU en Puerto Rico)  para un total de $2,021,957,705.

EA llamó la atención a que la Junta no ha rendido cuentas al pueblo de Puerto Rico ni al Congreso de los Estados Unidos sobre la totalidad de los gastos de PROMESA, al no incluir en sus informes el 84.8% del total de desembolsos que se ha hecho con cargo al bolsillo de los puertorriqueños. El señalamiento de falta de transparencia y descontrol de la Junta respecto a los gastos -declaró EA- toma una   mayor relevancia debido a que  ésta solicitó  aumentar de $50 mil a $100 mil la partida que retienen mensualmente los representantes legales de la Junta.

En entrevista con este medio, Santamaria Ots, coincidió en que la cifra de gastos es mucho dinero para Puerto Rico. Aunque señaló que los procesos de quiebra son caros, reparó que, al final,  lo importante es que no hay unas  proyecciones de la Junta de cuánto más se debería gastar.  Apuntó que el Congreso estimó que en un periodo de 10 años el proceso de quiebra costaría $370 millones. “Eso ya de por si es una cantidad fuerte para Puerto Rico  con los desafíos que tiene. Ahora vemos que todavía no ha acabado la década y ya se ha gastado más de cinco veces  lo que se estimó y no hay aún una proyección clara de cuánto más se va a gastar”.

El economista indicó que cuando se compara con deudas similares, el exceso de gastos de la JCF puede tener algo de exageración. Por ejemplo la ciudad de Detroit, aunque es un municipio y no una jurisdicción o estado, tenía una deuda de $6 mil millones y la reestructuración de la deuda llegó a los $200 millones en costos. Aquí la deuda era de $70 mil millones, y a ocho años, los costos sobrepasan los $2mil millones y sigue aumentando.

Al ejemplo de Detroit trajo otros ejemplos, como la quiebra de la firma de inversiones Lehman Brothers en el 2007, que tenía una deuda casi diez veces más grande que la de Puerto Rico,  una deuda de $600 mil millones  y el proceso no llegó a los $1mil millones en costo. Es decir, costó la mitad de lo que hasta ahora ha costado la quiebra de Puerto Rico. Recordó que todavía estamos en el proceso de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y no hay plazo aún para su conclusión. “Cuando se compara a otras reestructuraciones del sector privado, la de Puerto Rico debe estar entre las dos o tres más caras de la historia. Eso, para un país como Puerto Rico  es inexplicablemente oneroso”, expresó Santamaria Ots.

Sobre el proceso de la AEE no dejó pasar por alto que este se encuentra  atrasado, por lo que la juez Swain emitió  una orden para que la JCF  entregue un calendario para la presentación del plan de ajuste (PAD)  antes del 28 de febrero de 2025. La AEE que es la principal de las corporaciones públicas en la reestructuración, tiene una deuda total estimada en aproximadamente $12 mil millones en el proceso del Tribunal de Título III, lo cual ha representado un desembolso de dinero público para consultores y abogados de sobre $438 millones. Entre 2023 y principios de 2024, dichos desembolsos aumentaron de $181 millones a $438 millones, un incremento del 142.3%.

Un aspecto que destaca el informe de EA es el hecho de que la JCF  no justifica ni explica sus gastos, ni las razones para pagar tanto. El director de Investigación de EA expuso que la Junta solo   transparenta un 15% de sus gastos de consultoría, y la mayoría de los gastos- el 75%- tienen que ver con gastos del tribunal. “Es un punto  importante porque entendemos que transparencia a medias no es transparencia. La Junta dice que esos datos se pueden encontrar en los documentos del tribunal, pero son documentos muy técnicos”. Se supone que las facturas son examinadas por un Oficial examinador.

Para su informe, EA  usó como base  los informes anuales y mensuales de la Junta, lo publicado por el tribunal federal y los gastos reportados por el Oficial Examinador de los casos Título III pendientes ante la corte de quiebra. Estos datos fueron utilizados en un primer estudio de 2023, “Sus asesores, tus chavos: falta de acceso a los datos que han informado la reestructuración de Puerto Rico”. El presente estudio, “El costo de los consultores de la Junta: una cuenta que  paga el pueblo y no cesa”, es una actualización de los datos a diciembre   de 2024.  El estudio  identificó que en ese nuevo periodo, el gasto en consultores continuó y se elevó en más de $520 millones, un aumento en gastos de consultoría de un 34.77%, para un total acumulado pagado a consultores hasta el primer trimestre de 2024 de $2,021,957,705.

A nuestra pregunta de cuál ha sido la reacción pública al informe, Santamaría Ots dijo que  ha  habido mucha  sorpresa ya que nadie tenía en el radar que el gasto iba a ser tan grande.  “Ha  sido un ejercicio muy válido. No hay justificación para que la Junta no sea más transparente en el informe de sus gastos. Lo que señalamos no es por señalar. La gobernadora, que ya lleva varias semanas en el cargo, creo que está experimentado por primera vez lo que es el uso y costumbre de la JCF”.

Se refirió a lo sucedido con el plan fiscal de la AEE, que la Junta lo certificó sin discutirlo con el gobierno de Puerto Rico.  “Esa  es la práctica de la Junta. Nosotros, el pueblo, pagamos la factura pero las instituciones del gobierno no tienen acceso  a los números que sustentan las decisiones y acciones de la Junta”, denunció Santamaria Ots.

El economista llamó la atención a los gastos en pagos que tiene el pueblo de Puerto Rico. “El gobierno no solo toma decisiones a base de sus empleados públicos.  También contrata asesores,  y están los gastos de la Junta. Hay tres niveles de  gastos: lo que informan los oficiales públicos,  los que informan los asesores de los oficiales públicos  y lo que informan los asesores de la Junta. Esto es injusto para el pueblo de Puerto Rico y demasiado oneroso”, recalcó.

Santamaria Ots confirmó que el caso de la deuda de Puerto Rico va a ser uno que en el futuro muchas jurisdicciones en apuro van a estudiar, por sus muchas dimensiones y la complejidad de la reestructuración, pero también por el gasto astronómico del proceso. Van  a aprender de los errores de  una jurisdicción con falta de recursos. “Uno no puede ahorrar de algo que nunca puede pagar”.

Espacios Abierto el informe de gastos de los cinco principales pleitos que hay en la corte. En el mismo  se identifican pagos a consultores, asesores financieros, mediadores y abogados, distribuidos de la siguiente manera:

  • $1,120,342,804 del pleito del Gobierno de Puerto Rico
  • $ 438,803,487 de la AEE
  • $ 62,816,103 de COFINA
  • $ 51,165,166 de la Autoridad de Carreteras
  • $ 39,758,739 del Sistema de Retiro del ELA
  • $ 960,400 en el caso de la Autoridad de Edificios Públicos.

Además, se han desembolsado $308,111,005 a consultores contratados fuera del proceso de Título III, los cuales son detallados parcialmente por la Junta de Supervisión Fiscal y pagados de su presupuesto anual.

Los gastos en consultores del pleito del Gobierno Central aumentaron de $870,449,697 a $1,109,013,249, reflejando un incremento del 27.41%. La AEE tuvo el mayor aumento relativo, de $181,100,752 a $438,803,487, lo que representa un incremento del 142.30%.

El caso de la Autoridad de Carreteras también vio un aumento, de $41,004,842 a $51,165,166, para un 24.78% más. El del Sistema de Retiro pasó de $36,658,795 a $39,758,739, aumentando en 8.46%. Mientras que COFINA y Edificios Públicos presentan variaciones mínimas ya que los pleitos han culminado.

A continuación las  firmas que reportaron los mayores aumentos en el periodo de 14 meses fueron (*):

CONSULTORES GASTO TOTAL AUMENTO DESDE 06/2023 A 12/2024 CAMBIO PORCENTUAL
*Proskauer Rose LLP $355,826,874 $131.32 millones 58.50%
McKinsey & Company $307,318,840 $29.9 millones 10.81%
*Ankura Consulting Group, LLC $180,947,374 $137.59 millones 317.38%
*Ernst & Young LLP $179,445,657 $45.62 millones 34.09%
*CITI Group Global Markets Inc. $126,565,344 $46.50 millones 58.08%
O’Melveny & Myers $115,828,094 $22.72 millones 24.40%
*PJT Partners LP $115,000,000 $57.50 millones 100%
Paul Hastings LLP $86,841,542 $12.37 millones 16.62%
Deloitte $55,497,713 – –
Alvarez & Marsal North America, LLC $35,727,382 $37.94 millones 0.11%

Egipto tiene un plan para reconstruir Gaza sin que la abandonen los palestinos

Por
pagina 12
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El anuncio se produce un día después de que el mandatario estadounidense insistiera en tomar la Franja y expulsar a los gazatíes a otros países, en un contexto de creciente rechazo internacional a su idea.

Egipto anunció este miércoles que tiene un plan sobre el futuro de la Franja de Gaza que garantiza la reconstrucción del enclave sin el desplazamiento de su población, de unas dos millones de personas, al contrario de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar a los gazatíes a otros países.

«Egipto afirma su intención de presentar una visión integral para la reconstrucción de la Franja de Gaza, de manera que garantice la supervivencia del pueblo palestino en su tierra y de manera compatible con los derechos legítimos y legales de este pueblo», indicó el Ministerio de Exteriores egipcio en un comunicado, sin dar más detalles del plan. «Nuestro país aspira a cooperar con la administración del presidente Trump para el logro de una paz integral a través de una solución justa de la causa palestina que respete los derechos de los pueblos de la región», añadió.

Egipto, el primer país árabe en firmar la paz con Israel en 1979, seguido por Jordania (1994), insistió en la nota sobre la importancia de evitar poner en peligro los logros de la paz en Medio Oriente. «Egipto subraya que cualquier visión para resolver la causa palestina debe evitar poner en peligro los logros de paz, y estudiar las raíces y los motivos del conflicto, poniendo fin a la ocupación israelí de los territorios palestinos, e implementar la solución de dos Estados como la única forma para la estabilidad y la convivencia entre los pueblos de la región», recalcó.

El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, no viajará a Washington para una reunión protocolar con Trump tras asumir la presidencia estadounidense si el plan de expulsión de los palestinos sigue sobre la mesa, informaron a la agencia de noticias EFE dos fuentes de alto nivel egipcias. «El Cairo está indignado por las declaraciones de Israel y Estados Unidos y envió un mensaje claro a Washington», indicaron los informantes bajo condición de anonimato por la sensibilidad del asunto.

«Vamos a tener Gaza»

El martes, Trump insistió en su idea de desplazar a los palestinos hacia Egipto y Jordania sin un plan para su regreso, y de colocar la Franja de Gaza bajo autoridad estadounidense; sin embargo, el rey jordano, Abdalá II, se opuso a ello. «Subrayé que mi principal compromiso es con Jordania, con su estabilidad y con el bienestar de los jordanos», dijo Abdalá en las redes sociales después de haberse reunido con el magnate republicano en la Casa Blanca.

En su lugar, el monarca jordano le hizo otra propuesta a Trump para apaciguar la tensión. «Creo que una de las cosas que podemos hacer de inmediato es llevar a 2.000 niños, niños con cáncer que están en un estado muy grave, eso es posible», anunció. Trump lo calificó de «gesto hermoso» y dijo que no estaba al tanto de ello antes de la llegada del monarca jordano y de su hijo, el príncipe Husein, a la Casa Blanca.

A su vez, el presidente republicano pareció dar marcha atrás en su sugerencia de que podría retener la ayuda a Jordania y Egipto si se niegan a acoger a más de dos millones de palestinos de Gaza. «Creo que haremos algo», comentó. «No tengo que amenazar con eso, creo que estamos por encima de eso», agregó.

Sin embargo, el mandatario insistió en su plan de poner la Franja de Gaza bajo la autoridad estadounidense. «No tenemos que comprar. Vamos a tener Gaza, vamos a tomarla, vamos a mantenerla, vamos a apreciarla», remarcó el magnate, quien hizo fortuna en el sector inmobiliario, aunque negó que quiera desarrollar personalmente propiedades en el territorio palestino.

El rechazo internacional

Mientras tanto, a medida que aumenta la insistencia de Trump en su plan, también crece el repudio global. La enviada especial de la ONU para los territorios ocupados palestinos, Francesca Albanese, tildó la propuesta como un “imperialismo con esteroides”. «¿Qué autoridad tiene Estados Unidos para esto? Volvamos a lo que realmente está sucediendo: esto es imperialismo con esteroides (…) No es nuevo, pero ahora está completamente expuesto. Es una locura, pero además es ilegal, es inmoral. Y llega en pleno genocidio. Es una irresponsabilidad, y no traerá estabilidad a la región», advirtió, en diálogo con la prensa en La Haya.

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, afirmó que desplazar a los palestinos de sus territorios es inaceptable. para la región. «El foco está hoy en Gaza, y mañana estará en Cisjordania, con el objetivo de vaciar Palestina de su población histórica», sostuvo en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. «Es inaceptable para el mundo árabe, que ha luchado contra esta idea desde hace 100 años», enfatizó.

Hamas reiteró su rechazo al subrayar que el plan del presidente estadounidense supone un intento de limpieza étnica. «Las afirmaciones de Trump son racistas y un llamamiento a una limpieza étnica. No tendrá éxito y hará frente a una posición palestina, árabe e islámica unificada que rechaza todo plan de desplazamiento», señaló el grupo islamista en un comunicado. «Lo que la ocupación –en referencia a Israel– no logró a través de la agresión y las masacres no será logrado a través de planes de liquidación y desplazamiento», manifestó, además de agradecer en otra nota a Egipto y Jordania por apoyar a los palestinos.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, también emitió un comunicado de agradecimiento a las autoridades de ambos países y aseguró: «Nuestro pueblo está comprometido con permanecer en su tierra en Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Palestina no está en venta».

Tomado de Pagina 12

Unen fuerzas para defender al Instituto de Cultura Puertorriqueña

Por
adrian rodriguez alicea
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Con un panel compuesto por gestores culturales, académicos, escritores y distintas figuras públicas del país, el nuevo frente “Todo Puerto Rico por el ICP” (TPRICP) repudió el reciente Proyecto del Senado (PS) 0273, sometido por el presidente legislativo Thomas Rivera Schatz. La medida, que transferiría los activos del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), busca derogar la ley que creó al Instituto.

La colaboración multisectorial nació luego de que, en apoyo a la convocatoria de ProSol UTIER- gremio que agrupa a los trabajadores del ICP- diversas organizaciones sociales y culturales, como la Coalición por Nuestra Cultura en Defensa del ICP y la Coalición por la Cultura Puertorriqueña, reunieron esfuerzos para denunciar el proyecto y reclamar vistas públicas.

“Más allá de defender nuestros empleos, defendemos la importancia de lo que custodiamos y servimos: la cultura puertorriqueña como base de nuestra identidad. Exigimos un proceso justo, donde el compromiso con nuestra cultura sea más fuerte que las diferencias políticas o ideológicas. La cultura no es una mercancía: es nuestra historia, nuestra esencia y nuestra razón de ser”, reza el comunicado del frente común. Durante toda la conferencia, el cantante Silverio Pérez moderó los turnos de los exponentes.

Para Marisel Flores Carrión, presidenta de ProSol UTIER, el PS 0273 diluiría el estatus de corporación pública del ICP y, además, pondría en riesgo su rol como protector del patrimonio de Puerto Rico. Además, Flores Carrión denunció al Proyecto de la Cámara (PC) 17, que pretende establecer una nueva estructura operacional para el Archivo General de Puerto Rico, así como alterar el manejo de documentos históricos del país. La medida, radicada el 2 de enero de este año, fue escrita por el homólogo cameral de Rivera Schatz, Carlos “Johnny” Méndez.

“En las vistas públicas, se expondrá la realidad económica de nuestra institución. Una crisis que los empleados hemos sentido y sufrido directamente debido a la Ley 7, que redujo el personal humano a menos del 60%, la reducción del 90% del presupuesto, además de la falta de visión y la ausencia de una renovación de las políticas culturales”, acotó Flores Carrión.

Asimismo, la líder sindical criticó el pretexto de que, como existe una “doble evaluación” en los permisos de construcción en el ICP, es necesario que se implementen medidas como el PS 0273 o el PC 17. En lugar de ver esta duplicidad como “un obstáculo al crecimiento económico”, agregó Flores Carrión, la labor del ICP debe apreciarse como “una garantía” para que los bienes culturales perduren.

“Gracias a esta institución, se han protegido nuestras fiestas culturales, las artes populares, documentos históricos, edificios patrimoniales, piezas arqueológicas, expresiones musicales y el desarrollo de una producción cinematográfica, televisiva y artística. El ICP ha sido un pilar fundamental en la reafirmación cultural”, recordó Flores Carrión, junto al panel que armó una carpa frente al Capitolio.

Por su parte, la doctora Emilia Quiñones Otal coincidió con Flores Carrión en que el PS 0273 pone en jaque la protección y la custodia de los bienes culturales del país. Acusando a sus autores de tener “una poca comprensión” del rol del ICP, la también presidenta de la Coalición por Nuestra Cultura en Defensa del ICP se opuso a la idea de disponer el Instituto para fines comerciales y turísticos.

“El ICP financia la presencia de música de trova en nuestros festivales. De lo contrario, la perderíamos. Hace lo mismo con la bomba y con muchas otras formas de música tradicional puertorriqueña. También realiza concursos de poesía, literatura joven y asigna fondos a artistas visuales para que creen obra y la exhiban tanto aquí como en el extranjero”, arguyó Quiñones Otal en defensa de las tareas del ICP.

También, la presidenta de la Coalición abogó por la conservación de la herencia cultural material, como las pinturas, esculturas, tambores, mueblerías, vestimentas y otros objetos de valor histórico. “La oficina de desarrollo Económico y Comercio, como agencia pública que no tiene relación alguna con la conservación del legado cultural, no tiene el personal experto ni el espacio necesario para proteger dichas piezas de arte”, añadió.

En una muestra de apoyo a la permanencia del ICP, diferentes personas del foco público asistieron a la actividad. Entre algunas: Adriana Gutiérrez Colón, Denis Márquez Lebrón y Nelie Lebrón Robles, integrantes de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara; Ada Álvarez Conde y Swany Vargas, de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD)  legislativa; Mariana Nogales Molinelli, ex representante; la teatrera Rosa Luisa Márquez; el arquitecto conocido como el Urbanista y ex miembro de la Junta de Planificación, Pedro Cardona Roig y otras más.

“Una vergüenza” de proyecto

De acuerdo con “el Urbanista”, el proyecto sometido por Rivera Schatz “es una vergüenza” y, como único rasgo redimible, provocó una discusión profunda respecto a la cultura nacional. “Una conversación que nos corresponde tenerla mucho más a menudo”. Antes de continuar su turno, una guagua acicalada interrumpió al arquitecto con Cuna blanca, de Raphy Leavitt.

“Muy buena música, por cierto”, comentó Cargona Roig entre risas suyas y ajenas. Luego, el profesional prosiguió con la importancia de deslindar la cultura del comercio; el turismo del patrimonio. En ese sentido coincidió con Quiñones Otal en que “el DDEC no tiene la capacidad ni la pericia, tampoco la estructura, para atender, acoger al personal del Instituto de Cultura”.

“Esto ha sido producto de un diseño. Esto ha sido producto de una asignación de un presupuesto insuficiente para atender las necesidades del Instituto, y una actitud reiterada de sacar componentes especiales del Instituto, incluso componentes que eran los que generaban, en su día, actividad económica para mantener a ese acervo que está bajo custodia del ICP”, expresó el ex candidato a la legislatura por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Como ejemplo de cómo la transferencia del ICP al DDEC sería “desastroso”, la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico (AdocPR), expuso su experiencia desde la integración de la Corporación del Cine al DDEC. Desde presupuestos mermados hasta incentivos condicionados, la AdocPR presentó una férrea oposición.

“Esta fórmula puramente económica (del DDEC), muy similar a la que propone el Proyecto del Senado 0273, ha impuesto una camisa de fuerza al florecimiento de nuestro cine… La fórmula no asigna un valor monetario a factores intangibles como son: el fortalecimiento del sentido de identidad nacional; el desarrollo de talento joven para el fortalecimiento de la industria; y el valor sicológico de crear historias que reflejan quienes somos y quiénes queremos ser”, argumentó la asociación con más de 70 socios.

Según la ex directora del ICP Teresa Tió, las piezas históricas y culturales que alberga el Instituto no pueden ser valoradas desde una perspectiva comercial. Cartas, armas y hasta cadenas que esclavizaron en tiempos pasados no pueden encontrar su valor en “dólares y centavos”. El valor, contó Tió, es que es nuestro, “que habla de nuestra historia”.

Próximos pasos

El conjunto de colectivos que conforma este esfuerzo exigió, entre otras cosas, la celebración de vistas públicas para presentar los siguientes siete argumentos:

  1. El rechazo contundente al PS 0273 por amenazar la existencia del ICP y poner en riesgo su misión de proteger, preservar y fortalecer la cultura puertorriqueña.
  2. La defensa de la Ley 89 del 1955, que, de ser derogada, eliminaría el ICP.
  3. El reclamo de restitución de fondos que provocaron la crisis económica del ICP, provocada por el gobierno y la Junta de Supervisión (Control )Fiscal.
  4. La defensa de los 13 programas esenciales del ICP que funcionan y brindan servicios a toda la comunidad.
  5. La oposición a la mercantilización de la cultura y a su gestión bajo criterios puramente económicos en vez de verla como un derecho fundamental.
  6. La apertura y disposición al diálogo en defensa del ICP en vistas públicas que aporten al desarrollo del ICP sin comprometer su misión.
  7. El rechazo a políticas neoliberales que amenazan toda muestra de cultura puertorriqueña (artes, recursos naturales y educación) y buscan suprimirlas a favor de la asimilación y la privatización de nuestros bienes culturales e históricos.

Entre otras organizaciones en apoyo al frente, se encuentran: EDUCAMOS, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Poetas en Marcha y la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Este  miércoles, 19 de febrero, las organizaciones sostendrán, de 4:30 a 8:00 p.m., una vigilia frente al ICP.

Los anadares de la USAID en Cuba y su agenda de «democracia»

Por
Luis De Jesus Reyes
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Corresponsal de CLARIDAD 

 La Habana, Cuba-Cuba ha sido, durante décadas, un escenario de tensiones políticas y mediáticas entre el gobierno revolucionario y los intereses de Estados Unidos. Uno de los principales instrumentos utilizados por Washington para influir en la isla ha sido la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que ha financiado y promovido medios de comunicación y programas destinados a desestabilizar al gobierno cubano. Estos esfuerzos, disfrazados en ocasiones bajo programas de ayuda humanitaria o desarrollo, han sido denunciados históricamente por Cuba como parte de una estrategia de guerra no convencional destinada a socavar su soberanía y promover un cambio de régimen.

Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, Estados Unidos ha mantenido una política hostil hacia la isla, que incluye un bloqueo económico, político y mediático. La USAID, creada en 1961, ha sido una de las herramientas clave en esta estrategia. A lo largo de los años, la agencia ha financiado programas y proyectos que, bajo la apariencia de promover la democracia y los derechos humanos, buscan minar la estabilidad del gobierno cubano.

Cuba ha denunciado repetidamente estas acciones, señalando que los medios financiados por la USAID no son independientes, sino que operan como extensiones de la política exterior estadounidense. Desde La Habana se ha desvelado que estos medios han sido utilizados para difundir propaganda anticubana, promover narrativas desestabilizadoras y apoyar a grupos e individuos opositores dentro de la isla. Estas denuncias han sido respaldadas por documentos desclasificados y testimonios que revelan cómo la USAID ha utilizado programas de salud, educación y desarrollo como fachada para operaciones encubiertas.

Ahora, las operaciones de estos llamados “medios independientes” podrían quedar en un “limbo” tras la orden del presidente Donald Trump de suspender las labores de la USAID, a la que ha acusado de llevar a cabo una amplia agenda de corrupción.

Un reciente artículo de la agencia Reuters afirma que estos medios buscan hoy “fuentes alternativas de financiamiento” ante la amenaza de quedarse sin los millonarios fondos que por décadas sostuvieron sus esfuerzos.

Uno de los ejemplos más notorios ha sido el programa «ZunZuneo», una red social financiada por la USAID –que operó en Cuba entre 2010 y 2012– y cuyo plan era crear una plataforma de comunicación masiva para movilizar a la población cubana contra el gobierno. Aunque sí uno de los más sonados, este no es ni remotamente el único caso que demuestra los tentáculos de la USAID en el pueblo cubano.

Otros “medios” cubanos como El Toque, Periodismo de Barrio, ADN Cuba, o El Toque, han sido creados y financiados por la USAID, como supuestos espacios de información alternativa, pero con claras agendas anti-revolucionarias en sus publicaciones. Algunas de ellas han llegado al punto de respaldar una posible intervención extranjera en Cuba.

Pero si bien la decisión de Trump de cerrar la USAID podría tener un efecto temporal en los mencionados medios, el gobierno cubano ha advertido que Estados Unidos podría buscar nuevas formas de financiar y apoyar la agenda desestabilizadora en la isla, ya sea a través de organizaciones no gubernamentales o de otros programas encubiertos.

El propio secretario de Estado, Marco Rubio, ha insistido en que la presión contra los pueblos de Venezuela, Nicaragua y Cuba continuará, aunque no sea a través de la USAID, por lo que cabe esperar más y nuevos mecanismos de ataque contra el pueblo cubano, pero con diferentes siglas.

 

 

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