Tras el recorte de un 50 por ciento en la mayoría de las exenciones de matrícula que otorga la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el aumento en el costo del crédito subgraduado de $56 a $115, los y las atletas componen uno de los sectores estudiantiles más afectados este año académico que recién inició.

Además de los atletas, los miembros de grupos de Bellas Artes y los hijos de empleados son las categorías que verán el significativo recorte al incentivo. Los únicos que no se verán afectados por el recorte son aquellos que reciben exención por aprovechamiento académico, los ayudantes de Cátedra e Investigación y representantes Estudiantiles de la Junta Universitaria y la Junta de Gobierno.

Según el testimonio del atleta de tercer año Juan Camarero, cuando fue reclutado para el equipo de soccer, momento en que comenzó el primer año de bachillerato en Historia de las Américas en el recinto de Río Piedras, había 30 estudiantes jugadores de soccer con exención de matrícula. Para su segundo año, la cantidad de futbolistas becados era de 25, y ahora que cursa su tercer año de estudios, el equipo cuenta con 17 estudiantes atletas con exención de matrícula. En otras palabras, en dos años académicos redujo casi la mitad de los y las estudiantes becados(as) en el equipo de soccer.

Con esa reducción, “ya están poniendo en jaque una cuestión del deporte mismo porque mínimo se necesitan 22 [integrantes] para jugar. Ya el equipo oficial está cojo porque tiene menos jugadores”, dijo a CLARIDAD el joven atleta.

Continuó explicando que, en el caso del equipo de soccer, el impacto que recibió este año fue a nivel de cada jugador y colectivo, puesto que les redujeron un 50 por ciento de exención y, además, la cantidad de atletas del equipo.

“Aunque los sabíamos de rumores, nos enteramos de cuánto y cómo [sería el recorte] ahora, una semana antes del inicio de clases, cuando ya los atletas veníamos entrenando desde verano sin saber qué iba a pasar con nuestras becas”, confesó Camarero.

El equipo de soccer optó por ayudarse colectivamente y, para asegurar la posibilidad de más estudiantes con exención, los jugadores que son hijos de empleados o de veteranos o que tienen honor, se adjudicaron esas exenciones. “Esos son ajustes que se han tenido que hacer por departamento para ampliar oportunidades a otra gente”.

A juzgar por el futbolista, no se comenta mucho sobre los efectos de estos recortes en el deporte y en la vida deportiva del país. Por ejemplo, muchos son los y las estudiantes atletas de la UPR que están dejando de ser atletas de alto rendimiento porque tienen que trabajar a medio tiempo y cumplir con el equipo también.

Más que un ahorro significativo en el presupuesto de la UPR, “estas son medidas de austeridad para los obreros del deporte…Se irá viendo en el camino el rendimiento de los atletas bajo estas nuevas medidas que obligan a trabajar, entrenar y estudiar a la vez porque ningún equipo de la UPR todavía está en temporada oficial”.

Para Juan Camarero, el ahorro en el presupuesto de la universidad del Estado que produce la reducción de exenciones no se compara con el desmantelamiento del deporte universitario que están provocando. “A largo plazo, este es el desmantelamiento del deporte universitario. No es solamente el recorte de exenciones, por ahí viene el cierre de programas deportivos y el cierre de recintos, lo que limita las participaciones en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI)”, dijo.

Este recorte de exenciones puede resultar, según el atleta entrevistado, en la destrucción del deporte universitario y, por consecuencia, del nacional. “La gente no entiende que el deporte nacional de Puerto Rico se nutre directamente del universitario. La realidad es que el 80 por ciento de los atletas de alto rendimiento que están en la isla y la representan a nivel nacional, dependen de la beca universitaria”.

Procedió cuestionando que quién va a representar a Puerto Rico después si ahora están destruyendo las ayudas de los atletas estudiantes. “A largo plazo, no habrá deportistas que lleguen a nada. Dejaremos de ganar medallas de oro y plata y nuestra representación nacional disminuirá cada vez”, comentó en aras de advertir el desacierto que puede causar la medida recogida en el Plan Fiscal de la UPR.

Ahora bien, la Junta de Gobierno de la UPR (JG-UPR) ha informado que, si alguno de los estudiantes que se beneficia de la exención de matrícula requiriere ayuda económica adicional, existe un fondo de becas de $9 millones que fue incluido en el Plan Fiscal. Sobre este particular Camarero explicó que es muy posible que les nieguen esa ayuda porque es para estudiantes que no tengan ninguna. En esa situación, la alternativa es “bajar las horas de entrenamiento e irte a trabajar”.

Los entrenadores deben ser flexibles con los estudiantes porque saben que fueron reclutados para entrar a la UPR por deporte. “Si te ofrecen ayudas y de momento no existen, lo más lógico es que se sea flexible con ese atleta para que pueda trabajar a medio tiempo y a la misma vez que pueda cumplir académica y deportivamente”, considera el deportista.

Según la JG-UPR, dejando unas categorías con el 100 por ciento de exención y disminuyendo otras al 50, “logramos un justo balance entre promover actividades que redundan en beneficio de la institución y de su comunidad universitaria, al tiempo que aseguramos la estabilidad de las finanzas de la universidad y un costo de matrícula razonable para el resto de los estudiantes”.

Para tratar de revertir las acciones de la administración universitaria, se tendrían que formar asociaciones entre todos los programas de atletas. Sin embargo, “cuando hablamos de lucha en cuestión de los atletas es bien complicado porque muchas veces no entienden la importancia que tienen en la lucha política…Es difícil que tomen postura, no porque no quieran, sino porque el atleta pasa tanto trabajo en su deporte que es bien difícil ir a los portones a reclamar”, finalizó Juan Camarero.

«Primero se tendría que desalojar a Ocean Park. Estamos todos en el mismo bote; pero ahí es que está el discrimen y la desigualdad”. Mary Ann Hopgood, portavoz de Santurce no se vende, movimiento integrado por vecinos expropiados de la comunidad San Mateo de Cangrejos, en Santurce, compara la política del gobierno de desplazar comunidades pobres ante el no proceder de la misma manera con comunidades integradas por gente de altos ingresos, como es el caso de la comunidad costera Ocean Park, en San Juan.

Aunque la expropiación de su comunidad no fue bajo el argumento de que estaba en una zona susceptible a inundaciones, se dio bajo el argumento de que el propósito era por un “bien público”.

La Ley de Expropiación de Puerto Rico ha sido catalogada como una de las peores en los Estados Unidos por el Instituto para la Justicia (JI, siglas en inglés). El JI es una organización sin fines de lucro y firma legal de libertades civiles dedicada a erradicar el abuso de la expropiación (o el “dominio eminente” como se conoce en los Estados Unidos), que se encuentra colaborando en Puerto Rico con el Comité para la Reforma de la Ley de Expropiaciones, integrado por representantes de 30 comunidades.

El estudio de JI denuncia que los derechos de propiedad de los puertorriqueños son ignorados de manera rutinaria por los funcionarios del gobierno que “creen que su poder es esencialmente ilimitado”. En este se examina la Ley de Expropiación de la isla a la luz de la experiencia con ese mismo poder de los estados en Estados Unidos y del caso Kelo v. City of New London, (2005). Ese caso llegó al Tribunal Supremo y su falló adverso a la comunidad provocó que 44 legislaturas estatales adoptaran reformas que limitaron el uso del “dominio eminente” o “expropiación forzosa”.

En el caso de Puerto Rico, el Instituto expone que el problema principal con la legislación de expropiación forzosa –que data de 1903– es que se puede utilizar en esencia para cualquier objetivo que quieran el gobierno y los municipios. El caso de la comunidad de Santurce, y muchos otros, comprueba la denuncia del informe de que los municipios pueden expropiar y han expropiado propiedades para cualquier propósito que se considere un “propósito público”, incluidos centros comerciales, restaurantes, viviendas de lujo, etc. Los municipios adquirieron el poder de expropiación mediante la Ley de Municipios Autónomos en el 1991 y, tan recientemente como en el 2017, esta fue enmendada (LN 83- 2017) para ampliar el poder de expropiación de todo aquello que el municipio considere estorbo público.

El informe recoge que la Legislatura de Puerto Rico acaba de aprobar el proyecto del Senado 926, que amplía las facultades de la expropiación forzosa del gobierno, al otorgarle a la Administración de Tierras la capacidad de celebrar acuerdos con municipios, desarrolladores privados y a otras agencias gubernamentales para efectuar iniciativas privadas de desarrollo económico en propiedades expropiadas. El proyecto también permite expropiar a nombre de los municipios. Este mecanismo –advierte el JI– crearía una laguna jurídica para eludir de manera efectiva la Ley de Comunidades Especiales, además de convertir a la AT en un intermediario o broker para desarrolladores privados.

A la luz de todo el análisis sobre las leyes de expropiación y ante “una oleada de miles de millones de dólares en fondos federales de Subsidios Globales de Desarrollo Comunitario ( Community Development Block Grant) el gobierno puertorriqueño está ahora más capacitado que nunca para expropiar propiedad para el desarrollo privado”, denuncia el Instituto. A esto se añade la denuncia hecha por otros sectores de que los alcaldes ya están presentando planes para reubicar comunidades y construir desarrollos privados, incluidos desarrollos turísticos y cines.

El proyecto 926

El proyecto PS 936 que pasó bajo el radar público, se encuentra ante la consideración de la firma del Gobernador desde el 13 de julio. La medida fue presentada por petición por el senador Miguel Romero, tan recientemente como el 3 de mayo, y aprobada entre el 23 y 25 de junio, primero en el Senado y luego en la Cámara.

No se puede hablar de imparcialidad en los medios de comunicación del país a la hora de informar respecto a la gestión pública, cuando una sola compañía controla la publicidad de la mayoría de las agencias públicas, con más de $31 millones en contratos.

Ni la solicitud de información que le hizo la Junta de Control Fiscal (JCF) al gobernador Ricardo Rosselló Nevares sobre seis contratos firmados con la agencia de publicidad KOI America, ascendentes a $10,649,962.96, parece detener el interés de la administración colonial por mantener su imagen pública.

El representante a la Cámara, Manuel Natal Arvelo, quien lleva meses cuestionando el uso de fondos públicos en contratos publicitarios, todos con las empresas del publicista Edwin Miranda —KOI America, KOI Arise y I Crossing—, denunció la reacción del gobernador frente a la petición de la JCF: “Es tan eficiente para defender los contratos de allegados a su persona, y en menos de 24 horas cumplieron con la solicitud de información de la Junta, cuando en otras ocasiones vemos que arrastran los pies para contestar información que se le solicita”.

En noviembre pasado, Natal Arvelo denunció la relación de Rosselló Nevares y de allegados al Partido Nuevo Progresista con las tres agencias de Miranda y cuestionó el verdadero propósito de la iniciativa impulsada por Beatriz Rosselló, Juntos y Unidos por Puerto Rico, para ayudar a los damnificados por el paso del huracán María.

Ahora, ante la petición de la JCF, Natal Arvelo también cuestiona que la solicitud de información sea por el costo de estos nuevos contratos, que suman $10 millones, mientras que los contratos de KOI America y las otras empresas asociadas a Edwin Miranda con agencias de gobierno, en lo que va de cuatrienio, suman más de $31 millones. “Así que ni siquiera la solicitud de información que hace la Junta llega a una tercera parte de la contratación real que tienen estas personas. Y me parece que el hecho de que la Junta —que no es una monjita de la caridad— esté pidiendo cuentas en cuanto a esto lo que refleja es la insistencia del pueblo sobre este tema. Yo lo denuncié hace ocho meses y han sido muy pocos los medios de comunicación que reseñaron la noticia entonces. Inclusive en el presente, son muy pocos los medios de comunicación que se han atrevido a imprimir el señalamiento de la carta, y todos sabemos por qué: porque ese dinero también termina en esos mismos medios de comunicación corporativos”, manifestó.

A juicio del joven representante por el Partido Popular Democrático (PPD) la acción de la JCF es una “para cumplir”, ya que la Junta recorta dinero en otras agencias que ofrecen servicios básicos. La petición responde más a una cuestión estratégica de los choques que se están dando entre el gobernador y los miembros de la Junta. Añadió que la JCF conoce lo importante que es para el Rosselló la figura de Edwin Miranda, y un poco le está dando “por donde le duele” al gobernador, sabiendo del poder que tiene Edwin Miranda, junto al relacionista público Carlos Bermúdez y el estratega Rafael Cerame. Estos son posiblemente las figuras más importantes en cuestión de asesoramiento de su imagen pública.

“Yo no le adjudico —de ninguna forma— ni buena voluntad a la Junta ni que esté buscando empatar la pelea para demostrar que ellos también están preocupados por el uso de fondos públicos. Yo creo que acá hay otros juegos más complicados detrás y, en particular, me parece que es un asunto de estrategia de la Junta, que sabe del poder que tiene Edwin Miranda sobre el gobierno de Ricardo Rosselló”.

Las denuncias de Natal parten del hecho de que lleva más de un año solicitando a las distintas agencias con las cuales las empresas KOI tienen contratos que le permitan examinar las facturas de esos contratos. Narró que en un principio la mayoría de las agencias ignoraron su solicitud y que, a la tercera comunicación, curiosamente, todas las agencias le contestaron con la misma respuesta: que se encontraban en el proceso de recopilar la información para que pudiera pasar a revisarla. La única agencia con la cual logró coordinar una cita fue con la Compañía de Turismo (CT), que fue suspendida por el azote del huracán. Después del huracán logró coordinar una fecha con la directora ejecutiva de la CT en ese momento, quien le recibió con una caja en el salón de conferencias de la agencia, acompañada por un alguacil. Solo pudo leer y tomar notas de los documentos, “estuve dos días transcribiendo básicamente cada una de las facturas”.

Natal Arvelo informó que las facturas contienen pagos por la pauta de anuncios en diversos medios, así como pago a periodistas, analistas políticos y otros voceros por entrevistas a funcionarios públicos o por meras menciones en programas. En una de las facturas de la CT había un gasto por $25 mil dólares en una campaña de un mes. Por las entrevistas en programas, como Lo sé todo, Frankie Jay cobra $500; en Dando candela, Carmen Jovet cobra $700 dólares; Rubén Sánchez en su programa de la Mega TV, cobra $700 por leer una mención de un anuncio de un minuto de la CT.

Según denunció, las facturas revelan que, por ejemplo, en la radio WKAQ, la CT se anuncia solo en tres programas: el de Rubén Sánchez, el de Jay Fonseca y el de Luis Dávila Colón. Aparte de la tarifa que tiene que cobrar el medio, cada uno de los conductores cobra adicional por leer cada una de las 15 menciones de 30 segundos. Las tarifas están entre $150 a $190 dólares por mención, mientras que las entrevistas se pagan a $800.00. En NOTI UNO, una entrevista de tres minutos en el espacio que ocupa Carmen Jovet cuesta $1,150.

“Y todo eso lo estamos pagando el pueblo puertorriqueño”, denunció en tono de indignación. Destacó que la payola es un delito y que, según se desprende de su investigación, se ha estado pagando por entrevistas en los diversos medios. Las facturas reflejaron que prácticamente todos los canales de televisión con programas de variedades que simulan tener segmentos noticiosos, ya sea entrevistas o comentarios, figuran con alguna pauta, entrevista, mención pagada por alguna de las publicitarias de KOI America.

Manuel Natal denunció que se desprende de su investigación que, entre marzo a junio del 2017, entre KOI America y KOI Crossing le presentaron facturas a la CT por la cantidad de $1.6 millones. Las facturas fueron sometidas el mismo 30 de junio, último día del cierre del año fiscal. “Ahí es que uno ve que por tres días de trabajo facturaron en cuestiones profesionales 20 y pico mil dólares y el grueso de las facturas las hicieron en junio 30”.

Llama la atención —reparó— que la estación del gobierno WIPR, tanto radio como televisión, no tiene tantas pautas en comparación con las estaciones comerciales. “Me sorprendió la cantidad de dinero que se les está dando a emisoras del conglomerado de SBS en unas emisoras particulares, así como a Magic 97.3, en un horario en particular”. Destacó el caso de un locutor llamado Rony Campos, conocido en el mundo radial como Rony Hiper, al cual le dieron un contrato de $3 mil dólares por ser el portavoz de la campaña El Jackpot del Encanto, cuya gestión consistió en ir a cuatro entrevistas de radio, de un minuto cada una.

Otros aspectos cuestionados de los contratos publicitarios —denunció— es que el presidente de KOI incluye en las facturas su participación en las reuniones de trabajo, por cada una de las distintas agencias, a razón de $115 la hora en algunos casos. “Me llamó la atención que, en varias de las facturas, el trabajo que informa que realizó en ese momento son con compañías que él preside; cobra una hora por I Crosings metting cuando él es el presidente y I Crosings también tiene contratos con la Compañía de Turismo. Me cuestiono si estará cobrando dos veces por el mismo trabajo”.

Llama la atención, además, la participación en las tres empresas publicitarias de Miranda, de personas identificadas con el PNP. Ellas son Caridad Pierluisi, hermana del excomisionado residente Pedro Pierluisi, quien figura como Consultora Senior de KOI para la Compañía de Turismo, y de Nicole Rodríguez Erazo, hija del expresidente del Senado Charlie Rodríguez y cuñada de Elías Sánchez. En una de las facturas de la CT aparecen cobrando por tres días de trabajo, la primera $3,500 y la segunda $2,400.

Ante los serios cuestionamientos que levanta la información recopilada, Natal Arvelo indicó que ha hecho referidos a la Oficina de la Contralor (OC), a la Oficina de Ética Gubernamental, al Departamento de Justicia e incluso a la Fiscalía Federal del Departamento de Justicia de E.E. U.U., en Puerto Rico. Ninguno le ha reaccionado; ni con un acuse de recibo. En el caso de la OC, dijo que esta era la segunda ocasión en que hacía el referido; la primera vez fue en noviembre del 2017. La contestación de la contralora es que no hay la información suficiente para procesar.

Los contratos solicitados por la Junta de Control Fiscal de KOI America

• Departamento de Hacienda $250,000.00

• Departamento de Hacienda $250,000.00

• Departamento de Hacienda $7,705,000.00

• Autoridad para el Distrito Centro de Convenciones $150,000.00

• Banco de Desarrollo Económico $95,000.00

• Comisión para la Seguridad en el Tránsito $199,952.00

Para honrar a las mujeres asesinadas y en denuncia ante la ineficacia del Estado para el manejo de casos por violencia de género en particular la violencia doméstica, la Coordinadora Paz para la Mujer (CPN) llevará a cabo la Vigilia Paz para la Mujer en la Plaza de Armas, en el Viejo San Juan, este próximo jueves, 23 de agosto.

En lo que va de año, la CPN ha registrado el asesinato de catorce mujeres solo en casos de violencia doméstica, según un documento publicado en la página www.pazparalamujer.org. Esto sin contar otros cuatro casos que aun no han sido investigados como para saber si han sido en ese mismo contexto.

En agosto del año pasado se registraban los homicidios de siete mujeres. Según los datos recopilados por la CPM y Seguimiento de Casos, en 2017 murieron asesinadas 33 mujeres de las cuales 11 fueron en el contexto de violencia doméstica incluyendo una niña de 9 años.

Leila Nieves, coordinadora de programas y medios de comunicación de la CPM, explicó que el registro se prepara a partir de los casos que salen en la prensa y se comparan con los registros de otras compañeras como los realizados por Carmen Castelló a través de su página Seguimiento de Casos en la red social Facebook.

“Ella va documentando todas las muertes de mujeres por violencia doméstica, y otras que están bajo investigación, también lleva un récord de las mujeres que están desaparecidas”, añadió.

Por otra parte, Nieves reclamó que una vez la prensa reseña el asesinato no se le da seguimiento a los casos, si empezó el juicio o no, si hubo arrestos “esa información está como fragmentada”.

Fundada en 1989 la CPN se creó con el propósito de que las organizaciones tuviesen un apoyo directo en el manejo para la intervención con la violencia domestica y agresión sexual. Actualmente es una coalición formada por 35 organizaciones que ofrecen servicios a mujeres que son víctimas de estas acciones y feministas que son colaboradoras en su carácter personal del trabajo que se hace en la CPN.

Iris Beth Rodríguez, presidenta de Junta de la CPN y coordinadora de la Vigilia, explicó que luego de una conferencia de prensa junto a otras organizaciones a fines en contra de la violencia de género, la CPM declaró una alerta ante lo que es una crisis nacional para las mujeres, recalcando que luego del huracán María ha aumentado la vulnerabilidad no solamente de violencia de género, sino de hostigamiento y agresiones sexuales.

“En la vigilia vamos a manifestar que esta alerta tenemos que mantenerla activa. Nos vamos a reunir en la plaza de armas a las 6:00 p.m. y de ahí vamos a partir a la Fortaleza donde haremos una denuncia al gobierno por la no activación de los protocolos establecidos; por haber negado la posibilidad de tener una educación con perspectiva de género, una de las cosas que va a la raíz del problema de las violencias de géneros; por la impunidad que le ha dado a los casos de hostigamiento sexual, sobre todo a aquellos de figuras públicas; estaremos exigiendo que se respeten nuestros derechos civiles y constitucionales, sobre todo los de las mujeres, niños y niñas”, dijo la presidenta.

Luego de atender estos reclamos en la Fortaleza se llevará a cabo otra vigilia en la Plaza de Armas que terminará con un acto artístico. Rodríguez añadió que ante la experiencia tan nefasta que estamos viviendo el propósito de actividades como la Vigilia es crear ese proceso de denuncia y unión.