A Germà Bell, un catalán que no tiene miedo

«Unidos” y “juntos” son las palabras más pronunciadas por los políticos españoles durante los últimos días. En ese llamado repetido a la “unidad” se le ha unido su aliado tradicional, el clero católico. En una misa oficiada en la emblemática Iglesia de la Sagrada Familia, mirando al liderato catalán que estaba en primera, dijo el obispo de Barcelona: “la división nos corroe y nos destruye, la unidad nos hace fuertes”. Tan pronto pronunció esas palabras la cámara de la televisión oficial de España, TVE, se posó unos segundos sobre el rostro del presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, sentado en primera fila, buscando una reacción que no llegó.

Ese llamado “unitario” es muy común, de parte de políticos y gobernantes, cuando ocurren atentados sangrientos como el que se produjo en Barcelona el pasado 17 de agosto. Pero en Cataluña el llamado ha sido más repetido por otras razones. Lo dijo varias veces el rey Felipe VI tan pronto llegó a Barcelona. Y en cuanto al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, las palabras no han abandonado su boca desde el mismo día de los atentados.

No hay que ser ningún experto en análisis político para saber el por qué se repite tanto esa convocatoria a la “unidad”. Es que la enorme tragedia que vivieron los catalanes los días 18 y 19 de agosto, cuando recibieron el nuevo zarpazo europeo del fanatismo religioso islámico, se produjo justamente cuando su liderato concentraba sus esfuerzos en la organización del referéndum de autodeterminación convocado para el próximo 1ro de octubre. Por eso, en medio de la conmoción que a todos nos causó la tragedia, resulta inevitable analizar la respuesta catalana sin perder de vista el proceso político en que estaba en marcha.

A los dirigentes de Cataluña no se les escapó ni un segundo las consecuencias que el trágico suceso puede tener sobre el proceso de autodeterminación que están conduciendo. Tampoco se les escapó que el gobierno central, altamente hostil a sus planes, trataría de aprovechar el acto insensible de terrorismo islamista para descarrilar lo que ellos llaman “un intento de romper a España”. En todo momento los catalanes hicieron un evidente esfuerzo por ser “políticamente correctos” en medio de la tragedia, aceptando tranquilamente el abrazo “unitario” que le lanzaba el liderato español. De manera simultánea, también hicieron todo lo posible para actuar como un “estado en funciones”, tomando control de las investigaciones y tratando de demostrar que sus instituciones tenían la autoridad y la capacidad para atender las consecuencias de la tragedia.

Según destacaran los medios de prensa, tan pronto ocurrió el acto de terror, las autoridades catalanas asumieron el control. La respuesta policial –ejecutada con gran eficiencia– estuvo a cargo de los Mossos d’Escuadra, que es la fuerza de policía catalana y no de la Guardia Civil española. Los catalanes también tomaron control de la situación y, de inmediato, pusieron en movimiento medidas efectivas dirigidas a atender a los heridos, socorrer y tranquilizar la población, mientras simultáneamente desataban una intensa persecución de los autores de la barbarie y sus cómplices. Con mucha nitidez proyectaron que eran un gobierno en funciones y no un mero apéndice regional del estado español. En todo momento, fue el responsable de Interior del gobierno catalán, Joaquim Forn, el que apreció al frente del operativo y no algún ministro español.

De manera pública y directa ninguna de las partes activamente envueltas en el llamado “conflicto catalán” quiso airear los flecos de esa confrontación en medio de la tragedia, pero la lucha que ha estado enfrentando a los catalanes con el estado español siempre estuvo presente en la cadena de eventos.

El esfuerzo del liderato de la Generalitat por mantener el control resultó evidente. En ningún momento permitieron que los de Madrid asumieran “la jurisdicción” desplazando a los locales (como sucedería en Puerto Rico con las federales). Las operaciones fueron de los Mossos, o controladas por ellos, y la información que se trasmitió a los medios siempre salió del Conseller de Interior.

En cuanto al impacto que esta tragedia tendrá sobre el proceso de autodeterminación, cuyo elemento más importante es el referéndum de independencia convocado para el 1ro de octubre, a apenas seis semanas del zarpazo terrorista, aún no se puede determinar. Independientemente del efecto tranquilizador que ha tenido la efectiva respuesta gubernamental a la tragedia, la sociedad catalana sigue conmocionada ante la magnitud de lo ocurrido. Por otro lado, las investigaciones policiales continúan, produciendo noticias impactantes cada día y, en medio de ese ambiente será muy difícil retomar la campaña hacia el referéndum de autodeterminación.

Lo ocurrido no fue poca cosa. Las Ramblas son para Barcelona lo que Times Square es para Nueva York o el Malecón para La Habana. Lugar donde ordinario se mezcla la juventud del pueblo con cientos de turistas, espacio para el recreo y la amistad. (“Decir amigos es decir aula,/ laboratorio y bedel./ Billar y cine/ siesta en Las Ramblas/ alemanas al clavel”, cantó Joan Manuel Serrat, hace cuatro décadas.)

Si alguien quiere derramar sangre de inocentes, La Rambla es un buen lugar. Tan bueno como el London Bridge o los Campos Elíseos de París. Al atacar un lugar tan emblemático causando, además, mucho daño, los fanáticos islamistas provocaron una conmoción que la sociedad tardará en superar. Todos los procesos políticos, incluyendo el de autodeterminación, se verán inevitablemente afectados.

El día después de los atentados, la única frase que pronunciaban las más de cien mil personas que a la hora del mediodía llenaban la Plaza de Cataluña era “No tinc por” (“no tengo miedo”). Exhibiendo esa misma determinación la nacionalidad catalana ha sobrevivido por más de dos mil años. Aunque la violencia los obligue a pausar, con ese mismo espíritu continuarán.

Al cabo casi ya de dos meses la comunidad de Peñuelas continúa enfrentándose a un despliegue de fuerza policiaca cada vez más agresiva, arrestos y radicación de casos sin fundamentos, actos de intimidación contra los manifestantes e incluso contra periodistas y más de 12 mil toneladas de cenizas depositadas en el vertedero Eco Waste System (EWS).

“Siguen llegando los camiones tres días corridos, 45 camiones diarios con más de 300 agentes de la Policía, escoltados y haciendo encerronas a los manifestantes”, denunció el activista Jimmy Borrero, sobre cómo continúa la situación en Peñuelas. Luego de aprobada la Ley 40 que supuestamente prohíbe el depósito de cenizas en los vertederos 575 camiones han depositado cenizas de la carbonera AES en el vertedero de Peñuelas, EWS. Cada camión suele llevar hasta 20 toneladas de cenizas.

Borrero denunció que debido a la cantidad de cenizas EWS ha estado tumbando el monte para acomodar las cenizas las cuales están quedando expuestas, ni siquiera se les está cubriendo con tierra. Denunció, además, que el vertedero está operando en horario ilegal ya que se supone que su horario sea de siete de la mañana a cinco de la tarde y ahora está operando casi toda la noche.

Mientras todo esto sucede la Junta de Calidad Ambiental (JCA) ha brillado por su ausencia en las facilidades de EWS. En tanto ya van más de 40 personas a las cuales la Policía les ha radicado cargos. Aunque la mayoría de los cargos que se han visto en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en Ponce y Aguadilla no han prosperado la fiscalía los ha presentado al tribunal con declaraciones juradas de los policías lo que no da la oportunidad de que los abogados de defensa puedan cuestionar las acusaciones.

Entre los enfrentamientos más recientes llama la atención el que a tres vehículos les han acuchillado las gomas y las han dejado inservibles. Uno de éstos fue el auto del colega del periódico La Perla, Omar Alfonso. Éste relató a CLARIDAD que el lunes 14 de agosto alrededor de las 11:30 de la noche en las inmediaciones de la AES, a donde los opositores al deposito de las cenizas movilizaron su manifestación, su vehículo y el de uno de los manifestantes quedaron encerrados y bloqueados por autos de la Policía, mientras los manifestantes fueron cercados por efectivos de Operaciones Tácticas. En el lugar había casi 300 efectivos policíacos. Esa noche salieron 44 camiones llenos de cenizas de AES. Cuando regresó a su carro cerca de la 1:30 de la mañana lo encontró con una goma vacía y lo mismo le sucedió a la otra persona que tenía su auto en el mismo sitio. Tras cambiar y ponerle la goma de repuesta una vez en el expreso en dirección a Ponce notó que un carro lo iba siguiendo y en un momento colocó un biombo de la Policía. Mas tarde comprobó que la goma había sido apuñalada. Al día siguiente a otro manifestante le ocurrió lo mismo.

En tanto se espera que este martes 22 de agosto en el TPI en San Juan se celebre una vista del “mandamus” presentado por el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, para que el tribunal le ordene a la JCA entregar información relacionada al vertedero de Peñuelas a raíz de los constantes depósitos de cenizas desde la aprobación de la Ley 40. La acción judicial de Márquez Lebrón surge tras haber requerido la información a la JCF en tres ocasiones sin obtener ninguna respuesta.

La juez Laura Taylor Swain, acogió este pasado 17 de agosto el recurso presentado por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) que cuestiona la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF). Como consecuencia la juez Taylor Swain emitió una orden de certificación para que el Procurador de Justicia comparezca fijando la posición del Gobierno de Estados Unidos respecto al planteamiento que hacen los demandantes de cuestionar la constitucionalidad de PROMESA a partir de lo que fue la designación de sus miembros de acuerdo a la cláusula y los principios de separación de poderes de la constitución de EEUU. Esta comparecencia se supone que sea por escrito y podría tomar de 30 a 60 días.

Para el representante legal de la UTIER, licenciado Alejandro Torres Rivera, la controversia planteada en el tribunal por ese sindicato cuestionando la legalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) es una nueva porque nunca antes se había aprobado en el Congreso de Estados Unidos (EE UU) una Ley como PROMESA. En entrevista Torres Rivera, expuso a preguntas de CLARIDAD que lo que EEUU pretende establecer con la Ley PROMESA es un proceso uniforme para todos los territorios con el fin de atender cualquier situación similar de insuficiencia fiscal, a la de Puerto Rico e incluso para los mismos estados. “Lo que está pasando aquí va a hacer el laboratorio de lo que mañana puede pasar cuando un estado se vaya a quiebra”, indicó.

Según se explicó el Congreso y el Ejecutivo incumplieron con el mandato constitucional que establece el Artículo II de la Sección II, párrafo 2 de la Constitución de EEUU sobre cómo se nombran los funcionarios federales. Torres Rivera señaló que hay un memorándum del Departamento de Justicia de EEUU donde clarifica qué es un funcionario de los EEUU para que tenga la capacidad de implantar lo que es la política pública que pueda tener el gobierno estadounidense. Es decir -aclaró- que la Constitución de EE UU no define per se qué es un funcionario del gobierno de EE UU.

Continuó explicando que la Constitución de EEUU dice que cuando son funcionarios del gobierno de EE UU el proceso de nombramiento reside en que el presidente nomina el candidato y le corresponde al Senado pasar juicio para que con su consejo y consentimiento éste sea nombrado. Los nombramientos de los miembros de la JCF no ocurrieron así.

En el caso de los nombramientos de la JCF -recordó- el Senado y la Cámara identificaron a unas personas hicieron una lista en donde estaban los recomendados al Presidente y éste los nombró. En caso de un funcionario que el Presidente tenia la prerrogativa de nominar sencillamente lo nombró y pasaron por un proceso de certificación.

“Eso plantea que esa junta fue creada y designada sin apego al procedimiento que establece la Constitución, por lo tanto es una junta que esta constituida ilegalmente y por lo tanto todo lo que ha hecho esa junta desde que fue nombrada hasta ahora debería declararse nulo”, indicó Torres Rivera. Antes de la UTIER la aseguradora “Aurelius Management”, había presentado el mismo planteamiento ante la juez Taylor Swain.

Torres Rivera, reconoció que la demanda de la UTIER saca una vez más a flote el carácter colonial y territorial de Puerto Rico, en donde incluso Estados Unidos, ni siquiera cumple con el procedimiento que su Constitución le impone a la hora de manejar las cosas de Puerto Rico. Agregó que un planteamiento de esta naturaleza tiene un efecto importante para la UTIER ya que las leyes que se aprobaron bajo PROMESA para cumplir con el Plan Fiscal, también aprobado por la JCF, despoja a la UTIER de 35 de 50 artículos de su convenio colectivo.

La UTIER presentó una segunda demanda en la que plantea que la Ley PROMESA y su implantación mediante los Planes Fiscales avalados y aprobados por esa junta, es una violación constitucional de los acuerdos plasmados en su Convenio Colectivo. Según la unión hay un menoscabo de sus derechos bajo la cláusula del debido procedimiento de ley y bajo el principio de que la Constitución tanto de EEUU como la Constitución de Puerto Rico prohíbe el menoscabo de obligaciones contractuales y los convenios colectivos son contratos. “Nosotros estamos preparados para ese día en que se vaya a ver ese caso se pueda presentar esa prueba tenemos los estudios hechos”, reclamó Torres Rivera.

Qué dice el Derecho Constitucional

El profesor experto en Derecho Constitucional, Carlos Ramos, comentó que las dos planteamientos de la UTIER, de la inconstitucionalidad de la JCF, el Título III y todas las acciones de la Junta, asumiendo que el tribunal le reconozca legitimación son “argumentos desde una perspectiva constitucional muy bien pensados y muy bien expuestos aunque con pocas probabilidades de éxito”. El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA-D) recordó que cuando se presentó el tema de los nombramientos de los miembros de la JCF, cuando se propuso que los nombramientos fueran por el Presidente pero a sugerencias del Congreso, en ese momento se levantó una discusión en EE UU a diferentes niveles de qué tipo de nombramientos eran ésos, que eran muy extraños porque los tenia que hacer el presidente pero los escogía –algunos de ellos– de una lista que le enviaba el Congreso lo que estaba fuera de lo que dispone la cláusula constitucional citada por la UTIER.

“Pero qué pasa el entendido fue todavía algo mas extraño, fue que estos son unos funcionarios -son una especie de funcionarios híbrido- que aunque los hace el Presidente a sugerencia del Congreso y por ende podría pensarse que es un funcionario federal, sin embargo los hace parte del gobierno de Puerto Rico”, expuso Ramos.

Aunque a su juicio ese argumento es una cosa bastante única en el derecho constitucional de EE UU y parece un contrasentido, “pero es el mismo contrasentido que siempre aparece cuando el Congreso ejerce su poder bajo la cláusula territorial”. Describió que esa conducta de contrasentido, es la misma cuando el Congreso dice que Puerto Rico, pertenece a pero no formamos parte de, es el mismo contrasentido de cuando se ejerce el poder de que la constitución de EE UU y no aplica en toda su propia fuerza a Puerto Rico, pero algunas de sus partes si, es el que permite actuar al Congreso dentro y fuera de la constitución, a la misma vez que lleva a los famosos casos insulares, a la posición que ocupan estos territorios en el constitucionalismo norteamericano.

El profesor Ramos expresó que lo que quiere decir y significa lo anterior y con lo que se va a estrellar el planteamiento sólido y bien pensado de la UTIER, su impresión, es que en su día los tribunales y el Tribunal Supremo de EE UU van a ratificar lo manejable, lo flexible y poderosa que es la cláusula territorial a los fines de permitirle al Congreso actuar sobre sus territorios –que es el llamado a reglamentarlos conforme a la cláusula territorial y al Tratado de Paris.

Apuntó a que si bien las actuaciones del Congreso no pueden violentar aspectos constitucionales y tiene que actuar bajo la constitución que es el limite, levantó que su poder es bien amplio y puede interpretar que ese tipo de funcionario extraño, que a lo mejor seria inconstitucional para un estado, es constitucional y necesario hoy para el Congreso ejercer su poder sobre el territorio. Todavía apuntó que pese a que esta postura desde el punto de vista legal constitucional, es tan extraña como el ejercicio de la cláusula territorial, eso lleva al planteamiento de la separación de poderes.

Explicó que la doctrina de separación de poderes con toda probabilidad el tribunal va a decir que no funciona de una manera tan estricta cuando se legisla para un territorio particularmente cuando estamos en una emergencia fiscal desde el punto de vista del Congreso, según lo declara en la Ley Promesa. “En este tema de separación de poderes si bien el Supremo (se refiere al TS EE UU) ha sido bien rígido en una o dos ocasiones ha sido bien flexible y ha creado funcionarios extraños, con funciones que son legislativas, judiciales, a la vez, en situaciones de emergencias incluso para el ejercicio del poder congresional”. Un ejemplo dijo fue el investigador para el caso Watergate.

En cuanto al segundo pleito comentó que es el viejo debate que suele haber cuando se impugna una ley aprobada en medio de una emergencia fiscal que hace que el estado incumpla con sus obligaciones contractuales que es lo que está haciendo todo el tiempo Promesa con los convenios colectivos y con los contratos de la gente de todo tipo. Ramos consideró que lograr que un tribunal declare eso inconstitucional es posible pero altamente improbable, debido a que la balanza suele inclinarse hacia el poder del estado. “Desde el punto de vista constitucional son unos retos interesantes”, comentó.

Con el lema del titular de esta nota, Espacios Abiertos (EA), entidad independiente dedicada a la transparencia y la rendición de cuentas, lanzó el pasado lunes un diccionario de la deuda que reúne más de un centenar de palabras y frases frecuentes en el discurso público de estos tiempos de crisis fiscal. La presentación oficial de este instrumento educativo coincidió con la fecha del eclipse solar, por lo que la organización sin fines de lucro denominó la actividad El eclipse de la deuda.

La “herramienta de apoderamiento y educación para la ciudadanía” fue desarrollada por la Dra. María Enchautegui, catedrática de la Universidad de Puerto Rico, quien fue asistida durante el proceso por la estudiante de economía Victoria Rocío López Esteves. El director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, colaboró en la elaboración del DiccionarioDeLaDeuda.com.

Precisamente, bajo esa dirección electrónica – dentro del portal web de EA – los puertorriqueños y puertorriqueñas que tengan acceso a Internet podrán conseguir la innovadora referencia ajustada a nuestra situación económica. A partir del lanzamiento, EA irá creando una red de difusión entre portavoces comunitarios y distintas fundaciones para que el diccionario llegue a la mayor cantidad de gente posible.

La directora ejecutiva de EA, Cecille Blondet-Passalacqua, expresó en comunicado de prensa que “nosotros debemos informarnos y participar más, así podemos incidir más efectivamente en los asuntos que nos afectan. Entender el lenguaje que hablan los expertos en su conversación sobre la crisis y de cara a una reestructuración de deuda y de nuestro futuro económico, es importante para la gente. Ya todos hemos pagado demasiado por la falta de transparencia e información, por no saber, no reclamar y no ejercer fiscalización ciudadana”.

Bajo la premisa de que “no hay nada tan complicado que no pueda ser explicado en forma sencilla, a menos que la persona no quiera que lo entiendan”, Enchautegui ideó este diccionario con los propósitos de democratizar, facilitar, apoderar, documentar, cronologizar y transparentar la información sobre la deuda. La catedrática es muy consciente de que el léxico de la deuda es dinámico, por lo que hizo la salvedad de que aceptará la sugerencia de palabras o frases para incorporarlas al amplio listado.

Algunos términos que aparecen en el diccionario digital son: ‘haircut’, ‘clawback’, ‘fondos buitres’, ‘pignoración’, ‘quita’, ‘austeridad’ y ‘moratoria’.

Para la Dra. María Enchautegui esta herramienta sirve para hacer entendible el lenguaje de la deuda a través de unas definiciones comunes para todos y todas. De esta manera, la académica aporta a que las personas tengan mayor participación en los diálogos nacionales de la crisis económica. Además, se une a la exigencia de aumentar la transparencia en el quehacer público.

Por John Ward Llambías *

Especial para Claridad

Una bella teoría asesinada por una pandilla de hechos brutales

Gordon K. Lewis,

Libertad y Poder en el Caribe

I. La hoja de contabilidad

Cuando se crea la Ley PROMESA el asunto estaba claro: la deuda impagable de Puerto Rico se iba a saldar, según el Congresista Rob Bishop sin que le costara un solo centavo al contribuyente americano (not one red penny from the American Taxpayer.)

Este Congresista era y es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Aquí empieza la ofensa: esta comisión tiene jurisdicción sobre fauna y flora, bosques, cuerpos de agua, islotes habitados, islotes deshabitados, indios y otros indígenas que habitan en los llamados territorios que son propiedad, según ellos, de los Estados Unidos.

Los llamados casos insulares se basaron en los entonces llamados territorios, los cuales estaban y todavía están prácticamente vacíos: es la llamada parte vacía de los Estados Unidos. También se hace referencia a ciertas poblaciones indígenas antiguas y poco civilizadas.

Esto nada tiene que ver con el mal llamado territorio de Puerto Rico. Por ejemplo, a mediados del siglo 19, cuando no se sabía ni siquiera cuáles eran los linderos del territorio de Utah, ya Puerto Rico era una nación. Para esa época el pintor puertorriqueño Francisco Oller era considerado como el primer latinoamericano en ser una influencia en la escuela impresionista francesa; el Dr. Agustín Stahl, un médico de Mayagüez había producido una obra sobre botánica que era exhibida en Europa en los museos de Alemania y otros; otro médico, el Dr. Ramón Emeterio Betances, había recibido la máxima condecoración de ese mismo país: la Legión de Honor en reconocimiento a su labor científica y humanitaria.

Confundiendo el problema financiero de Detroit con el problema económico de Puerto Rico, la ley PROMESA creó una Junta de Supervisión Fiscal con la sencilla tarea de sacar la cuenta de las deudas de Puerto Rico y determinar de dónde iban a salir los pagos. Era en realidad un problema de contabilidad y una serie de recetas amargas pero inevitables para pagarle a los determinados acreedores y regresar a la estabilidad fiscal, para facilitar más préstamos y más pagos ventajosos y saludables.

El Garrote

Ya este señor congresista Bishop tenía fama de promover la venta de los parques nacionales de su estado original de Utah y ya estaba gestionando la compraventa de las reservas naturales de Vieques y sus playas, en caso de que no alcanzara con otras fuente de riqueza para pagar la deuda. Recordemos que, según el poder que el Congreso dice que tiene sobre Puerto Rico, puede apropiarse de nuestros bienes patrimoniales y recursos naturales para pagar lo que dicen que se debe.

Los economistas están de acuerdo en que estos cobros provocarían un mayor estancamiento y estrangulamiento de nuestra economía. Estaríamos condenados a una muerte económica por métodos parecidos al “garrote vil” de tiempos de la Corona Española, donde los condenados a pena capital se les colocaba un collarín sobre el cuello y se seguía apretando hasta la completa y final ejecución de la sentencia de muerte. El efecto de pagar la deuda con los fondos disponibles para servicios esenciales y vitales como salud, alimentación y otros, que agravarían aún más el presente estado pobreza y necesidad de nuestra población ya en desventaja y precariedad.

Este dilema, que fue planteado previamente en el Informe Krueger, consiste en que no se puede pagar la deuda si no hay crecimiento económico robusto y no puede haber inversión económica para promover el crecimiento si se paga la deuda bajo las pretensiones absolutas de los bonistas acreedores conocidos como “fondos buitres”. Se les llama así porque viven de la carroña. Son los que te dicen que tus bonos son buenos y te incitan a que cojas prestado para luego decirte que ahora son chatarra y te los compran devaluados por ellos mismos, digo, por sus agencias “evaluadoras”. Luego quieren cobrar sus créditos completos.

Igual pasó con la burbuja hipotecaria: te decían que tu casa valía mucho más y te prestaban para ampliar tu hipoteca. Después te dicen que vale menos y como no lo puedes pagar te la quitan. El ejemplo más extremo fue en Estados Unidos. Dos semanas antes de la crisis causada por los bonos de riesgo, las casas evaluadoras los calificaron como inversión segura y diversificada.

III. La crisis humanitaria

Toda esta situación parecía conducir a una crisis humanitaria donde los bonistas obtenían su dinero completo y la población quedaba en precario y aún más empobrecida y necesitada que antes. Pero el sufrimiento humano y la suerte de los más pobres y sufridos parecía no ser obstáculo para los buitres bonistas. Puerto Rico estaba destinado a ser un paraíso fiscal y un infierno humanitario. Esto vendría a ser un asunto de derechos humanos, pero no parecía haber reparo ni escrúpulos para evitarlo. El costo social y político de este escenario es incomprensible para estos inversionistas, siempre y cuando cobren y aumenten sus ganancias. Sin embargo, la historia de las insurrecciones, levantamientos y revoluciones está siempre precedida por esa falta de entendimiento del costo social y económico de los que no ven más allá de su ganancia privada.

En este contexto, la posición de los bonistas fue inflexible y despiadada. Querían sus cien centavos por dólar, aunque en algunos casos pagaron 20 centavos por dólar. Tampoco querían admitir que una parte de esta deuda era ilegal y podía ser descartada.

En este punto el desastre parecía inevitable y provocado: se cobraría la deuda con mano de hierro y la sociedad puertorriqueña entraría en una espiral de estrangulamiento y deterioro material y espiritual.

La Corte de Quiebra

Con motivo de la manera en que se negoció la ley PROMESA, se incorporó una sección que permitiría la reestructuración de la deuda mediante el Tribunal y por encima de la voluntad de los acreedores bonistas. Originalmente nadie pensó que esa alternativa se fuera a utilizar. Sin embargo, se incorporó una salvaguarda para evitar la interferencia del Congreso: sería el Juez Presidente del Tribunal supremo Federal quien haría el nombramiento del Juez que habría de dirigir esta vía paralela.

El aparente callejón sin salida encontró una puerta de escape: el poder absoluto de los bonistas para precipitar la crisis a favor de sus propios intereses quedó mediatizado por el de la Corte para sopesar y balancear intereses. El propósito del mecanismo de la Ley de Quiebras Federal es rehabilitar al quebrado mediante la reorganización de sus finanzas y la evaluación de su capacidad para reinsertarse a la actividad productiva. Los acreedores son protegidos, pero sólo hasta cierto punto. Si es necesario ajustar sus acreencias, ello se hace repartiendo las pérdidas para hacer posible la rehabilitación.

En el caso de Puerto Rico la única salida para evitar la catástrofe económica es la reestructuración de la deuda que permita, a la vez, pagar lo debido y posibilitar la actividad productiva para generar riqueza y restablecer la economía.

Hay que destacar que el Congreso casi inadvertidamente le otorga poderes a la Corte Federal de Quiebra que el mismo Congreso tiene, a menos que enmiende la ley PROMESA. La Corte puede, según los términos de la propia ley, detener pagos de la deuda, reestructurar dicha deuda aun a expensas de que los acreedores tengan que reducir su reclamación y los términos en que procedería al pago y cuándo.

V. La parasitosis colonial

Hay una realidad que ya no se puede negar: la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos. Aunque parezca increíble la percepción del puertorriqueño es que nuestra economía es mantenida por los Estados Unidos. No se entiende que las ganancias en Puerto Rico de las grandes corporaciones de los Estados Unidos son mucho mayores que los fondos federales, y que nuestra agricultura, comercio e industria están dirigidas a beneficiar las importaciones y negocios extranjeros. Los alimentos y mercaderías que aquí se consumen provienen de Estados Unidos mientras dichas corporaciones no pagan contribuciones justas como lo harían en cualquier otro país del mundo en que fueran a operar.

Y aquí surge la paradoja del parásito: vive de su víctima, pero no la puede dejar morir porque se queda sin su víctima. Es decir, el estrangulamiento de la economía de Puerto Rico tendría efectos altamente negativos para aquellos sectores que se benefician de la relación colonial. Como resultado de esto, el esquema original de la Ley PROMESA resultaría altamente perjudicial para las propias corporaciones que están detrás de los cobros inflexibles.

VI. El bolsillo del Congreso

Pero la solución al problema requiere de otro protagonista que ha contribuido de varias maneras a crear la crisis. En primer lugar, el Congreso revocó, sin dar razones, el derecho de Puerto Rico a acogerse a la Ley de Quiebras Federal en 1984. Esto fue en ocasión de la crisis del petróleo de aquel entonces y la medida dejó protegidos a los acreedores de Puerto Rico y en el desamparo a nuestro país. En segundo lugar, y sin mucha explicación, derogó la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal, lo cual produjo el gradual estancamiento y eventual retroceso de nuestro crecimiento económico. Esta medida permitía el ingreso a Puerto Rico de fondos corporativos sin pagar impuestos, aprovechando la circunstancia de que Puerto Rico no es parte de Estados Unidos y, por tanto, estos fondos no estaban ingresando a Estados Unidos ni pagando contribuciones. En tercer lugar, la medida arbitraria de hacer inaplicables a Puerto Rico ciertos programas y fondos federales tales como Medicare, Medicaid, ayuda a familias en desventaja y reintegro por contribuciones de ingresos realmente trabajados provoca una pérdida de fondos que es mayor que el servicio anual a la deuda (los pagos de la deuda impagable).

Es decir, la reducción a los fondos aplicada a Puerto Rico es más que suficiente para pagar la deuda, si no fuera porque el Congreso se queda con ellos bajo la conveniente teoría de que los puertorriqueños son ciudadanos americanos, pero viven en Puerto Rico, o sea, no viven en los Estados Unidos y, por tanto, no reciben sus beneficios completos.

VII.La Conexión Ucraniana

El nombramiento de la señora Natalie Jaresko como Directora Ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) trae otro elemento que no tiene precedente desde que el presidente Kennedy nombró a la Embajadora Patricia Harris como miembro de la Comisión Conjunta de Estatus formada por representantes de Puerto Rico y Estados Unidos en 1963. Esta Comisión Conjunta estaba compuesta por Senadores y Congresistas nombrados por el Congreso, por Legisladores y otros líderes de Puerto Rico y por personal técnico y de apoyo, quienes realizaron estudios económicos, políticos, antropológicos y otros sobre Puerto Rico.

De ahí surgió el plebiscito de 1967, cuyos frutos se vieron complicados por la trágica muerte del presidente Kennedy y por la pérdida del poder del Partido Popular Democrático en 1968. Los demás esfuerzos y plebiscitos posteriores se redujeron a ditirambos, juegos de palabras jurídicos y políticos y resultados sin consecuencia.

La señora Jaresko tuvo un rol del más alto nivel cuando fue convertida en ciudadana de Ucrania y luego Ministra de Finanza de ese país. Como tal, fue una pieza clave en la solución del enorme problema financiero de ese país.

Esto quiere decir que las aguas siguen subiendo y la JSF ha incorporado una persona representativa o muy relacionada con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Según en el Congreso no saben mucho sobre Puerto Rico (con muy honrosas excepciones), en el Departamento de Estado en particular y en las distintas agencias del Ejecutivo existe un gran caudal de información sobre Puerto Rico a través de la concesión y supervisión de los diversos programas federales y de la OMB (Oficina de Gerencia y Presupuesto Federal). En ocasiones, un analista o un técnico lleva años monitoreando los fondos y las actividades federales en Puerto Rico como, por ejemplo, educación, salud y seguridad. No es nada raro que sepan más sobre Puerto Rico que muchas administraciones de gobierno aquí (pasadas, presentes y futuras).

Es decir, que con la creciente complejidad de las tareas de la JSF y con la nueva realidad geopolítica de la Cuenca del Caribe y la reapertura de relaciones diplomáticas con Cuba, el asunto de Puerto Rico no puede darse en el vacío o aisladamente. Con la intervención del poder judicial supervisando la rehabilitación económica de Puerto Rico, y la presencia de la señora Jaresko en un rol preponderante en las acciones y estrategias a tomarse por la JSF, es el Congreso el que menos tiene que decir en la toma de decisiones sobre nuestra deuda impagable. En todo caso el Congreso, más que sujeto se ha convertido en objeto de las medidas necesarias para resolver la crisis de Puerto Rico. Ya la Junta está presionando al Congreso para que derogue la ley de cabotaje; para que otorgue paridad en la asignación en programas de salud, bienestar social y estímulo contributivo a los llamados ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico.

Se ha calculado que si se suma lo que el Congreso niega o limita en la asignación de fondos, la cantidad resultante es mayor que el servicio a la deuda. Es decir, que si el Congreso fuera justo y equitativo en las asignaciones, no habría que pagar nada y la deuda impagable se esfumaría como por arte de magia.

VIII. Futuros Alternos

Existen tres posibles desenlaces al drama de la presente crisis: (a) la solución reformista colonial avalada por el ex Gobernador Rafael Hernández Colon que consiste en resucitar los llamados fondos 936 mediante una enmienda al Código de Rentas Internas Federal. El mecanismo consistiría en traer a Puerto Rico, y bajo ciertas condiciones, fondos de corporaciones de Estados Unidos en el extranjero, donde no pagarían contribuciones ya que Puerto Rico no es parte de Estados Unidos y, por tanto, no se consideran fondos repatriados. Esto traería liquidez a la economía de Puerto Rico y volvería a repetirse el ciclo anterior hasta la próxima crisis. Esto se parece al caso de nuestros trabajadores de la caña que ganaban sueldos de miseria y tenían que comprar en la tienda de la central. La tienda apuntaba en una libreta lo que iba comprando el trabajador a sobreprecio y la deuda se volvía impagable. La solución: “borrón y cuenta nueva” y la libreta se empezaba nuevamente en cero. Con el tiempo se volvía a lo mismo: sueldos de miseria y sobreprecios producen cuentas impagables; (b) la aplicación a Puerto Rico de las medidas de austeridad, la consecuente estrangulación de la economía y la reducción de los servicios más básicos como, alimentación, salud y educación conduciría a una crisis humanitaria y a una confrontación con los sectores afectados. Sería como el modelo de Vieques para sacar a la Marina de los Estados Unidos , pero multiplicado en complejidad y gravedad; (c) revisar las presentes relaciones coloniales entre Puerto Rico y Estados Unidos . Bien se podría regresar a la estrategia de1963, que fue involucrar a Congresistas y líderes de ambos países para estudiar responsablemente el problema colonial y sus posibles soluciones.

Hay que regresar al futuro.

El autor es abogado y analista de asuntos internacionales para Radio Universidad de Puerto Rico