«Es detrimental” la no-aprobación del proyecto de ley para la creación de política pública energética en Puerto Rico (Proyecto del Senado 1121) por la Cámara de Representantes.” Así lo expresó el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, sobre expresiones hechas por Víctor Parés, presidente de la Comisión Cameral de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Energía y Alianzas Público-Privadas.

Según el presidente de la Comisión Cameral –dijo Figueroa Jaramillo– al no aprobarse el proyecto podría detener la venta de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica [AEE] pero no la creación de alianzas público privadas [APP]. Esto bajo la Ley de Alivio Energético y la Ley de las Alianzas Público Privadas.

El peligro de eso es que –de llegar a un acuerdo con una APP sin una política energética aprobada– se va a hacer lo que las partes en el acuerdo dispongan sin la obligación de seguir la política, explicó Figueroa Jaramillo en entrevista para CLARIDAD.

La ley 120 establece que para vender los activos y cualquier concesión de la AEE –para privatizar la AEE– debe haber una política energética y un marco regulatorio, lo que fue aprobado por el senado el pasado 6 de noviembre pero no por la Cámara de Representantes, cuya fecha límite para aprobar proyectos fue el pasado jueves, 8 de noviembre.

El proyecto determina “los parámetros que guiarán a un sistema energético resiliente, confiable y robusto, con tarifas justas y razonables para todas las clases de consumidores, viabilizar que el usuario del servicio de energía produzca y participe en la generación de energía, facilitar la interconexión de la generación distribuida y microredes, y desagregar y transformar el sistema eléctrico en uno abierto”.

El proceso debe llevarse a cabo de forma específica y siguiendo unos parámetros como, por ejemplo, que las plantas se construyan de cierta forma y que en determinado período de tiempo el servicio opere totalmente con energía renovable.

“El Senado hizo su política energética y su marco regulatorio el cuál nosotros en principio no estamos de acuerdo porque establece la continuidad del proceso de privatización. Sin embargo, como Sindicato logramos incorporar una enmienda que en caso de cualquier transacción, sea por compra, venta o traspaso, se garantice y se reconozca el convenio de los trabajadores”, expuso Figueroa Jaramillo.

Pero “todas esas instrucciones quedan huecas sin la política energética aprobada”, añadió.

Figueroa Jaramillo, cuestionó que si el acuerdo (una vez creada la APP) va en contra de la política energética que se apruebe en el futuro ¿qué hacemos? ¿cancelamos el acuerdo? ¿cuánto cuesta cancelarlo? O ¿lo aceptamos tal y cómo está? “Son muchas las interrogantes que conllevan no haber aprobado una política energética estemos de acuerdo con ella o no”, manifestó.

A partir de enero –mes en que comienza la próxima sesión ordinaria– la Cámara comenzaría a considerar el proyecto.

Por otra parte, la creación de una APP antes de esa fecha “es una preocupación” pues al no haberse aprobado el proyecto tampoco estaría obligada a reconocer el convenio, según dijo Parés. Aunque Figueroa Jaramillo expresó tener sus reservas sobre la posible creación de una APP de aquí a enero, nada garantiza que el proyecto se apruebe en la próxima sesión ordinaria.

El argumento de la Cámara es que no se puede aprobar el proyecto porque es muy técnico y conlleva evaluarlo, lo que es cierto, pero “¿cuántas veces la Cámara y el Senado aprueban proyectos que ni han leído. ¡Cuántos proyectos se aprobaron en estos días que los legisladores ni leyeron!”, cuestionó.

Además, “eso llama la atención en este proyecto ¿por qué este en particular quieren estudiarlo y lo están aguantando?”

Partiendo de las expresiones hechas por Parés, Figueroa Jaramillo interpretó: “Te está diciendo, vamos a hacer una APP rápido, antes de que se apruebe la ley porque si se aprueba, el que compre o haga la APP tiene que acoger el convenio”.

“…Segundo, vamos a hacer una APP rápido porque conllevaría que tiene que cumplir con la política energética [de hacerse la APP luego de aprobado el Plan AEE] y cabe la posibilidad que no exista gente interesada porque [la política energética] es muy restrictiva, hay que hacer mucha inversión y cumplir con unos parámetros y eso no hace atractiva la inversión”, añadió.

De crearse una APP antes de ser aprobado el proyecto, el nuevo patrono no estaría obligado a reconocer el convenio y, por ende, el retiro de los empleados. Al ser un derecho adquirido mediante el convenio, si el patrono nuevo no acepta pagar o aportar al retiro, en efecto, se destruye.

La garantía sobre el retiro y otros derechos adquiridos evita la fuga de trabajadores, pero, al no ser el caso, muchos están optando por acogerse a la jubilación e irse a buscar otro trabajo en EEUU que les pague el doble o el triple, explicó Figueroa Jaramillo.

“Lo que nosotros estamos diciendo es, reconoce el convenio y los derechos para que ese trabajador tenga la certidumbre con el patrono nuevo si es que se da la transacción a la APP o por venta de activos”, sostuvo el líder sindical.

Todo indica que los intereses de la industria de energía nuclear han puesto sus ojos en Puerto Rico. La reunión del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, este 30 de octubre con representantes de empresas de Estados Unidos (EEUU), no fue la única actividad en la cual éstos participaron. Ese mismo día en el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM) se presentó el panel; Small Modular Reactor: A Feasible Option for Puerto Rico, auspiciado por un grupo identificado como The Nuclear Alternative Proyect # Nuclear 4 Puerto Rico”.

En el foro –según se reseñó en la página Abayarde Rojo.org participaron las empresas con las cuales se reunió el alcalde de San Sebastián, a excepción de la Westinghouse. La propaganda del foro (traducción nuestra) invitaba a conectarse directamente con expertos acerca de la opción de un pequeño reactor nuclear para cambiar la infraestructura eléctrica en Puerto Rico.

Es obvio que ante la ya aprobada legislación para la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), además de los intereses de las industrias de combustibles fósiles, la industria de la energía nuclear parece que también cabildea para tener su parte. Este señalamiento, o mejor dicho, interés, no viene por los pelos, una búsqueda en la Internet sobre la situación de la industria de la energía nuclear en Estados Unidos revela que esta industria en ese país está a punto del colapso. Según una investigación del Departamento de Ingeniería y Políticas Públicas de las universidades Carnegie Mellon, Harvard y California en San Diego, publicado el 2 de julio por la Academia Nacional de Ciencia EEUU, la industria se encuentra al borde del colapso debido a que la mayoría de los reactores están al final de su vida útil.

Las conclusiones del estudio (reseñado a su vez por varios medios internacionales como Hispan TV y Sputnik Mundo) estuvieron basadas en el análisis de 99 reactores nucleares controlados por 30 empresas de 30 estados de EE UU. En el 2017 –dice el estudio– se cerraron 34 reactores tras terminar su vida útil, y solo se estaban construyendo dos nuevos.

Las dos reseñas citan que durante las últimas tres décadas, el 20 % de la energía que genera Estados Unidos ha venido de grandes reactores nucleares. Sin embargo, el estudio advierte el que estos reactores tienen dificultades para ser competitivos por los bajos precios del gas natural, y algunos ya han cerrado. Además, debido a su gran costo y complejidad, parece poco probable que se construyan plantas grandes en las próximas décadas.

“Estamos dormidos al volante en una autopista muy, muy peligrosa (…) De verdad, necesitamos abrir los ojos y estudiar la situación”, alerta Ahmad Abdulá, uno de los autores del informe.

Los otros investigadores advierten además de que el auge de la industria de esquisto estadounidense —muy contaminante— podría llevar a que un número nada desdeñable de centrales nucleares eche el cierre en los próximos años. Explican que el País está en una encrucijada: o abandona por completo la energía nuclear o adopta la próxima generación de reactores modulares pequeños, más eficientes y de coste notablemente inferior.

Un ejemplo del colapso que adelanta el citado estudio lo es el hecho de que en marzo del 2017, una de las empresas que estuvo presente en la isla, la Westinghouse Electric (filial de la japonesa Toshiba), se declaró en quiebra debido a la devaluación del negocio nuclear por el incremento en los costos de construcción de las centrales atómicas. La quiebra dejó en el aire la construcción de nueve centrales en EEUU y cuatro en el Reino Unido.

Mientras aquí en Puerto Rico basta recordar la experiencia del experimento de la planta de reactor nuclear conocido como BONUS (siglas en inglés de Boiling Nuclear Superheater), en Rincón. El reactor nuclear fue un experimento impuesto por el Departamento de Energía Atómica (hoy solo el Departamento de Energía) en coordinación en aquel entonces con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) quien es la dueña de los terrenos. La construcción de la planta inició en el 1960, se completó y comenzó a funcionar en abril de 1964, según información publicada por el DE de EEUU.

El fallido experimento representó desde sus inicios problemas en la construcción, con la instrumentación y el sistema de control, por lo que debido a los problemas mecánicos con el reactor y el costo de implementación permanente de arreglos, se tomó la decisión de terminar el proyecto en 1968. La planta de Rincón es una de dos plantas nucleares del mismo experimento cerrada en EEUU. Aunque se eliminó el combustible, el reactor se encuentra todavía enterrado en una caja de hormigón en la planta. Al presente esta instalación es un museo y figura en el listado de lugares de monumentos históricos de EEUU.

No obstante una vez cerrada la planta, la AEE comenzó a considerar una planta nuclear más convencional y en mayo de 1970 ordenó a la empresa Westinghouse, la construcción de un reactor de agua presurizada de dos ciclos de 583 MW para instalarla en el islote de Arecibo, pero debido a su elevado costo de funcionamiento y aspectos de seguridad el reactor nunca se pudo instalar y en el 1978 la AEE abandonó el proyecto. Se estima que se gastaron entre $17 a $ 25 millones a precio de la década de los ‘60 del siglo pasado, parte del dinero lo puso la AE de EEUU.

Sobre el museo de la planta nuclear en Rincón, según la Ley de Energía Atómica de 1954, al presente el DE de EEUU es quien posee el título y es responsable de la radioactividad y materiales que permanecen en la planta, mientras mediante un acuerdo la AEE como propietaria de los terrenos y el edificio se ocupa de las mejoras y mantenimiento.

A la luz de las recientes visitas de representantes de la industria nuclear un conocedor de la AEE comentó a CLARIDAD que la idea de la producción de energía nuclear todavía aletea por algunas mentes de la corporación.

Aunque de momento, parece no tener salida el acuerdo al cual llegó la Junta de Control Fiscal (JCF) con los acreedores de COFINA (Fondo de Interés Apremiante) y que compromete el dinero del IVU por 40 años ya aprobado por la Legislatura, para la economista Martha Quiñones Domínguez, dentro de cinco años podría haber una abertura que mejore las condiciones para la isla.

El acuerdo celebrado por la JCF y por la administración de Ricardo Rosselló con su aprobación, es rechazado por sectores de la oposición y las fuerzas cívicas como el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda (FCAD), el grupo Vamos y Dignidad han denunciado que el acuerdo privilegia a los acreedores más poderosos, en su mayoría fondos buitres, por encima de los bonistas del patio, al comprometer a pagar hasta 93 centavos del dólar del valor original de los bonos categoría “senior”, a pesar de que la mayoría los compró cuando su valor en el mercado era de 10 ó 15 centavos del dólar. En la práctica la aprobación del acuerdo convierte a los acreedores de COFINA en dueños de los recaudos del Impuesto de Venta y Uso (IVU) por más de 40 años.

No obstante la doctora Quiñones Domínguez –a preguntas de CLARIDAD– trajo a la atención que a pesar de que la ley aprobada por la Legislatura dice que el acuerdo no se puede cambiar, el acuerdo con los bonistas establece que a los cinco años habrá una renegociación de los términos. Dado a esta condición, su interpretación es que entonces sí hay margen para cambiar y lograr un tipo de arreglo –aunque sean cambios mínimos– que sean mejores para Puerto Rico, y que a su vez se pague a los acreedores, pero no lo negociado por la JCF. Aun acotó que los bonistas no pueden estar ganando todo el tiempo. Otro ángulo que señaló es que se supone que toda ley que penaliza al pueblo se puede revisar en cualquier momento, claro dependiendo de la presión que haga el pueblo. En esa dirección recordó que el gobernador Rosselló Nevares prometió bajar el IVU, por lo que ahora comprometido su recaudo para pagar a los acreedores de COFINA, hay que seguir presionando para que se revise la ley.

Deudas pendientes

En relación a cuánto podría influir el acuerdo de COFINA en las negociaciones de las otras deudas que están pendientes ante la sala de la juez Laura Taylor, indicó que eso dependerá de cuál es la fuente de repago, en particular las que se pagan del Fondo General, como lo es la llamada deuda de los Gos (deuda de obligaciones generales).

En fin el dinero que llegue a las arcas del gobierno dependerá de la mal llamada “reforma contributiva”, la cual aunque se aprobó en la Cámara de Representantes, todavía a comienzos de esta semana a unos días de cerrar la sesión seguía pendiente en el Senado. La profesora Quiñones Domínguez, afirmó que la “reforma contributiva” no va a recuperar el dinero –los $209 millones– en alivios contributivos, que dice el gobierno producirá, como tampoco los alivios lo serán para todo el mundo. Por el contrario denunció que el gobierno hace uso del populismo dando unos alivios contributivos para los que reciben pocos ingresos, mientras por otro lado ofrece otros más significativos para personas que tienen ingresos sobre los $100 mil dólares. Además las exenciones contributivas a las empresas multinacionales y a otras del patio también resultan en mayores beneficios para estas empresas comparado con lo que recibirían y reciben los individuos.

En cuanto a las exigencias de la JCF de que hay que recuperar los $209 millones ( la Junta dice una reforma de efecto neutro) dijo que tampoco es real, e igual la Junta no ha dicho cómo. Reiteró que la Junta no tiene compromiso con el crecimiento económico, sino con que se pague la deuda y que el país pueda volver al mercado financiero.

Al planteamiento de si la legalización del juego de las traga monedas en una sociedad que tiene una economía en depresión ya por casi una década, es una medida productiva, comentó que una vez más se ve que el gobierno le está atosigando a los pobres todo el pago de la deuda. Expuso que mientras más stress tiene una economía, más gente juega ante la ausencia de otras alternativas, incluso como medida de negación, por lo que el gobierno lo que está haciendo es pasarle la carga a los de menos ingresos.

Para que sea una verdadera reforma –expuso– el gobierno debe actuar de manera sensata y hacer bien su trabajo comenzando por ver los recursos de cada agencia y definir lo que son los servicios esenciales y el desarrollo social que se quiere para entonces poder asignar el presupuesto. El hecho es que ni la administración de Rosselló Nevares, ni la JCF han definido cuáles son los servicios esenciales.

Por el contrario –denunció la economista– que el gobierno primero ha atendido los gastos políticos como lo es el aumento a las pensiones de los alcaldes, el dinero asignado a la Fortaleza, a la Comisión de la Estadidad, pero no atendido la salud, educación, vivienda. En esa dirección anotó que ninguna de las reformas contributivas ha logrado su objetivo “porque no saben lo que están haciendo (se refiere a los legisladores) cuáles son los objetivos que tiene la reforma y el plan fiscal, parte del problema es que hacen políticas públicas sin estudiar e investigar tenemos que exigir cuáles son los objetivos sociales, no es la estadidad, sino más crecimiento social y hacia dónde se dirige el desarrollo”, manifestó.