Aunque de momento, parece no tener salida el acuerdo al cual llegó la Junta de Control Fiscal (JCF) con los acreedores de COFINA (Fondo de Interés Apremiante) y que compromete el dinero del IVU por 40 años ya aprobado por la Legislatura, para la economista Martha Quiñones Domínguez, dentro de cinco años podría haber una abertura que mejore las condiciones para la isla.
El acuerdo celebrado por la JCF y por la administración de Ricardo Rosselló con su aprobación, es rechazado por sectores de la oposición y las fuerzas cívicas como el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda (FCAD), el grupo Vamos y Dignidad han denunciado que el acuerdo privilegia a los acreedores más poderosos, en su mayoría fondos buitres, por encima de los bonistas del patio, al comprometer a pagar hasta 93 centavos del dólar del valor original de los bonos categoría “senior”, a pesar de que la mayoría los compró cuando su valor en el mercado era de 10 ó 15 centavos del dólar. En la práctica la aprobación del acuerdo convierte a los acreedores de COFINA en dueños de los recaudos del Impuesto de Venta y Uso (IVU) por más de 40 años.
No obstante la doctora Quiñones Domínguez –a preguntas de CLARIDAD– trajo a la atención que a pesar de que la ley aprobada por la Legislatura dice que el acuerdo no se puede cambiar, el acuerdo con los bonistas establece que a los cinco años habrá una renegociación de los términos. Dado a esta condición, su interpretación es que entonces sí hay margen para cambiar y lograr un tipo de arreglo –aunque sean cambios mínimos– que sean mejores para Puerto Rico, y que a su vez se pague a los acreedores, pero no lo negociado por la JCF. Aun acotó que los bonistas no pueden estar ganando todo el tiempo. Otro ángulo que señaló es que se supone que toda ley que penaliza al pueblo se puede revisar en cualquier momento, claro dependiendo de la presión que haga el pueblo. En esa dirección recordó que el gobernador Rosselló Nevares prometió bajar el IVU, por lo que ahora comprometido su recaudo para pagar a los acreedores de COFINA, hay que seguir presionando para que se revise la ley.
Deudas pendientes
En relación a cuánto podría influir el acuerdo de COFINA en las negociaciones de las otras deudas que están pendientes ante la sala de la juez Laura Taylor, indicó que eso dependerá de cuál es la fuente de repago, en particular las que se pagan del Fondo General, como lo es la llamada deuda de los Gos (deuda de obligaciones generales).
En fin el dinero que llegue a las arcas del gobierno dependerá de la mal llamada “reforma contributiva”, la cual aunque se aprobó en la Cámara de Representantes, todavía a comienzos de esta semana a unos días de cerrar la sesión seguía pendiente en el Senado. La profesora Quiñones Domínguez, afirmó que la “reforma contributiva” no va a recuperar el dinero –los $209 millones– en alivios contributivos, que dice el gobierno producirá, como tampoco los alivios lo serán para todo el mundo. Por el contrario denunció que el gobierno hace uso del populismo dando unos alivios contributivos para los que reciben pocos ingresos, mientras por otro lado ofrece otros más significativos para personas que tienen ingresos sobre los $100 mil dólares. Además las exenciones contributivas a las empresas multinacionales y a otras del patio también resultan en mayores beneficios para estas empresas comparado con lo que recibirían y reciben los individuos.
En cuanto a las exigencias de la JCF de que hay que recuperar los $209 millones ( la Junta dice una reforma de efecto neutro) dijo que tampoco es real, e igual la Junta no ha dicho cómo. Reiteró que la Junta no tiene compromiso con el crecimiento económico, sino con que se pague la deuda y que el país pueda volver al mercado financiero.
Al planteamiento de si la legalización del juego de las traga monedas en una sociedad que tiene una economía en depresión ya por casi una década, es una medida productiva, comentó que una vez más se ve que el gobierno le está atosigando a los pobres todo el pago de la deuda. Expuso que mientras más stress tiene una economía, más gente juega ante la ausencia de otras alternativas, incluso como medida de negación, por lo que el gobierno lo que está haciendo es pasarle la carga a los de menos ingresos.
Para que sea una verdadera reforma –expuso– el gobierno debe actuar de manera sensata y hacer bien su trabajo comenzando por ver los recursos de cada agencia y definir lo que son los servicios esenciales y el desarrollo social que se quiere para entonces poder asignar el presupuesto. El hecho es que ni la administración de Rosselló Nevares, ni la JCF han definido cuáles son los servicios esenciales.
Por el contrario –denunció la economista– que el gobierno primero ha atendido los gastos políticos como lo es el aumento a las pensiones de los alcaldes, el dinero asignado a la Fortaleza, a la Comisión de la Estadidad, pero no atendido la salud, educación, vivienda. En esa dirección anotó que ninguna de las reformas contributivas ha logrado su objetivo “porque no saben lo que están haciendo (se refiere a los legisladores) cuáles son los objetivos que tiene la reforma y el plan fiscal, parte del problema es que hacen políticas públicas sin estudiar e investigar tenemos que exigir cuáles son los objetivos sociales, no es la estadidad, sino más crecimiento social y hacia dónde se dirige el desarrollo”, manifestó.
