A la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el estado en que se encuentra la corporación pública parece tenerles sin cuidado. La deuda de $8,300 millones que se disputa en el tribunal, la autorización de la jueza Laura Taylor para el inicio de un proceso de bancarrota, la posibilidad inminente de que le nombren un síndico que culmine en su privatización y que los consumidores reciban un aumento en tarifas, son sólo algunas de las situaciones a las cuales se enfrentan. Mientras tanto, el descontrol en el pago de horas extras reina en la División de Servicios al Cliente, con la anuencia de su director, Aldo Rodríguez, el director ejecutivo Ricardo Ramos Rodríguez, y el sub director de Administración de la AEE, licenciado Jhon Uphoff. Una fuente de entero crédito reveló a este semanario que tan reciente como este 24 de julio, Rodríguez, quien antes ganaba $25.42 la hora, y ahora gana $47.42, para un total de $92,469, al año se fue con su staff para Vieques, supuestamente a arreglar una escuela.

En su séquito se llevaron a personal ejecutivo, como el segundo al mando, gerenciales y hasta algunos unionados. Para el viaje les pagaron tiempo extra de 6:00a.m. a 7:00p.m, más dietas de desayuno, almuerzo y comida y estadía en hotel.

En cuanto al servicio al cliente aun cuando al presente los clientes que pierden su servicio de energía tardan más en recuperarlo, eso contrasta con la fiesta de horas extras que tienen los empleados en la Oficina de Servicios Técnicos. Ésta es la oficina a la que los clientes deben llamar para que se les reinstale el servicio.

Los técnicos de la oficina de Aguadilla parecen estar a la cabeza en el cobro de horas extras. La información en poder de este semanario revela que al menos seis empleados de esa oficina han cobrado horas extras en meses recientes las cuales se salen de la norma. Las horas extras de trabajo están entre las 123 horas, 92 horas, 87 horas. La hora extra se paga a $46.00 la hora. Estos seis empleados tienen salarios entre los $3,075 el que menos a $4,800 el que más, a lo que se le suma el pago de dietas. Algunos han llegado a cobrar hasta $6,808 en horas extras de “trabajo”, el promedio está en $1,500 por horas extras al mes. Esta oficina tiene otros 17 empleados.

La Oficina Técnica de Mayagüez tampoco se queda atrás. Aquí cinco empleados con sueldos de $4,200 a $4,800 han cobrado horas extras entre $150 a $117 el que menos. En un periodo de tres meses en horas extras nada más han cobrado entre $5,525 a $3,552. 50 más su salario y dietas. De los 11 empleados en esta oficina los otros seis, han cobrado horas extras entre 85 a 70.06. Todos con el mismo renglón de $46.00 la hora. Hay un grupo de cinco empleados de los cuales uno de ellos ha llegado a cobrar hasta $18,118 en horas extras y $1,500 mensuales en dieta. Hay otros que en horas extras sumado a su sueldo han cobrado $16,197.20 en un mes.

Este despilfarro en horas extras y dietas se reparte en todas las oficinas técnicas de la AEE entre trabajadores rojos y azules identificados con la alta gerencia.

Consultado por CLARIDAD el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Jaramillo, confirmó que esa dinámica se da en la AEE, “ no lo dudo es algo que la UTIER ha ido denunciando la forma de alcanzar dinero apuntándose tiempo extra”.

Este medio, además, recibió información de que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) investiga la posibilidad de un conflicto ético por parte de Ramos Rodríguez por estar ligado a una empresa que tiene contrato con la AEE. La Oficina del Contralor (OC) también recibió una querella sobre el mismo particular, según confirma una carta de la OC. CLARIDAD se comunicó con la OEG para confirmar esta información pero a la hora de cierre todavía no había recibido contestación.

A Germà Bell, un catalán que no tiene miedo

«Unidos” y “juntos” son las palabras más pronunciadas por los políticos españoles durante los últimos días. En ese llamado repetido a la “unidad” se le ha unido su aliado tradicional, el clero católico. En una misa oficiada en la emblemática Iglesia de la Sagrada Familia, mirando al liderato catalán que estaba en primera, dijo el obispo de Barcelona: “la división nos corroe y nos destruye, la unidad nos hace fuertes”. Tan pronto pronunció esas palabras la cámara de la televisión oficial de España, TVE, se posó unos segundos sobre el rostro del presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, sentado en primera fila, buscando una reacción que no llegó.

Ese llamado “unitario” es muy común, de parte de políticos y gobernantes, cuando ocurren atentados sangrientos como el que se produjo en Barcelona el pasado 17 de agosto. Pero en Cataluña el llamado ha sido más repetido por otras razones. Lo dijo varias veces el rey Felipe VI tan pronto llegó a Barcelona. Y en cuanto al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, las palabras no han abandonado su boca desde el mismo día de los atentados.

No hay que ser ningún experto en análisis político para saber el por qué se repite tanto esa convocatoria a la “unidad”. Es que la enorme tragedia que vivieron los catalanes los días 18 y 19 de agosto, cuando recibieron el nuevo zarpazo europeo del fanatismo religioso islámico, se produjo justamente cuando su liderato concentraba sus esfuerzos en la organización del referéndum de autodeterminación convocado para el próximo 1ro de octubre. Por eso, en medio de la conmoción que a todos nos causó la tragedia, resulta inevitable analizar la respuesta catalana sin perder de vista el proceso político en que estaba en marcha.

A los dirigentes de Cataluña no se les escapó ni un segundo las consecuencias que el trágico suceso puede tener sobre el proceso de autodeterminación que están conduciendo. Tampoco se les escapó que el gobierno central, altamente hostil a sus planes, trataría de aprovechar el acto insensible de terrorismo islamista para descarrilar lo que ellos llaman “un intento de romper a España”. En todo momento los catalanes hicieron un evidente esfuerzo por ser “políticamente correctos” en medio de la tragedia, aceptando tranquilamente el abrazo “unitario” que le lanzaba el liderato español. De manera simultánea, también hicieron todo lo posible para actuar como un “estado en funciones”, tomando control de las investigaciones y tratando de demostrar que sus instituciones tenían la autoridad y la capacidad para atender las consecuencias de la tragedia.

Según destacaran los medios de prensa, tan pronto ocurrió el acto de terror, las autoridades catalanas asumieron el control. La respuesta policial –ejecutada con gran eficiencia– estuvo a cargo de los Mossos d’Escuadra, que es la fuerza de policía catalana y no de la Guardia Civil española. Los catalanes también tomaron control de la situación y, de inmediato, pusieron en movimiento medidas efectivas dirigidas a atender a los heridos, socorrer y tranquilizar la población, mientras simultáneamente desataban una intensa persecución de los autores de la barbarie y sus cómplices. Con mucha nitidez proyectaron que eran un gobierno en funciones y no un mero apéndice regional del estado español. En todo momento, fue el responsable de Interior del gobierno catalán, Joaquim Forn, el que apreció al frente del operativo y no algún ministro español.

De manera pública y directa ninguna de las partes activamente envueltas en el llamado “conflicto catalán” quiso airear los flecos de esa confrontación en medio de la tragedia, pero la lucha que ha estado enfrentando a los catalanes con el estado español siempre estuvo presente en la cadena de eventos.

El esfuerzo del liderato de la Generalitat por mantener el control resultó evidente. En ningún momento permitieron que los de Madrid asumieran “la jurisdicción” desplazando a los locales (como sucedería en Puerto Rico con las federales). Las operaciones fueron de los Mossos, o controladas por ellos, y la información que se trasmitió a los medios siempre salió del Conseller de Interior.

En cuanto al impacto que esta tragedia tendrá sobre el proceso de autodeterminación, cuyo elemento más importante es el referéndum de independencia convocado para el 1ro de octubre, a apenas seis semanas del zarpazo terrorista, aún no se puede determinar. Independientemente del efecto tranquilizador que ha tenido la efectiva respuesta gubernamental a la tragedia, la sociedad catalana sigue conmocionada ante la magnitud de lo ocurrido. Por otro lado, las investigaciones policiales continúan, produciendo noticias impactantes cada día y, en medio de ese ambiente será muy difícil retomar la campaña hacia el referéndum de autodeterminación.

Lo ocurrido no fue poca cosa. Las Ramblas son para Barcelona lo que Times Square es para Nueva York o el Malecón para La Habana. Lugar donde ordinario se mezcla la juventud del pueblo con cientos de turistas, espacio para el recreo y la amistad. (“Decir amigos es decir aula,/ laboratorio y bedel./ Billar y cine/ siesta en Las Ramblas/ alemanas al clavel”, cantó Joan Manuel Serrat, hace cuatro décadas.)

Si alguien quiere derramar sangre de inocentes, La Rambla es un buen lugar. Tan bueno como el London Bridge o los Campos Elíseos de París. Al atacar un lugar tan emblemático causando, además, mucho daño, los fanáticos islamistas provocaron una conmoción que la sociedad tardará en superar. Todos los procesos políticos, incluyendo el de autodeterminación, se verán inevitablemente afectados.

El día después de los atentados, la única frase que pronunciaban las más de cien mil personas que a la hora del mediodía llenaban la Plaza de Cataluña era “No tinc por” (“no tengo miedo”). Exhibiendo esa misma determinación la nacionalidad catalana ha sobrevivido por más de dos mil años. Aunque la violencia los obligue a pausar, con ese mismo espíritu continuarán.

Al cabo casi ya de dos meses la comunidad de Peñuelas continúa enfrentándose a un despliegue de fuerza policiaca cada vez más agresiva, arrestos y radicación de casos sin fundamentos, actos de intimidación contra los manifestantes e incluso contra periodistas y más de 12 mil toneladas de cenizas depositadas en el vertedero Eco Waste System (EWS).

“Siguen llegando los camiones tres días corridos, 45 camiones diarios con más de 300 agentes de la Policía, escoltados y haciendo encerronas a los manifestantes”, denunció el activista Jimmy Borrero, sobre cómo continúa la situación en Peñuelas. Luego de aprobada la Ley 40 que supuestamente prohíbe el depósito de cenizas en los vertederos 575 camiones han depositado cenizas de la carbonera AES en el vertedero de Peñuelas, EWS. Cada camión suele llevar hasta 20 toneladas de cenizas.

Borrero denunció que debido a la cantidad de cenizas EWS ha estado tumbando el monte para acomodar las cenizas las cuales están quedando expuestas, ni siquiera se les está cubriendo con tierra. Denunció, además, que el vertedero está operando en horario ilegal ya que se supone que su horario sea de siete de la mañana a cinco de la tarde y ahora está operando casi toda la noche.

Mientras todo esto sucede la Junta de Calidad Ambiental (JCA) ha brillado por su ausencia en las facilidades de EWS. En tanto ya van más de 40 personas a las cuales la Policía les ha radicado cargos. Aunque la mayoría de los cargos que se han visto en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en Ponce y Aguadilla no han prosperado la fiscalía los ha presentado al tribunal con declaraciones juradas de los policías lo que no da la oportunidad de que los abogados de defensa puedan cuestionar las acusaciones.

Entre los enfrentamientos más recientes llama la atención el que a tres vehículos les han acuchillado las gomas y las han dejado inservibles. Uno de éstos fue el auto del colega del periódico La Perla, Omar Alfonso. Éste relató a CLARIDAD que el lunes 14 de agosto alrededor de las 11:30 de la noche en las inmediaciones de la AES, a donde los opositores al deposito de las cenizas movilizaron su manifestación, su vehículo y el de uno de los manifestantes quedaron encerrados y bloqueados por autos de la Policía, mientras los manifestantes fueron cercados por efectivos de Operaciones Tácticas. En el lugar había casi 300 efectivos policíacos. Esa noche salieron 44 camiones llenos de cenizas de AES. Cuando regresó a su carro cerca de la 1:30 de la mañana lo encontró con una goma vacía y lo mismo le sucedió a la otra persona que tenía su auto en el mismo sitio. Tras cambiar y ponerle la goma de repuesta una vez en el expreso en dirección a Ponce notó que un carro lo iba siguiendo y en un momento colocó un biombo de la Policía. Mas tarde comprobó que la goma había sido apuñalada. Al día siguiente a otro manifestante le ocurrió lo mismo.

En tanto se espera que este martes 22 de agosto en el TPI en San Juan se celebre una vista del “mandamus” presentado por el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, para que el tribunal le ordene a la JCA entregar información relacionada al vertedero de Peñuelas a raíz de los constantes depósitos de cenizas desde la aprobación de la Ley 40. La acción judicial de Márquez Lebrón surge tras haber requerido la información a la JCF en tres ocasiones sin obtener ninguna respuesta.

La juez Laura Taylor Swain, acogió este pasado 17 de agosto el recurso presentado por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) que cuestiona la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF). Como consecuencia la juez Taylor Swain emitió una orden de certificación para que el Procurador de Justicia comparezca fijando la posición del Gobierno de Estados Unidos respecto al planteamiento que hacen los demandantes de cuestionar la constitucionalidad de PROMESA a partir de lo que fue la designación de sus miembros de acuerdo a la cláusula y los principios de separación de poderes de la constitución de EEUU. Esta comparecencia se supone que sea por escrito y podría tomar de 30 a 60 días.

Para el representante legal de la UTIER, licenciado Alejandro Torres Rivera, la controversia planteada en el tribunal por ese sindicato cuestionando la legalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) es una nueva porque nunca antes se había aprobado en el Congreso de Estados Unidos (EE UU) una Ley como PROMESA. En entrevista Torres Rivera, expuso a preguntas de CLARIDAD que lo que EEUU pretende establecer con la Ley PROMESA es un proceso uniforme para todos los territorios con el fin de atender cualquier situación similar de insuficiencia fiscal, a la de Puerto Rico e incluso para los mismos estados. “Lo que está pasando aquí va a hacer el laboratorio de lo que mañana puede pasar cuando un estado se vaya a quiebra”, indicó.

Según se explicó el Congreso y el Ejecutivo incumplieron con el mandato constitucional que establece el Artículo II de la Sección II, párrafo 2 de la Constitución de EEUU sobre cómo se nombran los funcionarios federales. Torres Rivera señaló que hay un memorándum del Departamento de Justicia de EEUU donde clarifica qué es un funcionario de los EEUU para que tenga la capacidad de implantar lo que es la política pública que pueda tener el gobierno estadounidense. Es decir -aclaró- que la Constitución de EE UU no define per se qué es un funcionario del gobierno de EE UU.

Continuó explicando que la Constitución de EEUU dice que cuando son funcionarios del gobierno de EE UU el proceso de nombramiento reside en que el presidente nomina el candidato y le corresponde al Senado pasar juicio para que con su consejo y consentimiento éste sea nombrado. Los nombramientos de los miembros de la JCF no ocurrieron así.

En el caso de los nombramientos de la JCF -recordó- el Senado y la Cámara identificaron a unas personas hicieron una lista en donde estaban los recomendados al Presidente y éste los nombró. En caso de un funcionario que el Presidente tenia la prerrogativa de nominar sencillamente lo nombró y pasaron por un proceso de certificación.

“Eso plantea que esa junta fue creada y designada sin apego al procedimiento que establece la Constitución, por lo tanto es una junta que esta constituida ilegalmente y por lo tanto todo lo que ha hecho esa junta desde que fue nombrada hasta ahora debería declararse nulo”, indicó Torres Rivera. Antes de la UTIER la aseguradora “Aurelius Management”, había presentado el mismo planteamiento ante la juez Taylor Swain.

Torres Rivera, reconoció que la demanda de la UTIER saca una vez más a flote el carácter colonial y territorial de Puerto Rico, en donde incluso Estados Unidos, ni siquiera cumple con el procedimiento que su Constitución le impone a la hora de manejar las cosas de Puerto Rico. Agregó que un planteamiento de esta naturaleza tiene un efecto importante para la UTIER ya que las leyes que se aprobaron bajo PROMESA para cumplir con el Plan Fiscal, también aprobado por la JCF, despoja a la UTIER de 35 de 50 artículos de su convenio colectivo.

La UTIER presentó una segunda demanda en la que plantea que la Ley PROMESA y su implantación mediante los Planes Fiscales avalados y aprobados por esa junta, es una violación constitucional de los acuerdos plasmados en su Convenio Colectivo. Según la unión hay un menoscabo de sus derechos bajo la cláusula del debido procedimiento de ley y bajo el principio de que la Constitución tanto de EEUU como la Constitución de Puerto Rico prohíbe el menoscabo de obligaciones contractuales y los convenios colectivos son contratos. “Nosotros estamos preparados para ese día en que se vaya a ver ese caso se pueda presentar esa prueba tenemos los estudios hechos”, reclamó Torres Rivera.

Qué dice el Derecho Constitucional

El profesor experto en Derecho Constitucional, Carlos Ramos, comentó que las dos planteamientos de la UTIER, de la inconstitucionalidad de la JCF, el Título III y todas las acciones de la Junta, asumiendo que el tribunal le reconozca legitimación son “argumentos desde una perspectiva constitucional muy bien pensados y muy bien expuestos aunque con pocas probabilidades de éxito”. El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA-D) recordó que cuando se presentó el tema de los nombramientos de los miembros de la JCF, cuando se propuso que los nombramientos fueran por el Presidente pero a sugerencias del Congreso, en ese momento se levantó una discusión en EE UU a diferentes niveles de qué tipo de nombramientos eran ésos, que eran muy extraños porque los tenia que hacer el presidente pero los escogía –algunos de ellos– de una lista que le enviaba el Congreso lo que estaba fuera de lo que dispone la cláusula constitucional citada por la UTIER.

“Pero qué pasa el entendido fue todavía algo mas extraño, fue que estos son unos funcionarios -son una especie de funcionarios híbrido- que aunque los hace el Presidente a sugerencia del Congreso y por ende podría pensarse que es un funcionario federal, sin embargo los hace parte del gobierno de Puerto Rico”, expuso Ramos.

Aunque a su juicio ese argumento es una cosa bastante única en el derecho constitucional de EE UU y parece un contrasentido, “pero es el mismo contrasentido que siempre aparece cuando el Congreso ejerce su poder bajo la cláusula territorial”. Describió que esa conducta de contrasentido, es la misma cuando el Congreso dice que Puerto Rico, pertenece a pero no formamos parte de, es el mismo contrasentido de cuando se ejerce el poder de que la constitución de EE UU y no aplica en toda su propia fuerza a Puerto Rico, pero algunas de sus partes si, es el que permite actuar al Congreso dentro y fuera de la constitución, a la misma vez que lleva a los famosos casos insulares, a la posición que ocupan estos territorios en el constitucionalismo norteamericano.

El profesor Ramos expresó que lo que quiere decir y significa lo anterior y con lo que se va a estrellar el planteamiento sólido y bien pensado de la UTIER, su impresión, es que en su día los tribunales y el Tribunal Supremo de EE UU van a ratificar lo manejable, lo flexible y poderosa que es la cláusula territorial a los fines de permitirle al Congreso actuar sobre sus territorios –que es el llamado a reglamentarlos conforme a la cláusula territorial y al Tratado de Paris.

Apuntó a que si bien las actuaciones del Congreso no pueden violentar aspectos constitucionales y tiene que actuar bajo la constitución que es el limite, levantó que su poder es bien amplio y puede interpretar que ese tipo de funcionario extraño, que a lo mejor seria inconstitucional para un estado, es constitucional y necesario hoy para el Congreso ejercer su poder sobre el territorio. Todavía apuntó que pese a que esta postura desde el punto de vista legal constitucional, es tan extraña como el ejercicio de la cláusula territorial, eso lleva al planteamiento de la separación de poderes.

Explicó que la doctrina de separación de poderes con toda probabilidad el tribunal va a decir que no funciona de una manera tan estricta cuando se legisla para un territorio particularmente cuando estamos en una emergencia fiscal desde el punto de vista del Congreso, según lo declara en la Ley Promesa. “En este tema de separación de poderes si bien el Supremo (se refiere al TS EE UU) ha sido bien rígido en una o dos ocasiones ha sido bien flexible y ha creado funcionarios extraños, con funciones que son legislativas, judiciales, a la vez, en situaciones de emergencias incluso para el ejercicio del poder congresional”. Un ejemplo dijo fue el investigador para el caso Watergate.

En cuanto al segundo pleito comentó que es el viejo debate que suele haber cuando se impugna una ley aprobada en medio de una emergencia fiscal que hace que el estado incumpla con sus obligaciones contractuales que es lo que está haciendo todo el tiempo Promesa con los convenios colectivos y con los contratos de la gente de todo tipo. Ramos consideró que lograr que un tribunal declare eso inconstitucional es posible pero altamente improbable, debido a que la balanza suele inclinarse hacia el poder del estado. “Desde el punto de vista constitucional son unos retos interesantes”, comentó.

Con el lema del titular de esta nota, Espacios Abiertos (EA), entidad independiente dedicada a la transparencia y la rendición de cuentas, lanzó el pasado lunes un diccionario de la deuda que reúne más de un centenar de palabras y frases frecuentes en el discurso público de estos tiempos de crisis fiscal. La presentación oficial de este instrumento educativo coincidió con la fecha del eclipse solar, por lo que la organización sin fines de lucro denominó la actividad El eclipse de la deuda.

La “herramienta de apoderamiento y educación para la ciudadanía” fue desarrollada por la Dra. María Enchautegui, catedrática de la Universidad de Puerto Rico, quien fue asistida durante el proceso por la estudiante de economía Victoria Rocío López Esteves. El director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, colaboró en la elaboración del DiccionarioDeLaDeuda.com.

Precisamente, bajo esa dirección electrónica – dentro del portal web de EA – los puertorriqueños y puertorriqueñas que tengan acceso a Internet podrán conseguir la innovadora referencia ajustada a nuestra situación económica. A partir del lanzamiento, EA irá creando una red de difusión entre portavoces comunitarios y distintas fundaciones para que el diccionario llegue a la mayor cantidad de gente posible.

La directora ejecutiva de EA, Cecille Blondet-Passalacqua, expresó en comunicado de prensa que “nosotros debemos informarnos y participar más, así podemos incidir más efectivamente en los asuntos que nos afectan. Entender el lenguaje que hablan los expertos en su conversación sobre la crisis y de cara a una reestructuración de deuda y de nuestro futuro económico, es importante para la gente. Ya todos hemos pagado demasiado por la falta de transparencia e información, por no saber, no reclamar y no ejercer fiscalización ciudadana”.

Bajo la premisa de que “no hay nada tan complicado que no pueda ser explicado en forma sencilla, a menos que la persona no quiera que lo entiendan”, Enchautegui ideó este diccionario con los propósitos de democratizar, facilitar, apoderar, documentar, cronologizar y transparentar la información sobre la deuda. La catedrática es muy consciente de que el léxico de la deuda es dinámico, por lo que hizo la salvedad de que aceptará la sugerencia de palabras o frases para incorporarlas al amplio listado.

Algunos términos que aparecen en el diccionario digital son: ‘haircut’, ‘clawback’, ‘fondos buitres’, ‘pignoración’, ‘quita’, ‘austeridad’ y ‘moratoria’.

Para la Dra. María Enchautegui esta herramienta sirve para hacer entendible el lenguaje de la deuda a través de unas definiciones comunes para todos y todas. De esta manera, la académica aporta a que las personas tengan mayor participación en los diálogos nacionales de la crisis económica. Además, se une a la exigencia de aumentar la transparencia en el quehacer público.