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Clemente es parte de nuestra cultura

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manuel-de-j-gonzalez
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¿A quién pertenecen los objetos históricos relacionados con la vida de Roberto Clemente? ¿Por qué éstos pueden venderse y sacarse de Puerto Rico sin ningún tipo de restricción? Estas interrogantes han estado debatiéndose en Puerto Rico luego de que a principios de julio la familia del legendario pelotero puertorriqueño efectuara una subasta pública en la ciudad de Miami en la que vendió al mejor postor decenas de artículos directamente vinculados a la trayectoria deportiva de quien sin duda es una de las figuras más veneradas de la historia puertorriqueña del siglo XX.

En la subasta participaron numerosos coleccionistas privados estadounidenses que pagando entre 4 y 7 millones de dólares (los datos exactos no se conocen) se quedaron con los objetos. La venta levantó inmediatamente cuestionamientos y, entre otros, la actual presidenta del Comité Olímpico, Sara Rosario, señaló que lo vendido es parte del patrimonio cultural boricua y debió permanecer en Puerto Rico. Otros defendieron el derecho de la familia Clemente para vender lo que entendían era de su propiedad.

Lo que este incidente demuestra es la ausencia de un marco legal, ejecutable y efectivo, que proteja el patrimonio cultural de los puertorriqueños de la codicia privada. Aunque existen leyes que protegen ciertos bienes –como los que provienen de yacimientos arqueológicos– no existen estatutos que reglamenten el mercado de obras de arte ni de objetos históricos, como los mercadeados por la familia Clemente. En cuanto a la posible existencia futura de esa legislación protectora, la realidad del colonialismo surge inmediatamente como barrera infranqueable.

Una gran cantidad de países tienen ese marco legal que, entre otras cosas, declara “inexportable” las obras de determinados artistas y objetos de valor histórico. Estos pueden ser de propiedad privada y también mercadearse, pero nunca pueden ser sacados del país. Las pinturas de Diego Rivera en México, por ejemplo, y las de Wifredo Lam en Cuba, integran el patrimonio cultural de esos países y sólo pueden abandonar el territorio nacional con autorización del Estado.

Actualmente en España se debate el “caso Botín”, en torno a una pintura de Pablo Picasso, que ilustra el poder de la legislación a que nos referimos, que allí se llama “Ley de Patrimonio Histórico” y data desde 1985. En 2012, la empresa británica Christie solicitó autorización para llevar de Madrid a Londres una pintura de Picasso fechada en 1906, que el banquero Jaime Botín había adquirido en 1977, también en Londres, y que luego llevó a su país. El Ministerio de Cultura, por conducto de una junta especializada, declaró que el valor artístico de la obra la hace “inexportable”, y al amparo de la ley protectora prohibió su salida. El asunto se complicó porque el banquero sacó subrepticiamente la obra en su velero privado, alegando luego que se encontraba fuera del territorio nacional español, pero la misma fue incautada por aduaneros franceses a petición de España. Ahora el debate se centra en un particular artículo de la ley española donde se establece que si una obra declarada patrimonio histórico es sacada del país sin autorización oficial, ésta puede ser confiscada por el Estado y pasa ser propiedad pública. El valor estimado de este Picasso es 26 millones de euros.

La misma legislación protectora española ha sido utilizada en otras ocasiones con objetos de valor histórico como fue el caso de una carta de Cristóbal Colón, propiedad de la Casa de Alba. Más recientemente se invocó el estatuto para impedir la exportación de unas acuarelas del siglo XVIII adquiridas en subasta por un museo peruano. En este último caso existe un conflicto entre países porque las acuarelas, que presentan estampas de la vida peruana, fueron pintadas en Lima, Perú que reclama que son parte de su patrimonio cultural.

En el caso de los objetos que fueron propiedad de Roberto Clemente no se trata, como se dijo en algunos medios de prensa, de mera “memorabilia deportiva”. El carolinense se destacó en el deporte, pero tras su trágica muerte mientras realizaba gestiones humanitarias a favor del pueblo de Nicaragua se convirtió en una de las más importantes figuras de la vida puertorriqueña del siglo XX.

Además de su excelencia como pelotero, Clemente es símbolo de la lucha puertorriqueña contra el discrimen racial y étnico. Mientras construía su leyenda deportiva en diamantes de béisbol de múltiples ciudades de Estados Unidos, se enfrentó valientemente al racismo y a la xenofobia proclamando con orgullo en todo momento su nacionalidad boricua y latinoamericana. Su trayectoria beisbolera discurrió desde finales de la década del ’50 hasta el mismo periodo de la del ’70, un periodo en el que el racismo y el odio xenófobo en Estados Unidos, generalizado y enraizado, resistía la lucha de los afronorteamericanos para hacer valer sus derechos civiles. Clemente, con su excelencia deportiva y su permanente disposición a rechazar el discrimen, ayudó a adelantar esa lucha proclamando en todo momento su identidad boricua.

La probabilidad de que Puerto Rico pueda crear legislación como la que existe en muchos otros países choca con nuestra realidad colonial, sobre todo si se pretende impedir que la voracidad de los coleccionistas y comerciantes de Estados Unidos caiga sobre objetos tan codiciados como los asociados con Clemente. El muy protegido “comercio interestatal” abre una llave que desde la colonia no se puede cerrar.

Hace cinco décadas Clemente impuso su excelencia deportiva por encima del discrimen y el odio racial que lo quería marginar. Hoy, los descendientes de aquellos que lo quisieron arrinconar buscan con avidez sus objetos convertidos en mercancía de gran valor. Para los puertorriqueños esa “memorabilia” nunca será tal, sino parte importante de nuestro acervo cultural que nos toca proteger.

Casa desvencijada

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francisco-a-catala-oliveras
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Cuando se intenta describir la situación de Puerto Rico abundan, con distintos matices, las referencias a la contracción económica, el desempleo, la emigración, la insuficiencia fiscal, el endeudamiento público, el desbarajuste presupuestario, las dificultades operacionales del aparato gubernamental, la debilidad de la gestión empresarial privada, la descomposición social, la corrupción, la inseguridad, la desconfianza, la incertidumbre… Esta lista puede tornarse interminable y angustiosamente monótona. Como si no fuera suficiente, hay que sumar todo lo vinculado a la Junta de Supervisión (Control) Fiscal, entre otras cosas la invocación de la cláusula territorial o colonial para crearla, el polémico nombramiento de su Directora Ejecutiva, el intenso intercambio epistolar con el Gobernador y la pobre y poco transparente ejecución en sus tres principales areas de competencia, a saber estabilización fiscal, reestructuración de la deuda y revitalización infraestructural.

El puertorriqueño “de a pie”, como se dice por ahí, resume la compleja e interminable lista de problemas en breves y sencillas interrogantes. “¿Qué nos pasa?” “¿Por qué no salimos del hoyo?” Sus contestaciones son igualmente sencillas. “No podemos.” “La culpa la tienen los políticos.” “Esto no lo arregla nadie.” “Estamos desorganizados.”

Ciertamente, las preguntas y respuestas lucen simples y fatalistas. Sin embargo, quizás expresan más elocuentemente el mal de fondo de la sociedad puertorriqueña que muchos estudios de asesores, expertos en vender “soluciones” pero no en enfrentarse a la raíz de los problemas del país, sobre todo si hacerlo no está incluido entre sus obligaciones contractuales o si intentarlo contraviene las mismas.

El desarrollo, el aumento en la disposición de bienes y la reducción en la generación de males, se frustra más por la incapacidad o falta de voluntad política para forjar buenas instituciones que por la carencia de recursos. Cuando el andamiaje institucional de la sociedad es inadecuado se trastocan prioridades, se dilapidan recursos, se obstaculizan las innovaciones y se ignoran o desprecian recursos que están al alcance de la mano, sean éstos, materiales como tierra, capital y ubicación geográfica, o intangibles como destrezas, conocimiento, experiencias históricas y acervo cultural.

¿Qué son las instituciones? Son instrumentos normativos o, expresado de la forma más sencilla posible, las maneras de ver, organizar y hacer las cosas. Generalmente se usa una definición amplia en la que caben el idioma, el dinero, las leyes, los sistemas de pesas y medidas, las empresas, los modales en la mesa y sume y siga. En fin, se incluyen tanto las organizaciones sociales (empresas, sindicatos, entidades gubernamentales, partidos políticos, universidades, etc.) así como las normas formales e informales que la rigen y que pautan el comportamiento de los miembros de la sociedad.

Una parte fundamental de tal instrumental institucional son una serie de poderes políticos para, por ejemplo, negociar tratados con otros países, controlar los flujos de importación y exportación de bienes y de factores de producción, establecer normas sobre la transportación y las comunicaciones, disponer para el uso y conservación de los recursos naturales, estructurar el sistema tributario, articular las relaciones laborales, definir la política monetaria y reglamentar la intermediación financiera. Se trata de un conjunto de capacidades legales críticas que actúa como condición necesaria para el desarrollo.

No obstante, contar con dichas capacidades no es suficiente. Se requiere manejo adecuado del instrumental institucional –incluso la negociación sobre el uso de dichas capacidades en distintas instancias internacionales– para orientar el ordenamiento interno del país y su inserción en la red interactiva que se llama mundo en función del desarrollo sustentable.

Mientras más completa es la caja de herramientas mejor se realiza el trabajo. Esta vieja ley la invocan los carpinteros hasta para construir una casa de muñecas. De lo contrario, la casa quedará desvencijada.

La caja de herramientas institucionales de Puerto Rico siempre ha estado prácticamente vacía. Por ello, aún en los momentos de crecimiento, su economía ha sido disfuncional.

Cuando no hay voluntad política para conquistar los poderes que no se tienen, terminan por menoscabarse los pocos poderes que nominalmente se tienen; y las sucesivas administraciones gubernamentales quedan encajadas en un perverso síndrome de impotencia e incapacidad. Entonces, se hace evidente la fragilidad de la casa y la inminencia de su desplome.

Podrán intentar venderse remedios a la crisis aquí y allá. Para tal tarea sobran asesores y políticos a la carta… Pero para poder rehacer la casa la única solución de fondo es la conquista, con todo su instrumental, de la caja de herramientas.

El autor es economista.

La transparente opacidad de la “Ley para la igualdad”

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ricardo-alegria-pons
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“Qué tiempos serán los que vivimos que hay que defender lo obvio”.

Bertold Brecht

La Política, ya se sabe, ¡y cómo no, se vive!, tiene mucho de enmascaramiento, y por qué no decirlo, de impostura. Ya Aristóteles en La Política hace el recuento de las formas degeneradas de gobierno, e identifica la demagogia como la forma degenerada de la república.

El 5 de junio de 2017, apenas 6 días antes de la celebración del plebiscito del 11 de junio, se aprobó la llamada “Ley por la igualdad y representación congresional de los ciudadanos americanos de Puerto Rico”. (Ley 30-2017).

La lectura de la referida ley arroja más dudas que certezas. Alude ésta al plebiscito anterior del 6 de noviembre de 2012, y se reitera la interpretación equívoca de que en dicho plebiscito de 2012, la estadidad obtuvo el 61% de los votos.

La pregunta surge de inmediato: si esto es correcto, ¿cuál fue entonces la necesidad de llevar a cabo otro plebiscito en 2017, a un costo de más de siete millones de dólares? ¿Y por qué la “Ley por la igualdad” no pudo aguardar unos días más por el resultado del plebiscito programado para el 11 de junio de 2017, en el cual al final participaron menos del 24% de los electores con derecho al voto (incluidos en el cómputo ciudadanos americanos naturalizados).

¿Se presentía ya el descenso aparatoso del voto estadoista? El caso es que éste se achicó de 834,191 en 2012, a 502,801 en 2017. Más lo cierto es, que a este momento no está claro, menos aún definido, el por ciento final de electores que participaron en el plebiscito de 2017. La Comisión Estatal de Elecciones no ha certificado los resultados finales del evento. La representación del PNP en dicha Comisión ha puesto trabas y reparo al escrutinio transparente de un proceso cuando ha comenzado a desvelarse indicios de que la participación electoral en el plebiscito de 2017 habría sido considerablemente menor a la anunciada en un principio.

No obstante, y a pesar de esto, los legisladores del PNP se apresuraron a aprobar la “Ley para la igualdad”, y el gobernador a hacer los nombramientos de los siete miembros de la llamada “Comisión de la igualdad para Puerto Rico”.

Un gobierno democrático presupone a los electores como mandatarios, y a sus representantes parlamentarios, como mandantes o ejecutores de los deseos de los electores.

Un cambio de estatus político, que en nuestro caso particular representaría nada menos que la desnacionalización, requeriría de una supermayoría por ser un fenómeno antihistórico. Vivimos en tiempos de reivindicación de la nacionalidad, Yugoslavia es ejemplo elocuente. Así mismo Québec, Cataluña, País Vasco, Escocia, et. al. Son estos tiempos de desintegración, no de integración. Incluso en los Estados Unidos de América, que no es una federación plurinacional, existen movimientos separatistas en varios de sus estados, curiosamente en los dos últimos estados admitidos a la unión: Alaska y Hawaii, pero también en California, Tejas y otros.

En suma, si algo queda claro de los resultados de los plebiscitos de estatus celebrados hasta el presente, incluidos los de 2012 y 2017- es que el estadoismo no puede invocar un mandato del Pueblo Puertorriqueño para solicitar al Congreso de los Estados Unidos la incorporación de Puerto Rico a la Unión Federal.

En consecuencia, no es legal la erogación de fondos públicos por conducto de PRFAA, como dispone el Art. 4, Sección 8 de la Ley 30-2017: “PRFAA solicitará y justificará ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y a la Asamblea Legislativa la inclusión de las asignaciones presupuestarias para el funcionamiento de la Comisión como parte de su presupuesto”.

Nada, sólo restaría afirmar: ¿Mandato? ¿Qué mandato?

Lula sentenciado, objetivo alcanzado

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Por Eric Nepomuceno

El juez de primera instancia Sergio Moro sentenció al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y seis meses de cárcel. De paso, lo inhabilitó para ocupar cualquier puesto en la administración pública por los próximos 19 años. La culpa: haber recibido, como soborno, un departamento de tres plantas y poco más de 200 metros cuadrados en Guarujá, un decadente balneario a unos 70 kilómetros de São Paulo, por valor de poco más de 700 mil dólares.

La sentencia era, bajo muchos aspectos, esperada. Al fin y al cabo, desde el inicio del llamado “Operativo Lavado Rápido” (Lava Jato) quedó más que clara la obsesión fundamentalista del juez de provincias contra el ex presidente más popular del último medio siglo en Brasil y principal figura política del país de nuestros tiempos.

¿Pruebas de que el departamento haya sido regalado a Lula? Ninguna. Para empezar, el inmueble en cuestión tiene su titularidad empeñada junto al banco estatal Caixa Económica, como parte del acuerdo de suspensión de pagos y recuperación judicial de la constructora, la OAS. Pero hay más: no existe un solo registro de propiedad del inmueble a nombre de Lula. Y eso, por una sencilla razón: nunca le perteneció.

Es una historia harto conocida en Brasil, y debidamente ensombrecida por los medios hegemónicos de comunicación que han sido uno de los pilares del golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, pero cuyo objetivo clarísimo siempre ha sido el de liquidar la figura política de Lula da Silva.

Efectivamente, hace más de una década, la fallecida esposa de Lula, doña Marisa Leticia, adquirió una cota de un edificio que sería construido en Guarujá. Acorde a las leyes y costumbres en Brasil, es posible comprar una cota de una construcción y, cuando esté terminada, elegir determinado departamento y pagar la eventual diferencia. Fue lo que ocurrió: cuando el edificio quedó listo, doña Marisa fue a verlo y desistió del negocio. El constructor, que sí obtuvo gordísimos contratos con la Petrobras durante los mandatos de Lula, entendió lo obvio: tener al ex presidente entre los propietarios del edificio sería un atractivo insuperable. Mandó reformar todo el inmueble, dotándolo inclusive de un ascensor privado, y pidió que Lula fuese a verlo. Y cuándo lo vio, Lula – ha sido su única visita al local– le dijo que definitivamente no.

No hay una única prueba de que algún minuto de algún día el ex presidente haya recibido el departamento. Sobran pruebas de que la constructora OAS sigue siendo su verdadera y única propietaria. ¿Por qué motivos entonces se condena da Lula?

Por una única y verdadera razón: porque para liquidarlo se armó y desató el golpe que destituyó a Dilma Rousseff.

Hay que entender que la frustrada presidenta era nada más que un escollo en el camino de los que armaron el golpe: el actual senador Aécio Neves, derrotado por ella en las elecciones del 2014, con el pleno aval del ex presidente Fernando Henrique Cardoso; los medios hegemónicos de comunicación; los partidos políticos que se dejan comprar por el mejor postor, sea de donde sea; el gran capital nacional; y, claro, los intereses de las multinacionales que ahora pretenden beneficiarse de la nueva situación. Para que ese cuadro se completase, era y es necesario liquidar a Lula y su partido, el PT.

La llegada de Michel Temer y sus secuaces tuvo como objetivo primordial imponer “reformas” que, en realidad, significan liquidar todo lo que se construyó, en términos de derechos sociales, no solo bajo los gobiernos de Lula y Dilma, sino de los últimos más de cincuenta años y, en el caso de los derechos laborales, más de setenta. Ahora, cuando se ve quienes son los verdaderos bucaneros, ellos dejan de ser necesarios. Temer es un presidente que, además de ilegítimo, está moribundo.

Lula da Silva se transformó, gracias a la actuación de un juez de provincias cuyo autoritarismo y parcialidad son más que evidentes y ya no solo para juristas, sino para crecientes parcelas de la opinión pública que no se dejaron idiotizar por los medios hegemónicos de comunicación, con la TV Globo a la cabeza, en el primer expresidente condenado por corrupción.

No hay, vale repetir, una mísera prueba contra Lula en el caso del departamento. Pero sobran pruebas de que, pese a la masacre que el expresidente sufre de manera incesante, su popularidad es una amenaza. Lula es un pájaro peligroso, que tiene que ser abatido antes de que vuelva a alzar vuelo.

Si para defender esa clase de interés la derecha más rancia encuentra a un joven juez de provincias obcecado por la fama y obsesionado contra Lula, y si a tal magistrado se unen fiscales fanáticos, todo eso al amparo de los medios de comunicación y la omisión cómplice de las instancias superiores de justicia, el guión de la película está cerrado.

Hay que ver cómo reaccionará el público. Si con la debida indignación, o la miserable resignación.

Reproducido de www.rebelion.org

Será otra cosa: De las fotos y los tiempos

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laurie-garriga
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A primera vista y en blanco y negro, hay nueve niños separados, frente a frente, en dos bandos. En primer plano se encuentran seis de ellos de pie en un llano; dan la espalda a la cámara. Sobre su ropa llevan disfraces de tela y papeles. Utilizan delantales, abrigos y sombreros que imitan a los atuendos militares. Tienen palos –como escopetas– en las manos. Uno de ellos (en la extrema izquierda) da una señal y los otros cinco apuntan hacia los niños que tienen de frente, y que vemos, en segundo plano, sobre una pequeña colina. Ellos miran hacia los otros seis, y tal vez al espectador, y están a un nivel más alto que quienes les apuntan. Salvo uno, que probablemente imita un gorro militar, ninguno parece llevar disfraz. La fotografía capta el momento exacto en que unos niños juegan a los fusilamientos: el pelotón listo para disparar y los otros esperan su ejecución. La imagen fue tomada en 1937 durante la Guerra Civil Española. La imagen fue captada por el fotógrafo valenciano Agustí Centelles, que se dedicó a retratar la guerra como una herramienta de difusión antibélica y antifascista. Más tarde durante su exilio en Francia organizaría, junto a otros desterrados, un laboratorio fotográfico clandestino donde pudo captar imágenes de la vida de los refugiados españoles en los campos de concentración. Muchas de estas fotografías, hoy día emblemáticas, fueron en su tiempo escondidas en una maleta que serían recuperadas por la familia de Centelles después de la muerte de Francisco Franco. Por lo mismo, mucha de su obra se difundió entonces a partir del 1976 en España. En la actualidad el archivo de Centelles se compara al de Robert Capa y Gerda Taro y ha sido reconocido como un importante fotoperiodista de guerra.

Tres mujeres sonríen y hablan entre sí. Cada una sujeta con naturalidad un rifle. Cuatro hombres improvisan una trinchera en medio de una calle. Una familia camina a la frontera, lleva una bolsa pequeña con lo que parece ser una merienda. Cadáveres en fosas comunes. Cadáver con herida de balas. Jóvenes con ropa manchada y con heridas en el rostro

Así descritas podrían ser fotografías tomadas por un celular o por una cámara del siglo pasado. ¿Lo son?

Tal vez las fotos de la guerra plasmen de manera más dramática el antes y el después.
Con el tiempo podemos verlas con distancia y hasta cierta frialdad, podemos estudiarlas y opinar de su encuadre, de su estética. Incluso, volverlas, como ha sucedido, en una pieza de museo o en la imagen símbolo de una lucha, de una causa, de una idea.

Me falta tiempo, seso y perspectiva, pero me pregunto con tanta imagen ubicua, con tanto archivo fotográfico al alcance de un buscador o de nuestro bolsillo, qué dirán en el futuro de nosotros. ¿Cuál será la foto emblemática que nos describa? Que intente compendiar los años de nuestra historia. ¿Cuáles serán las claves, como con los niños de Centelles, que apunten el horror de la violencia domesticada? ¿Cuál será la imagen del pasado cuando seamos pasado? ¿Se habrá perdido algo irrescatable que sólo quedará en la captura de la foto? ¿O nos colgarán en un museo del recuerdo o de las ruinas?

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