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¿Criminales o Refugiados?, o, ¿Refugiados Bajo el Control de Criminales?

Por

junio 27, 2018

Especial para CLARIDAD

“Zero Tolerance”, esa es la política de la administración Trump dirigida a impedir nuevos inmigrantes a través de la frontera suroeste de EE.UU.. “If you cross the Southwest Border unlawfully, then we will prosecute you. It’s that simple”, fueron las expresiones del fiscal general Jeff Sessions, anunciando que con esta política se imponen penalidades criminales a aquellos seres humanos que crucen esa frontera, separando a los niños inmigrantes de sus padres. “If you are smuggling a child then we will prosecute you, and that child will be separated from you a required by law”, dijo Sessions y añadió: “If you don’t like that, then don’t smuggled children over our border”. En ese proceso se separan las familias durante meses o por tiempo prolongado indefinido. Para hacer valer esta política el señor Sessions, según reseñaba el New York Times el 7 de mayo de 2018, han asignado, adicional a los ya existentes, otros 35 fiscales y 18 jueces de inmigración a la región de la frontera del suroeste para asegurar el procesamiento de los nuevos casos a radicarse. Aunque Trump alteró esta orden el 20 de junio, respondiendo a la presión de los reclamos de múltiples sectores sociales y políticos estadounidenses e internacionales, al día de hoy se desconoce el paradero de los miles de niños previamente separados de sus padres.

Admito que como padre y abuelo me resulta difícil manejar con alguna serenidad y control de emociones la situación de la crisis humana que ha precipitado esta política de criminalización de inmigrantes centroamericanos que desde abril está implantando el presidente Trump y su aparato institucional represivo en la frontera suroeste con México. El dolor, la indignación y un cierto sentido de impotencia abruma el espíritu humano con la situación que recién se hace pública por los medios comerciales sobre el sufrimiento de niños de temprana edad que son separados de sus padres o custodios mientras éstos (los adultos) son procesados como criminales al entrar al País en busca de seguridad para sus vidas. Estos refugiados son colocados en jaulas, como animales, mientras esperan por un procesamiento judicial criminal. Los niños son separados de sus padres, con destino indefinido, tanto en ubicación espacial como temporal. No se sabe con certeza qué ocurre con ellos ni sus padres; no se ha indicado cuándo se volverán a reunir como familia. Así hay, al menos, 2,300 criaturas, menores de edad provenientes principalmente de El Salvador, Honduras y Guatemala. El llanto, dolor y la incertidumbre del destino de cientos de niños expuestos a este trauma conmueve a cualquier ser humano sensible. Contrasta este sentimiento con la arrogancia y despecho del incompetente y racista presidente Trump y sus reaccionarios ‘acólitos’ en el ejecutivo federal que pretenden justificar y continuar con ese proceso inmoral e ilegal a pesar de los reclamos de entes internos de EE.UU. e internacionales.

Es importante entender las circunstancias que mueven a estos inmigrantes desde Centro América y Méjico a cruzar la frontera de EE.UU.. De acuerdo a un informe de marzo de 2014 del Alto Comisionado Para los Refugiados de as Naciones Unidas (“Children on the Run: Unaccompanied Children Living Central América and México and the Need for International Protection”), la movilización de estos niños hacia el Norte responde a variadas razones, incluyendo la violencia y la persecución en sus países de origen. Reconoce el Alto Comisionado la preocupación de que estos niños pueden recibir serios daños si son regresados a sus hogares de origen. Este informe de la ONU documenta sensiblemente el impacto humanitario que plantea la situación de estos refugiados y la necesidad urgente de que éstos, especialmente los niños, sean tratados con dignidad y humanidad cuando llegan a los EE.UU.. Expulsarlos forzosamente en la práctica constituiría una condena de muerte para muchos de estos seres humanos. Por tanto, plantea el Comisionado, que estas personas necesitan protección bajo las leyes y Tratados internacionales de los cuales EE.UU. es signatario.

La situación objetiva de estos refugiados varía un poco de país a país de origen. En el caso de los migrantes mejicanos, las fuerzas de expulsión que los moviliza responden a la crisis económica y a la inequidad social prevalente en ese país. En algunos casos las personas emigran de regiones donde la violencia del narcotráfico amenaza continuamente su seguridad y bienestar. La mayoría de estos emigrantes mexicanos son devueltos a su país de origen, uno o dos días después de ser arrestados por los agentes federales (Border Patrols). No obstante, la situación es diferente para los migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras. En estos tres países la inestabilidad política, económica y social es tan grave, que para muchas familias es prácticamente imposible desarrollar sus procesos de vida de forma segura. El caso de EL Salvador, probablemente es el más dramático y eso explica el gran número de refugiados (cerca de 2 millones) que ya, desde hace décadas, están viviendo y trabajando en los EE.UU.. Las nuevas olas migratorias de este país responden, entre otros factores, a la actividad de numerosas bandas de criminales que operan con poco o ningún control gubernamental, es decir, con gran impunidad. Estos criminales secuestran niños y niñas para incorporarlos en sus organizaciones, y aquellas que se resisten son violadas, en el caso de las niñas, y luego todos asesinados impunemente,

Pienso que las circunstancias de El Salvador debe analizarse y divulgarse en los medios de comunicación internacional cuando se discute la crisis humanitaria en los EE.UU.. Históricamente El Salvador ha tenido una oligarquía criolla que ha controlado la posesión de la tierra y la riqueza que se genera, especialmente la de la actividad agrícola. Esta pequeña minoría (menos del 1% de la población) controla más del 70% de la riqueza generada por los cerca de los 6.4 millones de habitantes del país. El Salvador sufrió un guerra civil durante 12 años (1979 y 1992) que causó decenas de miles de muertos en un conflicto resultado de un golpe de estado militar y la colaboración de la oligarquía burguesa salvadoreña enfrentando un pueblo, principalmente de campesinos, que reclamaban acceso a la tierra y capacidad de producir bienes y servicios de forma autónoma y no subordinada a los intereses de la minoría explotadora. Ese conflicto bélico fue auspiciado, asesorado y materialmente apoyado por el gobierno de los EE.UU. alegando que los reclamos populares revolucionarios amenazaban el equilibrio de la entonces vigente Guerra Fría contra el bloque soviético. EE.UU. invirtió miles de millones de dólares para financiar las actividades contrarrevolucionarias antes, durante y posterior de la Guerra Civil, incluyendo la manipulación e intervención de los procesos electoral, para asegurar que la dirección del país respondiera a sus intereses imperialistas. La intervención externa de los EE.UU. en El Salvador, en gran medida, fue y es responsable de la precariedad de la estructura y funcionamiento del sistema económico y social salvadoreño. La precariedad y pobreza material de estos hermanos latinoamericanos se agravó con el impacto desastroso de un fuerte terremoto en el año 2001 y por el impacto también catastrófico en el 2008 del huracán Mitch. En este sentido, EE.UU. es moralmente responsable de las circunstancias que expulsan a estos migrantes de su país y que legítimamente piden asilo para asegurar su bienestar y particularmente el de sus hijos. Expulsarlos y tratarlos como criminales es una gran injusticia y constituiría otro acto criminal del imperialismo norteamericano. De eso se trata este proceso tan doloroso del que hoy somos testigos.

Hace poco encontré una reflexión en el internet de una persona de nombre Idoia Postigos en un artículo que titulaba “Cuál es Nuestro Nivel de Fibra Moral”. De ese artículo comparto la siguiente cita: “Un mundo sin compasión, sin preocupación y sin responsabilidad para con las otras personas, no es un mundo habitable para los seres humanos”. La situación de los migrantes centroamericanos y en especial, la de los niños, nos debe conmover y a la vez activar para reclamar que no se criminalice a estos refugiados. Nos debe también mover a reflexionar y a denunciar sobre la circunstancias políticas y socio-económicas que han abrumado sus vidas y a entender y divulgar la responsabilidad legal y moral de los EE.UU. con esas circunstancias. Finalmente nos debe mover a pensar y tener claro con cuál imperio estamos subordinados como sociedad puertorriqueña. La crisis de los refugiados obliga a aquellos sectores de nuestra sociedad que piensan que la mejor política para viabilizar nuestro desarrollo futuro estaría en la anexión a esa nación imperialista, violenta, racista e insensible, a reflexionar sobre la inmoralidad e indeseabilidad de esa opción. Puerto Rico como nación tiene que diferenciarse y distanciarse de esos criminales que controlan nuestras vidas en todos los órdenes políticos y sociales. Bajo la presente relación colonial nuestro desarrollo futuro está comprometido y en manos de unos entes insensibles, racistas y criminales. Abramos los ojos y nuestra conciencia colectiva para desvincularnos del control de nuestras vidas de ese imperio genocida.

La crisis y los medios de información

Por

editorial

junio 27, 2018

La crisis profunda que atraviesa Puerto Rico en todos los órdenes no ha eximido de sus efectos a ninguna persona, grupo o institución. Tras la aprobación de la Ley PROMESA y la imposición de la Junta de Control Fiscal por el Congreso de Estados Unidos, con el Gobierno de Puerto Rico y algunas de sus instancias principales, como la Autoridad de Energía Eléctrica, en sindicatura por virtud del Título III de la Ley PROMESA, y el paso devastador del huracán María en septiembre del año pasado, la crisis ha escalado para todos y todas en este país.

Había ciertos sectores que antes transitaban los problemas del País apenas sin ser afectados y, mucho menos, amenazados, y que ahora se tambalean también ante el embate de la crisis. Entre esos sectores privilegiados e intocables estaban los grandes y poderosos medios de prensa e información en Puerto Rico. Por décadas, y año tras año, sus ingresos millonarios estaban garantizados por una pléyade de anunciantes ávidos que pagaban sin chistar sus exorbitantes tarifas, las cuales siempre estaban amparadas en el espejismo de los estudios y métricas del mercado publicitario: circulación, lectoría, “ratings”, audiencia, y toda esa jerga de términos inventados especialmente para “vender” la eficacia de los medios de información en las sociedades capitalistas del mundo. Esos eran los tiempos de la supuesta abundancia, del despilfarro, de la ilusión de país rico que se vivía y que los medios de información comerciales alimentaban.

Entre dichos anunciantes ávidos estaban los partidos políticos, sobre todo el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), cuyas campañas eleccionarias saturaban, y en ocasiones desbordaban, los espacios en los medios de información comerciales, con inversiones que alcanzaban cifras multi millonarias. También figuraban entre los anunciantes ávidos nuestros sucesivos gobiernos coloniales que destinaban gigantescos presupuestos- con dinero público-para auto promoverse, y para re-empacar en disfraces llamativos los servicios esenciales que están obligados a brindar a la población. En esa época de “vacas gordas” se montaron y consolidaron muchos de los conglomerados de información que ahora luchan por sobrevivir. Otros se crearon, crecieron, se realinearon, desaparecieron o simplemente se vendieron a conglomerados extranjeros, razón por la cual casi todas las emisoras de radio y televisión son ahora subsidiarias de las cadenas estadounidenses.

Por eso, el anunciado “junte de medios” en el cual se integraron los principales y más poderosos medios de prensa, radio y televisión del País no debe sorprender a nadie. Son los aún grandes y fuertes protegiéndose entre sí, y dejando fuera a los pequeños, a los independientes, a los contestatarios, a los alternativos, a los que no forman parte de emporios, y a los que no presumen de “objetivos” e “imparciales”, y no ocultan la ideología y los intereses a que sirven.

Dichos grandes medios se juntaron con el propósito de, a “una sola voz”, controlar lo que se publica, lo que se transmite, lo que se informa, lo que en última instancia pretenden dejar instalado en el entendimiento colectivo de nuestra población. Si de verdad fuera su propósito “llevarle a la ciudadanía información clara, transparente y despolitizada sobre temas críticos para el bienestar de los ciudadanos y el futuro del país”- como se expresó en un comunicado-el junte no sería necesario porque esa es la misión y función de cualquier medio de prensa serio y responsable en una sociedad que se llame democrática.

Lo de la despolitización es casi un chiste. Si existe un sector en Puerto Rico que vive y se nutre de la política, pero de la barata, es el de los medios de comunicación comerciales. Hemos sido testigos de su trayectoria. La investigación que sirva para profundizar en las causas y soluciones a los problemas del País ha sido prácticamente abandonada. Por otro lado, si se hiciese el estudio de las pulgadas “columnares” y de los minutos y horas que los medios dedican a las garatas, los chismes, las superficialidades, la adulación, el “faranduleo” y otras tonterías, se darían cuenta por qué también atraviesan una crisis de credibilidad. Cada vez menos son la alternativa para quien busca contenidos desarrollados con inteligencia y honestidad. También son evidentes la información que omiten, el contenido que excluyen, los asuntos que ignoran conscientemente porque no van conforme a las narrativas y “soluciones” que dichos medios favorecen y quieren cifrar en sus audiencias.

Esto, en perjuicio del trabajo esforzado, íntegro y ético de sus periodistas. Cada uno de estos medios cuenta en sus filas con periodistas de excepcional calidad, compañeros y compañeras altamente profesionales y capacitados, quienes hacen un esfuerzo titánico cada día por ejercer su oficio en el interés de la población con entereza, dignidad y apego a la verdad, en el marco constreñido que sus patronos les permiten.

El modelo de negocio de medios de información que una vez existió en Puerto Rico en los tiempos de las “vacas gordas” está en “jaque” no solo por la crisis, sino también por el momento histórico que vive nuestro pueblo. Y aunque, como buenos negociantes, intenten nuevas “estrategias” para sobrevivir, la crisis que nos arropa también ha ido desbrozando el camino y deslindando los campos. Nuestro pueblo poco a poco está aprendiendo a reconocer quiénes lo representan y quiénes no, e instintivamente sabe que los grandes medios comerciales, con su tráfico de información como mercancía al servicio de una ideología atada a los intereses de la metrópolis estadounidense y demás círculos de poder económico, financiero y mercantil, no son la mejor brújula para encauzar su inquietud y aclarar sus dudas en estos momentos.

Cine en Vieques

Por

maria-cristina

junio 27, 2018

Con público numeroso y diverso —en sus edades, intereses, residentes y visitantes— Camille Vandenbunder, programadora del Festival anual de Cine Europeo que se celebra en el mes de marzo, y organizadora de la competencia puertorriqueña de cortometrajes y de su programa itinerante, presentó el sábado 16 de junio en el Fortín Conde de Mirasol cinco ejemplos del talento de jóvenes cineastas de aquí. Anthony Legrand profesional de Gisela Rosario, Corazón de Loíza de Llaima Sanfiorenzo y Margarita Mair y El hombre que nadie conoció de Oswaldo Colón fueron los que compitieron por el Premio del Público en el pasado Festival de Cine Europeo. Además se presentaron dos cortometrajes fuera de competencia: Ese olor a lechón cortometraje de ficción del también actor Modesto Lacén y el documental La Perla After María de Clari Lewis.

Comento los dos mejores que reúnen todos los elementos cinematográficos para contar una buena historia de interés para un público diverso, local, nacional e internacional.

La Perla After María de Clari Lewis tiene como centro la cercanía y cooperación que se manifestó después del desastre de María. La Perla es una comunidad que desde sus principios ha sido marginada socialmente y por su geografía es extremadamente vulnerable en este y muchos desastres naturales anteriores. Es precisamente esa ubicación al borde de una estrecha playa lo que la cámara capta como encuadre. El colorido de las casas —de todo tipo y tamaño— y su población tan diversa como los recién llegados o los que llevan generaciones viviendo aquí, nos hablan de cómo esta experiencia los unió como comunidad casi dejando fuera cualquier animosidad vecinal que pudiera haber. Aquí se dio lo que pasó también en todo Puerto Rico cuando dejamos de ser yo y yo y nos convertimos en un nosotros inclusive.

El hombre que nadie conoció de Oswaldo Colón fue el cortometraje ganador del Premio del Público en este Festival de Cine Europeo y coincido totalmente con esta selección. Con un sonido claro y preciso que capta las intervenciones de entrevistado y entrevistador, y una cámara que le ofrece espacio a Don Quique, tanto exterior como interior, para expresar sus opiniones, su evaluación de su vida, su carácter jovial y a veces muy serio, su franqueza en cuanto a la vida que lleva y de la que se enorgullece por su trabajo artesanal. Pero además el director complace a Don Quique al proveerle un escenario donde puede hacer su performance para su propia satisfacción y la de cualquiera que se detenga a verlo y aplaudirlo como nosotros hicimos ese sábado.

El Gobierno no coopera-Sólo entrega datos parciales de las muertes

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gabriela-ortiz-diaz

junio 19, 2018

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó una nota en su portal cibernético el jueves pasado con la intención de informarle a la ciudadanía que, a pesar de que una sentencia estipuló que el Gobierno de Puerto Rico debía entregarle a esta organización todos los datos relacionados con las muertes causadas por el huracán María, el mismo sólo hizo entrega parcial de la información solicitada por los periodistas del Centro.

Tras la demanda que le hicieran el CPI y la cadena de noticias CNN al Gobierno, la sentencia de la jueza Lauracelis Roques Arroyo del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico dictó que este tendría siete días para entregar la base de datos de las muertes registradas en Puerto Rico, los certificados de defunción, las defunciones por día y municipio, los permisos de enterramiento y de cremación, así como la libreta manual en la que se registran los permisos otorgados a cada funerario y casa de cremación en cada una de las oficinas del Registro Demográfico de Puerto Rico.

Aunque el Registro Demográfico había alegado que los documentos solicitados tenían muchos campos de información confidencial, la sentencia de Roques Arroyo dice: “Este Tribunal concluye que, con excepción de los números de seguro social, la información contenida en los certificados de defunción y la información adicional solicitada no es privilegiada. Por lo tanto, este Tribunal ordena que se permita el acceso a las partes demandantes a los certificados de defunción, por inclinarse la balanza a favor del derecho constitucional de acceso a la información”.

“En términos generales, de la totalidad de los documentos que nosotros solicitamos se nos hizo una entrega parcial. Por ejemplo, de los certificados de defunción, que son más de 24 mil, solamente recibimos 2 mil. De los permisos de enterramiento y de cremación, también recibimos alrededor de 2 mil nada más. Así que todavía queda una gran cantidad de material por entregarnos”, dijo en entrevista con CLARIDAD, la periodista Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.

“En el caso de la base de datos de causas de muerte, se nos entregó un documento digital en Excel, pero no se nos ha indicado qué porcentaje de defunciones por mes ya está entrado en el documento”, continuó Minet.

La tabla de Excel contiene información desde el 18 de septiembre de 2017 hasta el 11 de junio de 2018. El CPI recalcó que esta base de datos, con 22,985 ítems, contiene la totalidad de las muertes ocurridas en Puerto Rico en ese periodo. Es decir, no se trata solo de las muertes relacionadas con el huracán María.

Hasta el momento, el CPI no puede realizar un análisis final, definitivo o exhaustivo porque no hay noción clara de cuánta información falta por registrar. A preguntas de CLARIDAD sobre por qué entendía que el Gobierno había entregado los datos incompletos, Carla Minet contesto: “tengo que asumir que no lo han entrado porque no veo la lógica de eliminar datos en el punto en que estamos, que se está revelando un caudal de información tan gigante. Pero a la misma vez el hecho de que no nos especifiquen los porcientos nos hace sentir inseguros a la hora de hacer análisis porque no podemos informar clara y definitivamente”.

El CPI ya comenzó el proceso de examinar bien lo que le entregaron, pero tomará meses descifrar cuáles de esas muertes están directamente relacionadas con el huracán. Para este análisis requerirán ayuda de especialistas en múltiples áreas. De hecho, el Gobierno no ha provisto más ayuda que la de ofrecer ciertos datos. “Ha sido muy poco cooperador”, expresó Minet.

Según la directora del CPI, la poca cooperación del Gobierno sugiere que la administración se niega a aceptar críticas por la inacción y negligencia para con el pueblo puertorriqueño luego del fenómeno atmosférico. Continúo diciendo que ganar la demanda no ha conducido a un proceso fluido, fácil o amistoso entre las partes y, aunque hay funcionarios mas allá de los que toman decisiones en las agencias gubernamentales que sí han querido ayudar, “uno tiene que lidiar con todas esa diversidad de personajes”.

Se destapa la olla de información

Después de que el CPI y CNN ganaran la demanda contra el Gobierno y de que acudiera tanta gente a la actividad de los zapatos frente al Capitolio, se ha destapado la olla de información. “Es un inicio. Ahora hay que hacer un trabajo de corroboración para poder rendir un informe final lo más certero posible”, comentó Carla Minet.

Además de hacer justicia y darles voz a las personas fallecidas para que el mundo conozca cuáles de esas muertes fueron ocasionadas por la negligencia o deficiencia del Estado, el CPI interesa tener pruebas concretas de dónde estuvieron los fallos sistémicos mayores. Entender esos fallos de cara a otra temporada de huracanes, es un intento de prevenir al país ante este tipo de fenómenos naturales, que serán más comunes, como ha demostrado la comunidad científica.

Carla Minet expuso durante la entrevista con CLARIDAD que este también es un tema de política pública: “No es únicamente una situación de esta administración, sino que se ha ido montando capa sobre capa. Si bien es cierto que el huracán estuvo fuera de toda proporción, también lo es que estábamos en el momento de mayor fragilidad en términos institucionales y de infraestructura”, dijo.

Mas allá de esperar los resultados del estudio que requirió el gobierno de Ricardo Rosselló a una universidad en Wáshington, para Minet lo que ha conducido a la administración actual a mantener la cifra oficial de muertos en 64 es la “testarudez de Héctor Pesquera”.

“No tengo una contestación, la lógica no me deja entenderlo, el sentido común no funciona, no hay una razón lógica de por qué ellos han mantenido esa cifra de 64. Hay decenas de testimonios que han expuestos los medios y que no están contemplados en la cifra de 64”, señalo la directora del CPI.

Por el compromiso y la responsabilidad que tiene el CPI con este tema, irán publicando historias a medida que vayan manejando la información recibida. “Hay unas historias de corto plazo que se van a ir trabajando con los datos disponibles y hay otras que serán a largo plazo porque se tiene que hacer corroboración”, aseguró Minet a la vez que expresó estar drenada por todo el trabajo que han tenido y que tendrán.

“Por una parte hay un sentido de victoria porque logramos que se abrieran los documentos y eso tiene mucho valor, pero también pienso en el fuerte trabajo que nos queda por delante”, concluyó.

Despilfarro en contratos en la AEE

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candida-cotto

junio 19, 2018

Los millonarios contratos que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha estado concediendo a compañías estadounidenses a raíz del paso del huracán María dejan en evidencia que el Gobierno de Estados Unidos ha tomado por asalto a la citada corporación pública de Puerto Rico.

La noticia de que la Junta de Control Fiscal (JCF), cuestionó un contrato concedido por la AEE, esta vez a una compañía llamada Mas Tec por la cantidad de $700 millones, aunque no deja de causarle indignación, tampoco le toma por sorpresa al presidente de la Unión de Trabajadores Independiente de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo. En entrevista Figueroa Jaramillo denunció que la concesión de contratos a compañías estadounidenses es la forma en que se ha estado utilizando los $1,500 millones que asignó el Congreso de Estados Unidos hace unos meses para los trabajos de recuperación. Los contratos se conceden a compañías norteamericanas para que sean éstas las que generen los ingresos y que así regresen a EE UU y no se crea actividad económica en la isla.

Figueroa Jaramillo señaló que otro contrato del que no se está hablando y es paralelo al de Mas Tec es la renovación del contrato a Cobra Energy por $900 millones el 26 de mayo, la misma compañía que dejo al país a oscuras dos veces el pasado mes de abril. “Si sumas entre los dos son $1.400 millones”. Apuntó que resultaba “interesante” el que la JCF cuestione el contrato de Mas Tec pero no ha cuestionado el de Cobra Energy, a lo que atribuyó el que, “aquí lo que hay todavía es la pelea de poder de qué compañía de Estados Unidos, amigos de los que están cercanos en el poder se van a otorgar los contratos”.

A lo anterior se puede sumar como prueba la denuncia del exdirector de la AEE, Carlos Ramos, de que el gobierno de EE UU no le permitió comprar materiales a compañías que no fuesen norteamericanas durante la emergencia del huracán, aun cuando se podía comprar materiales en países como Colombia, México. Esta imposición -confesó en días recientes Ramos le obligó a renunciar.

El presidente de la UTIER agregó que en el caso de las compañías que llegaron a dar servicios de apoyo la compañía Fluor, se llevó $1,300 millones y acusó que esta compañía cada vez que los republicanos están en el poder se lleva la mayor parte de los contratos.

Aclaró que la contratación de Cobra y Mas Tec, las hizo la AEE. Mientras a Flour la contrató el Cuerpo de Ingenieros (USCOPI, siglas en inglés). Jaramillo comparó que los $1,500 millones del contrato de Flour que fue para trabajos de reparación provisional, equivale a cuatro años de la nómina total de la AEE, dinero que daría hasta para reforzar la plantilla de trabajo de la Autoridad. Además de comparar que mientras a los trabajadores de la UTIER solo se les da ocho dólares diarios para dieta y otros ocho para gasolina estas compañías privadas facturan entre $160 y $300 la hora, $200 diarios para hospedaje y $80 de dieta diarios.

Aun cuando se supone que los contratos los apruebe la Junta de Gobierno de la AEE, Figueroa Jaramillo denunció que la AEE delegó y entregó gran parte de la administración de la corporación al Cuerpo de Ingenieros.

“Aquí lo que hay es una jaujau de contratos se otorgaron mas de dos mil millones en la emergencia y todavía hay mas de siete mil personas sin luz”. Mientras se gasta el dinero en contratos a compañías privadas la AEE apenas ha comprado unos 10 camiones y no ha reforzado en nada su equipo. “Si alguien quiere saber lo que es privatización ahí tienen un ejemplo de lo que es privatización”, concluyó FigueroaJaramillo sobre las contrataciones.

Por su parte el expresidente de la UTIER, Ricardo Santos, denunció la situación de las islas municipios Vieques y Culebras, las cuales no tienen todavía servicio. Según narró se ha dicho que el restablecimiento del servicio a ambas islas puede tardarse entre dos a cinco años. Estas alegaciones-acusó- se han hecho de manera indirecta debido a que la dirección de la AEE no ha dado explicaciones oficiales de en qué consiste el daño sufrido por el cable submarino que conecta a las dos islas y las razones por las cuales va a tardar tanto.

Santos prosiguió que pudo investigar y conocer que contrario a lo que ha declarado la AEE de que el cable submarino está averiado y que técnicamente no se podía empatar, descubrió que en Punta Lima, en Naguabo -que es por donde sale el cable- hay como algunos 15 postes tumbados por el huracán los cuales no han sido reparados, hay dos cables, uno tiene como 40 años de servicio y el otro 20. El que está roto es el mas viejo y denunció que el cable se ve cortado adrede en una de las puntas. El cable que está bueno y que está conectado está en servicio. Santos afirmó que según le dijeron sus compañeros de la AEE el cable hasta Culebra lo probaron y se encuentra en buenas condiciones. La verja de la sub estación a la cual solo se puede acceder por mar se cayó y no ha sido reparada.

En tanto en Vieques se encontró que el cable que entra por Punta Arena fue re localizado hace un tiempo y hay toda una instalación nueva solo hay algunos dos o tres postes en el suelo en el área que se conoce como La laguna, de ahí en adelante todos los demás postes fueron arreglados, por lo cual Santos no ve razón alguna para mantener el argumento de que no se puede conectar a estas islas con la isla Grande.

Al presente ambas islas tienen apenas servicio por medio del alquiler de turbinas de diésel. La teoría de Santos es que a estas islas se les está vendiendo la idea de independizarse del servicio de la AEE mediante las plantas de diésel, lo que al final de cuentas una vez se privatice la AEE Vieques y Culebra quedarán a merced de un servicio mediante diésel que resulta doblemente más caro que el de la AEE. Trajo como ejemplos el costo de la energía eléctrica en las Islas de San Thomas y Santa Cruz, donde se produce energía por medio de plantas de diésel y el kvh cuesta entre 45 a 50 centavos el kvh.

Frente a el proceder de la gerencia de la AEE Santos afirmó que, “la realidad objetiva es que la Autoridad fue tomada por asalto por el Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno de Puerto Rico no manda absolutamente nada en la AEE, Higgins y la Junta de Control Fiscal han decidido la privatización y operaciones de la AEE”, afirmó.