Antes del 20 de septiembre de 2017 el Gobierno de Puerto Rico forcejeaba por mantener algunos espacios de poder frente a la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de Estados Unidos. No había duda entonces de que el propósito fundamental de la ley que creó ese organismo – cínicamente llamada PROMESA – busca efectivamente “controlar” las finanzas y las operaciones importantes del “gobierno territorial”, pero el gobernador Ricardo Rosselló batallaba por mantener algún nivel de relevancia.

Aquel forcejeo de Rosselló resultaba simpático para muchos puertorriqueños, tal vez para la mayoría, sobre todo porque la lucha se concretó en torno a la reducción de la jornada de trabajo de los empleados públicos. Como se recordará, la JCF quería reducir  tanto los días de labor como el salario, mientras el gobernador se negaba a ejecutar el mandato. Además de que el tema específico de aquella confrontación resultaba simpático, el Gobernador tenía a su favor su condición de recién llegado. Decía que no tenía culpa por el desmadre financiero y administrativo anterior a su llegada y reclamaba una oportunidad. Para arreglarlo.

Por tanto, en aquella pelea entre la Junta, que quería imponer su mollero, y el Gobernador, que resistía esa imposición buscando afanosamente mantener alguna esfera de poder, una porción significativa del pueblo apoyaba al Ejecutivo recién electo. Fue con ese aire de credibilidad y de cierto respeto, que el joven Rosselló  hizo sus primeras conferencias de prensa luego de que el devastador huracán María pasó por encima de Puerto Rico aquel 20 de septiembre.

¿Cuál es la situación ahora, casi dos meses después de aquella fecha?

El pasado 7 de noviembre, a 48 días del paso de huracán, el comité del Congreso responsable de la confección de la ley controladora celebró vistas públicas y lo ocurrido allí es un ejemplo dramático de cómo han cambiado las cosas. El protagonismo absoluto de aquella vista fue de la JCF y la discusión se centró en cómo hacer más patente – aprueba de cualquier interpretación divergente de un tribunal – sus poderes plenarios sobre Puerto Rico. Ningún oficial del gobierno puertorriqueño estuvo presente y el único invitado, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), esquivó asistir porque seguramente sus abogados le advirtieron que, tras el interrogatorio, podía ir directo a la cárcel.

La única persona electa por los puertorriqueños presente en aquella vista fue la comisionada residente Jennifer González quien,  a pesar de haber sido compañera de Rosselló en la última elección, apoyó la ampliación de poderes de la JCF, así como la incautación de la AEE por parte de ese organismo. Durante la sesión envió dos Twitts reflejando un claro distanciamiento con quien todavía es el presidente del partido que la eligió. En el debate que se generó en Puerto Rico durante y después de aquella vista no se escuchó ninguna voz expresando simpatías por Rosselló y su gobierno.

El gobierno que el 21 de septiembre sudaba credibilidad, ahora apesta a cadáver y la Junta que entonces era mirada con recelo se percibe como un mal necesario. Según el calendario electoral a la actual administración le quedan tres años, pero para todo efecto práctico su gestión ya terminó. Desde ahora en adelante, el gobierno de facto y de jure será la JCF y, peor aún, muy pocos puertorriqueños echarán de menos a quien el 42 por ciento de los electores apoyó hace un año.

Lo que ha sucedido en Puerto Rico durante estos dos meses explica todo. Al principio, luego del azote terrible de María, la inmensa mayoría se dispuso a aguantar con estoicismo los perjuicios que sobrevenían. Nadie esperaba milagros y los llamados a tener paciencia y comprensión, fructificaban. El gobernador flotaba de conferencia en conferencia, anunciando pequeñísimos logros, frente a un público aún atónito. La JCF se mantuvo callada y lo dejó hacer.

Poco a poco, entre discurso y discurso, se fue filtrando la incompetencia, pero la ciudadanía siguió aguantando su ira hasta que junto a la negligencia se destapó la corrupción. La gente sabía que la AEE era una agencia en quiebra y estaba preparada para soportar una respuesta lenta, pero cuando a esa respuesta torpe su sumó el despilfarro y el evidente saqueo, la paciencia y la tolerancia desaparecieron.

La pregunta que pasa por la cabeza de todos es por qué el joven Rosselló no buscó cortar por lo sano tan pronto se destapó el escándalo de la contratación de una empresa desconocida e inexperta llamada “Whitefish” para que restaurara el sistema eléctrico.  Los datos eran alarmantes hasta para el más lerdo: en lugar de recurrir a entidades con experiencia, se le pagaban $300 millones a una empresa desconocida,  sin recursos,  para que intentara resolver el mayor desastre de nuestra historia reciente. Esos datos y los muchos otros que se añadieron luego, obligaban a una acción rápida, profiláctica de parte de cualquier primer ejecutivo de un país. Pero Rosselló optó por apadrinar lo ocurrido y jugarse su suerte con Ricardo Ramos y Whitefish sentados en la misma ruleta. ¿Por qué optó por ese camino? Aún no existen datos que confirmen lo que para algunos nos resulta evidente, a saber, que ese comportamiento sólo se explica si la torpeza se junta con el interés económico del mismo Rosselló o de alguien tan poderoso que él no se atreve denunciar.

Whitefish y la negligencia criminal de la AEE terminaron matando lo que quedaba del gobierno de Rosselló. Ante ese cuadro, y en medio de la ira de un pueblo obligado a vivir en cavernas oscuras, la JCF se lanzó al ruedo ocupando el poco espacio que le quedaba al gobierno colonial.

Nota: De vez en cuando hago comentarios en Twitter como @ManueldeJGonza1, por si los quieres seguir.

En la mayoría de los recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) reiniciaron las clases hace ya dos semanas, luego de haberse suspendido las labores por el paso del huracán María.

Tras conversaciones con varios profesores y profesoras de diferentes recintos, se puede generalizar que la asistencia del estudiantado a las salas de clase asciende al 90 porciento. Docentes de los campus de Humacao, Río Piedras y Mayagüez, le aseguraron a este medio que, aunque es muy difícil impartir clases sin los servicios básicos que requiere un campus universitario para un funcionamiento óptimo, los y las estudiantes se han reportado a sus salones.

A pesar de que CLARIDAD realizó las llamadas correspondientes para conocer el por ciento oficial de bajas totales en el sistema UPR, en la Oficina de Presidencia aún no cuentan con esta cifra porque no han podido comunicarse con todos los recintos.

Sin embargo, Nelson Rivera, profesor de Humanidades e Historia del Arte en el recinto de Humacao, comentó en entrevista que la asistencia a sus clases ronda entre el 90 y 95 porciento. Esto, teniendo en cuenta que la región este fue una de las más afectadas luego de María y que más del 70 por ciento de los estudiantes que son atendidos en este campus están bajo el nivel de pobreza federal y vienen de familias que lo perdieron todo.

“Al contrario, algunos me han dado ánimo”, contestó el profesor a preguntas sobre cómo se puede trabajar sin las condiciones habituales. “Los jóvenes tienden a acoplarse; los profesores son los que están por el techo”, continuó Rivera en clara evidencia de que los docentes se han tenido que “romper la cabeza” buscando alternativas para dar clase. En el caso de él, ir a Río Piedras y pagar para obtener 80 copias del ensayo que discutiría con sus alumnos fue una de las alternativas. También, comprarles mascarillas a sus estudiantes para que pudieran estar dentro de los salones llenos de hongos.

El recinto de Humacao fue uno de los más afectados; los daños ascendieron a 32 millones, según expresó públicamente el rector interino de este campus, Héctor Ríos Maury. A pocos días del paso del huracán se supo que la mayor parte de las pérdidas dejadas por este fenómeno atmosférico se centraban en la infraestructura física, la vegetación y el baluarte ecológico de la unidad humacaeña.

“Da miedo; uno entra ahí y se sobrecoge”, opinó Rivera sobre lo que siente cuando acude, a casi dos meses de la tragedia natural, a su centro de trabajo.

Aún sin servicio de energía eléctrica ni de conexión a Internet, a juzgar por Nelson Rivera, el país necesitaba que el sistema UPR retomara sus tareas por dos razones: la Universidad cerrada por más tiempo hubiese encaminado los planes de privatización que vienen acechando al sistema y hubiese acrecentado el sentimiento general de un país estancado.

Para este profesor de historia del arte, es frustrante querer cumplir con su compromiso de educar a la juventud y no poder hacerlo como acostumbra, pero aunque haga calor, no haya sistema de energía eléctrica, no esté funcionando la reserva digital de la Biblioteca u otros servicios tecnológicos, es necesario mantenerse firme con su responsabilidad social.

“Juntos y unidos por Puerto Rico, para saquearlo”. En el fondo ese parece ser el fin de la llamada iniciativa, ‘Unidos por Puerto Rico’, a la que primero el huracán Irma y luego María, dieron paso, o mejor dicho, fue la excusa para su creación, entre personas relacionadas al Partido Nuevo Progresista (PNP) y personas de empresas privadas. Pero el saqueo comienza antes y se extiende bajo el manto de contratos de publicidad por la cantidad de más de $16 millones que la administración de Ricardo Rosselló Nevares, le ha otorgado a tres agencias que pertenecen al mismo dueño, el publicista Edwin Miranda.

En entrevista con este semanario el representante Manuel Natal Arvelo, denunció el entramado que se extiende con el citado publicista y figuras relacionadas al PNP hasta llegar a Juntos por Puerto Rico.

“Yo le llevo siguiendo el rastro al publicista Edwin Miranda por la experiencia previa en el gobierno de Luis Fortuño donde el publicista logró recibir cerca de $57 millones en contratos con Fortuño y sabía que fue el publicista de la campaña de Ricardo Rosselló, así que con mayor razón estaba pendiente de cuál iba a ser su participación en este gobierno y dicho y hecho”.

Natal Arvelo, narró que Edwin Miranda fundó su agencia de publicidad KOI desde el 1994, pero no fue hasta el 2009 que vino a tener un rol activo en la política, como el publicista de la campaña para Comisionado Residente de Pedro Pierluisi, de ahí en adelante comenzaron los contratos con el gobierno. Para esto entonces crea la filial, KOI Corporation, mediante la cual obtuvo durante el gobierno de Luis Fortuño cerca de 186 contratos de publicidad los cuales sumaron $57 millones.

En el 2009 también registró la firma KOI Arise, pero no fue hasta este enero de 2017, una vez Rosselló Nevares es gobernador que comienzan los contratos con el actual gobierno. Natal Arvelo, hizo la observación de que en su búsqueda no se refleja que KOI Arise haya tenido ningún tipo de contrato antes de esa fecha. El primer contrato de KOI Arise aparece firmado el 28 de febrero de 2017 con el Departamento de Estado. En ese mismo mes de febrero incorpora en el Departamento de Estado las firmas ‘iCrossing’ y KOI América. Llama la atención que aun cuando Miranda no figura como la persona que incorpora ninguna de las dos empresas la dirección es la misma de todas las demás KOI, él es quien aparece como su director (CIO) y es quien firma todos los contratos. La mayoría de los contratos firmados con la actual administración gubernamental aparecen bajo la firma de KOI America, los cuales suman $15.7 millones y otros bajo iCrossing por la cantidad de $2.3 millones para un total de $16,722,237.37, entre 38 contratos, cifra de la Oficina del Contralor.

Es decir que esta persona, Edwin Miranda, primero obtuvo bajo la administración de Luis Fortuño, $57 millones en contratos de publicidad y ahora en los nueve meses de Ricardo Rosselló va por mas de $16 millones.

Los contratos varían de manera significativa agencia por agencia hay algunos que son específicos en cuanto al tipo de proyecto que el publicista va a realizar, otros son mas generales, algunos contienen inclusive un desglose de cuánto va a cobrar cada persona que participe en el proyecto. Entre las agencias que tienen contratos con KOI America, están el Departamento de Educación (DE), la Oficina del Gobernador, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) la Comisión de Seguridad en el Tránsito (CST),

Con evidente indignación el representante Natal Arvelo llamó la atención respecto a que el publicista Edwin Miranda es la persona encargada de presentarle al país una imagen de no sólo del gobernador, sino de otros jefes de agencias, que se encuentran en el ojo público como la secretaria del DE, Julia Keleher, y el director de la Autoridad de Puertos (AP) y de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (ADCC), Omar Marrero, quien recientemente contrató una compañía, de la cual fue su agente residente e incorporador.

Una de las dependencias con mayores contratos es el Departamento de Hacienda (DH) con casi $8 millones, la Compañía de Comercio y Exportación (CCE) más de $1 millón.

Natal Arvelo, reveló que desde el mes de mayo le solicitó a todas las agencias gubernamentales que tienen contratos con las agencias KOI, copias detalladas de las facturas del trabajo realizado hasta el momento y copia de cualquier otra compensación adicional que haya recibido.“las facturas son importantes porque ahí es que uno va a ver si se ha hecho el trabajo, a cuánto se ha cobrado y si son unas tarifas razonables”. Añadió que ha escuchado que los contratos tienen la capacidad de solicitar reembolso por gastos adicionales.

Al día de hoy sólo una agencia ha contestado su petición. Luego de otras dos peticiones e indicar en la tercera petición que lo requerido es información pública y que, de no suministrarla, acudiría a los tribunales, Natal Arvelo dijo que de momento recibió una comunicación estándar desde AFAF hasta de la Compañía de Turismo “se ve una coordinación de que es lo que tenían que contestar. La carta dice que se está recopilando la información solicitada y que en su debido momento le van a decir cuando puede pasar a examinar los documentos.

Todos en familia

Las relaciones establecidas entre miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) y las empresas KOI sin duda han abierto la puerta a todos estos contratos. La ecuación ha sido invertir en políticos, mientras familiares y otros afiliados trabajan en sus empresas. Natal Arvelo trajo tres ejemplos pero aseguró que hay más casos. Los más sobresalientes son: Luis Rafael Burset, primo de Luis Fortuño, fue el director de la división encargada de las comunicaciones gubernamentales en KOI Corp, del 2009 al 2012, mientras Fortuño fue el gobernador.

Otra que figura en la nómina es Caridad Pierluisi, hermana de Pedro Pierluisi y esposa del cabildero Andrés Guillermard, quien dirigió la Oficina de la Primera, Dama Luce Vela, la cual está adscrita a la Oficina del Gobernador y también tuvo contratos con KOI Arise. En la actualidad ésta ocupa un puesto ejecutivo en KOI America.

El tercer ejemplo es la hija del exsenador Charlie Rodríguez, Nicole Rodríguez Erazo, quien es cuñada de Elías Sánchez. Rodríguez Erazo ha tenido participación en el gobierno de Puerto Rico en administraciones previas y ahora es consultora de KOI America.

Juntos por Puerto Rico e iCrossing

“Es como echar sal a la herida”, expresó Natal Arevlo, respecto a la relación de iCrossing y Unidos por Puerto Rico. Como si la cantidad de contratos que tienen las empresas KOI no fuera suficiente Natal Arvelo reveló que en un principio la dirección de la campaña de recaudación de fondos de Unidos de Puerto Rico tenía la dirección del website de iCrossing. Días después de sus primeras denuncias la dirección fue retirada. Durante el mes de septiembre las personas que hicieron sus donaciones a Juntos por Puerto Rico recibieron respuesta de un correo con el nombre claudiochea2icrossingpr.com, esta persona es el director digital de la agencia de publicidad iCrossing.

“Edwin Miranda ha aprovechado la crisis que atraviesa el pueblo puertorriqueño para hacer más dinero”, acusó el representante por el Partido Popular Democrático (PPD). Ahora ha salido a relucir que luego del huracán María, Miranda también obtuvo un contrato con FEMA (siglas en inglés de la Administración Federal contra Desastres), por el cual ya ha facturado cerca de $43 mil dólares.

En el caso de la iniciativa de Unidos por Puerto Rico se anunció como un esfuerzo de la Oficina de la Primera Dama, Beatriz Rosselló, luego del huracán Irma. En ese momento se dijo que se iba a llevar a cabo un maratón para la recaudación de fondos, cuando pasa el segundo huracán ya se tenía incorporado el Unidos por Puerto Rico. Trajo a la luz que Unidos por Puerto Rico no está incorporado bajo ese nombre, sino bajo el nombre de Juntos y Unidos por Puerto Rico, porque el nombre de Unidos por Puerto Rico aparece incorporado desde el 1985 por Atilano Cordero Badillo.

La persona que incorpora Unidos y Juntos por Puerto Rico es el licenciado Jorge del Pino y la dirección que utiliza para las oficinas es la de la Nicole Rodríguez Erazo, en KOI America.

Rodríguez Erazo, es la esposa de Jorge del Pino, del Pino es cuñado de Elías Sánchez, pero no solo eso-al Jorge del Pino- incorporar Unidos por Puerto Rico pasa a ser miembro de su junta de directores. Del Pino y Elías Sánchez son socios en la empresa Globalay.

“Ese es el primer vínculo de lo que tiene que ver Unidos por Puerto Rico con unas personas que hemos visto forman parte de este esquema”. Añadió que Edwin Miranda también ha pasado a formar parte de la junta de directores de Unidos por Puerto Rico junto al publicista de Ricardo Rosselló, Carlos Bermúdez, quien también ha sido publicista de otros políticos del PNP.

Llamó la atención a que es la Junta de Directores de Unidos por Puerto Rico, la que determina cómo se gasta el dinero recaudado y levantó bandera en cuanto a que la Junta determinó que para hacer donativos de $100 mil dólares o más todos los miembros de la misma tenían que estar a favor. En el caso de que el donativo sea menor solo se necesitan tres miembros a favor.

Frente a esta determinación señaló, que con los dos publicistas relacionados al gobierno y con Jorge del Pino, con esos tres votos, es suficiente para aprobar la asignación de un donativo.

¿Está cobrando iCrossing por mantener la plataforma de recaudación de Unidos por Puerto Rico, cuánto esta cobrando, dónde se está depositando el dinero, quiénes han recibido donaciones y bajo qué condiciones?, reclamó Natal Arvelo. Son preguntas que el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a saber y emplazó al gobernador Ricardo Rosselló a que conteste. En esa línea recordó que esta organización en un principio ni se divulgó bajo qué concepto se había creado, que fue difícil encontrarla en el Departamento de Estado debido a que su nombre público no es el de su incorporación, y en una publicación que circuló en el mes de octubre se decía que había recaudado $14 millones.

Añadió que como organización sin fines de lucro se supone que Unidos por Puerto Rico no tiene el deber de divulgar cómo utiliza sus fondos, no obstante destacó que la organización ha estado usando a trabajadores del gobierno para canalizar las donaciones. En particular durante el tiempo que opero el Centro de mando del gobierno en el Centro de Convenciones se obligó a trabajadores de diversas agencias a acudir a trabajar en el centro de llamadas.