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“No me siento de aquí, este país no es el mío”

«No me importa un divino la política de Estados Unidos porque no me siento integrado a esta comunidad. Todavía me siento apegado a la vida en Puerto Rico.” Así se expresa un puertorriqueño emigrado a la Florida, según citado por el diario El Nuevo Día del domingo 17 de junio de 2018. La reseña periodística que incluye la cita habla de la “apatía” hacia la política estadounidense entre los puertorriqueños que se han trasladado a vivir a aquel y otros lugares de Estados Unidos.

A diferencia de otros emigrados, por ser ciudadanos de Estados Unidos, los puertorriqueños pueden participar en los procesos políticos de ese país y votar en las elecciones locales y nacionales, tras cumplir breves periodos de residencia. Y como los boricuas, también igual que otros grupos, tienden a concentrarse en determinados vecindarios, se convierten en focos de interés de políticos, particularmente de los que también tienen ascendencia latina.

Además de esos políticos locales, distintos gobiernos de Puerto Rico han tratado de utilizar nuestra diáspora para reforzar su mollero político frente al gobierno de Estados Unidos. En la segunda mitad de la década del 1980 Rafael Hernández Colón hizo un esfuerzo en esa dirección, utilizando las oficinas que, con el propósito de atender a los originales obreros migrantes, el Gobierno de Puerto Rico había establecido en Nueva York y otras ciudades. La actual congresista Nydia Velázquez, puertorriqueña oriunda de Yabucoa, participó en aquel esfuerzo que se disipó tras la derrota del PPD en 1992. Sila Calderón, electa gobernadora en 2000, retomó la campaña, utilizando también recursos del presupuesto de Puerto Rico para tratar de aumentar la participación electoral de los boricuas de la diáspora.

Ahora, con las miras puestas en las elecciones para el Congreso de 2018 y en las presidenciales de 2020, el gobierno de Ricardo Rosselló hace el mismo esfuerzo de sus antecesores Populares. Florida, que tiene para los boricuas el papel que tuvo Nueva York en las décadas del ’50 y ’60, es el teatro de más recientes operaciones. Hacia ese estado se están dirigiendo los recursos que se manejan desde la Fortaleza buscando que los puertorriqueños se inscriban y voten.

Los esfuerzos que se hicieron mientras gobernó Hernández Colón, no tuvieron el esfuerzo que pretendían. Se gastaron millones de dólares, pero fueron pocos los resultados. Lo mismo ocurrió con la campaña que se organizó al comenzar el nuevo milenio, auspiciada por el gobierno de Calderón. Todos chocaron contra una palabra que los organizadores de aquellos esfuerzos pronunciaban con amargura: apatía. Tanto en Nueva York como en New Jersey, muy pocos puertorriqueños se sentían atraídos a participar en las elecciones locales de los lugares donde residían y en las nacionales donde se elige al presidente de aquel país. Por más que les repitieran que eran “ciudadanos americanos” y que como tales podían y debían participar, pocos boricuas lo hacían.

Aun cuando en algunas comunidades donde existen grandes concentraciones de puertorriqueños, como el Bronx y Chicago, la participación de votantes ha influenciado la elección de boricuas al Congreso, la participación nunca se ha acercado al nivel esperado por los organizadores de las campañas de inscripción. Se invierten millones de dólares del menguado presupuesto isleño y sólo se consigue que algunas miles de personas se dispongan a participar.

Lo que sucedió con los esfuerzos que hicieron Hernández Colón y Sila Calderón, le está sucediendo a Ricardo Rosselló. Según relata la prensa de estos días, otra vez la campaña choca contra el muro de la apatía.

La explicación para esa realidad que se manifestó en los años ’80 y se repite ahora, ya casi en la tercera década del nuevo milenio, está en la declaración del emigrado boricua que se cita en el primer párrafo de este artículo: “No me siento integrado a esta comunidad.” Y si no me siento parte de esto, “me importa un divino” la política de aquí.”

Eso dice un boricua en la Florida en 2018 y hace exactamente un siglo, en 1917, el poeta puertorriqueño Virgilio Dávila había puesto similares palabras en boca de otro emigrado a Nueva York: “¡Mamá! ¡Borinquen me llama! Este país no es el mío. Borinquen es pura flama y aquí me muero de frío” Los versos del poeta toabajeño se convirtieron luego en una rumba caliente que interpretaron Ruth Fernández y muchos otros, y que todavía tararean los boricuas cuando sienten el frío de la ausencia. “Este país no es el mío.”

Ha pasado poco más de un siglo entre los versos de Virgilio Dávila y lo que ahora dice el emigrado de la Florida. La explicación para ese reiterado sentimiento de pertenencia a “otro país” está en estas palabras que tomo de la Declaración General del Partido Socialista Puertorriqueño, emitida tras su fundación en noviembre de 1971: “Puerto Rico es una nación latinoamericana con cuatro y medio millones de nacionales, de los cuales 2,700,000 viven en la isla y el resto (más de una tercera parte) se concentra en Estados Unidos… Esa política (la de Estados Unidos) ha trasformado la realidad puertorriqueña. La presente conformación de la estructura económico-social presenta una de las problemáticas nacionales más dramáticas del mundo contemporáneo.”

Desde 1971, cuando el PSP proclamó que Puerto Rico era una “nación dividida”, las proporciones de esa división han variado, pero no su esencia. Los puertorriqueños que emigran, como los de cualquier otra nación, siguen sintiendo que aquel país “no es el mío” porque, igual que entonces, lo que define sus sentimientos y motiva su interés político es su nacionalidad, no su ciudadanía. Esa sencilla realidad es la que no quieren entender los políticos que se turnan, pero a cada instante le sale al paso.

La “problemática nacional” que definió la Declaración General del PSP en 1971, que en ocasiones huele a tragedia, sigue manifestándose y profundizándose. Eso nos lleva a otra conclusión que el PSP reconoció hace más de 40 de años y que, desde entonces, se ha discutido poco: cualquier solución para el drama puertorriqueño tiene que reconocer la realidad de una nación dividida.

Especulan con el dinero de Vivienda

Más que un plan para proveer vivienda y comunidades seguras a las personas afectadas por el huracán María, el llamado Plan de Acción de Vivienda (PAV) del Departamento de la Vivienda (DV) parece un plan del Gobierno para robar y malgastar $1,500 millones. Eso es lo que arroja la cantidad de señalamientos denunciados por la Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP), respecto a las deficiencias del citado documento.

El documento del PAV es una exigencia del Departamento de Vivienda Federal y Desarrollo Comunitario (HUD, por las que se conoce en sus siglas en inglés) para poder acceder a los fondos de recuperación de desastre para el desarrollo comunitario (CDBG–DR). El presidente de la SPP, el planificador David Carrasquillo Medrano –en entrevista– censuró que el PAV tiene una visión desarrollista y denunció expresiones del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y del secretario del DV Fernando Gil, de que sale más barato el desalojo y reubicación de comunidades que hacer proyectos de mitigación.

“Ellos están yendo a las comunidades –y esto yo lo he visto con mis ojos– en las reuniones se les ha dicho a la comunidad que los fondos (CDBG) no se pueden usar para mitigaciones y eso es totalmente falso, totalmente falso, el dinero de otros desastres en Nueva York, Houston, Florida, Texas y Nueva Orleans se ha usado mayormente para mitigación ya sea para drenaje, alzar terrenos, hacer diques, muros de contención etc.”, afirmó Carrasquillo Medrano.

En la misma conferencia de prensa en la cual se anunció el plan un día antes de que se publicara (el 25 de mayo) dijo que, en el DV los consultores que hicieron el plan le dijeron a miembros de las comunidades que estaban presentes, que el dinero no se puede usar para mitigación. “Eso lo ha dicho el gobernador en conferencia de prensa que dijo ‘it’s time to go’, el secretario ha dicho ‘se acabó el pan de piquito’, refiriéndose a comunidades de rescate”.

El planificador reiteró que esto es una narrativa falsa y comparó que no se dice lo mismo, ni se cuestiona el derecho de otras comunidades como lo son Ocean Park, o Punta las Marías. Mientras que a comunidades pobres las pretenden desplazar sin ni siquiera tener garantías de que habrá después un proyecto para éstas. Levantó bandera de que esta narrativa del gobierno pone en peligro comunidades en sectores de San Juan, como pueden ser Playita, Cantera, Villa Palmeras, la Perla, o en municipios como Loíza. Recalcó que en el caso de San Juan no ha habido una moratoria de construcción en el sector del Condado, ni en Ocean Park, por el contrario se están construyendo nuevos proyectos.

Carrasquillo Medrano criticó que los consultores que hicieron el PDV no son puertorriqueños ni consultaron a planificadores de Puerto Rico, aun cuando ésta es una profesión reglamentada. Además de que la misma ley de HUD dice que hay que armonizar las reglamentaciones de ordenamiento territorial federal con los ordenamientos territoriales de la jurisdicción, incluyendo las municipales, sin embargo eso está totalmente ausente del PAV incluyendo a las vistas públicas.

Un hecho que calificó de “absurdo” es la exigencia que impuso HUD que solo se tienen dos años para gastar el dinero. Esta condición dijo que no se le ha impuesto a ningún otro lugar en EE UU. “Eso es absurdo porque tú necesitas desarrollar cuáles van a ser los proyectos y los procesos de participación para que sepas dónde vas a necesitar y utilizar el dinero así que los proyectos que se han estado sometiendo son proyectos que ya estaban hechos que no responden a la realidad post huracán, son proyectos que ya estaban en especial del sector privado”.

Dijo que se supone que lo primero que haga el plan es identificar la población afectada ya que para ellos son los proyectos, pero el PAV no hace eso. Carrasquillo Medrano señaló que la caracterización de la población afectada que hace el PAV es de una página en la que dice que son 66 municipios. “Entiendo las presiones que debe tener el DV para que el dinero se reparta en todos los municipios, pero no puede ser al garate en todos los municipios tiene que haber unos vínculos entre los proyectos y las poblaciones afectadas”.

El Presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación fue enfático en denunciar que esta información está disponible desde el 20 de marzo de 2018, en la Página Oficial de FEMA2 (OpenFEMA). En esta página aparecen los dueños e inquilinos que sometieron sus casos a través del sistema de querellas de la agencia y que toda la información disponible permite hacer una caracterización real de las comunidades y zonas más impactadas por los huracanes.

En esa dirección denunció que existe un conflicto de intereses por parte de la Asociación de Constructores de Hogares (ACH) al ser contratada por el DV como asesores del PAV. Atribuyó que la ACH utilizó un estudio comisionado a la firma de Estudios Técnicos, para justificar la construcción de hogares nuevos. Este estudio tampoco utilizó la información de FEMA, que incluye el número de unidades de vivienda vacantes. Carrasquillo Medrano criticó que el DV haya tomado decisiones ignorando información oficial del FEMA y acusó a que la ACH sea el grupo que más se beneficie de esas decisiones.

Precisó que los datos mas recientes del 2015 dicen que el país tiene un 24% de unidades de vivienda vacantes, eso representa 325 mil de unidades de vivienda, de esas 100 mil viviendas, es decir el 33% están concentradas San Juan, Carolina, Ponce y Mayagüez. Observó que mucha de esta vivienda no se hizo para el bolsillo de los trabajadores de clase media, por lo que hay dos lecciones que atender; una es que se tiene que regular el mercado de bienes raíces y dos que hay que tocar la puerta de los bancos y ‘realtors’ y preguntar qué están haciendo con esas propiedades.

Carrasquillo Medrano destacó que ahora es el momento idóneo para revitalizar estas propiedades, rehabilitar estos centros urbanos y evitar desparramar más la ciudad. Insistió en que no es cierto como alegan el gobernador y el secretario del DV de que desplazar una comunidad es más económico que la mitigación, que no hay ningún estudio que lo avale ya que hay que ver la situación caso a caso. Trajo como ejemplo que en el caso del municipio de Loíza, todo, en los mapas de inundaciones aparece como zona inundable ya sea por lluvia, tsunami, marea alta. Frente a este hecho cuestionó la viabilidad de que todo el municipio sea realojado.

El planificador defendió que las poblaciones que históricamente se han asentado en estos espacios es porque no han tenido la oportunidad a otros accesos, y que ahora –el gobierno– está utilizando un lenguaje técnico de costos de construcción, riesgos para desplazarlas, sin saber cuál va a ser el futuro de estas personas y acotó que lo más probable es que las viviendas que se construyan no serán gratis. De hecho esto tampoco esta en el PAV y todo queda a discreción del DV.

Se esperaba que en esta próxima semana HUD examine el PAV entregado por el DV además de recibir comentarios de otros sectores, incluyendo los de la SPP.

Airbnb

La plataforma de internet Airbnb es una variante de la nueva “economía colaborativa” y al igual que Uber es una tecnología nueva que tiene sus luces y sombras. Igual que Uber puede representar un ahorro para el consumidor en ciertas horas del día, Airbnb puede representar un ahorro sobre todo para familias o grupos grandes que viajan. Pero plataformas como Airbnb también pueden presentar riesgos, asimetrías, y desbalances. En otras palabras, Airbnb es un fenómeno multidimensional pero no es ni un virtuoso de la modernidad ni sus detractores son fósiles del Pleistoceno. Estamos en la nueva economía del siglo 21 pero esta no puede ser reglamentada usando el esquema regulativo del siglo 19 del laissez faire: hay que considerar el lado social de la nueva economía colaborativa.

En Puerto Rico hemos visto una proliferación de apartamentos turísticos para alquiler de muy corta duración a través de la plataforma. En algunas de las economías más desarrolladas del mundo, Airbnb presenta un problema serio para la vida urbana y para el sentido de comunidad. Airbnb puede subir demasiado los precios de alquiler en un vecindario, puede generar un circuito de dinero negro y una competencia desleal para las licencias hoteleras. La presencia de torbellinos de turistas puede aumentar los costos de limpieza, seguridad, y transporte a nivel municipal. Pero hay un elemento todavía más importante: el constante ir y venir de inquilinos cambiantes puede destruir el sentido de comunidad de una calle, un vecindario, o un condominio. Imagínese que Usted vive en una calle o un condominio donde 20% ó 40% de las unidades se han convertido en alquileres turísticos de muy corta duración a través de Airbnb. Aquí en Puerto Rico siempre hemos valorado el sentido de comunidad, el conocer a sus vecinos, y tener buenas relaciones con todas. Airbnb convierte su calle o su condominio en un lugar que tiene el ambiente rarificado de una congregación amorfa de desconocidos, no de una comunidad de vecinas y amigas.

Las ciudades más importantes del mundo están intentando regular Airbnb de diversas maneras. En Berlín, el pasado mes de junio un tribunal reafirmó la prohibición de facto de alquileres de corta duración tipo Airbnb. En San Francisco, la gente ha protestado por la Airbnbanización de sus comunidades y lo acusan de destruir viviendas asequibles para inmigrantes, pobres, y la clase media baja, etc. En Barcelona los dueños de unidades tienen que registrarla con la oficina de turismo, obtener una licencia, y tienen que cobrar el impuesto turístico municipal. En las Islas Baleares se pasará de prohibir el alquiler de vivienda para uso turístico en bloques de pisos, a exigir una licencia y el permiso del resto de los vecinos. Ámsterdam acaba de prohibir el anuncio a través de Airbnb de los pisos turísticos en el centro histórico de su ciudad, y dónde sí se permite el máximo de días de alquileres de corta duración será 30. Además, quieren impulsar otra plataforma que se llama Fairbnb y quieren evitar la “Disneyficación” del centro histórico.

Luc Ferry ha distinguido dos visiones sobre lo que serán las nuevas plataformas como Airbnb y Uber. Una es benévola: son la tercera revolución industrial que nos ayudará a trascender el Estado y el Mercado.

La otra es un llamado a la cautela: esta es una revolución que acarrea una desregulación decimonónica: un regreso al viejo laissez faire extremo. Veremos la Uberización del trabajo y nuestras comunidades se Airbnbanizarán.

Otra economía colaborativa es posible: una economía social.

El autor es Catedrático Asociado UPR-RP.

La Junta ha tomado nuestro País por asalto

Distinguidos miembros del comité:

Soy María de Lourdes Guzmán, presidenta del Movimiento Unión Soberanista, organización política que lucha por la descolonización y la soberanía de Puerto Rico.

Una vez más comparecemos ante este comité para reclamar justicia para nuestro país, una nación caribeña y latinoamericana que sigue siendo colonia del país más poderoso del mundo. A pesar de que el colonialismo se considera un crimen contra la humanidad, Estados Unidos continúa ejerciendo sobre nosotros sus poderes como potencia colonizadora, con absoluta impunidad. Pronto se cumplirán 120 años desde que la milicia estadounidense nos invadió y nos sometió a un régimen de subordinación criminal, abusivo y humillante, el que ha aprovechado para escamotear nuestras riquezas y explotar nuestros recursos. Por décadas hemos denunciado ante la comunidad internacional, representada por los países que conforman este comité, las atrocidades que los E.U. han cometido contra nuestro pueblo. Sin embargo, nada se ha hecho para hacer valer la voluntad de estos pueblos contenida en las resoluciones aprobadas por la ONU para erradicar el colonialismo de la faz de la tierra y librarnos del yugo que nos esclaviza. ¿Cuánto tiempo más debemos esperar?

Tras haber engañado a la ONU en 1952 con la farsa de que Puerto Rico había alcanzado niveles de gobierno propio al aprobar su propia Constitución, los E.E.UU han reconocido ante su propio Tribunal Supremo, que Puerto Rico es su colonia. Mas, nada han hecho para corregir su agravio. Con la arrogancia imperial que les caracteriza, Estados Unidos continúa pisoteando nuestra dignidad como pueblo y violentando nuestro derecho a la libre determinación. Todo ello ocurre a ciencia y paciencia de la comunidad internacional, que ha hecho oídos sordos a nuestra exigencia de justicia y que podamos integrarnos a los pueblos libres del mundo.

Para añadir insulto a la injuria, hace dos años y con la bendición del Congreso de los Estados Unidos, una Junta de Control Fiscal ha tomado nuestro país por asalto, haciendo y deshaciendo a su antojo, apropiándose de las riquezas que generamos. Esa Junta, que continuamente nos maltrata y nos humilla, solo busca cobrar una deuda exorbitante, ilegitima e impagable, e impone al pueblo medidas fiscales que nos conducen a un empobrecimiento sin precedente en nuestra historia. Tanto la Junta, tanto como el gobierno actual del Dr. Ricardo Roselló, que actua en complicidad con ellos, se niegan a encaminar un proceso de auditoría de la deuda, de la cual indudablemente, surgiría el manejo corrupto de las finanzas de nuestro país y el saqueo inmisericorde del que hemos sido víctima a lo largo de varias décadas.

Bajo el palio de la bandera estadounidense, Puerto Rico ha sido siempre un país pobre, sin posibilidades de encaminar su propio desarrollo económico, por estar sometido a los poderes omnímodos de esa potencia. Luego del paso del huracán Maria que nos devastó en el pasado mes de septiembre, Puerto Rico está sumido en una de sus mayores crisis. Nuestra gente más necesitada esperaba obtener el amparo del gobierno de Estados Unidos el que, mezquinamente, nos ha abandonado a nuestra suerte. Rechazaron la ayuda internacional que se nos brindó sin importar las consecuencias que ello pudiera tener. A pesar de la magnitud de la catástrofe, y aun cuando sus empresas extraen de nuestro país al menos 35 billones de dólares anuales en ganancias, Puerto Rico sigue en espera de las aportaciones económicas que el gobierno federal ya ha distribuido entre muchos estados azotados por huracanes, incluyendo el territorio de Islas Vírgenes. El índice de pobreza en Puerto Rico ha aumentado a cerca de 53%. Nuestra población infantil, que hoy enfrenta un cierre desmedido e insensato de escuelas, es la más afectada. Miles de familias continúan sin techo, sin servicio de energía eléctrica, sin empleo, cientos de miles han abandonado el país, expulsados al enfrentar un futuro desolador, víctimas de la negligencia criminal de un gobierno local y federal que se muestra indolente ante nuestra desdicha. Para encubrir su propia ineptitud, el gobierno local ha llegado al extremo de ocultar la cifra real de fallecidos como consecuencia del paso del huracán. Esta cantidad de muertes no hubiera sido tal, si se nos hubiera tratado con un mínimo de solidaridad. La cantidad de personas que han optado por el suicidio es igualmente incierta. Ante este panorama, la Junta de Control Fiscal no ceja en su empeño de seguir despojándonos de nuestros derechos, de nuestras riquezas y nuestras esperanzas, respondiendo a aquellos que, desde los fríos y lujosos muros del Congreso estadounidense, observan como nuestro país se desmorona. Puerto Rico languidece por el sufrimiento y la desesperanza. 120 años es demasiado abuso. Reclamamos que este Comité exija que nuestro caso se eleve al pleno de la Asamblea General para que acabe esta infamia. Muchas gracias.

Ponencia presenta ante el Comité de Descolonización de la ONU.

Aborto

Por Eva Giberti

Raúl Alfonsín acababa de asumir. Había seleccionado su gabinete para iniciar el camino hacia la democracia restituida. Pensó que debía ocuparse de temas referidos a los derechos de las mujeres y solicitó la colaboración de quien era una figura indiscutible en ese tema: María Elena Walsh. Ella había luchado –en sus historias, en sus declaraciones, en sus canciones– defendiendo los derechos de las mujeres y personalmente era una figura ejemplar.

Así fue como María Elena concurrió a Casa de Gobierno varias veces hasta que en una oportunidad ella pronunció la frase terrible:

“Presidente, habría que legislar sobre el aborto”. María Elena contaba, con cierta indignada sorpresa, que el presidente no quiso oírla y ella desistió del intento (por la manera de contarlo podemos imaginar que el presidente se asustó). Desistió de tal modo que no volvió a la casa de Gobierno. Una lástima, se perdió una asesoría formidable acerca de los derechos de las mujeres, pero los tiempos históricos dicen que no era el momento.

En esa misma época yo escribí un artículo sobre el aborto en la Revista de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y recibí una reprimenda porque algunos socios, que pensaban de otro modo, se habían quejado.

En 1985 Laura Klein decidió presentar su libro Fornicar y Matar, destinado a reflexionar acerca de temas asociados con el aborto, un libro duro, inquietante, que años más tarde revisó y volvió a editar. En aquella primera oportunidad, en medio de un suspenso significativo y con cierto temor por las reacciones que podrían aparecer en el público que conociera su contenido, lo presentamos Magdalena Ruiz Guiñazú, otra persona, un varón prestigioso cuyo nombre no recuerdo y yo.

Anteriormente, desde hace décadas, las feministas reclamábamos, en grupos o mediante intervenciones personales, el derecho al aborto como tema de salud pública. Conocíamos las limitaciones de la demanda y no ignorábamos que enfrentábamos creencias arraigadas y obediencias religiosas.

Actualmente, el Proyecto –cuyos antecesores merecen citarse– se encontró inmediatamente frente a su contraproyecto. Lo cual es valioso y es imprescindible. Porque los contraproyectos, según sea su fuerza, contribuyen a definir el poder y la racionalidad del Proyecto.

Cuantas más ridiculeces y carencias de argumentaciones racionales propongan los contraproyectos, mucho más se evidencian las operaciones lógicas que sostienen los diversos  capítulos del Proyecto. Por ese motivo –y otros– no conviene enojarse con quienes agitan posturas que representan el contraproyecto, porque son necesarios para contrastar, por una parte la racionalidad, la inteligencia emocional, la solidez estadística, el diseño de un  plan y por otra parte las creencias. Así como agitan la torsión de un humanismo ajeno a toda sensibilidad científica del contraproyecto.

En la actualidad, celebrando la visibilización del tema, hemos escuchado, resurgiendo de antiguas oscuridades, la reiteración de un argumento cuya perversidad es peligrosa porque hay ingenuos/as que lo repiten: “Y… podrían tenerlo y después darlo en adopción…” Yo podría oponerle un argumento sentimental porque conozco de muy cerca la experiencia con mujeres que ceden sus criaturas en adopción: las que lo hacen porque no pueden darles de comer y se quedan con otros hijos mayores, por ejemplo. Y conozco ese dolor, inimaginable. Pero ceder una criatura a la que se maldijo desde su existencia deseando abortarlo también implica sobrellevar el embarazo, el parto y asumir el momento de la cesión que constituye un “trámite” angustiante e inolvidable. Pero éste es un argumento sensible. Mi argumento es otro. Los que sostienen “Y… que lo dé en adopción”… convierten el útero de la gestante en un objeto, por lo tanto, convierten a esa mujer en un objeto preñado para asistir a otra mujer, que esa sí que sería una persona porque querría ser “madre” de esa criatura, a su vez objeto de intercambio, perpetrado institucionalmente como forma exquisita de violencia.

Esa mujer que quiere abortar se convertiría por obra y gracia de “los generosos” en una cosa, en un útero al servicio de otros, mientras ella soporta su pesadumbre durante los meses de gestación habiendo dejado de ser persona: es solamente un útero, una víscera que alrededor no tiene una persona mujer, sino “la que quiere abortar”. Además, gratuito, porque tampoco es un útero subrogado. Esa es la perversidad. Perversidad quiere decir sentir placer en dañar a otra persona.

Hemos escuchado sandeces de toda índole durante estos días y hemos confirmado que las creencias pueden sostener la buena fe de muchas personas que realmente piensan en sus argumentos, pero no han decidido revisar sus pensamientos.

Y hemos escuchado la graciosa implementación de la  equidad de quienes dicen: “Es una cuestión muy personal… Yo no puedo opinar, tendría que ver en cada caso”. Y así, claro, no opinan.

Es muy interesante porque han tenido que darse cuenta que existe algo importante en lo cual podrían pensar y generarse a sí mismos una opinión acerca de la vida y los derechos de las mujeres.

La tensión ha sido el pródromo de estas horas en las que nada y todo se sabe. Llegará el alba con la noticia. La vida ya sabe que hay una frase que hace años murmurábamos, gritábamos, pedaleábamos y reclamábamos: ¡Aborto legal, seguro y gratuito!

Reproducido de www.pagina12.com.ar